La fusión de municipios: ¿una reforma inaplazable?

Un estudio de octubre del año pasado de la Fundación Progreso y Democracia calculó que la fusión de municipios españoles podría implicar un ahorro potencial de hasta 16.142 millones de euros. Éste debería ser uno de los temas centrales de estas próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Sobre todo cuando sobre nuestro país se cierne la soga de la deuda y para escapar de ella esta impelido a realizar las grandes reformas estructurales que ha ido retrasando durante los últimos decenios.  España tiene 8.112 municipios de los cuales más de 5.500 tienen menos de 2.000 habitantes, para una población de unos 47 millones. Este elevadísmo número de muncipios no es la regla en otros países europeos, sino una excepción.|

La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española, aprobada por las Cortes de Cádiz, en su artículo 310 preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos en los que no los hubiere y resultase conveniente su existencia, siendo obligatorio en los de más de 1000 habitantes. Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el número mínimo para constituir un municipio. Seguidamente se creó la provincia en 1833 con el decreto de Javier Burgos y se instituyeron las diputaciones provinciales. Esta organización territorial pervive en pleno siglo XXI, a pesar de los grandes cambios que en esa organización ha tenido el Estado, como consecuencia de la creación de las comunidades autónomas por la Constitución española de 1978.

Nuestro modelo municipal quizás respondía adecuadamente a las necesidades de un país con una economía prevalentemente agrícola, pero no a los requerimientos de una sociedad moderna donde prima la movilidad de los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad. Ya que es difícil, por no decir imposible, prestar esos servicios en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En los cuales, su capacidad organizativa y financiera no permiten aplicar economías de escala, ni técnicas modernas de gestión para suministrar el agua, construir viales y comunicaciones con otras poblaciones, realizar el planeamiento urbanístico, etc.

La mayoría de los países europeos (el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc.) afrontó estos problemas desde la segunda mitad del siglo XX. Para ello realizaron grandes procesos de reforma mediante la fusión de municipios o entidades semejantes, con los objetivos de procurar un mejor servicio a los ciudadanos, de reforzar su gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes. Incluso Francia, que tiene una tradición de minifundismo municipal que proviene de la instauración de las comunas en su periodo revolucionario, está realizando en las dos últimas décadas reformas relevantes: hace muy poco aprobó la Ley 2010-1563 de 16 de diciembre de reforma de colectividades territoriales en la cual se prevé la elección directa de los Consejos Comunitarios de Comunas (una de las estructuras de concentración municipal) a partir de 2014.

Sin embargo, desde la promulgación de la Constitución, España ha seguido el camino contrario.  De forma que entre 1996 y 2009, en lugar de concentrar, se han producido segregaciones municipales que han afectado a más de treinta municipios. Al tiempo que se han mantenido las Diputaciones Provinciales, a pesar de haber perdido gran parte de su sentido con la existencia de las comunidades autónomas, ya que les resta la función de servir a los municipios más chicos.

La fusión de municipios en España conllevaría la supresión de miles de concejalías (de los 48.733 concejales que hay en los 6.853 municipios de menos de 5.000 habitantes podría pasarse a 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes) con lo cual se reduciría el esperpento del localismo municipal en las elecciones locales, se limitaría el clientelismo y se reforzaría la responsabilidad política. Asimismo, se podría reducir la burocracia, mejorar la profesionalización de los empleados públicos, eliminar duplicidades y redundancias en esas administraciones y establecer un modelo de financiación local más homogéneo para todos ellos y menos dependiente del suelo. Al tiempo que se establecerían sinergias en la prestación de servicios.

Estas fusiones deberían impulsarse desde el Estado mediante su legislación básica, aunque luego las ejecutasen las comunidades autónomas, y tener carácter obligatorio, tras un periodo razonable para hacerlas de forma voluntaria. Igualmente habría que suprimir las diputaciones provinciales, que perderían su última razón de ser. Y habría que obligarse a hacerlas ya, antes de que desde Europa nos las impongan. Porque supondrían un importante ahorro a nuestras cuentas públicas. Como decíamos al inicio, según un estudio de la Fundación Progreso y Democracia, el ahorro potencial podría ir de 3.866 a 16.142 millones de euros, según se acordase que la población mínima de un municipio fuera de 5.000 o 20.000 habitantes; que sería mayor al sumar el ahorro por la supresión de las diputaciones.

