De la autonomía a la Padania: Sobre un artículo de J. Ramón Parada

En estas jornadas poselectorales estamos viendo  que el diferencial de nuestra deuda pública vuelve a repuntar. Están los problemas de Grecia e Italia. Pero también algo más. Existe un cierto temor de que los nuevos gobiernos autonómicos se vayan a encontrar desequilibrios financieros mayores de los hasta ahora declarados, como ya pasó en Cataluña. Y se extiende la convicción de que estas administraciones regionales no cumplirán los exigidos objetivos de déficit este año. Puede ser un buen momento para proponer algunas reflexiones sobre cómo hemos llegado a esta situación|.

Una ventaja de los blogs sobre los tradicionales medios escritos es su carácter dinámico. Cada post va seguido de comentarios, y réplicas o matizaciones de los autores, estableciéndose así un verdadero diálogo. Por la capacidad para engendrar esa dialéctica, y por la calidad de las ideas y apreciaciones que en ella surgen, los que intervenimos en este Blog podemos estar muy satisfechos. Ojalá esa riqueza intelectual fluyera también en otros ámbitos, como muchos de los que controla nuestra clase política. Pero me temo que para ello tendremos que seguir esperando.

Por eso, además de los posts, procuro también leer los comentarios, e incluso los artículos que en éstos se linkan a veces. Y se encuentran auténticas perlas. Una de ellas nos ha sido referida por un comentarista anónimo en el segundo post de Javier Oñate sobre las posibles soluciones a nuestra floresta autonómica. Desde aquí quiero agradecerle que lo haya compartido con nosotros. Se trata de artículo del Catedrático de Derecho Administrativo, Don José Ramón Parada ”España: ¿Una o Trina? , con el subtítulo “Hacia el Estado de las Padanias de la mano de Herrero y Rodríguez de Miñón”. Contiene una réplica a las tesis de este autor, ponente constitucional que tuvo gran protagonismo en el diseño territorial de la Carta Magna, e inspirador de muchos de los fundamentos en los que se quiere sustentar la última evolución de nuestro estado autonómico. Publicado nada menos que en 1996, hace ya casi quince años, su lucidez no obstante mantiene su plena vigencia y el tiempo desde entonces transcurrido no ha hecho sino confirmarla.

No quiero ahora aburrir mucho a los lectores con mis palabras, sino sólo animarles a que aprovechen la oportunidad y lo lean. Sólo quiero destacar, con ese objetivo, algunas las ideas que expone.

1ª. La impugnación del mito de la pluralidad de “naciones culturales” en España. La homogeneidad de formación, valores, hábitos, preocupaciones y costumbres entre los españoles es indiscutible para cualquier observador imparcial. “Las diferencias  culturales y jurídico-institucionales existentes con anterioridad al siglo XVIII han desaparecido porque tres siglos de centralización borbónica y francesa nos han dejado, ¡gracias a Dios!, igualitos los unos a los otros (1). La diferencia está ahora en que unos dicen que son y que quieren ser diferentes” (…) “En síntesis, España como nación política nace en 1812 y su instrumento institucional, el Estado liberal (recreado desde 1845 por los liberales moderados) nos uniformiza de tal forma que en la actualidad formamos una única y sólida nación cultural”. El autor explica la artifiosidad de la fabricación de los hechos diferenciales. La utilización beligerante de las lenguas regionales, y los pretendidos agravios históricos se agitan como armas de separación.

2º. España, bajo la presión de las fuerzas nacionalistas, arriesgó demasiado con una Constitución de diseño que dio marcha atrás en el tricentenario proceso centralizador, y adjuró “del elemento esencial de su organización territorial”, el sencillo y barato estado centralista liberal. Pero ya sabemos que esta generosidad descentralizadora no ha servido al objetivo fundamental de aquietar a los nacionalismos…, “aproados a una independencia que sueñan compatible con la unión europea”. Si esto es claro hoy, el autor ya lo veía en 1996. “Y encima tenemos que pechar con el Estado de las Autonomías y sus disfuncionalidades administrativas y políticas” que nos deja “económicamente quebrados”.

