La reforma concursal

En la evolución de nuestra legislación económica son frecuentes los casos en los que la aparición de un problema grave o de una situación preocupante, dan paso al anuncio de un cambio legislativo.  Ese anuncio no es criticable por sí mismo, pues habrá quien diga que siempre será mejor que una resignada respuesta desde la pasividad: la indeseable coyuntura reclama un cambio de normas. Es manifiesto que esa reacción considera que el problema responde a una deficiencia normativa, bien por una mala resolución o por una falta de previsión. La reforma de las leyes existentes o la adición de nuevas disposiciones, se presenta como una manera de evitar que los problemas detectados se repitan.|

Este planteamiento reformador puede merecer críticas contrapuestas. Se dirá que encierra una ingenua simpleza la pretensión de que entre la norma y la realidad económica existe un engarce tan estrecho que los cambios de una provocarán de forma automática los de la otra. Otros dirán que en esa pulsión de reforma normativa late la astuta pretensión de enmascarar  causas ciertas de la situación creada y las consiguientes responsabilidades. Cualquiera que sea la perspectiva con la que se contemplen los hechos, lo terminante es la reiteración del argumento que se viene repitiendo en el ámbito de la legislación mercantil en los últimos años: son numerosas y  relevantes las disposiciones nacionales o internacionales que apuntan a la crisis financiera como la causa de su adopción. Un ejemplo: los preámbulos de los sucesivos Reales Decretos-leyes aprobados en los dos últimos años.

Ese mismo razonamiento se observa en el ámbito concursal. El aluvión de concursos de acreedores consecuencia de la crisis económica que condiciona la actividad de los jóvenes Juzgados, ha provocado que la no menos reciente Ley Concursal (LC) se vea sometida a periódicas revisiones. Resulta paradójico que una Ley que vino en 2003 a sustituir a la legislación decimonónica en materia de quiebras y a la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, apenas un lustro después de su entrada en vigor se viera sometida a una sucesión de reformas de alcance diverso, pero importantes en todos los casos. Cabe citar los cambios introducidos por  el Real Decreto 3/2009, de 27 de marzo, al que siguió la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que aportó numerosas modificaciones de carácter procesal. Ahora afrontamos una modificación más amplia concretada en el Proyecto de Ley de Reforma de la LC que se tramita en el Congreso de los Diputados. En materia concursal, el debate sobre lo existente y lo venidero cuenta con un elemento que ningún observador que se diga riguroso puede ignorar. Me refiero a las estadísticas concursales que, elaboradas desde distintas instituciones e iniciativas facilitan el diagnóstico y orientan las posibles soluciones. El Instituto Nacional de Estadística, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Poder Judicial y los “Observatorios” creados por alguna entidad, nos permiten analizar desde la realidad los enunciados de las reformas precedentes y de la actual.

Tanto en el Real Decreto-ley 3/2009, como en el reciente Proyecto de Ley se reitera la necesidad de reformar la Ley Concursal para adaptarla a la situación económica. En el Preámbulo del primero se recordaba que la LC “se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones”. El Proyecto de Ley de reforma de la LC habla de una “disfunción” normativa que se ha acentuado ante el deterioro de la situación económica y resalta que “la reforma toma como referencia la situación económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la valoración de su implementación”. Tales afirmaciones suscitan dudas sobre el criterio fundamental que anima las reformas concursales. No discutiré que la regulación de la insolvencia de las empresas integra la legislación económica, pero antes que una ordenación de la actividad económica, estamos ante la disciplina de un problema patrimonial básico: la incapacidad de un deudor a la hora de cumplir regularmente sus obligaciones con relación a la generalidad de sus acreedores. La adecuada solución del concurso se da cuando se resuelve de manera correcta ese problema patrimonial mediante un procedimiento universal o colectivo, con independencia de cuál sea el número de concursos que tramitan en cada momento nuestros Tribunales.

Existe un error al vincular el número de concursos con la mayor o menor adecuación y acierto de la LC. Ésta no es ni debe ser una ley coyuntural, cuyos preceptos mutan atendiendo a la evolución de la Economía. Tanta reiteración en la conexión entre las reformas que se adoptan o proponen y la crisis económica obliga a preguntar cuál será el criterio que adoptará el legislador una vez que se supere la actual crisis.

Lo que de verdad importa no es tanto cuántos concursos hay, sino cómo se tramitan y terminan los existentes. El Proyecto de Ley mencionado detecta con acierto algunos problemas fundamentales en esa dirección. Problemas que están conectados. Es lo que ocurre con la tardía iniciación del concurso, que depara una insatisfactoria terminación del mismo, lo que obedece en gran medida a que sigue imperando una visión sancionadora del concurso en nuestra cultura patrimonial y empresarial que no incentiva su presentación. En todo caso, lo que no admite discusión es que el concurso, como situación excepcional para un deudor y sus acreedores, reclama una tramitación diligente. Ni la mejor Ley  la asegura allí donde la carga del Juzgado competente condena los concursos a una dilación que lleva a cuestionar su efectividad. Tan necesaria como la reforma de la LC parece desde hace tiempo la ampliación urgente de nuestros Juzgados mercantiles. Esta es la primera reforma concursal necesaria, en especial a la vista de la desproporción que refleja la evolución del número de concursos y la de Juzgados mercantiles existentes:

Años 2005 2006 2007 2008 2009
Concursos presentados 1.301 1.335 1.589 4.813 7.768
Juzgados de lo Mercantil* 24 32 34 36 40
Duración estimada de los concursos 10,5 15,4 21,2 22,6 20,3

