De alacranes y faisanes

Con este post quiero abandonar por un momento la espesa floresta autonómica y adentrarme en un terreno ignoto con la finalidad de explorar la todavía más peligrosa fauna estatal. De las muchas especies venenosas que pululan por este habitat, lleno de secretos y misterios, vamos a escoger hoy como objeto de estudio el caso Alakrana y el caso Faisán. Quizá a alguien le pueda parecer que apenas hay nada en común entre el traicionero alacrán y el vistoso y suculento faisán. Se equivocaría completamente: les une como común denominador una concepción de la política que hace prevalecer los fines (a corto plazo) sobre los medios (cualesquiera que sean) y, en consecuencia, un completo desprecio por las reglas del Estado de Derecho.|

El caso Alakrana hace referencia al secuestro de un buque atunero del mismo nombre por piratas somalíes en octubre de 2009. Tras cuarenta y siete días en poder de los piratas el buque fue liberado tras pagar un rescate de unos cuatro millones de dólares. Como durante el secuestro los militares españoles detuvieron a dos de los secuestradores, el asunto terminó en la Audiencia Nacional. En su sentencia condenatoria, la Audiencia considera que en el juicio quedó “demostrado sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes”. Tanto el Presidente del Gobierno, como la entonces Vicepresidenta, como las ministras de Exteriores y Defensa, negaron categóricamente dicha circunstancia, lo que resulta lógico, pues la Administración no puede legalmente pagar rescates. Por si hubiera alguna duda el propio ministro de Justicia lo dejó meridianamente claro en este video que se puede consultar aquí.

Recordemos ahora el caso Faisán. En el mes de mayo de 2006, unos meses después del inicio de la última tregua de ETA, uno de los miembros de la trama de extorsión de la banda, propietario del bar Faisán, recibe una llamada telefónica por la que se le alerta de una inminente redada ordenada en el marco de una investigación dirigida por el juez Garzón. Según se deduce de documentos posteriormente incautados a la banda referentes a las conversaciones que entonces existían con el Gobierno, se había acordado que este último haría  lo posible para paralizar las detenciones mientras la negociación estuviese en marcha. El Gobierno lo ha negado, así como cualquier implicación en el caso, como vuelve a ser normal, pero las investigaciones realizadas por el juez Ruz no dejan lugar a muchas dudas. Alguien muy próximo a Rubalcaba ordenó hacer esa llamada.

Vemos entonces que en ambos casos nos encontramos con una negociación con delincuentes en donde el Gobierno decide actuar al margen de las normas (al menos en opinión de los jueces) en consideración a razones políticas que, precisamente por ese secretismo, nadie discute ni debate, ni, en consecuencia, pueden articularse a través de instrumentos jurídicos.

¿Es bueno pagar rescates a los secuestradores para salvar la vida de unos marineros? ¿Conviene hacer alguna concesión a un grupo terrorista en el marco de una negociación dirigida a su disolución? Son sin duda cuestiones políticas muy relevantes que merecerían ser discutidas, pongamos, en el Parlamento. Pagar rescates tiene el inconveniente de que tus ciudadanos se vuelven más vulnerables que los del país que no los paga (al menos así lo entiende Francia). Entorpecer detenciones para favorecer la negociación no parece tener mucho sentido cuando la estricta aplicación de la Ley estaba dando muchos frutos. Pero, en cualquier caso, todo es discutible. No quiero entrar en el tema político de fondo, aunque supongo que cada uno tendrá su opinión al respecto, porque ese fondo no es la cuestión. Lo que merece destacarse es que en España nos parezca casi normal que los arcana imperii y la razón de estado llegue a estos extremos. Si se quiere seguir esas opciones, que no por discutibles son menos legítimas, lo procedente es ir al Parlamento y pedir la preceptiva autorización. De esta manera se respetan las instituciones y el Ordenamiento, y de paso se consigue que el Estado funcione como un todo de manera armónica. Pero, si por razones más partidistas que estrictamente políticas, nos saltamos las reglas y los procedimientos, entonces pasan cosas tan surrealistas como las que ejemplifican esos casos, y vemos como los jueces se ven obligados a investigar irregularidades, por no decir delitos, cometidos por otros órganos del Estado.

Además, como la investigación judicial de estos temas tan delicados le resulta muy  desagradable al poder ejecutivo, hace lo posible por desactivarla, presionando a los jueces y mangoneando todo lo posible, lo que incluye utilizar al Ministerio Fiscal a tal fin si resulta necesario. Por otra parte, la judicializacion de estos asuntos suele terminar con la imputación y procesamiento de los funcionarios que pasaban por ahí (como acaba de ocurrir en el caso Faisán), dejando al margen a los que tomaron las decisiones y, sobre todo, soslayando la responsabilidad política de estos últimos, de la que nadie se ocupa.

El ejemplo transmitido por todo ello a la ciudadanía es deprimente: se dice una cosa y se hace otra, se prescinde de las reglas cuando se considera conveniente, se hurta el debate si compromete demasiado y, sobre todo, se exonera uno de cualquier responsabilidad si las cosas terminan saliendo mal. La conclusión es que este concreto hábitat de nuestra rica y diversa fauna estatal no es precisamente un modelo de funcionamiento democrático.