3º. La esencia reaccionaria de las bases teóricas del nacionalismo y de sus aliados en los partidos nacionales con los que han actuado coordinadamente, como el citado Herrero de Miñón. Se trata de hacer tabla rasa de las conquistas de igualdad del liberalismo para reconstruir el estado con materiales premodernos: una ideología fuerista y pactista de la desigualdad, como una suerte de carlismo secularizado. No cabe duda que tales bases han inspirado el nuevo Estatuto de Cataluña.

Quizá el gran triunfo del nacionalismo durante estos años ha sido el de su propaganda: su capacidad para disfrazar de progresista sus propuestas, hasta el punto de haber arrastrado en el entusiasmo autonomista a buena parte de los partidos nacionales con las consecuencias conocidas.

En este blog, con el entusiasmo de Elisa que algunos tratamos de seguir a rebufo, venimos poniendo en evidencia las extravagancias y costes de la floresta legal autonómica, consecuencia casi inevitable de una determinada evolución del Estado autonómico que hoy urge reconducir. Javier Oñate se plantea también posibles soluciones, ahora que se hace cada vez más evidente la imposibilidad del sostenimiento de nuestro modelo territorial en su última evolución, aunque como era de temer casi todos los partidos hayan obviado esta cuestión en la última campaña. Creo que es preciso seguir poniendo de manifiesto, no solo tales disfunciones, sino también la falsedad de las bases teóricas que han dado lugar a muchos engendros. Para ello el artículo de J Ramón Parada  arroja una luz inestimable.

Urbanismo y corrupción (II). Consecuencias no sólo políticas

Posiblemente debido a la conocida, y comentada, lentitud de la justicia sea en estos momentos cuando más escándalos relacionados con la corrupción aparecen en los medios de comunicación. Es el resultado de los delitos cometidos hace unos años, en la época del esplendor urbanístico español: esplendor aparente con ingredientes cancerígenos en su interior.|

Pretendo hacer un repaso a las diferentes consecuencias de la corrupción urbanística. Una de ellas ensombrece a las demás, y es causada por la corrupción en general, no solo por la urbanística. Me refiero al deterioro del sistema democrático y al descrédito sobre las instituciones  y sobre la clase  política. Hay otras consecuencias propias ya de la corrupción ligada al urbanismo; que haya otras no rebaja la importancia de la más  conocida, pero se debe tener en cuenta  a las restantes.

La gravedad del descrédito que sobre nuestras instituciones ha originado la corrupción, y la falta de respuesta, la renuncia a cualquier ejemplaridad pública, de la clase política, unida a una  lamentable indulgencia por parte de la ciudadanía hacia esos políticos y hacia esas actitudes corruptas, está conduciendo a una situación que puede tener repercusiones gravísimas e imprevisibles para la marcha de nuestras instituciones. Debe llegar una reacción que afronte este problema nacional. La respuesta a la corrupción será múltiple, afectando a muchos y diferentes frentes, pero tiene que venir animada por una enérgica voluntad y ejemplaridad política.

La sensación de impunidad frente a la Ley, que conlleva la corrupción, es en el caso del urbanismo  especialmente visible: los desmanes urbanísticos ahí se quedan, tan asentados en el suelo como la más legal de las construcciones. La práctica, tan ejemplar, de la demolición de lo ilegalmente edificado sigue siendo una excepción en España.

En torno a la corrupción se ha instalado una competición, liderada por los políticos, cuyas bases son la disculpa de las faltas de los propios y la exageración de las de los rivales. La corrupción introduce este elemento de comportamiento social del que no podemos sentirnos orgullosos.

La corrupción ligada al urbanismo provoca repercusiones, más allá de lo político, en concreto en lo económico y como es lógico en  lo urbanístico y en lo medioambiental.