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

*Contabilizados en enero de cada año

La reforma concursal

En la evolución de nuestra legislación económica son frecuentes los casos en los que la aparición de un problema grave o de una situación preocupante, dan paso al anuncio de un cambio legislativo.  Ese anuncio no es criticable por sí mismo, pues habrá quien diga que siempre será mejor que una resignada respuesta desde la pasividad: la indeseable coyuntura reclama un cambio de normas. Es manifiesto que esa reacción considera que el problema responde a una deficiencia normativa, bien por una mala resolución o por una falta de previsión. La reforma de las leyes existentes o la adición de nuevas disposiciones, se presenta como una manera de evitar que los problemas detectados se repitan.|

Este planteamiento reformador puede merecer críticas contrapuestas. Se dirá que encierra una ingenua simpleza la pretensión de que entre la norma y la realidad económica existe un engarce tan estrecho que los cambios de una provocarán de forma automática los de la otra. Otros dirán que en esa pulsión de reforma normativa late la astuta pretensión de enmascarar  causas ciertas de la situación creada y las consiguientes responsabilidades. Cualquiera que sea la perspectiva con la que se contemplen los hechos, lo terminante es la reiteración del argumento que se viene repitiendo en el ámbito de la legislación mercantil en los últimos años: son numerosas y  relevantes las disposiciones nacionales o internacionales que apuntan a la crisis financiera como la causa de su adopción. Un ejemplo: los preámbulos de los sucesivos Reales Decretos-leyes aprobados en los dos últimos años.

Ese mismo razonamiento se observa en el ámbito concursal. El aluvión de concursos de acreedores consecuencia de la crisis económica que condiciona la actividad de los jóvenes Juzgados, ha provocado que la no menos reciente Ley Concursal (LC) se vea sometida a periódicas revisiones. Resulta paradójico que una Ley que vino en 2003 a sustituir a la legislación decimonónica en materia de quiebras y a la Ley de Suspensión de Pagos de 1922, apenas un lustro después de su entrada en vigor se viera sometida a una sucesión de reformas de alcance diverso, pero importantes en todos los casos. Cabe citar los cambios introducidos por  el Real Decreto 3/2009, de 27 de marzo, al que siguió la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que aportó numerosas modificaciones de carácter procesal. Ahora afrontamos una modificación más amplia concretada en el Proyecto de Ley de Reforma de la LC que se tramita en el Congreso de los Diputados. En materia concursal, el debate sobre lo existente y lo venidero cuenta con un elemento que ningún observador que se diga riguroso puede ignorar. Me refiero a las estadísticas concursales que, elaboradas desde distintas instituciones e iniciativas facilitan el diagnóstico y orientan las posibles soluciones. El Instituto Nacional de Estadística, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Poder Judicial y los “Observatorios” creados por alguna entidad, nos permiten analizar desde la realidad los enunciados de las reformas precedentes y de la actual.

Tanto en el Real Decreto-ley 3/2009, como en el reciente Proyecto de Ley se reitera la necesidad de reformar la Ley Concursal para adaptarla a la situación económica. En el Preámbulo del primero se recordaba que la LC “se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones”. El Proyecto de Ley de reforma de la LC habla de una “disfunción” normativa que se ha acentuado ante el deterioro de la situación económica y resalta que “la reforma toma como referencia la situación económica actual tanto para la adopción de las medidas como para la valoración de su implementación”. Tales afirmaciones suscitan dudas sobre el criterio fundamental que anima las reformas concursales. No discutiré que la regulación de la insolvencia de las empresas integra la legislación económica, pero antes que una ordenación de la actividad económica, estamos ante la disciplina de un problema patrimonial básico: la incapacidad de un deudor a la hora de cumplir regularmente sus obligaciones con relación a la generalidad de sus acreedores. La adecuada solución del concurso se da cuando se resuelve de manera correcta ese problema patrimonial mediante un procedimiento universal o colectivo, con independencia de cuál sea el número de concursos que tramitan en cada momento nuestros Tribunales.

Existe un error al vincular el número de concursos con la mayor o menor adecuación y acierto de la LC. Ésta no es ni debe ser una ley coyuntural, cuyos preceptos mutan atendiendo a la evolución de la Economía. Tanta reiteración en la conexión entre las reformas que se adoptan o proponen y la crisis económica obliga a preguntar cuál será el criterio que adoptará el legislador una vez que se supere la actual crisis.

Lo que de verdad importa no es tanto cuántos concursos hay, sino cómo se tramitan y terminan los existentes. El Proyecto de Ley mencionado detecta con acierto algunos problemas fundamentales en esa dirección. Problemas que están conectados. Es lo que ocurre con la tardía iniciación del concurso, que depara una insatisfactoria terminación del mismo, lo que obedece en gran medida a que sigue imperando una visión sancionadora del concurso en nuestra cultura patrimonial y empresarial que no incentiva su presentación. En todo caso, lo que no admite discusión es que el concurso, como situación excepcional para un deudor y sus acreedores, reclama una tramitación diligente. Ni la mejor Ley  la asegura allí donde la carga del Juzgado competente condena los concursos a una dilación que lleva a cuestionar su efectividad. Tan necesaria como la reforma de la LC parece desde hace tiempo la ampliación urgente de nuestros Juzgados mercantiles. Esta es la primera reforma concursal necesaria, en especial a la vista de la desproporción que refleja la evolución del número de concursos y la de Juzgados mercantiles existentes:

Años 2005 2006 2007 2008 2009
Concursos presentados 1.301 1.335 1.589 4.813 7.768
Juzgados de lo Mercantil* 24 32 34 36 40
Duración estimada de los concursos 10,5 15,4 21,2 22,6 20,3

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

*Contabilizados en enero de cada año