Visión panorámica crítica sobre algunas resoluciones judiciales recientes en materia de préstamos hipotecarios

La situación actual de crisis económica que estamos viviendo en España está teniendo también su reflejo en la reciente actuación de nuestrolegislador y en la de nuestros Tribunales de Justicia. Así, en los últimos tiempos, están apareciendo, aparte de algunas leyes que ya se han ido comentando en este blog, una serie de resoluciones judiciales que vienen a resolver determinados problemas surgidos en la contratación bancaria, algunas de los cuales han trascendido con fuerza a los medios de comunicación. Dada la especial sensibilización de los ciudadanos españoles hacia estos temas, y la confusión que se está creando en su reflejo en algunos medios, considero apropiado realizar una breve panorámica crítica de las resoluciones judiciales más importantes de reciente aparición, en mi modesta opinión unas más acertadas que otras, junto con algunos comentarios sobre las repercusiones que dichas resoluciones judiciales pueden tener para la generalidad de los clientes de las entidades financieras.|

Las resoluciones recientes más destacadas son:

     – Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 16 de diciembre de 2009. Se trata de un asunto promovido por la O.C.U. contra cuatro entidades de crédito. La Sentencia declara nulas por abusivas varias cláusulas contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios de las referidas entidades: la compensación de la deuda con todas las cuentas o depósitos que el deudor tenga en la entidad acreedora, el vencimiento anticipado del préstamo por embargo al deudor o disminución de su solvencia, las prohibiciones o limitaciones al deudor relativas al arrendamiento del bien hipotecado, la prohibición al deudor de disponer del bien hipotecado con subrogación de la deuda, la renuncia anticipada del deudor a la notificación de la cesión del crédito hipotecario, el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento por el deudor de prestaciones accesorias, y el vencimiento anticipado del crédito por imposibilidad de inscribir por cualquier causa la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

El juicio que merece esta Sentencia es altamente positivo, ya que dichas cláusulas constituyen realmente un ejercicio abusivo por parte de las entidades financieras afectadas, sin verdadera relación con el fondo de las operaciones de préstamo hipotecario acordadas con sus clientes, y sin haber sido negociadas individualmente con éstos.

     – Sentencia del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 de SEVILLA de fecha 30 de septiembre de 2010. Se trata de un asunto promovido por AUSBANC contra tres entidades de crédito. La Sentencia declara nulas por abusivas las “cláusulas suelo” contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios si existen en compañía de “cláusula techo” con un desfase importante entre ambas, lo que sucede cuando el “techo” es difícilmente alcanzable (p. ej: “el interés revisado no será inferior al 4% ni superior al 15%”). Esta Sentencia está pendiente de Apelación. Un Auto del mismo Juzgado fechado el 12 de abril de 2011 ha dejado en suspenso la ejecución general de esta Sentencia que había sido solicitada por AUSBANC, aunque declara que admitirá ejecuciones particulares solicitadas por personas beneficiadas por la Sentencia.

En mi opinión, el juicio que merece esta Sentencia es también altamente positivo, por parecidas consideraciones a las realizadas en el comentario de la Sentencia anterior.

     –Auto de la Sección 2ª de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA de fecha 17 de diciembre de 2010. Se trata de un asunto promovido por un particular contra una entidad financiera. El Auto considera que el deudor debe quedar liberado de toda su responsabilidad personal por la ejecución hipotecaria, incluyendo el importe de la deuda que no quedó satisfecha con el remate. Lo argumenta en base a la depreciación del bien, la situación de crisis económica general, la responsabilidad de las entidades financieras en la crisis y la participación de una entidad tasadora propuesta por el Banco en la valoración inicial del inmueble hipotecado, que llega a considerar como un “acto propio” del acreedor.

El presente Auto ha sido objeto de amplios comentarios en diversos foros jurídicos y medios de comunicación. Resumiéndolos podemos decir que esta resolución judicial viene a contradecir de forma flagrante el principio de responsabilidad patrimonial universal que para todo deudor establece el artículo 1911 del Código Civil. Es verdad que el artículo 140 de la Ley Hipotecaria permite la limitación de la responsabilidad sólo al bien hipotecado, pero siempre bajo pacto previo. Tal vez la Audiencia de Navarra haya atendido en este Auto a la justicia del caso concreto, pero que los Tribunales adoptasen un criterio general similar al aquí sostenido supondría una anormal derogación judicial de una norma plenamente vigente y acarrearía con toda seguridad la quiebra del sistema financiero español.

     –Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de marzo de 2011. Se trata de un asunto promovido por un particular contra una entidad financiera. La Sentencia declara nulas por abusivas dos cláusulas contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios de la referida entidad: la exclusión o renuncia anticipada a la obligación de la entidad acreedora de notificar con carácter previo al deudor la variación del tipo de interés en los préstamos hipotecarios a interés variable (el TS, en contra de lo argumentado por la asesoría jurídica del banco, afirma que a los préstamos bancarios se les aplica la Ley 7/98 sobre Condiciones Generales de la Contratación, y no sólo la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre Transparencia en las Condiciones Financieras de los Préstamos Hipotecarios), y la cláusula de redondeo sólo al alza al cuarto de punto más próximo en las revisiones del tipo de interés (aquí argumenta el TS que no es una cláusula negociada individualmente, que su objeto no es establecer el precio del contrato, y que no se destina a retribuir prestación especial alguna, por lo que constituye un exceso aleatorio y abusivo según lo establecido en la Ley 7/98). En mi opinión, el juicio que merece esta Sentencia es también altamente positivo, por parecidas consideraciones a las realizadas en el comentario de las dos primeras Sentencias antes comentadas.

En cuanto a las consecuencias de dichas resoluciones judiciales para los contratantes de préstamos bancarios en general:

La Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 16 de diciembre de 2009 ya HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, con fecha 7 de marzo de 2011. Queda así cumplido el requisito exigido por el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por lo que las cláusulas objeto de la Sentencia (antes detalladas) no podrán figurar en ninguna escritura pública ni inscripción registral desde la fecha de la inscripción (7 de marzo de 2011). Según anunció en rueda de prensa el Colegio de Registradores, el contenido de dicho Registro podrá consultarse de forma inmediata y gratuita a través de la página web www.registradores.org.

La Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de marzo de 2011 todavía NO HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. Tales cláusulas no podrán figurar en ninguna escritura pública ni inscripción registral desde la fecha de su inscripción.

El resto de resoluciones judiciales que hemos comentado se limitan a resolver casos puntuales, y no son vinculantes para el público en general ni para los notarios, sin perjuicio de la obligación notarial de proporcionar a los clientes la información que se solicite en relación a ellas, y sin perjuicio también de que eventuales reformas legislativas puedan recoger algunos de los postulados que en ellas defienden los Tribunales de Justicia.Hay que añadir que ya existen en tramitación parlamentaria algunos Proyectos de Ley sobre diferentes cuestiones tratadas por dichas resoluciones judiciales, y que algún político ha realizado en la campaña electoral de las autonómicas y municipales del 22 de mayo alguna propuesta en tal sentido.

Excesos autonómicos: recetas para épocas de austeridad

Celebradas las elecciones del 22 de Mayo, y en medio de la tregua que otorga el período previo a la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales, parece un buen momento para reflexionar sobre las difíciles decisiones que los nuevos gobiernos tendrán que adoptar para afrontar el recorte en el gasto público. En el post anterior comentamos la necesidad de introducir ratios de eficiencia y eficacia para poder adoptar decisiones encaminadas a introducir racionalidad en el gasto público en el complejo entramado administrativo español. El debate sobre la eficiencia y la eficacia puede concretarse valorando qué servicios son esenciales y cuáles  son prescindibles, o qué gastos son inevitables y cuáles son evitables.|

Todo el mundo estaría de acuerdo en situar la sanidad, la educación y los servicios sociales entre los servicios públicos esenciales. La identificación de los servicios prescindibles quizás no concite tanto consenso, pero en el intento por buscar un amplio acuerdo centraremos el análisis en aquellos órganos creados por las Comunidades Autónomas cuyo cometido replica órganos similares de la administración central, y cuyo sentido y existencia es difícil de justificar desde una perspectiva de eficiencia o racionalidad económica.