Y no teman. Un ayuntamiento mayor,  no implicará la desaparición de ningún pueblo. Pues no se trata de acabar con la patria chica de nadie, sino simplemente de fusionar sus gobiernos en beneficio de todos.

La floresta autonómica, ¿tiene solución? (y II)

Escribí en mi primera entrega, a modo de introducción, que el infantilismo político se ha adueñado desde la Transición, de los distintos actores políticos.|

Los bandos en disputa en este singular juego político son a mi juicio “Madrid”, “Provincias”, “Cataluña” y “País Vasco”. Hay “Provincias” como “Navarra”, “Canarias” y “Galicia” que a los efectos de este artículo “son” País Vasco, las dos primeras y Cataluña la última, en algunas cuestiones, aunque el sentimiento nacional antiespañol es allí muy reducido o tiene un alcance político muy limitado. Con independencia del juicio crítico que a cada uno pueda merecer, nuestra realidad política territorial, muy resumidamente podría describirse del siguiente modo:

a) Existe una Constitución muy imperfecta (no sólo) en el diseño del poder territorial, al establecer un modelo abierto, contradictorio, centrífugo y centrípeto al tiempo, de manera que no es la Carta Magna sino las tendencias políticas coyunturales las que marcan la configuración y reparto del poder entre los organismos centrales, autonómicos y locales y las consiguientes líneas de fondo del sistema.

No existiendo unos límites constitucionales claros, son los partidos con vocación estatal, en todos los sentidos, los depositarios tan indebidos como reales de la soberanía popular, en vez de las instituciones, que se convierten en meras correas de transmisión de aquellos.

b) El juego político de los actores territoriales impone un bipartidismo imperfecto. Lo malo del sistema de partidos español no es el bipartidismo ni que sea imperfecto, sino sus peculiaridades. No hay un tercer o incluso un cuarto partido de ámbito nacional que hagan de bisagras, sino que son los partidos nacionalistas “vascos” y “catalanes” (incluyendo los gallegos, canarios y navarros, en mucha menor medida) los que al final con su apoyo u oposición permiten u obstaculizan la labor de gobierno central, de manera que con independencia del signo de éste, su representación –aunque menguada- adquiere un elevadísimo valor marginal, por cuanto es la que otorga la mayoría parlamentaria. Nótese que una eventual reforma del régimen electoral –de la que soy firme partidario por otros motivos- poco solucionaría, por cuanto aunque en el caso límite fuera uno sólo el escaño nacionalista el que decantara la mayoría, su valor político y ¡ay! económico, sería potencialmente ilimitado.

Los partidos nacionalistas alcanzan así la posibilidad de actuar como lobbistas del sistema, no sólo en cuestiones de índole territorial, de la que obtienen pingües beneficios.

c) La legitimidad política del poder deriva en un sistema democrático, tanto de la elección en un sistema de sufragio universal de todos los integrantes del pueblo español, titular de la soberanía, como de su ejercicio con arreglo a unas normas consensuadas por unos representantes especialmente cualificados y elegidos especialmente para la ocasión. Esto es, ejercicio del poder por unos gobernantes elegidos democráticamente (legitimidad de origen) con arreglo a las normas que otros representantes (constituyentes y legislador ordinario) fijaron en la Carta Magna (legitimidad de ejercicio).

A pesar del enfático pronunciamiento del art. 2 de la Constitución, de facto, la soberanía nacional española se encuentra parcelada en al menos tres partes: Cataluña, País Vasco y el resto de España. Uno de los “padres” de la Constitución, Herrero de Miñón, llegó a hablar que estos dos sujetos políticos, en cuanto titulares de “derechos históricos” reconocidos constitucionalmente, son mucho más que regiones y aún nacionalidades, son “fragmentos de estado” y, como tales, titulares de parcelas de la soberanía nacional que el ordenamiento jurídico se encarga de ir concretando en cada caso. Esta tesis le hizo merecedor del premio Sabino Arana, concedido por la fundación del mismo nombre, vinculada al PNV.