El blanqueo de capitales está en relación directa con la corrupción urbanística: el dinero obtenido en operaciones corruptas es en buena parte negro, y  la corrupción sirve para el lavado de dinero oscuro,  pagando con él a quien se corrompe. Gran parte del dinero movido en este circuito es ajeno a Hacienda y escapa a su correspondiente participación en el  sostenimiento del Estado.  En el fondo, la corrupción no deja de suponer una imposición que eleva el precio del producto final, en este caso los edificios, pero cuyo beneficio se escamotea al conjunto de la sociedad yendo a parar directamente al bolsillo de los delincuentes; por tanto supone una desestabilización del mercado y un hurto directo a la economía pública. Finalmente, hay que citar el desprestigio del nombre, de la “marca”, nacional, con repercusiones variadísimas y que afectan a cualquier objeto o servicio que se asocie a ella: disminución de la inversión extranjera por la inseguridad jurídica, disminución del valor añadido de los productos españoles y de la valoración ofrecida por cualquier trabajador español, o empresa, en el extranjero.

Posiblemente las consecuencias menos tenidas en cuenta  de la  corrupción urbanística, que en la mayoría de los casos supone  básicamente saltarse las normas urbanísticas, son los daños producidos al medio ambiente y a la ordenación territorial y urbanística.

Los principales delitos urbanísticos, en número e importancia, consisten en edificar en suelo no urbanizable o en no urbanizable especialmente protegido, o hacerlo en suelo urbano o urbanizable pero sin respetar la calificación urbanística, es decir el tipo de suelo: residencial sobre zonas verdes, o sobre zona de equipamientos, o incumplir las cesiones que marca la ley,  suprimiendo el suelo para equipamientos, zonas verdes, vivienda protegida…..

Si el planeamiento ha clasificado suelo como no urbanizable e ilegalmente se edifica en él, ya sea a pequeña o a gran escala, a medio plazo el coste para el municipio que significa mantener esas construcciones o urbanizaciones es superior al que hubiera supuesto una actuación acorde con el planeamiento. Me refiero al coste del mantenimiento de todas las infraestructuras, sobre todo las de transporte, y especialmente el transporte público: pronto demandado por los habitantes de las urbanizaciones ilegales. El resultado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable suele ser un urbanismo disperso, de alto coste de mantenimiento para los municipios y que consume muchos recursos naturales.

Si lo que se urbaniza es el  suelo especialmente protegido a los males citados anteriormente hay que añadir los provocados al medio ambiente: degradación, incluso destrucción, de paisajes valiosos; agresiones a la fauna y a las especies vegetales protegidas;  contaminación de playas y ríos… y también en ocasiones los daños originados al patrimonio histórico y artístico: destrucción de zonas de interés arqueológico…

La construcción ilegal en suelo urbano o urbanizable, supone que o bien los ciudadanos tendrán menos dotaciones y menos servicios que los previstos por el plan, en este aspecto éste se suele limitar a cumplir la ley, o estas dotaciones y servicios se proveerán en su día a costa del esfuerzo económico municipal, que suplirá a la inversión que debía haber realizado el urbanizador, o edificador, corrupto.

Es una tarea urgente para toda la sociedad poner coto inmediato a la corrupción urbanística, especialmente por medio de medidas preventivas, dado que éstas evitarán los daños irreversibles tanto a la moral pública como a la economía, al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos. La consecuencia más grave de este tipo de corrupción es la de contribuir al descrédito, que puede acabar en colapso, de nuestras instituciones, pero no se pueden olvidar otras consecuencias también muy graves e indeseables, como el daño de difícil reparación que se está produciendo en el mantenimiento del  medio ambiente y de los valores urbanísticos defendidos por la legalidad, y  que tienen una traducción directa en nuestra calidad de vida: el derecho a disfrutar de dotaciones culturales, deportivas, sanitarias y educativas. La corrupción urbanística no solo hunde éticamente a una sociedad sino que supone un robo directo a los ciudadanos, y un daño de difícil reversión a nuestro territorio y a nuestras ciudades.

