Urbanismo y corrupción (II). Consecuencias no sólo políticas

Posiblemente debido a la conocida, y comentada, lentitud de la justicia sea en estos momentos cuando más escándalos relacionados con la corrupción aparecen en los medios de comunicación. Es el resultado de los delitos cometidos hace unos años, en la época del esplendor urbanístico español: esplendor aparente con ingredientes cancerígenos en su interior.|

Pretendo hacer un repaso a las diferentes consecuencias de la corrupción urbanística. Una de ellas ensombrece a las demás, y es causada por la corrupción en general, no solo por la urbanística. Me refiero al deterioro del sistema democrático y al descrédito sobre las instituciones  y sobre la clase  política. Hay otras consecuencias propias ya de la corrupción ligada al urbanismo; que haya otras no rebaja la importancia de la más  conocida, pero se debe tener en cuenta  a las restantes.

La gravedad del descrédito que sobre nuestras instituciones ha originado la corrupción, y la falta de respuesta, la renuncia a cualquier ejemplaridad pública, de la clase política, unida a una  lamentable indulgencia por parte de la ciudadanía hacia esos políticos y hacia esas actitudes corruptas, está conduciendo a una situación que puede tener repercusiones gravísimas e imprevisibles para la marcha de nuestras instituciones. Debe llegar una reacción que afronte este problema nacional. La respuesta a la corrupción será múltiple, afectando a muchos y diferentes frentes, pero tiene que venir animada por una enérgica voluntad y ejemplaridad política.

La sensación de impunidad frente a la Ley, que conlleva la corrupción, es en el caso del urbanismo  especialmente visible: los desmanes urbanísticos ahí se quedan, tan asentados en el suelo como la más legal de las construcciones. La práctica, tan ejemplar, de la demolición de lo ilegalmente edificado sigue siendo una excepción en España.

En torno a la corrupción se ha instalado una competición, liderada por los políticos, cuyas bases son la disculpa de las faltas de los propios y la exageración de las de los rivales. La corrupción introduce este elemento de comportamiento social del que no podemos sentirnos orgullosos.

La corrupción ligada al urbanismo provoca repercusiones, más allá de lo político, en concreto en lo económico y como es lógico en  lo urbanístico y en lo medioambiental.

El blanqueo de capitales está en relación directa con la corrupción urbanística: el dinero obtenido en operaciones corruptas es en buena parte negro, y  la corrupción sirve para el lavado de dinero oscuro,  pagando con él a quien se corrompe. Gran parte del dinero movido en este circuito es ajeno a Hacienda y escapa a su correspondiente participación en el  sostenimiento del Estado.  En el fondo, la corrupción no deja de suponer una imposición que eleva el precio del producto final, en este caso los edificios, pero cuyo beneficio se escamotea al conjunto de la sociedad yendo a parar directamente al bolsillo de los delincuentes; por tanto supone una desestabilización del mercado y un hurto directo a la economía pública. Finalmente, hay que citar el desprestigio del nombre, de la “marca”, nacional, con repercusiones variadísimas y que afectan a cualquier objeto o servicio que se asocie a ella: disminución de la inversión extranjera por la inseguridad jurídica, disminución del valor añadido de los productos españoles y de la valoración ofrecida por cualquier trabajador español, o empresa, en el extranjero.

Posiblemente las consecuencias menos tenidas en cuenta  de la  corrupción urbanística, que en la mayoría de los casos supone  básicamente saltarse las normas urbanísticas, son los daños producidos al medio ambiente y a la ordenación territorial y urbanística.

Los principales delitos urbanísticos, en número e importancia, consisten en edificar en suelo no urbanizable o en no urbanizable especialmente protegido, o hacerlo en suelo urbano o urbanizable pero sin respetar la calificación urbanística, es decir el tipo de suelo: residencial sobre zonas verdes, o sobre zona de equipamientos, o incumplir las cesiones que marca la ley,  suprimiendo el suelo para equipamientos, zonas verdes, vivienda protegida…..