Se comparta o no esta tesis, lo cierto es que aquellas dos comunidades “históricas” son sujetos políticos privilegiados cuyo consenso y concurso en la gobernabilidad del país se busca permanentemente por el sujeto político “Madrid”, de manera que en la práctica, si no se ha obtenido la aprobación de los partidos nacionalistas, aun estando en la oposición en sus respectivas comunidades, la legislación de las Cortes Generales es percibida con un defecto grave de legitimidad política. Nótese que las Cortes y el Gobierno no son percibidos, no ya dentro, sino ni siquiera fuera de las “comunidades históricas” como órganos institucionales del sujeto político “España”, sino de “Madrid”.

d) La reacción permanente del sujeto político “Provincias” ante este estado de cosas ha sido claramente miope y cortoplacista. Lejos de tratar de coaligarse entre sí y con “Madrid” fortaleciendo el “fragmento de estado” compartido por ambos actores políticos, cosa que tampoco a “Madrid” parecía interesar lo más mínimo, dicho sea de paso, han tratado de agrandar de forma artificial las diferencias entre ambos y entre sí, en un inútil intento de conseguir los “privilegios” de “Cataluña” y “País Vasco”, convirtiéndose unos pequeños actores políticos secundarios con ínfulas de grandeza y un mensaje de ser “en Madrid” lo mismo de “Cataluña” y “País Vasco”.

El resultado es un sistema inestable, caro e ineficiente, burocratizado hasta el extremo, macerado y sumergido en la corrupción permanente y en el que en lo  único que se ponen de acuerdo sus actores es que su financiación es insuficiente y que hacen falta más recursos. Que, obviamente, sólo pueden salir de los sufridos ciudadanos que contemplan tan atónitos como impotentes, el espectáculo.

Dando por sentado que en esta situación política y ante la imposibilidad de que los grandes beneficiados, las castas políticas de los partidos, se pongan de acuerdo en abordar una reforma racional de la Constitución y que es urgentísimo racionalizar el sistema en el actual contexto de crisis total, no sólo económica, no queda otra que hacer una faena de aliño con los bueyes de que disponemos.

Y en este sentido, mis propuestas serían las siguientes:

1ª.- Una “federación política voluntaria” desde la “recíproca igualdad” entre “Madrid” y “Provincias”, abierta a “Cataluña” y “País Vasco”. Por supuesto, no se trataría de una federación jurídica, prohibida expresamente por la Constitución, sino de un acuerdo político estable y duradero según el cual, todas las CC.AA. no nacionalistas se constituirían en una suerte de sujeto político informal, actuando de facto, como “una sola comunidad autónoma” que armonizarían su política y legislación con “Madrid”. Al modo de la Unión Europea, las coordinarían entre sí y con el Gobierno central y las Cortes Generales, buscando una legislación uniforme de ámbito cuasi estatal, sin debates estériles acerca de la titularidad de las competencias.

La novedad estribaría en que no se trataría de una legislación “impuesta por Madrid”, sino “pactada” por “Madrid” y las “Provincias”. Probablemente una dinámica política de este estilo contribuiría a que las “Provincias” superaran su complejo de inferioridad frente a “Madrid” y los demás “fragmentos de estado”, haciéndose copartícipes y corresponsables de las políticas generales y poco a poco fueran perdiendo la “necesidad de ser diferentes” para que su voz fuera escuchada. El objetivo sería obtener un derecho y unas reglas de juego económicas uniformes nacidas desde abajo y no desde arriba, que blindaran al conjunto frente a los privilegios territoriales y reforzaran la unidad de mercado. Quizás esa propia dinámica centrípeta, acabaría atrayendo a “Cataluña” y “País Vasco” que, por más que quisieran mantener formalmente su “independencia normativa”, verían ventajas en establecer regulaciones sustancialmente idénticas a la común.