Iniciamos el análisis con las Autoridades Autonómicas de Defensa de la Competencia. La descentralización de la función que vela por la competencia en el mercado se inicia con la aprobación de la Ley 1/2002 de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Esta ley establece los asuntos de competencia que deben gestionarse a nivel nacional y a nivel autonómico, junto con un complejo sistema que para cada expediente decide si debe ser la autoridad nacional o la autonómica quien que se haga cargo de él. Dado que económicamente España pretende ser y comportarse como un mercado único, y dado que la mayor parte de las empresas tienden a competir bien a nivel nacional, bien a nivel muy local, la legislación de competencia autonómica es sin duda una aportación singular al desarrollo autonómico español. Transcurridos los años, son 12 las comunidades autónomas que cuentan con autoridad de defensa de la competencia: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Madrid, Canarias y Murcia. Los números de expedientes tramitados por estos organismos son en sí mismo reveladores: Andalucía gestionó 31 expedientes en el período 2008-2010, Castilla La Mancha 8, Madrid 38, el País Vasco 26 y la C. Valenciana 17. Menos de 10 expedientes al año de media. Aun cuando los presupuestos de estos órganos no sean elevados (alrededor de 8 millones de € en el 2010) sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la centralización de toda la función de defensa de la competencia en el órgano nacional sería mucho más eficiente. Sin duda queremos desde aquí alabar el sentido común expresado por el Principado de Asturias al apostar por suscribir un convenio con la CNC nacional (ver aquí) en lugar de crear un nuevo órgano autonómico. El contenido de la nota de prensa en que se anuncia el convenio no puede ser más esclarecedor: “La aplicación de la normativa de defensa de la competencia requiere un conocimiento especializado en la materia y la inversión de importantes recursos económicos y humanos, por lo que, por motivos de eficacia, eficiencia y ahorro para el erario público, tanto la Administración del Principado de Asturias y como la Comisión Nacional de la Competencia han considerado conveniente la concentración de dicha actividad en este último organismo.”. Difícil expresar mejor una valoración sobre la ineficiencia que supone en este caso la descentralización.

Abierto el fuego con las autoridades de competencia, las agencias autonómicas de protección de datos merecen también una mención especial. Este tema ya se abordó con enorme acierto por José María Pérez en este mismo blog, en este post, por lo que no nos extenderemos demasiado. Baste mencionar que la creación de estos órganos supone un ejercicio de malabarismo en la legislación autonómica aún más sorprendente puesto que su competencia se restringe tan solo a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros de los que la administración autonómica sea responsable. Sin duda tampoco se trata de órganos que desborden actividad. No es necesaria mucha reflexión para concluir que se emplearían mejor los recursos si estas competencias las asumiera el organismo nacional y se suprimieran los organismos autonómicos.

La proliferación de órganos consultivos autonómicos no deja de sorprender. Muchas Comunidades Autónomas han creado órganos consultivos en diferentes sectores, que en muchos casos replican los existentes a nivel estatal. Merece la pena mencionar los casos del Comité Económico y Social, de los Consejos de Consumidores, y de los Consejos Consultivos.  Estos últimos merecen sin duda especial análisis. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992 todas las Comunidades, con excepción de Cantabria, han creado su propio consejo consultivo. Esta función consultiva autonómica tuvo un coste total de 30 millones € en el año 2006 (sin incluir el Consejo de Estado nacional). No estaría de más replantearse la relación coste – utilidad real que aportan estos Consejos.

El análisis de funciones autonómicas redundantes debería continuar con funciones tales como los defensores del pueblo autonómicos o los defensores del menor autonómicos. Sin poner en duda la importante labor que realizan estos órganos, cabe de nuevo preguntarse si no sería mucho más eficiente la centralización en los órganos nacionales que ya desempeñan esta labor.

Antes de concluir, no querría dejar de mencionar un caso particularmente complejo, como es la descentralización de la función de estadística. Sin duda el INE constituye un pilar básico de las instituciones democráticas en su labor de aportar datos fiables y solventes sobre los más diversos ámbitos de la actividad económica y social de nuestro país. Del rigor de este órgano depende en gran medida la credibilidad del propio país. Baste recordar la situación vivida por Grecia tras salir a la luz como su instituto de estadística falseaba los indicadores económicos. La creación de institutos autonómicos de estadísticas plantea no solo dudas sobre si la duplicidad en el ámbito de la estadística tiene sentido, sino también puede plantear problemas con la generación de información heterogénea por parte de los distintos órganos que no hará sino sembrar la desconfianza sobre el rigor de los datos.

Voy a detener aquí el análisis, aún cuando la lista de órganos enumerada dista mucho de ser exhaustiva. Las agencias de evaluación y calidad autonómicas, los consejos audiovisuales, las agencias financieras y los previstos consejos judiciales autonómicos, podrían entrar a engrosar esta ya larga lista de organismos redundantes difíciles de justificar.

Sigamos con las televisiones. Ante la multiplicidad de canales que nos ha deparado el apagón analógico y la irrupción de la nueva televisión digital (TDT), cada vez resulta más difícil entender cuál es el papel que juegan en este nuevo escenario audiovisual las televisiones autonómicas y su papel de servicio público, especialmente si tenemos en cuenta la pesada carga presupuestaria que suponen para las arcas autonómicas.

Y por último, dado que la  Constitución atribuye de forma explícita las relaciones internacionales como competencia exclusiva del estado, el fenómeno de la proliferación de embajadas, oficinas comerciales y oficinas de turismo autonómicas en el exterior no deja de sorprender. En el año 1999 el Gobierno vasco contaba con una única delegación en el exterior, diez años después, cuenta con una red de ocho embajadas. Cataluña ya tiene cuatro delegaciones en funcionamiento y previsiones de apertura de otras dos. A ello se unen las oficinas comerciales autonómicas y las oficinas de turismo. La pregunta que todos debemos realizarnos es si no sería más eficaz y razonable, en el supuesto de considerar necesaria una representación autonómica en el exterior, que ésta se integrara en la Embajada española. Lo mismo cabría preguntarse sobre las oficinas comerciales y oficinas de turismo, en su relación con el ICEX y Turespaña

Quisiera pensar que este post pueda haber dado alguna idea sobre como recortar el gasto autonómico en servicios prescindibles antes de abordar recortes en los servicios esenciales. Es posible que muchas personas consideren que el presupuesto de todos los gastos aquí mencionados no es demasiado elevado y su supresión no resolvería el enorme problema presupuestario al que se enfrentan las Comunidades Autónomas. No les falta razón, aunque la lista de gastos prescindibles es sin duda mucho más larga que la que ha reflejado este post. En cualquier caso una mera justificación de decencia ética debería empujar a abordar primero la supresión de organismos y gastos redundantes, ineficaces y prescindibles, antes de aplicar recortes en los servicios esenciales. Quién sabe si un primer paso introduciendo cierta racionalidad en el torbellino descentralizador que hemos vivido en los últimos años pueda permitir albergar cierta esperanza de aspirar a abordar debates más complejos sobre el panorama autonómico español. Ese es el ánimo que he pretendido plasmar en este post.

Visión panorámica crítica sobre algunas resoluciones judiciales recientes en materia de préstamos hipotecarios

La situación actual de crisis económica que estamos viviendo en España está teniendo también su reflejo en la reciente actuación de nuestrolegislador y en la de nuestros Tribunales de Justicia. Así, en los últimos tiempos, están apareciendo, aparte de algunas leyes que ya se han ido comentando en este blog, una serie de resoluciones judiciales que vienen a resolver determinados problemas surgidos en la contratación bancaria, algunas de los cuales han trascendido con fuerza a los medios de comunicación. Dada la especial sensibilización de los ciudadanos españoles hacia estos temas, y la confusión que se está creando en su reflejo en algunos medios, considero apropiado realizar una breve panorámica crítica de las resoluciones judiciales más importantes de reciente aparición, en mi modesta opinión unas más acertadas que otras, junto con algunos comentarios sobre las repercusiones que dichas resoluciones judiciales pueden tener para la generalidad de los clientes de las entidades financieras.|

Las resoluciones recientes más destacadas son:

     – Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 16 de diciembre de 2009. Se trata de un asunto promovido por la O.C.U. contra cuatro entidades de crédito. La Sentencia declara nulas por abusivas varias cláusulas contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios de las referidas entidades: la compensación de la deuda con todas las cuentas o depósitos que el deudor tenga en la entidad acreedora, el vencimiento anticipado del préstamo por embargo al deudor o disminución de su solvencia, las prohibiciones o limitaciones al deudor relativas al arrendamiento del bien hipotecado, la prohibición al deudor de disponer del bien hipotecado con subrogación de la deuda, la renuncia anticipada del deudor a la notificación de la cesión del crédito hipotecario, el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento por el deudor de prestaciones accesorias, y el vencimiento anticipado del crédito por imposibilidad de inscribir por cualquier causa la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

El juicio que merece esta Sentencia es altamente positivo, ya que dichas cláusulas constituyen realmente un ejercicio abusivo por parte de las entidades financieras afectadas, sin verdadera relación con el fondo de las operaciones de préstamo hipotecario acordadas con sus clientes, y sin haber sido negociadas individualmente con éstos.