Si el planeamiento ha clasificado suelo como no urbanizable e ilegalmente se edifica en él, ya sea a pequeña o a gran escala, a medio plazo el coste para el municipio que significa mantener esas construcciones o urbanizaciones es superior al que hubiera supuesto una actuación acorde con el planeamiento. Me refiero al coste del mantenimiento de todas las infraestructuras, sobre todo las de transporte, y especialmente el transporte público: pronto demandado por los habitantes de las urbanizaciones ilegales. El resultado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable suele ser un urbanismo disperso, de alto coste de mantenimiento para los municipios y que consume muchos recursos naturales.

Si lo que se urbaniza es el  suelo especialmente protegido a los males citados anteriormente hay que añadir los provocados al medio ambiente: degradación, incluso destrucción, de paisajes valiosos; agresiones a la fauna y a las especies vegetales protegidas;  contaminación de playas y ríos… y también en ocasiones los daños originados al patrimonio histórico y artístico: destrucción de zonas de interés arqueológico…

La construcción ilegal en suelo urbano o urbanizable, supone que o bien los ciudadanos tendrán menos dotaciones y menos servicios que los previstos por el plan, en este aspecto éste se suele limitar a cumplir la ley, o estas dotaciones y servicios se proveerán en su día a costa del esfuerzo económico municipal, que suplirá a la inversión que debía haber realizado el urbanizador, o edificador, corrupto.

Es una tarea urgente para toda la sociedad poner coto inmediato a la corrupción urbanística, especialmente por medio de medidas preventivas, dado que éstas evitarán los daños irreversibles tanto a la moral pública como a la economía, al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos. La consecuencia más grave de este tipo de corrupción es la de contribuir al descrédito, que puede acabar en colapso, de nuestras instituciones, pero no se pueden olvidar otras consecuencias también muy graves e indeseables, como el daño de difícil reparación que se está produciendo en el mantenimiento del  medio ambiente y de los valores urbanísticos defendidos por la legalidad, y  que tienen una traducción directa en nuestra calidad de vida: el derecho a disfrutar de dotaciones culturales, deportivas, sanitarias y educativas. La corrupción urbanística no solo hunde éticamente a una sociedad sino que supone un robo directo a los ciudadanos, y un daño de difícil reversión a nuestro territorio y a nuestras ciudades.

7 comentarios
  1. Noé de callar
    Noé de callar Dice:

    De acuerdo con el post. El tema es inagotable… ¿¿Qué decir por ejemplo de la corrupción nacida de medidas tomadas supuestamente  para evitar la corrupción??

    Tras el famoso caso Guateque de Madrid (caso de corrupción en materia de licencias, de menor calado que la que denuncia el autor) se tomaron dos medidas.

    1- se puso en funcionamiento una Comis. Técnica de Licencias, que funciona a través de su Secretaría Permanente, a cuyo frente se eligió a una persona que había estado imputada por delito urbanístico y que curiosamente es la pareja de la Coordinadora Gral de Urbanismo del Ayto. ¿No había nadie sobre el papel con mayor prestigio e imparcialidad?ver noticia

    Lo grave es que antes, cuando había dudas sobre un asunto, se sometía a dictamen de la Comis. Gral del PGOU -única competente para interpretar el PGOU-  integrada por muchos técnicos, y  por ello más transparente y seria. Ahora, sin embargo, cuando se quiere conseguir algo, se sabe que es mejor llevarlo a la más «discreta» Secret. Permanente de Licencias que a la Comis. del PGOU. En ésta última,  se discuten las cosas  más seriamente, y eso es un riesgo cuando se quiere hacer trampa!!! La Secret. Perm. de Licencias está invadiendo competencias interpretativas reservadas exclusivamente a la Com. del PGOU!!! Sin la transparencia exigida legalmente  y sin que nadie haga nada!!