2ª.- Racionalización y potenciación de la administración local como contrapoder político de la autonómica. 8.000 municipios son a todas luces “insostenibles” y por otra parte tenemos 50 instituciones provinciales e intraprovinciales prácticamente desprovistas de contenido o muy desdibujadas. La supresión de las Diputaciones provinciales, fuera de las CC.AA. uniprovinciales probablemente requeriría reformar la Constitución pues ni siquiera los Estatutos de Autonomía de última generación, se han atrevido a ello.

Quizás en vez de suprimirlas sería más interesante disolver en ellas todos los Ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, atribuyendo sus competencias a las Diputaciones, cabildos y consejos insulares, estableciendo que sus miembros fueran elegidos por sufragio universal directo. Bastaría una reforma de la Ley de Régimen Local para establecer su estructura básica de forma completa pero flexible para que se pudiera adaptar a las distintas necesidades.

Ello permitiría profesionalizar la gestión de las entidades locales, reducir sustancialmente sus gastos de funcionamiento, conseguir economías de escala en la gestión de los servicios públicos, racionalizar toda esa otra floresta de “mancomunidades” y otros entes de prestación de servicios públicos supramunicipales y, con una adecuada autonomía financiera, permitirles ser un contrapoder real de las CC.AA.

3ª.- Adecuación del Senado como Cámara Alta y de representación territorial. Como Cámara Alta sería partidario de relajar las incompatibilidades, separándolas nítidamente respecto de las de los diputados, de manera que tuviera un perfil más técnico que político, recuperando su tradicional función de pulir los excesos normativos populistas del Congreso y del propio Gobierno. De hecho, es esa prácticamente su única razón de ser, de ahí que si mañana fuera suprimido nadie, salvo los senadores y sus familias, lloraría por su desaparición.

Y como Cámara de representación territorial debería ser el marco institucional adecuado en el que los distintos actores políticos debatieran y acordaran todos los aspectos que se han venido señalando y se visualizaran las políticas concertadas de “Madrid” y “Provincias”.

La fusión de municipios: ¿una reforma inaplazable?

Un estudio de octubre del año pasado de la Fundación Progreso y Democracia calculó que la fusión de municipios españoles podría implicar un ahorro potencial de hasta 16.142 millones de euros. Éste debería ser uno de los temas centrales de estas próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Sobre todo cuando sobre nuestro país se cierne la soga de la deuda y para escapar de ella esta impelido a realizar las grandes reformas estructurales que ha ido retrasando durante los últimos decenios.  España tiene 8.112 municipios de los cuales más de 5.500 tienen menos de 2.000 habitantes, para una población de unos 47 millones. Este elevadísmo número de muncipios no es la regla en otros países europeos, sino una excepción.|

La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española, aprobada por las Cortes de Cádiz, en su artículo 310 preveía la creación de ayuntamientos en los pueblos en los que no los hubiere y resultase conveniente su existencia, siendo obligatorio en los de más de 1000 habitantes. Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el número mínimo para constituir un municipio. Seguidamente se creó la provincia en 1833 con el decreto de Javier Burgos y se instituyeron las diputaciones provinciales. Esta organización territorial pervive en pleno siglo XXI, a pesar de los grandes cambios que en esa organización ha tenido el Estado, como consecuencia de la creación de las comunidades autónomas por la Constitución española de 1978.

Nuestro modelo municipal quizás respondía adecuadamente a las necesidades de un país con una economía prevalentemente agrícola, pero no a los requerimientos de una sociedad moderna donde prima la movilidad de los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad. Ya que es difícil, por no decir imposible, prestar esos servicios en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. En los cuales, su capacidad organizativa y financiera no permiten aplicar economías de escala, ni técnicas modernas de gestión para suministrar el agua, construir viales y comunicaciones con otras poblaciones, realizar el planeamiento urbanístico, etc.

