Si son derechos, ¿a quién exigirlos?

El Consejo General del Poder Judicial publica todos los años una interesante Memoria en la que trata diversos asuntos de trascendencia en la justicia y, en general en la sociedad –entre otros, el aumento progresivo de litigios o la creciente presencia de mujeres en el ámbito judicial-. Entre los análisis que realiza llama especialmente la atención el relativo a las Reclamaciones y Denuncias sobre el Funcionamiento de Juzgados y Tribunales.|

El origen de estas Reclamaciones se encuentra en la “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos, el 16 de abril de 2002. En ésta se mencionan cuarenta y un derechos que tiene el ciudadano ante la justicia. La Carta se estructura en cuatro partes, cuyas finalidades son distintas pero vinculadas. En la primera se enuncian una serie de derechos para obtener una justicia “moderna, abierta y responsable ante los ciudadanos”. La segunda, se centra en la atención que ésta debe tener –y por tanto, le es exigible- con los ciudadanos más desprotegidos. La tercera se ocupa de aquellos derechos característicos de la relación del ciudadano con su defensa y representación letrada. Por último, la Carta termina con el reconocimiento de la exigibilidad de los derechos y la vinculación a todo el personal de la administración de justicia y que con ella coopera.

El Pleno del CGPJ aprobó la última Memoria el 19 de mayo de 2010 y se publicó el 21 de septiembre del mismo año. En el apartado décimo, que lleva por título “Materias de especial seguimiento” se analizan las Reclamaciones y Quejas planteadas en el año 2009.

Aunque estamos en abril de 2011 me ha parecido oportuno que fuera el objeto del post para así hacer constar que el retraso que caracteriza a la justicia no es exclusivo de la función estrictamente jurisdiccional sino que, por desgracia, se extiende a aspectos accesorios, pero no por ello de escasa relevancia.

El número de quejas es elevado. En 2009 se presentaron ante la Unidad de Atención Ciudadana 10.839. Ante Órganos de Gobierno del Poder Judicial 2.371 y ante el Servicio de Inspección 1.788. A ellas debemos sumar, entre otras, las reclamaciones telefónicas.

Entre las numerosas tablas que se incluyen merecen especial atención las siguientes, que transcribo parcialmente para mostrar las reclamaciones que, a mi juicio, son más interesantes:

Una justicia atenta Número Porcentaje
Derecho a recibir atención respetuosa 1.130 20%
Derecho a la puntualidad en el inicio de las actuaciones judiciales 163 3%
Derecho a unas dependencias adaptadas a la espera y atención correcta 688 12%
Derecho a la atención personal del juez o secretario respecto de incidencias en el funcionamiento del órgano judicial 50 1%
Horario insuficiente 1.066 19%
Derecho a reducir los tiempos de espera 1.895 33,7%

 

Una justicia ágil Número Porcentaje
Derecho a tramitación ágil de los asuntos  que le afecten y a conocer las causas de los retrasos 3.576 64%
Derecho a una organización interna racional de la oficina o servicio judicial. 412 7%

 

Este elevado número de quejas presentadas llama la atención a cualquiera, sin necesidad de ser profesional del Derecho. A todos los lectores de “¿Hay derecho?” os pregunto –y valga la redundancia-: ¿hay derecho a reclamar todos estos derechos? Y con mayor rotundidad cuestiono: ¿hay derecho a reclamar una tramitación ágil de los asuntos?

En mi opinión, esto podrá ser un objetivo a conseguir para así obtener una justicia con los mejores calificativos, pero hoy en día me parece dudoso que como ciudadanos podamos exigirlo, si tenemos en cuenta la gran carga de trabajo que padecen nuestros tribunales (en el año 2009 ingresaron más de nueve millones de asuntos y la evolución parece ser creciente) y la escasez de medios con que cuenta. Por otro lado, me parece que estas carencias de la justicia no son imputables a los que la administran y las reclamaciones deberían dirigirse a sus principales culpables: a mi juicio, los parlamentarios. Llamo su atención para recordarles que la mejora de la justicia es una necesidad imperiosa que no debe retrasarse y cuyos efectos se notarán pronto. Con la misma facilidad con que aprobaron la Carta de Derechos me atrevo a asegurar que podrán adoptar las medidas oportunas para superar el problema que seguro comparten: las carencias de la justicia.