    2. Se crearon las ECLUs. Entidades Certificadoras de Licencias Urbanísticas con las que se ha externalizado parte del trabajo técnico que antes ejecutaban los arquitectos, ingenieros o aparejadores municipales. ¿Qué sucede en muchos casos? Que los ciudadanos saben que algunas ECLUs pueden tener «más mano»  que otras en el Ayto… Cuando esto realmente ocurre, lo que sucede es que se ha «externalizado la corrupción»…. Salvando las distancias, es como si uno va a pasar la ITV del coche a Coslada o a Toledo y en Coslada pasas siempre la revisión y en Toledo te ponen mil pegas…Raro, no??? Y digo yo: si la potestad en materia de licencias es reglada, ¿no tendrían que aproximarse bastante las conclusiones de todas las ECLUs a las que se sometiera el asunto? Pues no siempre!! Y habría que investigar por qué!!!

    Por si fuera poco, la Ordenanza que regula las ECLUs está anulada por el TSJ, la mayoría de las ECLUs en pérdidas, y el Ayto sin tomar medidas para hacer que, de verdad, las cosas funcionen bien, y con transparencia!! Eso sí, se llenan la boca de lo que luchan contra la corrupción!!

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  2. elisadelanuez
    elisadelanuez Dice:

    Interesantísimo post, Fernando, e interesantísimo comentario Noé de Callar. Creo que es muy importante denunciar y comentar estos temas, porque pensad que muchos, aunque seamos y administrativistas, desconocemos totalmente «la letra pequeña» de la corrupción, aunque podamos conocer más o menos sus consecuencias. También querría aportar como dato la existencia de leyes de parlamentos regionales dedicadas a «amnistiar» construcciones ilegales con sentencia firme de derribo, que a su vez son cuestionadas de nuevo por sentencias judiciales. Se puede seguir el culebrón en http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/2011/05/cantabria-tsjc-recalca-que-la-ley-de.html

    TOdo esto merece un post aparte, seguramente dedicado al incumplimiento por parte de los Parlamentos autonómicos de sentencias y leyes (estatales, o directivas comunitarias, pero también pueden ser las suyas, total ya puestos)  sin ninguna consecuencia.

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  3. susana beato
    susana beato Dice:

    Comparto tu preocupación, Fernando.

    El problema de la corrupción ligada al urbanismo salpica a todo lo que se relaciona con esta disciplina. El término «Urbanismo» en España, desgraciadamente, está ahora mismo ligado a sospechas de corruptelas de toda índole, lo mismo que los profesionales que honestamente se dedican a la Construcción.

    Siendo esto detestable, ¿que decir cuando nuestras instituciones públicas, haciendo caso omiso de lo legalmente establecido, duplican autovías en espacios protegidos, Comunidad de Madrid en la autovia de los pantanos, o ejecutan el soterramiento de la M30 sin declaración de impacto ambiental, Ayuntamiento de Madrid…..etc.? Estos dos casos con sentencias judiciales en contra.

    Siendo estos dos ejemplos muestra de lo que pasa en este país: las sentencias no se ejecutan, y nadie es responsable de nada.

    Una pena.

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  4. Vicente Górriz Burk
    Vicente Górriz Burk Dice:

    El post de Fernando da para mucho que pensar, y a mi particularmente me interesa incidir en la cuestión del ejemplo que las actitudes de los políticos están ofreciendo a la ciudadanía. Ya son demasiadas las veces que vengo escuchando que tenemos lo que nos merecemos; relacionado con nuestros políticos o nuestros medios de comunicación,… y si bien no deja de ser cierto que la corrupción de nuestros políticos puede ser reflejo e imagen de lo que menor escala vemos día a día a nuestro alrededor, sin embargo está por ver que todo el monte sea orégano. El mismo recurso utilizado por los políticos para enfangarse unos a otros, tratando de ocultar sus propias miserias, es el que de un tiempo a esta parte se está utilizando contra sus representados. Sin embargo, ante el presente panorama electoral español, en el que políticos imputados por actividades corruptas relacionadas con el urbanismo o la construcción obtienen mayorías absolutas, resulta dificil inculcar valores éticos en las siguientes generaciones. Máxime si cada día la realidad nos golpea con noticias en los medios que demuestran lo lejos que estos valores están de los que imperan en el mundo que nos rodea. 