La mayoría de los países europeos (el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc.) afrontó estos problemas desde la segunda mitad del siglo XX. Para ello realizaron grandes procesos de reforma mediante la fusión de municipios o entidades semejantes, con los objetivos de procurar un mejor servicio a los ciudadanos, de reforzar su gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes. Incluso Francia, que tiene una tradición de minifundismo municipal que proviene de la instauración de las comunas en su periodo revolucionario, está realizando en las dos últimas décadas reformas relevantes: hace muy poco aprobó la Ley 2010-1563 de 16 de diciembre de reforma de colectividades territoriales en la cual se prevé la elección directa de los Consejos Comunitarios de Comunas (una de las estructuras de concentración municipal) a partir de 2014.

Sin embargo, desde la promulgación de la Constitución, España ha seguido el camino contrario.  De forma que entre 1996 y 2009, en lugar de concentrar, se han producido segregaciones municipales que han afectado a más de treinta municipios. Al tiempo que se han mantenido las Diputaciones Provinciales, a pesar de haber perdido gran parte de su sentido con la existencia de las comunidades autónomas, ya que les resta la función de servir a los municipios más chicos.

La fusión de municipios en España conllevaría la supresión de miles de concejalías (de los 48.733 concejales que hay en los 6.853 municipios de menos de 5.000 habitantes podría pasarse a 13.000 concejales, si se fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes) con lo cual se reduciría el esperpento del localismo municipal en las elecciones locales, se limitaría el clientelismo y se reforzaría la responsabilidad política. Asimismo, se podría reducir la burocracia, mejorar la profesionalización de los empleados públicos, eliminar duplicidades y redundancias en esas administraciones y establecer un modelo de financiación local más homogéneo para todos ellos y menos dependiente del suelo. Al tiempo que se establecerían sinergias en la prestación de servicios.

Estas fusiones deberían impulsarse desde el Estado mediante su legislación básica, aunque luego las ejecutasen las comunidades autónomas, y tener carácter obligatorio, tras un periodo razonable para hacerlas de forma voluntaria. Igualmente habría que suprimir las diputaciones provinciales, que perderían su última razón de ser. Y habría que obligarse a hacerlas ya, antes de que desde Europa nos las impongan. Porque supondrían un importante ahorro a nuestras cuentas públicas. Como decíamos al inicio, según un estudio de la Fundación Progreso y Democracia, el ahorro potencial podría ir de 3.866 a 16.142 millones de euros, según se acordase que la población mínima de un municipio fuera de 5.000 o 20.000 habitantes; que sería mayor al sumar el ahorro por la supresión de las diputaciones.

Y no teman. Un ayuntamiento mayor,  no implicará la desaparición de ningún pueblo. Pues no se trata de acabar con la patria chica de nadie, sino simplemente de fusionar sus gobiernos en beneficio de todos.

La floresta autonómica, ¿tiene solución? (y II)

Escribí en mi primera entrega, a modo de introducción, que el infantilismo político se ha adueñado desde la Transición, de los distintos actores políticos.|

Los bandos en disputa en este singular juego político son a mi juicio “Madrid”, “Provincias”, “Cataluña” y “País Vasco”. Hay “Provincias” como “Navarra”, “Canarias” y “Galicia” que a los efectos de este artículo “son” País Vasco, las dos primeras y Cataluña la última, en algunas cuestiones, aunque el sentimiento nacional antiespañol es allí muy reducido o tiene un alcance político muy limitado. Con independencia del juicio crítico que a cada uno pueda merecer, nuestra realidad política territorial, muy resumidamente podría describirse del siguiente modo:

a) Existe una Constitución muy imperfecta (no sólo) en el diseño del poder territorial, al establecer un modelo abierto, contradictorio, centrífugo y centrípeto al tiempo, de manera que no es la Carta Magna sino las tendencias políticas coyunturales las que marcan la configuración y reparto del poder entre los organismos centrales, autonómicos y locales y las consiguientes líneas de fondo del sistema.