De la autonomía a la Padania: Sobre un artículo de J. Ramón Parada

En estas jornadas poselectorales estamos viendo  que el diferencial de nuestra deuda pública vuelve a repuntar. Están los problemas de Grecia e Italia. Pero también algo más. Existe un cierto temor de que los nuevos gobiernos autonómicos se vayan a encontrar desequilibrios financieros mayores de los hasta ahora declarados, como ya pasó en Cataluña. Y se extiende la convicción de que estas administraciones regionales no cumplirán los exigidos objetivos de déficit este año. Puede ser un buen momento para proponer algunas reflexiones sobre cómo hemos llegado a esta situación|.

Una ventaja de los blogs sobre los tradicionales medios escritos es su carácter dinámico. Cada post va seguido de comentarios, y réplicas o matizaciones de los autores, estableciéndose así un verdadero diálogo. Por la capacidad para engendrar esa dialéctica, y por la calidad de las ideas y apreciaciones que en ella surgen, los que intervenimos en este Blog podemos estar muy satisfechos. Ojalá esa riqueza intelectual fluyera también en otros ámbitos, como muchos de los que controla nuestra clase política. Pero me temo que para ello tendremos que seguir esperando.

Por eso, además de los posts, procuro también leer los comentarios, e incluso los artículos que en éstos se linkan a veces. Y se encuentran auténticas perlas. Una de ellas nos ha sido referida por un comentarista anónimo en el segundo post de Javier Oñate sobre las posibles soluciones a nuestra floresta autonómica. Desde aquí quiero agradecerle que lo haya compartido con nosotros. Se trata de artículo del Catedrático de Derecho Administrativo, Don José Ramón Parada ”España: ¿Una o Trina? , con el subtítulo “Hacia el Estado de las Padanias de la mano de Herrero y Rodríguez de Miñón”. Contiene una réplica a las tesis de este autor, ponente constitucional que tuvo gran protagonismo en el diseño territorial de la Carta Magna, e inspirador de muchos de los fundamentos en los que se quiere sustentar la última evolución de nuestro estado autonómico. Publicado nada menos que en 1996, hace ya casi quince años, su lucidez no obstante mantiene su plena vigencia y el tiempo desde entonces transcurrido no ha hecho sino confirmarla.

No quiero ahora aburrir mucho a los lectores con mis palabras, sino sólo animarles a que aprovechen la oportunidad y lo lean. Sólo quiero destacar, con ese objetivo, algunas las ideas que expone.

1ª. La impugnación del mito de la pluralidad de “naciones culturales” en España. La homogeneidad de formación, valores, hábitos, preocupaciones y costumbres entre los españoles es indiscutible para cualquier observador imparcial. “Las diferencias  culturales y jurídico-institucionales existentes con anterioridad al siglo XVIII han desaparecido porque tres siglos de centralización borbónica y francesa nos han dejado, ¡gracias a Dios!, igualitos los unos a los otros (1). La diferencia está ahora en que unos dicen que son y que quieren ser diferentes” (…) “En síntesis, España como nación política nace en 1812 y su instrumento institucional, el Estado liberal (recreado desde 1845 por los liberales moderados) nos uniformiza de tal forma que en la actualidad formamos una única y sólida nación cultural”. El autor explica la artifiosidad de la fabricación de los hechos diferenciales. La utilización beligerante de las lenguas regionales, y los pretendidos agravios históricos se agitan como armas de separación.

2º. España, bajo la presión de las fuerzas nacionalistas, arriesgó demasiado con una Constitución de diseño que dio marcha atrás en el tricentenario proceso centralizador, y adjuró “del elemento esencial de su organización territorial”, el sencillo y barato estado centralista liberal. Pero ya sabemos que esta generosidad descentralizadora no ha servido al objetivo fundamental de aquietar a los nacionalismos…, “aproados a una independencia que sueñan compatible con la unión europea”. Si esto es claro hoy, el autor ya lo veía en 1996. “Y encima tenemos que pechar con el Estado de las Autonomías y sus disfuncionalidades administrativas y políticas” que nos deja “económicamente quebrados”.