     – Sentencia del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 de SEVILLA de fecha 30 de septiembre de 2010. Se trata de un asunto promovido por AUSBANC contra tres entidades de crédito. La Sentencia declara nulas por abusivas las “cláusulas suelo” contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios si existen en compañía de “cláusula techo” con un desfase importante entre ambas, lo que sucede cuando el “techo” es difícilmente alcanzable (p. ej: “el interés revisado no será inferior al 4% ni superior al 15%”). Esta Sentencia está pendiente de Apelación. Un Auto del mismo Juzgado fechado el 12 de abril de 2011 ha dejado en suspenso la ejecución general de esta Sentencia que había sido solicitada por AUSBANC, aunque declara que admitirá ejecuciones particulares solicitadas por personas beneficiadas por la Sentencia.

En mi opinión, el juicio que merece esta Sentencia es también altamente positivo, por parecidas consideraciones a las realizadas en el comentario de la Sentencia anterior.

     –Auto de la Sección 2ª de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA de fecha 17 de diciembre de 2010. Se trata de un asunto promovido por un particular contra una entidad financiera. El Auto considera que el deudor debe quedar liberado de toda su responsabilidad personal por la ejecución hipotecaria, incluyendo el importe de la deuda que no quedó satisfecha con el remate. Lo argumenta en base a la depreciación del bien, la situación de crisis económica general, la responsabilidad de las entidades financieras en la crisis y la participación de una entidad tasadora propuesta por el Banco en la valoración inicial del inmueble hipotecado, que llega a considerar como un “acto propio” del acreedor.

El presente Auto ha sido objeto de amplios comentarios en diversos foros jurídicos y medios de comunicación. Resumiéndolos podemos decir que esta resolución judicial viene a contradecir de forma flagrante el principio de responsabilidad patrimonial universal que para todo deudor establece el artículo 1911 del Código Civil. Es verdad que el artículo 140 de la Ley Hipotecaria permite la limitación de la responsabilidad sólo al bien hipotecado, pero siempre bajo pacto previo. Tal vez la Audiencia de Navarra haya atendido en este Auto a la justicia del caso concreto, pero que los Tribunales adoptasen un criterio general similar al aquí sostenido supondría una anormal derogación judicial de una norma plenamente vigente y acarrearía con toda seguridad la quiebra del sistema financiero español.

     –Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de marzo de 2011. Se trata de un asunto promovido por un particular contra una entidad financiera. La Sentencia declara nulas por abusivas dos cláusulas contenidas en las escrituras de préstamos hipotecarios de la referida entidad: la exclusión o renuncia anticipada a la obligación de la entidad acreedora de notificar con carácter previo al deudor la variación del tipo de interés en los préstamos hipotecarios a interés variable (el TS, en contra de lo argumentado por la asesoría jurídica del banco, afirma que a los préstamos bancarios se les aplica la Ley 7/98 sobre Condiciones Generales de la Contratación, y no sólo la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre Transparencia en las Condiciones Financieras de los Préstamos Hipotecarios), y la cláusula de redondeo sólo al alza al cuarto de punto más próximo en las revisiones del tipo de interés (aquí argumenta el TS que no es una cláusula negociada individualmente, que su objeto no es establecer el precio del contrato, y que no se destina a retribuir prestación especial alguna, por lo que constituye un exceso aleatorio y abusivo según lo establecido en la Ley 7/98). En mi opinión, el juicio que merece esta Sentencia es también altamente positivo, por parecidas consideraciones a las realizadas en el comentario de las dos primeras Sentencias antes comentadas.

En cuanto a las consecuencias de dichas resoluciones judiciales para los contratantes de préstamos bancarios en general:

La Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 16 de diciembre de 2009 ya HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, con fecha 7 de marzo de 2011. Queda así cumplido el requisito exigido por el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por lo que las cláusulas objeto de la Sentencia (antes detalladas) no podrán figurar en ninguna escritura pública ni inscripción registral desde la fecha de la inscripción (7 de marzo de 2011). Según anunció en rueda de prensa el Colegio de Registradores, el contenido de dicho Registro podrá consultarse de forma inmediata y gratuita a través de la página web www.registradores.org.

La Sentencia de la Sala 1ª (de lo Civil) del TRIBUNAL SUPREMO de fecha 2 de marzo de 2011 todavía NO HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. Tales cláusulas no podrán figurar en ninguna escritura pública ni inscripción registral desde la fecha de su inscripción.

El resto de resoluciones judiciales que hemos comentado se limitan a resolver casos puntuales, y no son vinculantes para el público en general ni para los notarios, sin perjuicio de la obligación notarial de proporcionar a los clientes la información que se solicite en relación a ellas, y sin perjuicio también de que eventuales reformas legislativas puedan recoger algunos de los postulados que en ellas defienden los Tribunales de Justicia.Hay que añadir que ya existen en tramitación parlamentaria algunos Proyectos de Ley sobre diferentes cuestiones tratadas por dichas resoluciones judiciales, y que algún político ha realizado en la campaña electoral de las autonómicas y municipales del 22 de mayo alguna propuesta en tal sentido.

Excesos autonómicos: recetas para épocas de austeridad

Celebradas las elecciones del 22 de Mayo, y en medio de la tregua que otorga el período previo a la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos y municipales, parece un buen momento para reflexionar sobre las difíciles decisiones que los nuevos gobiernos tendrán que adoptar para afrontar el recorte en el gasto público. En el post anterior comentamos la necesidad de introducir ratios de eficiencia y eficacia para poder adoptar decisiones encaminadas a introducir racionalidad en el gasto público en el complejo entramado administrativo español. El debate sobre la eficiencia y la eficacia puede concretarse valorando qué servicios son esenciales y cuáles  son prescindibles, o qué gastos son inevitables y cuáles son evitables.|

Todo el mundo estaría de acuerdo en situar la sanidad, la educación y los servicios sociales entre los servicios públicos esenciales. La identificación de los servicios prescindibles quizás no concite tanto consenso, pero en el intento por buscar un amplio acuerdo centraremos el análisis en aquellos órganos creados por las Comunidades Autónomas cuyo cometido replica órganos similares de la administración central, y cuyo sentido y existencia es difícil de justificar desde una perspectiva de eficiencia o racionalidad económica.

Iniciamos el análisis con las Autoridades Autonómicas de Defensa de la Competencia. La descentralización de la función que vela por la competencia en el mercado se inicia con la aprobación de la Ley 1/2002 de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Esta ley establece los asuntos de competencia que deben gestionarse a nivel nacional y a nivel autonómico, junto con un complejo sistema que para cada expediente decide si debe ser la autoridad nacional o la autonómica quien que se haga cargo de él. Dado que económicamente España pretende ser y comportarse como un mercado único, y dado que la mayor parte de las empresas tienden a competir bien a nivel nacional, bien a nivel muy local, la legislación de competencia autonómica es sin duda una aportación singular al desarrollo autonómico español. Transcurridos los años, son 12 las comunidades autónomas que cuentan con autoridad de defensa de la competencia: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Madrid, Canarias y Murcia. Los números de expedientes tramitados por estos organismos son en sí mismo reveladores: Andalucía gestionó 31 expedientes en el período 2008-2010, Castilla La Mancha 8, Madrid 38, el País Vasco 26 y la C. Valenciana 17. Menos de 10 expedientes al año de media. Aun cuando los presupuestos de estos órganos no sean elevados (alrededor de 8 millones de € en el 2010) sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la centralización de toda la función de defensa de la competencia en el órgano nacional sería mucho más eficiente. Sin duda queremos desde aquí alabar el sentido común expresado por el Principado de Asturias al apostar por suscribir un convenio con la CNC nacional (ver aquí) en lugar de crear un nuevo órgano autonómico. El contenido de la nota de prensa en que se anuncia el convenio no puede ser más esclarecedor: “La aplicación de la normativa de defensa de la competencia requiere un conocimiento especializado en la materia y la inversión de importantes recursos económicos y humanos, por lo que, por motivos de eficacia, eficiencia y ahorro para el erario público, tanto la Administración del Principado de Asturias y como la Comisión Nacional de la Competencia han considerado conveniente la concentración de dicha actividad en este último organismo.”. Difícil expresar mejor una valoración sobre la ineficiencia que supone en este caso la descentralización.