No existiendo unos límites constitucionales claros, son los partidos con vocación estatal, en todos los sentidos, los depositarios tan indebidos como reales de la soberanía popular, en vez de las instituciones, que se convierten en meras correas de transmisión de aquellos.

b) El juego político de los actores territoriales impone un bipartidismo imperfecto. Lo malo del sistema de partidos español no es el bipartidismo ni que sea imperfecto, sino sus peculiaridades. No hay un tercer o incluso un cuarto partido de ámbito nacional que hagan de bisagras, sino que son los partidos nacionalistas “vascos” y “catalanes” (incluyendo los gallegos, canarios y navarros, en mucha menor medida) los que al final con su apoyo u oposición permiten u obstaculizan la labor de gobierno central, de manera que con independencia del signo de éste, su representación –aunque menguada- adquiere un elevadísimo valor marginal, por cuanto es la que otorga la mayoría parlamentaria. Nótese que una eventual reforma del régimen electoral –de la que soy firme partidario por otros motivos- poco solucionaría, por cuanto aunque en el caso límite fuera uno sólo el escaño nacionalista el que decantara la mayoría, su valor político y ¡ay! económico, sería potencialmente ilimitado.

Los partidos nacionalistas alcanzan así la posibilidad de actuar como lobbistas del sistema, no sólo en cuestiones de índole territorial, de la que obtienen pingües beneficios.

c) La legitimidad política del poder deriva en un sistema democrático, tanto de la elección en un sistema de sufragio universal de todos los integrantes del pueblo español, titular de la soberanía, como de su ejercicio con arreglo a unas normas consensuadas por unos representantes especialmente cualificados y elegidos especialmente para la ocasión. Esto es, ejercicio del poder por unos gobernantes elegidos democráticamente (legitimidad de origen) con arreglo a las normas que otros representantes (constituyentes y legislador ordinario) fijaron en la Carta Magna (legitimidad de ejercicio).

A pesar del enfático pronunciamiento del art. 2 de la Constitución, de facto, la soberanía nacional española se encuentra parcelada en al menos tres partes: Cataluña, País Vasco y el resto de España. Uno de los “padres” de la Constitución, Herrero de Miñón, llegó a hablar que estos dos sujetos políticos, en cuanto titulares de “derechos históricos” reconocidos constitucionalmente, son mucho más que regiones y aún nacionalidades, son “fragmentos de estado” y, como tales, titulares de parcelas de la soberanía nacional que el ordenamiento jurídico se encarga de ir concretando en cada caso. Esta tesis le hizo merecedor del premio Sabino Arana, concedido por la fundación del mismo nombre, vinculada al PNV.

Se comparta o no esta tesis, lo cierto es que aquellas dos comunidades “históricas” son sujetos políticos privilegiados cuyo consenso y concurso en la gobernabilidad del país se busca permanentemente por el sujeto político “Madrid”, de manera que en la práctica, si no se ha obtenido la aprobación de los partidos nacionalistas, aun estando en la oposición en sus respectivas comunidades, la legislación de las Cortes Generales es percibida con un defecto grave de legitimidad política. Nótese que las Cortes y el Gobierno no son percibidos, no ya dentro, sino ni siquiera fuera de las “comunidades históricas” como órganos institucionales del sujeto político “España”, sino de “Madrid”.

d) La reacción permanente del sujeto político “Provincias” ante este estado de cosas ha sido claramente miope y cortoplacista. Lejos de tratar de coaligarse entre sí y con “Madrid” fortaleciendo el “fragmento de estado” compartido por ambos actores políticos, cosa que tampoco a “Madrid” parecía interesar lo más mínimo, dicho sea de paso, han tratado de agrandar de forma artificial las diferencias entre ambos y entre sí, en un inútil intento de conseguir los “privilegios” de “Cataluña” y “País Vasco”, convirtiéndose unos pequeños actores políticos secundarios con ínfulas de grandeza y un mensaje de ser “en Madrid” lo mismo de “Cataluña” y “País Vasco”.

El resultado es un sistema inestable, caro e ineficiente, burocratizado hasta el extremo, macerado y sumergido en la corrupción permanente y en el que en lo  único que se ponen de acuerdo sus actores es que su financiación es insuficiente y que hacen falta más recursos. Que, obviamente, sólo pueden salir de los sufridos ciudadanos que contemplan tan atónitos como impotentes, el espectáculo.

