De la chocolatada del loro: reflexiones sobre oficinas de expresidentes regionales y otras historias de despilfarro.

El título del post se refiere a unas simpáticas excursiones que hacíamos en mi infancia las amigas del verano para organizar gigantescas chocolatadas al aire libre, pero también a la conocida frase “esto es el chocolate del loro” con que nuestra casta política intenta convencernos de que no hay que reparar en gastos tan nimios como oficinas suntuosa, coches, trajes, comidas, aviones y AVES en preferente, y en general todo tipo de gastos de representación o protocolo, por extravagantes que sean, con cargo al contribuyente|. Resulta prioritario recortar otros gastos que realmente si son de cuantía importante… pero el problema es que esas otras gastos ya se refieran a inversiones, subvenciones o sueldos suelen ser bastante más complejas de recortar, cuando no resulta que, al final, acaban también por ser el chocolate del loro. Conclusión, que estos gastos no se recortan ni aún en época de crisis, y si no vean sus cifras de crecimiento, especialmente en los ámbitos autonómico y local, porque los loros autóctonos se ve que le tienen mucha afición al chocolate y son muy remisos a la dieta.  Y cuando luego hay que recortar algo por imposición de “los mercados” o los socios del euro se acaba recortando linealmente los sueldos de los funcionarios, las inversiones…o los servicios públicos como en Cataluña. Pero resulta que el loro, o para ser más exactos, nuestros políticos se siguen tomando su chocolate como si nada.  Eso sí, en las tomas de posesión ya no dan canapés, pero los altos cargos vienen todos en coche oficial.

Después de esta introducción un poco contundente porque es domingo y estoy escribiendo para el blog, quiero hacer una serie de reflexiones sobre este tipo de gastos de representación que se han multiplicado estos últimos años.

La primera, que todos esos gastos en despachos, arreglos de despachos, coches, despachos, comidas, viajes, etc realmente suponen cantidades relevantes de dinero para el erario público. No son el chocolate del loro, son cantidades importantes sobre todo en términos de presupuestos municipales y de consejerías. Aunque reconozco que yo, lo mismo que ustedes, me entero de su existencia y, con suerte, de su importe por la prensa. Pero no dudo de que lo que aparece en la prensa es la punta del iceberg, dada la opacidad que reina en esta materia, no vaya a ser que al final resulte que a la gente de a pie le parezca inverosímil lo que puede costar el chocolate del loro. Por ejemplo, la remodelación del Palacio de Correos de Madrid a mayor gloria del Alcalde cuando el municipio de Madrid tiene una deuda astronómica y tarda meses en pagar a sus proveedores, eso cuando no les impone rebajas a capón para poder cobrar. La remodelación ha costado seis años de obras y 124,6 millones de euros según esta noticia.

Claro que también nos acabamos de enterar que en Madrid cada concejal del Ayuntamiento coche y medio por cabeza, el propio y el de incidencias.

La segunda, a mi juicio estos gastos de representación son muy fáciles de recortar porque, salvo demostración en contrario -que debería por cierto corresponder al gestor público, no son gastos necesarios ni esenciales para el buen funcionamiento de los servicios públicos, aunque al cargo en cuestión le pueda parecer otra cosa. Precisamente por eso, porque son gastos de representación o institucionales. Por ejemplo, los coches oficiales son una muestra de “status”, lo mismo que un despacho muy representativo. Los coches, por ejemplo, sirven básicamente para trasladar a los cargos públicos a reuniones, eventos, inauguraciones, cortes de cintas y saraos variados. Eso, en el mejor de los casos, porque ya sabemos que también sirven para recoger niños, hacer compras, hacer excursiones o para cualquier otra actividad digamos “privada”.  Los despachos representativos son más bien para recibir que para trabajar, aunque hay que tener en cuenta que cualquier cargo público que se precie no trabaja en el sentido ordinario que esta palabra tiene, ya que lo que hace es dirigir o representar.  Y no digamos ya los excargos, alguien debería explicarnos que es lo que hacen estos señores que justifique sus gastos de representación, como en el caso del ex Presidente de la Junta de Extremadura.

En cuanto a los viajes, especialmente los viajes en preferente, tampoco parece difícil recortarlos, si partimos del dato de que un gasto de este importe solo se justifica excepcionalmente cuando el viaje es a un sitio muy lejano y se va porque realmente es imprescindible ir. Pero quizá lo más interesante es saber por qué nuestros cargos electos viajan continuamente, especialmente los autonómicos y locales, a cargo del contribuyente cuando al menos teóricamente hay un montón de cargos y funcionarios estatales dedicados específicamente a las relaciones internacionales.