De alacranes y faisanes

Con este post quiero abandonar por un momento la espesa floresta autonómica y adentrarme en un terreno ignoto con la finalidad de explorar la todavía más peligrosa fauna estatal. De las muchas especies venenosas que pululan por este habitat, lleno de secretos y misterios, vamos a escoger hoy como objeto de estudio el caso Alakrana y el caso Faisán. Quizá a alguien le pueda parecer que apenas hay nada en común entre el traicionero alacrán y el vistoso y suculento faisán. Se equivocaría completamente: les une como común denominador una concepción de la política que hace prevalecer los fines (a corto plazo) sobre los medios (cualesquiera que sean) y, en consecuencia, un completo desprecio por las reglas del Estado de Derecho.|

El caso Alakrana hace referencia al secuestro de un buque atunero del mismo nombre por piratas somalíes en octubre de 2009. Tras cuarenta y siete días en poder de los piratas el buque fue liberado tras pagar un rescate de unos cuatro millones de dólares. Como durante el secuestro los militares españoles detuvieron a dos de los secuestradores, el asunto terminó en la Audiencia Nacional. En su sentencia condenatoria, la Audiencia considera que en el juicio quedó “demostrado sin ninguna duda que no ha sido la empresa armadora sino organismos públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes”. Tanto el Presidente del Gobierno, como la entonces Vicepresidenta, como las ministras de Exteriores y Defensa, negaron categóricamente dicha circunstancia, lo que resulta lógico, pues la Administración no puede legalmente pagar rescates. Por si hubiera alguna duda el propio ministro de Justicia lo dejó meridianamente claro en este video que se puede consultar aquí.

Recordemos ahora el caso Faisán. En el mes de mayo de 2006, unos meses después del inicio de la última tregua de ETA, uno de los miembros de la trama de extorsión de la banda, propietario del bar Faisán, recibe una llamada telefónica por la que se le alerta de una inminente redada ordenada en el marco de una investigación dirigida por el juez Garzón. Según se deduce de documentos posteriormente incautados a la banda referentes a las conversaciones que entonces existían con el Gobierno, se había acordado que este último haría  lo posible para paralizar las detenciones mientras la negociación estuviese en marcha. El Gobierno lo ha negado, así como cualquier implicación en el caso, como vuelve a ser normal, pero las investigaciones realizadas por el juez Ruz no dejan lugar a muchas dudas. Alguien muy próximo a Rubalcaba ordenó hacer esa llamada.

Vemos entonces que en ambos casos nos encontramos con una negociación con delincuentes en donde el Gobierno decide actuar al margen de las normas (al menos en opinión de los jueces) en consideración a razones políticas que, precisamente por ese secretismo, nadie discute ni debate, ni, en consecuencia, pueden articularse a través de instrumentos jurídicos.

¿Es bueno pagar rescates a los secuestradores para salvar la vida de unos marineros? ¿Conviene hacer alguna concesión a un grupo terrorista en el marco de una negociación dirigida a su disolución? Son sin duda cuestiones políticas muy relevantes que merecerían ser discutidas, pongamos, en el Parlamento. Pagar rescates tiene el inconveniente de que tus ciudadanos se vuelven más vulnerables que los del país que no los paga (al menos así lo entiende Francia). Entorpecer detenciones para favorecer la negociación no parece tener mucho sentido cuando la estricta aplicación de la Ley estaba dando muchos frutos. Pero, en cualquier caso, todo es discutible. No quiero entrar en el tema político de fondo, aunque supongo que cada uno tendrá su opinión al respecto, porque ese fondo no es la cuestión. Lo que merece destacarse es que en España nos parezca casi normal que los arcana imperii y la razón de estado llegue a estos extremos. Si se quiere seguir esas opciones, que no por discutibles son menos legítimas, lo procedente es ir al Parlamento y pedir la preceptiva autorización. De esta manera se respetan las instituciones y el Ordenamiento, y de paso se consigue que el Estado funcione como un todo de manera armónica. Pero, si por razones más partidistas que estrictamente políticas, nos saltamos las reglas y los procedimientos, entonces pasan cosas tan surrealistas como las que ejemplifican esos casos, y vemos como los jueces se ven obligados a investigar irregularidades, por no decir delitos, cometidos por otros órganos del Estado.

Además, como la investigación judicial de estos temas tan delicados le resulta muy  desagradable al poder ejecutivo, hace lo posible por desactivarla, presionando a los jueces y mangoneando todo lo posible, lo que incluye utilizar al Ministerio Fiscal a tal fin si resulta necesario. Por otra parte, la judicializacion de estos asuntos suele terminar con la imputación y procesamiento de los funcionarios que pasaban por ahí (como acaba de ocurrir en el caso Faisán), dejando al margen a los que tomaron las decisiones y, sobre todo, soslayando la responsabilidad política de estos últimos, de la que nadie se ocupa.

El ejemplo transmitido por todo ello a la ciudadanía es deprimente: se dice una cosa y se hace otra, se prescinde de las reglas cuando se considera conveniente, se hurta el debate si compromete demasiado y, sobre todo, se exonera uno de cualquier responsabilidad si las cosas terminan saliendo mal. La conclusión es que este concreto hábitat de nuestra rica y diversa fauna estatal no es precisamente un modelo de funcionamiento democrático.