3º. La esencia reaccionaria de las bases teóricas del nacionalismo y de sus aliados en los partidos nacionales con los que han actuado coordinadamente, como el citado Herrero de Miñón. Se trata de hacer tabla rasa de las conquistas de igualdad del liberalismo para reconstruir el estado con materiales premodernos: una ideología fuerista y pactista de la desigualdad, como una suerte de carlismo secularizado. No cabe duda que tales bases han inspirado el nuevo Estatuto de Cataluña.

Quizá el gran triunfo del nacionalismo durante estos años ha sido el de su propaganda: su capacidad para disfrazar de progresista sus propuestas, hasta el punto de haber arrastrado en el entusiasmo autonomista a buena parte de los partidos nacionales con las consecuencias conocidas.

En este blog, con el entusiasmo de Elisa que algunos tratamos de seguir a rebufo, venimos poniendo en evidencia las extravagancias y costes de la floresta legal autonómica, consecuencia casi inevitable de una determinada evolución del Estado autonómico que hoy urge reconducir. Javier Oñate se plantea también posibles soluciones, ahora que se hace cada vez más evidente la imposibilidad del sostenimiento de nuestro modelo territorial en su última evolución, aunque como era de temer casi todos los partidos hayan obviado esta cuestión en la última campaña. Creo que es preciso seguir poniendo de manifiesto, no solo tales disfunciones, sino también la falsedad de las bases teóricas que han dado lugar a muchos engendros. Para ello el artículo de J Ramón Parada  arroja una luz inestimable.

Urbanismo y corrupción (II). Consecuencias no sólo políticas

Posiblemente debido a la conocida, y comentada, lentitud de la justicia sea en estos momentos cuando más escándalos relacionados con la corrupción aparecen en los medios de comunicación. Es el resultado de los delitos cometidos hace unos años, en la época del esplendor urbanístico español: esplendor aparente con ingredientes cancerígenos en su interior.|

Pretendo hacer un repaso a las diferentes consecuencias de la corrupción urbanística. Una de ellas ensombrece a las demás, y es causada por la corrupción en general, no solo por la urbanística. Me refiero al deterioro del sistema democrático y al descrédito sobre las instituciones  y sobre la clase  política. Hay otras consecuencias propias ya de la corrupción ligada al urbanismo; que haya otras no rebaja la importancia de la más  conocida, pero se debe tener en cuenta  a las restantes.

La gravedad del descrédito que sobre nuestras instituciones ha originado la corrupción, y la falta de respuesta, la renuncia a cualquier ejemplaridad pública, de la clase política, unida a una  lamentable indulgencia por parte de la ciudadanía hacia esos políticos y hacia esas actitudes corruptas, está conduciendo a una situación que puede tener repercusiones gravísimas e imprevisibles para la marcha de nuestras instituciones. Debe llegar una reacción que afronte este problema nacional. La respuesta a la corrupción será múltiple, afectando a muchos y diferentes frentes, pero tiene que venir animada por una enérgica voluntad y ejemplaridad política.

La sensación de impunidad frente a la Ley, que conlleva la corrupción, es en el caso del urbanismo  especialmente visible: los desmanes urbanísticos ahí se quedan, tan asentados en el suelo como la más legal de las construcciones. La práctica, tan ejemplar, de la demolición de lo ilegalmente edificado sigue siendo una excepción en España.

En torno a la corrupción se ha instalado una competición, liderada por los políticos, cuyas bases son la disculpa de las faltas de los propios y la exageración de las de los rivales. La corrupción introduce este elemento de comportamiento social del que no podemos sentirnos orgullosos.

La corrupción ligada al urbanismo provoca repercusiones, más allá de lo político, en concreto en lo económico y como es lógico en  lo urbanístico y en lo medioambiental.