Dando por sentado que en esta situación política y ante la imposibilidad de que los grandes beneficiados, las castas políticas de los partidos, se pongan de acuerdo en abordar una reforma racional de la Constitución y que es urgentísimo racionalizar el sistema en el actual contexto de crisis total, no sólo económica, no queda otra que hacer una faena de aliño con los bueyes de que disponemos.

Y en este sentido, mis propuestas serían las siguientes:

1ª.- Una “federación política voluntaria” desde la “recíproca igualdad” entre “Madrid” y “Provincias”, abierta a “Cataluña” y “País Vasco”. Por supuesto, no se trataría de una federación jurídica, prohibida expresamente por la Constitución, sino de un acuerdo político estable y duradero según el cual, todas las CC.AA. no nacionalistas se constituirían en una suerte de sujeto político informal, actuando de facto, como “una sola comunidad autónoma” que armonizarían su política y legislación con “Madrid”. Al modo de la Unión Europea, las coordinarían entre sí y con el Gobierno central y las Cortes Generales, buscando una legislación uniforme de ámbito cuasi estatal, sin debates estériles acerca de la titularidad de las competencias.

La novedad estribaría en que no se trataría de una legislación “impuesta por Madrid”, sino “pactada” por “Madrid” y las “Provincias”. Probablemente una dinámica política de este estilo contribuiría a que las “Provincias” superaran su complejo de inferioridad frente a “Madrid” y los demás “fragmentos de estado”, haciéndose copartícipes y corresponsables de las políticas generales y poco a poco fueran perdiendo la “necesidad de ser diferentes” para que su voz fuera escuchada. El objetivo sería obtener un derecho y unas reglas de juego económicas uniformes nacidas desde abajo y no desde arriba, que blindaran al conjunto frente a los privilegios territoriales y reforzaran la unidad de mercado. Quizás esa propia dinámica centrípeta, acabaría atrayendo a “Cataluña” y “País Vasco” que, por más que quisieran mantener formalmente su “independencia normativa”, verían ventajas en establecer regulaciones sustancialmente idénticas a la común.

2ª.- Racionalización y potenciación de la administración local como contrapoder político de la autonómica. 8.000 municipios son a todas luces “insostenibles” y por otra parte tenemos 50 instituciones provinciales e intraprovinciales prácticamente desprovistas de contenido o muy desdibujadas. La supresión de las Diputaciones provinciales, fuera de las CC.AA. uniprovinciales probablemente requeriría reformar la Constitución pues ni siquiera los Estatutos de Autonomía de última generación, se han atrevido a ello.

Quizás en vez de suprimirlas sería más interesante disolver en ellas todos los Ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes, atribuyendo sus competencias a las Diputaciones, cabildos y consejos insulares, estableciendo que sus miembros fueran elegidos por sufragio universal directo. Bastaría una reforma de la Ley de Régimen Local para establecer su estructura básica de forma completa pero flexible para que se pudiera adaptar a las distintas necesidades.

Ello permitiría profesionalizar la gestión de las entidades locales, reducir sustancialmente sus gastos de funcionamiento, conseguir economías de escala en la gestión de los servicios públicos, racionalizar toda esa otra floresta de “mancomunidades” y otros entes de prestación de servicios públicos supramunicipales y, con una adecuada autonomía financiera, permitirles ser un contrapoder real de las CC.AA.

3ª.- Adecuación del Senado como Cámara Alta y de representación territorial. Como Cámara Alta sería partidario de relajar las incompatibilidades, separándolas nítidamente respecto de las de los diputados, de manera que tuviera un perfil más técnico que político, recuperando su tradicional función de pulir los excesos normativos populistas del Congreso y del propio Gobierno. De hecho, es esa prácticamente su única razón de ser, de ahí que si mañana fuera suprimido nadie, salvo los senadores y sus familias, lloraría por su desaparición.

Y como Cámara de representación territorial debería ser el marco institucional adecuado en el que los distintos actores políticos debatieran y acordaran todos los aspectos que se han venido señalando y se visualizaran las políticas concertadas de “Madrid” y “Provincias”.