Podemos hablar también de los despachos que se arreglan incesantemente o de las mudanzas caprichosas que son el pan nuestro de cada día y que son muy costosas, en tiempo y en dinero. También de las que obedecen a remodelaciones caprichosas de gobiernos autonómicos o locales, fusiones, escisiones, cambios de organigrama que llevan consigo un trasiego continuo de personas y de despachos. Cuestan buenos dineros a los contribuyentes y poco consuela pensar que es para que nuestros representantes ejerzan sus responsabilidades en el marco más agradable posible. Podemos seguir con comidas, regalos institucionales, gadgets tecnológicos de última generación para directivos siempre pagados por los contribuyentes…y así hasta el infinito.

La tercera reflexión, que ya aparece implícita en la anterior, es que cualquier gasto que no es necesario para el ejercicio de una función pública, aunque pueda serlo para el bienestar personal de quien la ejerce, es superfluo y  suntuario y puede y debe de ser recortado si no eliminado directamente. Sobre todo en época de crisis. Ya se que suena arcaico y hasta produce cierto pudor hablar a estas alturas de ética y decencia, pero es que estamos hablando de eso.  Los ciudadanos estamos haciendo muchos sacrificios, así que parece razonable que nuestros políticos hagan también alguno, sobre todo cuando esos sacrificios no comprometen en absoluto el desarrollo de sus funciones, aunque puedan resultarles incómodos o simplemente –en su imaginario al menos- hacerles perder cierto “nivel” o “prestigio”. Pero creo que se compensaría con creces con la recuperación de la idea básica de que son servidores de los ciudadanos, cuyos intereses y cuyo dinero gestionan, y que precisamente por eso deben de ser especialmente cuidadosos. Y fíjense que no estamos hablando de sueldos sino de símbolos de status, tarjetas, coches, despachos,  viajes, regalos, etc que funcionan en la práctica como “retribuciones en especie” de los políticos y los directivos públicos, valga la expresión, y eso en el mejor de los casos.

La cuarta reflexión, un poco más jurídica, es que no es de recibo refugiarse, como han hecho los portavoces del PSOE en el caso paradigmático de los disparatados gastos de la oficina del Ex presidente Ibarra, en la legalidad de estos gastos, dado que hay una norma que los permite,, en este caso nada menos que una Ley autonómica aprobada a propuesta del Ex presidente saliente que se iba a beneficiar de ella. A mí, como jurista de cierta edad, me enseñaron que una Ley debiera de ser algo más que una norma que aprueba una Asamblea regional para  beneficiar a un señor concreto a propuesta de ese mismo señor concreto. Esto es la Ley digna de tal nombre tiene que tener carácter general y no por particular. Ya hemos denunciado innumerables veces en este blog la degradación de nuestras Leyes, particularmente de las leyes autonómicas, pero también de las estatales. Es sin duda es una de las características más preocupantes  de la decadencia de nuestro Estado de Derecho. Pero es que además la Ley 3/2007 de 19 de abril, por la que se regula el Estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura (por cierto, no he encontrado el texto, la búsqueda de la legislación autonómica en el buscador de la Asamblea no es fácil) tampoco ha establecido la “barra libre” para los gastos de esta oficina. Esta decisión ha sido sobrevenida, habiendo sido la Mesa del Parlamento regional, controlada por el PSOE, la que ha permitido esa barra libre, al menos si hacemos caso de las noticias que se están publicando en la prensa.

Tampoco me parece de recibo que se nos diga que al Tribunal de Cuentas (no sé si es el autonómico o el de verdad, por cierto) no ha encontrado problemas en las facturas, ya que supongo que como mucho habrá comprobado la existencia de las mismas a nombre de la Junta y los conceptos (tengan en cuenta que no siempre hay facturas ni los conceptos se corresponden con los gastos de representación, ni siquiera entendidos en el sentido más amplio posible)  o que el escándalo que se monta es “interesado”, o que otras autonomías hacen lo mismo, o que es una conjura mediática de la ultraderecha contra un Ex presidente ejemplar. Si estas cosas pueden estar pasando a estas alturas de 2011 sin que nadie diga nada hasta que las noticias saltan en la prensa, con origen en una Ley de 2007 de cuya existencia nos enteramos ahora, realmente tenemos un problema de opacidad y de falta de transparencia en relación con estos gastos muy grave. Y de nuevo la pregunta del millón ¿para qué necesita un  ex Presidente de un Gobierno regional una oficina,  personal, coches y gastos adicionales pagados por todos? Se me ocurre que la contestación no es tanto para hacer lobby a favor de la Junta sino para hacer lobby a la Junta. Y sobre todo, para mantener un status sin el cual al parecer ya no le resulta posible vivir.

Eso sí, de algo ha servido todo el ruido mediático porque parece que el ex Presidente se va a tomar  unas vacaciones y va a dejar su reluciente oficina vacía. Con la inversión ya hecha, claro.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988

En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia

En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.

En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.

En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.

Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,

de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.

En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.

Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?