    La crisis económica que ha ralentizado los pelotazos urbanísticos nos debería permitir replantearnos los modos y maneras imperantes años atrás. Ejemplarizante sería, por ejemplo, que algún político respondiera no ya con el fin de su carrera sino con su propio patrimonio por sus demanes urbanísticos. Pero para eso deberían cambiar algunas cosas más. Entre ellas, la Justicia.  

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  5. robespierre
    robespierre Dice:

    Efectivamente, la noticia de Noé de Callar tiene miga. No solo es que los méritos del señor para ocupar el cargo eran ser «pareja de» (lo que viene siendo bastante habitual para ocupar cargos públicos en competencia, como hijo de, amigo de, primo de, cuñado de, hermano de, sobrino de, sino que los deméritos  sino que los deméritos incluían una imputación en un caso de corrupción urbanística. ¿Les suena de algo? Por supuesto el sr. Gallardón ha revalidado su mayoría absoluta y no recuerdo tampoco haber leído/escuchado  esta noticia en ningún medio de comunicación importante. ¿Les sorprende?  

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  6. fernando landecho
    fernando landecho Dice:

    Gracias por todos los comentarios.

    Sobre el asunto que introduce Noé de callar referido a las ECLUS, las entidades certificadoras de licencias urbanísticas, creadas por el Ayuntamiento de Madrid tras el escándalo Guateque  el aspècto  más lamentable me parece que está en la renuncia por parte de la administración, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, a ofrecer un servicio correcto, a través de unos funcionarios que realicen su cometido adecuadamente.

    Entiendo que la privatización de los informes de adecuación a normativa de las solicitudes de licencia pueda ser una medida de emergencia ante la situación  de miles de estas solicitudes sin atender, por mala organización municipal o por malas prácticas por parte de algunos de sus funcionarios. Pero en paralelo a esta privatización, ¿no se puede intentar que el mecanismo de concesión de  licencias directamente por la administración sea adecuado en tiempo y forma? Para ello sería necesario simplificar la normativa municipal, por supuesto también la restante pero ello escapa a la capacidad del Ayuntamiento, y publicar protocolos explicativos de los criterioros de aplicación de la normativa (curiosamente el ayuntamiento ha empezado a circular estos protocolos dirigidos a las ECLUs, para facilitarles el trabajo), A estas dos medidas, que facilitarían el trabajo de los técnicos  redactores de los proyectos limitando los errores de aplicación de la normativa, se uniría una política de  incentivos a los técnicos municipales para la realización de su trabajo: la responsabilidad individual asociada al trabajo realizado.

    Aún ha transcurrido muy poco tiempo para comprobar la eficacia de las ECLUs, y sobre todo si ese instrumento se pervertirá, como puede ocurri, tal y como apunta Noé de callar, pero no sé por qué debemos renunciar a que la función pública se pueda prestar adecuadamente.

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  7. Melquiades
    Melquiades Dice:

    Es curioso que siempre se enfoque la corrupción urbanística considerando la construcción ilegal. Queda el caso muy habitual en Mallorca, de los Ayuntamientos que bloquean «ad eternum» proyectos perfectamente legales. Un ejemplo, en estos momentos un cachondo enchufado a letrado muncipal me pide que se constituya una junta de compensación para realizar los accesos a la urbanización: Mis clientes compraron SOLARES y  la compensación urbanística YA estaba entregada (en metálico). No se precisa ulterior comentario. El cachondo del Arquitecto municipal duplica el ancho de la vía aprobado en proyecto… Y etc… En el Arenal se rechazó un proyecto de obras, por falta de cuarenta centímetros de fachada , que faltaban por la invasión de la acera de un vecino… hasta que se cambió el arquitecto. Los ejemplos son infinitos y quizás se evitarían si un contencioso durase seis meses…y se impusiese responsabilidad personal a esta panda de «genios».

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