Abierto el fuego con las autoridades de competencia, las agencias autonómicas de protección de datos merecen también una mención especial. Este tema ya se abordó con enorme acierto por José María Pérez en este mismo blog, en este post, por lo que no nos extenderemos demasiado. Baste mencionar que la creación de estos órganos supone un ejercicio de malabarismo en la legislación autonómica aún más sorprendente puesto que su competencia se restringe tan solo a la protección de los datos personales contenidos en los ficheros de los que la administración autonómica sea responsable. Sin duda tampoco se trata de órganos que desborden actividad. No es necesaria mucha reflexión para concluir que se emplearían mejor los recursos si estas competencias las asumiera el organismo nacional y se suprimieran los organismos autonómicos.

La proliferación de órganos consultivos autonómicos no deja de sorprender. Muchas Comunidades Autónomas han creado órganos consultivos en diferentes sectores, que en muchos casos replican los existentes a nivel estatal. Merece la pena mencionar los casos del Comité Económico y Social, de los Consejos de Consumidores, y de los Consejos Consultivos.  Estos últimos merecen sin duda especial análisis. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 204/1992 todas las Comunidades, con excepción de Cantabria, han creado su propio consejo consultivo. Esta función consultiva autonómica tuvo un coste total de 30 millones € en el año 2006 (sin incluir el Consejo de Estado nacional). No estaría de más replantearse la relación coste – utilidad real que aportan estos Consejos.

El análisis de funciones autonómicas redundantes debería continuar con funciones tales como los defensores del pueblo autonómicos o los defensores del menor autonómicos. Sin poner en duda la importante labor que realizan estos órganos, cabe de nuevo preguntarse si no sería mucho más eficiente la centralización en los órganos nacionales que ya desempeñan esta labor.

Antes de concluir, no querría dejar de mencionar un caso particularmente complejo, como es la descentralización de la función de estadística. Sin duda el INE constituye un pilar básico de las instituciones democráticas en su labor de aportar datos fiables y solventes sobre los más diversos ámbitos de la actividad económica y social de nuestro país. Del rigor de este órgano depende en gran medida la credibilidad del propio país. Baste recordar la situación vivida por Grecia tras salir a la luz como su instituto de estadística falseaba los indicadores económicos. La creación de institutos autonómicos de estadísticas plantea no solo dudas sobre si la duplicidad en el ámbito de la estadística tiene sentido, sino también puede plantear problemas con la generación de información heterogénea por parte de los distintos órganos que no hará sino sembrar la desconfianza sobre el rigor de los datos.

Voy a detener aquí el análisis, aún cuando la lista de órganos enumerada dista mucho de ser exhaustiva. Las agencias de evaluación y calidad autonómicas, los consejos audiovisuales, las agencias financieras y los previstos consejos judiciales autonómicos, podrían entrar a engrosar esta ya larga lista de organismos redundantes difíciles de justificar.

Sigamos con las televisiones. Ante la multiplicidad de canales que nos ha deparado el apagón analógico y la irrupción de la nueva televisión digital (TDT), cada vez resulta más difícil entender cuál es el papel que juegan en este nuevo escenario audiovisual las televisiones autonómicas y su papel de servicio público, especialmente si tenemos en cuenta la pesada carga presupuestaria que suponen para las arcas autonómicas.

Y por último, dado que la  Constitución atribuye de forma explícita las relaciones internacionales como competencia exclusiva del estado, el fenómeno de la proliferación de embajadas, oficinas comerciales y oficinas de turismo autonómicas en el exterior no deja de sorprender. En el año 1999 el Gobierno vasco contaba con una única delegación en el exterior, diez años después, cuenta con una red de ocho embajadas. Cataluña ya tiene cuatro delegaciones en funcionamiento y previsiones de apertura de otras dos. A ello se unen las oficinas comerciales autonómicas y las oficinas de turismo. La pregunta que todos debemos realizarnos es si no sería más eficaz y razonable, en el supuesto de considerar necesaria una representación autonómica en el exterior, que ésta se integrara en la Embajada española. Lo mismo cabría preguntarse sobre las oficinas comerciales y oficinas de turismo, en su relación con el ICEX y Turespaña

Quisiera pensar que este post pueda haber dado alguna idea sobre como recortar el gasto autonómico en servicios prescindibles antes de abordar recortes en los servicios esenciales. Es posible que muchas personas consideren que el presupuesto de todos los gastos aquí mencionados no es demasiado elevado y su supresión no resolvería el enorme problema presupuestario al que se enfrentan las Comunidades Autónomas. No les falta razón, aunque la lista de gastos prescindibles es sin duda mucho más larga que la que ha reflejado este post. En cualquier caso una mera justificación de decencia ética debería empujar a abordar primero la supresión de organismos y gastos redundantes, ineficaces y prescindibles, antes de aplicar recortes en los servicios esenciales. Quién sabe si un primer paso introduciendo cierta racionalidad en el torbellino descentralizador que hemos vivido en los últimos años pueda permitir albergar cierta esperanza de aspirar a abordar debates más complejos sobre el panorama autonómico español. Ese es el ánimo que he pretendido plasmar en este post.

Ha nacido la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial”

El sábado 14 de mayo, en Madrid, 26 personas, de muy diversas ideologías pero unidos por la convicción de que la independencia real de la Justicia frente al poder político es un valor fundamental en una democracia y de que se puede y se debe hacer algo para conseguirla, fundamos una asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Se trata de 14 jueces y magistrados, y 12 de otras profesiones jurídicas, y estos son los nombres:|

Jueces y Magistrados:

Ernesto Carlos Manzano Moreno (Granada).

Raimundo San Adrián Otero (La Coruña)

Antonio Fuentes Bujalance (Málaga)

Esther Fernández Arjonilla (Estella)

Elena Corral Losada (Las Palmas)

Gemma Vives Martínez (Barcelona)

Jesús Manuel Villegas Fernández (Guadalajara)

Federico Vidal Grases (Barcelona)

Eloy Velasco Núñez (Madrid)

Julia Patricia Santamaría Matesanz (Madrid)

Alfonso Alvarez-Buylla Naharro (Cangas del Narcea)

Benjamín Monreal Híjar (Zaragoza)

Concepción Ceres Montes (Valencia)

Antonio Videras Noguera (Granada)

Otras profesiones jurídicas:

Andrés de la Oliva Santos.- Catedrático de Derecho Procesal.

Jesús Bobo Ruiz.- Profesor de Derecho Administrativo.

Soraya Callejo Carrión.- Abogada y profesora de D. Procesal.

Enrique Gimbernat Ordeig.- Catedrático de Derecho Penal.

Javier Nart Peñalver.- Abogado y periodista.

Fernando Gomá Lanzón.- Notario y coeditor del blog “¿Hay Derecho?”

José María Asencio Mellado.- Catedrático de Derecho Procesal.

Miguel Olmedo Cardenete.- Catedrático de Derecho Penal.

Pedro Butrón Baliña.- Profesor de Derecho Procesal.

Ignacio Gordillo Alvarez-Valdés.- Fiscal excedente y abogado.

Jaime Vegas Torres.- Catedrático de Derecho Procesal.

Esperanza Gallego Sánchez.- Catedrático de Derecho Mercantil y miembro de la Comisión General de Codificación.