Si son derechos, ¿a quién exigirlos?

El Consejo General del Poder Judicial publica todos los años una interesante Memoria en la que trata diversos asuntos de trascendencia en la justicia y, en general en la sociedad –entre otros, el aumento progresivo de litigios o la creciente presencia de mujeres en el ámbito judicial-. Entre los análisis que realiza llama especialmente la atención el relativo a las Reclamaciones y Denuncias sobre el Funcionamiento de Juzgados y Tribunales.|

El origen de estas Reclamaciones se encuentra en la “Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos, el 16 de abril de 2002. En ésta se mencionan cuarenta y un derechos que tiene el ciudadano ante la justicia. La Carta se estructura en cuatro partes, cuyas finalidades son distintas pero vinculadas. En la primera se enuncian una serie de derechos para obtener una justicia “moderna, abierta y responsable ante los ciudadanos”. La segunda, se centra en la atención que ésta debe tener –y por tanto, le es exigible- con los ciudadanos más desprotegidos. La tercera se ocupa de aquellos derechos característicos de la relación del ciudadano con su defensa y representación letrada. Por último, la Carta termina con el reconocimiento de la exigibilidad de los derechos y la vinculación a todo el personal de la administración de justicia y que con ella coopera.

El Pleno del CGPJ aprobó la última Memoria el 19 de mayo de 2010 y se publicó el 21 de septiembre del mismo año. En el apartado décimo, que lleva por título “Materias de especial seguimiento” se analizan las Reclamaciones y Quejas planteadas en el año 2009.

Aunque estamos en abril de 2011 me ha parecido oportuno que fuera el objeto del post para así hacer constar que el retraso que caracteriza a la justicia no es exclusivo de la función estrictamente jurisdiccional sino que, por desgracia, se extiende a aspectos accesorios, pero no por ello de escasa relevancia.

El número de quejas es elevado. En 2009 se presentaron ante la Unidad de Atención Ciudadana 10.839. Ante Órganos de Gobierno del Poder Judicial 2.371 y ante el Servicio de Inspección 1.788. A ellas debemos sumar, entre otras, las reclamaciones telefónicas.

Entre las numerosas tablas que se incluyen merecen especial atención las siguientes, que transcribo parcialmente para mostrar las reclamaciones que, a mi juicio, son más interesantes:

Una justicia atenta Número Porcentaje
Derecho a recibir atención respetuosa 1.130 20%
Derecho a la puntualidad en el inicio de las actuaciones judiciales 163 3%
Derecho a unas dependencias adaptadas a la espera y atención correcta 688 12%
Derecho a la atención personal del juez o secretario respecto de incidencias en el funcionamiento del órgano judicial 50 1%
Horario insuficiente 1.066 19%
Derecho a reducir los tiempos de espera 1.895 33,7%

 

Una justicia ágil Número Porcentaje
Derecho a tramitación ágil de los asuntos  que le afecten y a conocer las causas de los retrasos 3.576 64%
Derecho a una organización interna racional de la oficina o servicio judicial. 412 7%

 

Este elevado número de quejas presentadas llama la atención a cualquiera, sin necesidad de ser profesional del Derecho. A todos los lectores de “¿Hay derecho?” os pregunto –y valga la redundancia-: ¿hay derecho a reclamar todos estos derechos? Y con mayor rotundidad cuestiono: ¿hay derecho a reclamar una tramitación ágil de los asuntos?

En mi opinión, esto podrá ser un objetivo a conseguir para así obtener una justicia con los mejores calificativos, pero hoy en día me parece dudoso que como ciudadanos podamos exigirlo, si tenemos en cuenta la gran carga de trabajo que padecen nuestros tribunales (en el año 2009 ingresaron más de nueve millones de asuntos y la evolución parece ser creciente) y la escasez de medios con que cuenta. Por otro lado, me parece que estas carencias de la justicia no son imputables a los que la administran y las reclamaciones deberían dirigirse a sus principales culpables: a mi juicio, los parlamentarios. Llamo su atención para recordarles que la mejora de la justicia es una necesidad imperiosa que no debe retrasarse y cuyos efectos se notarán pronto. Con la misma facilidad con que aprobaron la Carta de Derechos me atrevo a asegurar que podrán adoptar las medidas oportunas para superar el problema que seguro comparten: las carencias de la justicia.