El blanqueo de capitales está en relación directa con la corrupción urbanística: el dinero obtenido en operaciones corruptas es en buena parte negro, y  la corrupción sirve para el lavado de dinero oscuro,  pagando con él a quien se corrompe. Gran parte del dinero movido en este circuito es ajeno a Hacienda y escapa a su correspondiente participación en el  sostenimiento del Estado.  En el fondo, la corrupción no deja de suponer una imposición que eleva el precio del producto final, en este caso los edificios, pero cuyo beneficio se escamotea al conjunto de la sociedad yendo a parar directamente al bolsillo de los delincuentes; por tanto supone una desestabilización del mercado y un hurto directo a la economía pública. Finalmente, hay que citar el desprestigio del nombre, de la “marca”, nacional, con repercusiones variadísimas y que afectan a cualquier objeto o servicio que se asocie a ella: disminución de la inversión extranjera por la inseguridad jurídica, disminución del valor añadido de los productos españoles y de la valoración ofrecida por cualquier trabajador español, o empresa, en el extranjero.

Posiblemente las consecuencias menos tenidas en cuenta  de la  corrupción urbanística, que en la mayoría de los casos supone  básicamente saltarse las normas urbanísticas, son los daños producidos al medio ambiente y a la ordenación territorial y urbanística.

Los principales delitos urbanísticos, en número e importancia, consisten en edificar en suelo no urbanizable o en no urbanizable especialmente protegido, o hacerlo en suelo urbano o urbanizable pero sin respetar la calificación urbanística, es decir el tipo de suelo: residencial sobre zonas verdes, o sobre zona de equipamientos, o incumplir las cesiones que marca la ley,  suprimiendo el suelo para equipamientos, zonas verdes, vivienda protegida…..

Si el planeamiento ha clasificado suelo como no urbanizable e ilegalmente se edifica en él, ya sea a pequeña o a gran escala, a medio plazo el coste para el municipio que significa mantener esas construcciones o urbanizaciones es superior al que hubiera supuesto una actuación acorde con el planeamiento. Me refiero al coste del mantenimiento de todas las infraestructuras, sobre todo las de transporte, y especialmente el transporte público: pronto demandado por los habitantes de las urbanizaciones ilegales. El resultado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable suele ser un urbanismo disperso, de alto coste de mantenimiento para los municipios y que consume muchos recursos naturales.

Si lo que se urbaniza es el  suelo especialmente protegido a los males citados anteriormente hay que añadir los provocados al medio ambiente: degradación, incluso destrucción, de paisajes valiosos; agresiones a la fauna y a las especies vegetales protegidas;  contaminación de playas y ríos… y también en ocasiones los daños originados al patrimonio histórico y artístico: destrucción de zonas de interés arqueológico…

La construcción ilegal en suelo urbano o urbanizable, supone que o bien los ciudadanos tendrán menos dotaciones y menos servicios que los previstos por el plan, en este aspecto éste se suele limitar a cumplir la ley, o estas dotaciones y servicios se proveerán en su día a costa del esfuerzo económico municipal, que suplirá a la inversión que debía haber realizado el urbanizador, o edificador, corrupto.

Es una tarea urgente para toda la sociedad poner coto inmediato a la corrupción urbanística, especialmente por medio de medidas preventivas, dado que éstas evitarán los daños irreversibles tanto a la moral pública como a la economía, al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos. La consecuencia más grave de este tipo de corrupción es la de contribuir al descrédito, que puede acabar en colapso, de nuestras instituciones, pero no se pueden olvidar otras consecuencias también muy graves e indeseables, como el daño de difícil reparación que se está produciendo en el mantenimiento del  medio ambiente y de los valores urbanísticos defendidos por la legalidad, y  que tienen una traducción directa en nuestra calidad de vida: el derecho a disfrutar de dotaciones culturales, deportivas, sanitarias y educativas. La corrupción urbanística no solo hunde éticamente a una sociedad sino que supone un robo directo a los ciudadanos, y un daño de difícil reversión a nuestro territorio y a nuestras ciudades.