La Plataforma es en sí misma apolítica. Tiene siete objetivos básicos, entre los cuales está la elección democrática por los jueces y no por los políticos de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial de los veinte que integran el CGPJ, y en general se propone, asimismo, defender la efectividad del Estado de Derecho, la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley. Se trata de los mismos objetivos ya expuestos en el Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”  firmado el año pasado por 1500 jueces y del que hablé en el segundo post que he dedicado a la situación de la Justicia en España. Pueden consultarse en el manifiesto los siete objetivos completos.  Aún está pendiente de activación la página web, pero ya está disponible toda la información en Facebook.

La Plataforma es una asociación, y obviamente necesita asociados que la hagan crecer y nutrirse de su apoyo y de sus opiniones –en especial las críticas constructivas, que permitan rectificar lo que no se esté haciendo bien-. Si tú, lector, eres un jurista o simplemente un ciudadano preocupado por el estado de la Justicia en España, y sientes la necesidad de hacer algo, de actuar, entonces asociarse es dar un paso adelante, fijar una posición cívica y contribuir a crear una estructura que vaya desde la misma sociedad hacia arriba, cuando aquí estamos tan acostumbrados a que sea al revés.

En un comentario al post del coeditor Fernando Rodríguez Prieto del pasado día 25, se ha escrito: “la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y, precisamente por ello, la gente tiene que decir lo que de veras piensa, sin miedo a quebrar el canon dominante, sosteniendo en público lo mismo que dice en privado”. No somos ingenuos ni aspiramos a imposibles, pero sí creemos que una tarea pendiente de la democracia en España es la articulación de una sociedad civil fuerte, organizada, como la que existe en otros países, que exija a los políticos mucho más de lo que están dando. La Plataforma es nuestra pequeña contribución a esa misión, centrada en el ámbito de la Justicia.

No se trata por tanto solamente de obtener resultados a corto plazo y desanimarse si se cree irrealizable ese objetivo, sino de actuar éticamente, y con esa actuación crear costumbres éticas que expandan su influencia positiva como contrapeso a los otros ejemplos negativos. Hacer algo como ciudadano para mejorar la calidad de la justicia o apoyar lo que hacen los demás en esa dirección es, en sí mismo, ejemplar, y tiene gran valor.

Pero si tú, lector, eres juez, entonces estamos hablando directamente de lo tuyo. “Nosotros hemos hechos dos huelgas, nos hemos manifestado, hemos remitido miles de escritos evidenciando la falta de medios de todo tipo para desarrollar nuestra función, con un mínimo de dignidad, cerca de 1.500 jueces suscribimos un manifiesto por la independencia judicial y la despolitización de la justicia, y los que pueden cambiar la situación nada han hecho, al contrario, …más politización, menos independencia. Nosotros solos poco podemos hacer. Sólo queda que la sociedad civil se movilice”. Esto decía un juez en un comentario a mi primer post sobre la Justicia. Aquí está la Plataforma cívica; qué duda cabe que no es perfecta, que podría hacerse de otra manera, que los objetivos básicos podrían ser otros, o que puede no salir nada de todo esto, pero lo cierto es que es algo real, no una mera idea, y que esta realidad, estimado lector juez, te interpela directamente a adoptar una postura ética, sin que el temor pueda ser un elemento que influya en la decisión (en el País Vasco hay concejales amenazados, insultados y vejados, son administrativos, trabajadores o amas de casa que defienden sus ideas pacíficas frente al fanatismo imbécil;  héroes que seguro que sienten temor y tienen derecho a llamarlo así. Nosotros, no).  Catorce jueces han dado el primer gran paso. No es el momento de los matices, no es el momento del silencio, no es el momento del cálculo. Es simplemente el momento de responder a esta interpelación ética con un sí o un no.

La asociación tiene un coste simbólico (15 euros al trimestre), que permita sufragar los gastos, y otorga los derechos habituales en cualquier asociación. Para ello o para solicitar más información, hay ya una cuenta de correo a la que dirigirse: [email protected]. Os esperamos.

Ha nacido la “Plataforma Cívica por la Independencia Judicial”

El sábado 14 de mayo, en Madrid, 26 personas, de muy diversas ideologías pero unidos por la convicción de que la independencia real de la Justicia frente al poder político es un valor fundamental en una democracia y de que se puede y se debe hacer algo para conseguirla, fundamos una asociación, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Se trata de 14 jueces y magistrados, y 12 de otras profesiones jurídicas, y estos son los nombres:|

Jueces y Magistrados:

Ernesto Carlos Manzano Moreno (Granada).

Raimundo San Adrián Otero (La Coruña)

Antonio Fuentes Bujalance (Málaga)

Esther Fernández Arjonilla (Estella)

Elena Corral Losada (Las Palmas)

Gemma Vives Martínez (Barcelona)

Jesús Manuel Villegas Fernández (Guadalajara)

Federico Vidal Grases (Barcelona)

Eloy Velasco Núñez (Madrid)

Julia Patricia Santamaría Matesanz (Madrid)

Alfonso Alvarez-Buylla Naharro (Cangas del Narcea)

Benjamín Monreal Híjar (Zaragoza)

Concepción Ceres Montes (Valencia)

Antonio Videras Noguera (Granada)

Otras profesiones jurídicas:

Andrés de la Oliva Santos.- Catedrático de Derecho Procesal.

Jesús Bobo Ruiz.- Profesor de Derecho Administrativo.

Soraya Callejo Carrión.- Abogada y profesora de D. Procesal.

Enrique Gimbernat Ordeig.- Catedrático de Derecho Penal.

Javier Nart Peñalver.- Abogado y periodista.

Fernando Gomá Lanzón.- Notario y coeditor del blog “¿Hay Derecho?”

José María Asencio Mellado.- Catedrático de Derecho Procesal.

Miguel Olmedo Cardenete.- Catedrático de Derecho Penal.

Pedro Butrón Baliña.- Profesor de Derecho Procesal.

Ignacio Gordillo Alvarez-Valdés.- Fiscal excedente y abogado.

Jaime Vegas Torres.- Catedrático de Derecho Procesal.

Esperanza Gallego Sánchez.- Catedrático de Derecho Mercantil y miembro de la Comisión General de Codificación.

La Plataforma es en sí misma apolítica. Tiene siete objetivos básicos, entre los cuales está la elección democrática por los jueces y no por los políticos de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial: jueces decanos, presidentes de audiencias y de tribunales superiores de justicia, salas de gobierno así como de los doce vocales de procedencia judicial de los veinte que integran el CGPJ, y en general se propone, asimismo, defender la efectividad del Estado de Derecho, la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley. Se trata de los mismos objetivos ya expuestos en el Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”  firmado el año pasado por 1500 jueces y del que hablé en el segundo post que he dedicado a la situación de la Justicia en España. Pueden consultarse en el manifiesto los siete objetivos completos.  Aún está pendiente de activación la página web, pero ya está disponible toda la información en Facebook.

La Plataforma es una asociación, y obviamente necesita asociados que la hagan crecer y nutrirse de su apoyo y de sus opiniones –en especial las críticas constructivas, que permitan rectificar lo que no se esté haciendo bien-. Si tú, lector, eres un jurista o simplemente un ciudadano preocupado por el estado de la Justicia en España, y sientes la necesidad de hacer algo, de actuar, entonces asociarse es dar un paso adelante, fijar una posición cívica y contribuir a crear una estructura que vaya desde la misma sociedad hacia arriba, cuando aquí estamos tan acostumbrados a que sea al revés.

En un comentario al post del coeditor Fernando Rodríguez Prieto del pasado día 25, se ha escrito: “la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y, precisamente por ello, la gente tiene que decir lo que de veras piensa, sin miedo a quebrar el canon dominante, sosteniendo en público lo mismo que dice en privado”. No somos ingenuos ni aspiramos a imposibles, pero sí creemos que una tarea pendiente de la democracia en España es la articulación de una sociedad civil fuerte, organizada, como la que existe en otros países, que exija a los políticos mucho más de lo que están dando. La Plataforma es nuestra pequeña contribución a esa misión, centrada en el ámbito de la Justicia.

No se trata por tanto solamente de obtener resultados a corto plazo y desanimarse si se cree irrealizable ese objetivo, sino de actuar éticamente, y con esa actuación crear costumbres éticas que expandan su influencia positiva como contrapeso a los otros ejemplos negativos. Hacer algo como ciudadano para mejorar la calidad de la justicia o apoyar lo que hacen los demás en esa dirección es, en sí mismo, ejemplar, y tiene gran valor.

Pero si tú, lector, eres juez, entonces estamos hablando directamente de lo tuyo. “Nosotros hemos hechos dos huelgas, nos hemos manifestado, hemos remitido miles de escritos evidenciando la falta de medios de todo tipo para desarrollar nuestra función, con un mínimo de dignidad, cerca de 1.500 jueces suscribimos un manifiesto por la independencia judicial y la despolitización de la justicia, y los que pueden cambiar la situación nada han hecho, al contrario, …más politización, menos independencia. Nosotros solos poco podemos hacer. Sólo queda que la sociedad civil se movilice”. Esto decía un juez en un comentario a mi primer post sobre la Justicia. Aquí está la Plataforma cívica; qué duda cabe que no es perfecta, que podría hacerse de otra manera, que los objetivos básicos podrían ser otros, o que puede no salir nada de todo esto, pero lo cierto es que es algo real, no una mera idea, y que esta realidad, estimado lector juez, te interpela directamente a adoptar una postura ética, sin que el temor pueda ser un elemento que influya en la decisión (en el País Vasco hay concejales amenazados, insultados y vejados, son administrativos, trabajadores o amas de casa que defienden sus ideas pacíficas frente al fanatismo imbécil;  héroes que seguro que sienten temor y tienen derecho a llamarlo así. Nosotros, no).  Catorce jueces han dado el primer gran paso. No es el momento de los matices, no es el momento del silencio, no es el momento del cálculo. Es simplemente el momento de responder a esta interpelación ética con un sí o un no.

La asociación tiene un coste simbólico (15 euros al trimestre), que permita sufragar los gastos, y otorga los derechos habituales en cualquier asociación. Para ello o para solicitar más información, hay ya una cuenta de correo a la que dirigirse: [email protected]. Os esperamos.

Primarias con candidato único. Reflexiones sobre la falta de democracia interna en los partidos políticos.

A la vista del espectáculo, no por previsible menos lamentable, que ha ofrecido esta última semana el PSOE a raíz de los resultados electorales y de la elección de su próximo candidato a las elecciones generales, querría hacer unas pequeñas reflexiones sobre la falta de democracia interna de nuestros partidos políticos en general y sobre las graves consecuencias que esta conlleva para el funcionamiento de la democracia en España.|

No se trata tanto de detenerse en el caso concreto del PSOE, que bastante atención mediática ha obtenido esta semana en detrimento de problemas mucho más graves y urgentes para los ciudadanos españoles. Efectivamente, estas jugosas maniobras de pasillo que nos han relatado tan prolijamente tienen, sin duda, su interés para los “insiders”, ya se trate de afiliados, candidatos, aspirantes a candidatos o periodistas de salón, pero bastante menos para los sufridos ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. Como siempre, se ha hablado de personas y nada de programas, proyectos o soluciones. Pero en fin, volvamos al Derecho que es de lo que trata este blog.

Recordemos que nuestra Constitución concede una importancia fundamental a los partidos políticos, señalando en su artículo 6  que: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

No obstante, solo hace una breve referencia a la exigencia de democracia en su estructura interna y funcionamiento. El desarrollo de estos requisitos y de sus correspondientes garantías queda para un desarrollo normativo posterior, en este caso la actual LO 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Pero lo cierto es que esta norma tampoco es muy extensa ni demasiado concreta en este punto. De hecho, el art.6 de la Ley de Partidos Políticos repite lo mismo que dice la Constitución estableciendo que “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.

Pero ¿Cómo se garantizan estos principios democráticos? Pues básicamente según el art.7 de la Ley mediante una estructura interna y un funcionamiento “democráticos”.

Los párrafos 2º,3º, 4º y 5º de este artículo concretan la cuestión algo más, aunque el que el párrafo empiece con la famosa coletilla “sin perjuicio” (de la que ya les he hablado en otro post) da que pensar. Efectivamente lo que ocurre es que en este tema de la democracia interna van a primar las normas internas de los partidos (estatutos o reglamentos) sobre lo que establece la propia Ley.

“2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.”

 Como pueden ver, más allá de lo que establezcan los estatutos o reglas internas de funcionamiento en virtud de esa capacidad de autoorganización o autorregulación que la Ley concede tan generosamente a los partidos, la únicas reglas no modificables estatutariamente se refieren a la existencia de una asamblea general del conjunto de los miembros como órgano superior de gobierno del partido y al requisito de que los órganos directivos de los partidos, sean estos los que sean, tengan que ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

No hay nada más, es decir, no hay más criterios ni más garantías para la democracia interna, por lo que para concretar ese funcionamiento democrático hay que acudir a los Estatutos y demás reglamentos y norma internas de funcionamiento de los partidos políticos existentes en España.

También llama la atención la ausencia de consecuencia alguna para el caso de incumplimiento de estas reglas de funcionamiento democrático, lógica por otro lado, dada lo genérico del concepto.

Me perdonarán que, siendo fin de semana, me haya dado pereza leerme  Estatutos de los partidos políticos que existen en España. En cualquier caso, no me extrañaría que todos contengan normas más o menos democráticas de funcionamiento, es decir, que respeten al menos formalmente el que los cargos sean elegidos por los afiliados en sufragio directo y secreto. O a lo mejor no. Pero lo grave es que me temo que eso da bastante igual: en la práctica las cosas pueden ser muy distintas. Las primarias del PSOE con un solo candidato “oficialista” son un ejemplo más de lo fácil que resulta en nuestra democracia respetar las formas y obviar el fondo al que se supone que dichas formas sirven. Porque sinceramente ¿para qué hacer elecciones primarias si solo hay un candidato?  ¿Qué debate hay entonces sobre ideas y programas? No parece un buen sistema no ya para garantizar la democracia interna, sino para generar una mínima regeneración (o autocrítica) de programas, ideas o proyectos y no digamos ya de personas.

Para concluir estas reflexiones, parece que, como mínimo para garantizar una auténtica democracia interna “real” (ahora que el término está de moda) tendría que existir algún tipo de debate respecto a la selección de los candidatos, tanto a los que vayan a presentarse a un proceso electoral como de los que vayan a ocupar puestos en el “aparato” u organigrama del partido. Idealmente mediante el voto directo de los militantes y en función de un debate entre candidatos en el que lo relevante sea su discurso, su programa y sus posibilidades de ganar unas elecciones, y no su mayor o menor apoyo por parte del aparato del partido. Esto por no hablar de las trabas consistentes en imponer un elevado número de avales, o de otras menos explícitas como las presiones a diestro y siniestro para evitar candidaturas alternativas Un proceso de este tipo creo que tendría bastante más intereses para los militantes, electores y  ciudadanos en general y resultaría bastante  más lógico que se cubriera con minuciosidad por nuestros medios de comunicación. Medidas como la limitación de mandatos podría ayudar también, y evitaría esta gerontocracia política que lleva décadas sentada en los cargos, ya sea en los Parlamentos, aparatos del Partido, cargos autonómicos y municipales o hasta “cargos” de la oposición, por no hablar de los eternos candidatos.

¿Ciencia ficción? Puede ser. Pero esto de las primarias con candidato único me reconocerán que interés, poco.

Primarias con candidato único. Reflexiones sobre la falta de democracia interna en los partidos políticos.

A la vista del espectáculo, no por previsible menos lamentable, que ha ofrecido esta última semana el PSOE a raíz de los resultados electorales y de la elección de su próximo candidato a las elecciones generales, querría hacer unas pequeñas reflexiones sobre la falta de democracia interna de nuestros partidos políticos en general y sobre las graves consecuencias que esta conlleva para el funcionamiento de la democracia en España.|

No se trata tanto de detenerse en el caso concreto del PSOE, que bastante atención mediática ha obtenido esta semana en detrimento de problemas mucho más graves y urgentes para los ciudadanos españoles. Efectivamente, estas jugosas maniobras de pasillo que nos han relatado tan prolijamente tienen, sin duda, su interés para los “insiders”, ya se trate de afiliados, candidatos, aspirantes a candidatos o periodistas de salón, pero bastante menos para los sufridos ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. Como siempre, se ha hablado de personas y nada de programas, proyectos o soluciones. Pero en fin, volvamos al Derecho que es de lo que trata este blog.

Recordemos que nuestra Constitución concede una importancia fundamental a los partidos políticos, señalando en su artículo 6  que: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

No obstante, solo hace una breve referencia a la exigencia de democracia en su estructura interna y funcionamiento. El desarrollo de estos requisitos y de sus correspondientes garantías queda para un desarrollo normativo posterior, en este caso la actual LO 6/2002 de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Pero lo cierto es que esta norma tampoco es muy extensa ni demasiado concreta en este punto. De hecho, el art.6 de la Ley de Partidos Políticos repite lo mismo que dice la Constitución estableciendo que “Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.

Pero ¿Cómo se garantizan estos principios democráticos? Pues básicamente según el art.7 de la Ley mediante una estructura interna y un funcionamiento “democráticos”.

Los párrafos 2º,3º, 4º y 5º de este artículo concretan la cuestión algo más, aunque el que el párrafo empiece con la famosa coletilla “sin perjuicio” (de la que ya les he hablado en otro post) da que pensar. Efectivamente lo que ocurre es que en este tema de la democracia interna van a primar las normas internas de los partidos (estatutos o reglamentos) sobre lo que establece la propia Ley.

“2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.”

 Como pueden ver, más allá de lo que establezcan los estatutos o reglas internas de funcionamiento en virtud de esa capacidad de autoorganización o autorregulación que la Ley concede tan generosamente a los partidos, la únicas reglas no modificables estatutariamente se refieren a la existencia de una asamblea general del conjunto de los miembros como órgano superior de gobierno del partido y al requisito de que los órganos directivos de los partidos, sean estos los que sean, tengan que ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

No hay nada más, es decir, no hay más criterios ni más garantías para la democracia interna, por lo que para concretar ese funcionamiento democrático hay que acudir a los Estatutos y demás reglamentos y norma internas de funcionamiento de los partidos políticos existentes en España.

También llama la atención la ausencia de consecuencia alguna para el caso de incumplimiento de estas reglas de funcionamiento democrático, lógica por otro lado, dada lo genérico del concepto.

Me perdonarán que, siendo fin de semana, me haya dado pereza leerme  Estatutos de los partidos políticos que existen en España. En cualquier caso, no me extrañaría que todos contengan normas más o menos democráticas de funcionamiento, es decir, que respeten al menos formalmente el que los cargos sean elegidos por los afiliados en sufragio directo y secreto. O a lo mejor no. Pero lo grave es que me temo que eso da bastante igual: en la práctica las cosas pueden ser muy distintas. Las primarias del PSOE con un solo candidato “oficialista” son un ejemplo más de lo fácil que resulta en nuestra democracia respetar las formas y obviar el fondo al que se supone que dichas formas sirven. Porque sinceramente ¿para qué hacer elecciones primarias si solo hay un candidato?  ¿Qué debate hay entonces sobre ideas y programas? No parece un buen sistema no ya para garantizar la democracia interna, sino para generar una mínima regeneración (o autocrítica) de programas, ideas o proyectos y no digamos ya de personas.

Para concluir estas reflexiones, parece que, como mínimo para garantizar una auténtica democracia interna “real” (ahora que el término está de moda) tendría que existir algún tipo de debate respecto a la selección de los candidatos, tanto a los que vayan a presentarse a un proceso electoral como de los que vayan a ocupar puestos en el “aparato” u organigrama del partido. Idealmente mediante el voto directo de los militantes y en función de un debate entre candidatos en el que lo relevante sea su discurso, su programa y sus posibilidades de ganar unas elecciones, y no su mayor o menor apoyo por parte del aparato del partido. Esto por no hablar de las trabas consistentes en imponer un elevado número de avales, o de otras menos explícitas como las presiones a diestro y siniestro para evitar candidaturas alternativas Un proceso de este tipo creo que tendría bastante más intereses para los militantes, electores y  ciudadanos en general y resultaría bastante  más lógico que se cubriera con minuciosidad por nuestros medios de comunicación. Medidas como la limitación de mandatos podría ayudar también, y evitaría esta gerontocracia política que lleva décadas sentada en los cargos, ya sea en los Parlamentos, aparatos del Partido, cargos autonómicos y municipales o hasta “cargos” de la oposición, por no hablar de los eternos candidatos.

¿Ciencia ficción? Puede ser. Pero esto de las primarias con candidato único me reconocerán que interés, poco.

El cambio en la Administración de Justicia: la nueva oficina judicial

La administración de justicia esta padeciendo un profundo cambio en su organización y estructura. La organización actual data de 1881, por tanto, es anticuada e ineficaz para atender las exigencias de una sociedad moderna que demanda servicios de calidad. Para paliar este déficit los dos grandes partidos políticos han consensuado una nueva organización de la Administración de Justicia. El cambio se inició en el 2003 con un Gobierno del PP, siendo Presidente Aznar y ha sido desarrollado por el actual Ministerio de  Justicia, y aunque algunos puedan pensar que existen otros modelos distintos y mejores, el que se esta implantando es el seleccionado por los dos grandes partidos políticos con posibilidades reales de gobernar y es improbable que lo cambien a mitad de proceso de implantación, porque sería difícil de explicar a la opinión pública y supondría un derroche de los escasos recursos públicos. Estos cambios se refieren a cuatro pilares fundamentales: Cambios orgánicos, funcionales, tecnológicos y un último apartado que podríamos denominar de mentalidades.|

Los cambios orgánicos, son una nueva organización interna en los Juzgados (introducidos por la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la LOPJ) que consiste básicamente en establecer unos Servicios Comunes que se encarguen de tramitar todos los expedientes judiciales, para que los Jueces dediquen su tiempo y esfuerzo a celebrar los juicios y dictar las sentencias. Un expediente judicial no es solamente el tiempo que tarda en celebrarse la vista o juicio y dictar la correspondiente sentencia, también conlleva innumerables tramites antes y después de la vista, hasta el archivo definitivo tras la ejecución. En un Juzgado con antigua oficina judicial todos los trámites los realiza el propio Juzgado con su personal, unas diez o doce personas. Con el cambio se crea una nueva oficina judicial (en adelante NOJ), en la que los Juzgados quedan reducidos a la presencia del Juez y un mínimo personal (dos o tres funcionarios), porque toda la tramitación, salvo celebrar el juicio y dictar sentencia, lo van a realizar unos Servicios Comunes en los que se encuentran destinados la mayoría de los funcionarios. Es decir, estos Servicios Comunes tramitan todos los juicios de todos los Juzgados de un mismo partido judicial y cuando el expediente llega al estado de tener que celebrarse el juicio, se lo remiten al Juzgado correspondiente para que celebre el juicio.

Los cambios funcionales han sido introducidos por La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la NOJ y ha supuesto la modificación de más de mil preceptos. Esta reforma ha adaptado las distintas leyes procesales a la nueva organización de los Juzgados. Toda la tramitación de los expedientes judiciales ahora es responsabilidad de los Secretarios Judiciales que se llevará a cabo a través de los Servicios Comunes. Con la NOJ se delimitan las funciones de los Jueces y Secretarios Judiciales y se sustraen algunas competencias que residían en los primeros para atribuírselas a los segundos. Las relaciones entre ambos profesionales en general de siempre han sido muy buenas, han sentido el Juzgado como algo propio, de responsabilidad compartida. Es de esperar que con estos cambios puedan surgir algunas fricciones, pero considero que será una cuestión puntual y aislada, puesto que cuanto más definida se encuentre la frontera entre las competencias de unos y otros se reducen las posibilidades de conflicto.

Los cambios tecnológicos, uno de los principales motivos del retraso o deficiente servicio que presta la Administración de Justicia es la falta de medios tecnológicos adaptados a las necesidades de los Juzgados y acordes a los tiempos actuales. De todas las aplicaciones informáticas que tiene el Mº Justicia una de las más importantes es el expediente digital o electrónico. Esta herramienta facilitará el acceso de todos los intervinientes judiciales a la misma documentación y expedientes, evitando realizar copias en papel de los sumarios que constan de un número de folios muy elevado. Permitirá eliminar totalmente el papel en los procesos judiciales, lo que incrementará la celeridad en la tramitación de los autos, garantizará la seguridad jurídica de todo el proceso y mejorará el ejercicio del derecho de defensa. Cuando el expediente tenga que remitirse de un organismo a otro para resolver el trámite que corresponda se podrá realizar con un simple clic del ratón. En suma, la implantación del expediente judicial electrónico es una pieza clave y fundamental dentro del proceso de modernización de la Administración de Justicia en España, que servirá de modelo y referente a nivel internacional.

El cambio de mentalidad (o de gestión del cambio como lo denomina el Mº Justicia), cualquier cambio que se haga dentro de una administración o de un sistema que ya esta funcionando, ya sea organizativo, funcional o tecnológico, ha de contar con el apoyo de las personas que trabajan dentro de dicha administración. No se puede implantar una nueva forma de trabajo o unas herramientas informáticas distintas sin la implicación favorable de todos los intervinientes como Jueces, Secretarios Judiciales, Fiscales, Médicos Forenses, Gestores, Tramitadores, Auxilio Judicial, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos, etc. El cambio de mentalidad es una de las mayores dificultades de la implantación de la NOJ. Se cambia por completo una estructura de trabajo por Juzgados a un sistema de Servicios Comunes que van a tener que organizar su trabajo de una forma totalmente distinta a como lo han venido haciendo hasta ahora. Estos tres cambios: orgánico, funcional y tecnológico obliga a los profesionales que desempeñan su trabajo en estas Oficinas Judiciales a realizar un considerable esfuerzo para que el proyecto sea un éxito.

Todos estos cambios son imprescindibles si queremos tener una Administración de Justicia moderna y eficaz. La crítica que se puede formular es el calendario de implantación, así vemos que los cambios orgánicos fueron en el año 2003, los funcionales en el año 2010, respecto de los tecnológicos, algunos ya se han producido como LEXNET,y otros se encuentran pendientes como el expediente electrónico, lo ideal es que todos estos cambios se hubiera producido simultáneamente, es decir, que el día D y la hora H hubieran entrado en vigor los cambios orgánicos y funcionales y al mismo tiempo todas las aplicaciones informáticas se encontraran operativas, pero por cuestiones políticas y económicas han sido graduales con las disfunciones que ocasionan.

El cambio en la Administración de Justicia: la nueva oficina judicial

La administración de justicia esta padeciendo un profundo cambio en su organización y estructura. La organización actual data de 1881, por tanto, es anticuada e ineficaz para atender las exigencias de una sociedad moderna que demanda servicios de calidad. Para paliar este déficit los dos grandes partidos políticos han consensuado una nueva organización de la Administración de Justicia. El cambio se inició en el 2003 con un Gobierno del PP, siendo Presidente Aznar y ha sido desarrollado por el actual Ministerio de  Justicia, y aunque algunos puedan pensar que existen otros modelos distintos y mejores, el que se esta implantando es el seleccionado por los dos grandes partidos políticos con posibilidades reales de gobernar y es improbable que lo cambien a mitad de proceso de implantación, porque sería difícil de explicar a la opinión pública y supondría un derroche de los escasos recursos públicos. Estos cambios se refieren a cuatro pilares fundamentales: Cambios orgánicos, funcionales, tecnológicos y un último apartado que podríamos denominar de mentalidades.|

Los cambios orgánicos, son una nueva organización interna en los Juzgados (introducidos por la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la LOPJ) que consiste básicamente en establecer unos Servicios Comunes que se encarguen de tramitar todos los expedientes judiciales, para que los Jueces dediquen su tiempo y esfuerzo a celebrar los juicios y dictar las sentencias. Un expediente judicial no es solamente el tiempo que tarda en celebrarse la vista o juicio y dictar la correspondiente sentencia, también conlleva innumerables tramites antes y después de la vista, hasta el archivo definitivo tras la ejecución. En un Juzgado con antigua oficina judicial todos los trámites los realiza el propio Juzgado con su personal, unas diez o doce personas. Con el cambio se crea una nueva oficina judicial (en adelante NOJ), en la que los Juzgados quedan reducidos a la presencia del Juez y un mínimo personal (dos o tres funcionarios), porque toda la tramitación, salvo celebrar el juicio y dictar sentencia, lo van a realizar unos Servicios Comunes en los que se encuentran destinados la mayoría de los funcionarios. Es decir, estos Servicios Comunes tramitan todos los juicios de todos los Juzgados de un mismo partido judicial y cuando el expediente llega al estado de tener que celebrarse el juicio, se lo remiten al Juzgado correspondiente para que celebre el juicio.

Los cambios funcionales han sido introducidos por La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la NOJ y ha supuesto la modificación de más de mil preceptos. Esta reforma ha adaptado las distintas leyes procesales a la nueva organización de los Juzgados. Toda la tramitación de los expedientes judiciales ahora es responsabilidad de los Secretarios Judiciales que se llevará a cabo a través de los Servicios Comunes. Con la NOJ se delimitan las funciones de los Jueces y Secretarios Judiciales y se sustraen algunas competencias que residían en los primeros para atribuírselas a los segundos. Las relaciones entre ambos profesionales en general de siempre han sido muy buenas, han sentido el Juzgado como algo propio, de responsabilidad compartida. Es de esperar que con estos cambios puedan surgir algunas fricciones, pero considero que será una cuestión puntual y aislada, puesto que cuanto más definida se encuentre la frontera entre las competencias de unos y otros se reducen las posibilidades de conflicto.

Los cambios tecnológicos, uno de los principales motivos del retraso o deficiente servicio que presta la Administración de Justicia es la falta de medios tecnológicos adaptados a las necesidades de los Juzgados y acordes a los tiempos actuales. De todas las aplicaciones informáticas que tiene el Mº Justicia una de las más importantes es el expediente digital o electrónico. Esta herramienta facilitará el acceso de todos los intervinientes judiciales a la misma documentación y expedientes, evitando realizar copias en papel de los sumarios que constan de un número de folios muy elevado. Permitirá eliminar totalmente el papel en los procesos judiciales, lo que incrementará la celeridad en la tramitación de los autos, garantizará la seguridad jurídica de todo el proceso y mejorará el ejercicio del derecho de defensa. Cuando el expediente tenga que remitirse de un organismo a otro para resolver el trámite que corresponda se podrá realizar con un simple clic del ratón. En suma, la implantación del expediente judicial electrónico es una pieza clave y fundamental dentro del proceso de modernización de la Administración de Justicia en España, que servirá de modelo y referente a nivel internacional.

El cambio de mentalidad (o de gestión del cambio como lo denomina el Mº Justicia), cualquier cambio que se haga dentro de una administración o de un sistema que ya esta funcionando, ya sea organizativo, funcional o tecnológico, ha de contar con el apoyo de las personas que trabajan dentro de dicha administración. No se puede implantar una nueva forma de trabajo o unas herramientas informáticas distintas sin la implicación favorable de todos los intervinientes como Jueces, Secretarios Judiciales, Fiscales, Médicos Forenses, Gestores, Tramitadores, Auxilio Judicial, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos, etc. El cambio de mentalidad es una de las mayores dificultades de la implantación de la NOJ. Se cambia por completo una estructura de trabajo por Juzgados a un sistema de Servicios Comunes que van a tener que organizar su trabajo de una forma totalmente distinta a como lo han venido haciendo hasta ahora. Estos tres cambios: orgánico, funcional y tecnológico obliga a los profesionales que desempeñan su trabajo en estas Oficinas Judiciales a realizar un considerable esfuerzo para que el proyecto sea un éxito.

Todos estos cambios son imprescindibles si queremos tener una Administración de Justicia moderna y eficaz. La crítica que se puede formular es el calendario de implantación, así vemos que los cambios orgánicos fueron en el año 2003, los funcionales en el año 2010, respecto de los tecnológicos, algunos ya se han producido como LEXNET,y otros se encuentran pendientes como el expediente electrónico, lo ideal es que todos estos cambios se hubiera producido simultáneamente, es decir, que el día D y la hora H hubieran entrado en vigor los cambios orgánicos y funcionales y al mismo tiempo todas las aplicaciones informáticas se encontraran operativas, pero por cuestiones políticas y económicas han sido graduales con las disfunciones que ocasionan.