Rentas cautivas y lucha contra el fraude fiscal

Estos días de plena campaña de renta asistimos a las habituales críticas al sistema tributario, concretamente, que la recaudación tributaria la soportan las clases medias.|

Hoy en día son las clases medias, los asalariados, las rentas cautivas de las que se nutre el sistema tributario. Son rentas muy controladas, sin escape, a las que además se somete a una imposición efectiva cada vez más elevada, pues son estas rentas las que tienen que sufragar los abusos practicados por quienes tienen la posibilidad de un mayor margen de maniobra.

Estos contribuyentes se enfrentan además a las penas del infierno cuando su conducta se sale del guión. Están tan controlados que el más mínimo error en la autoliquidación es rápidamente detectado por las oficinas gestoras que, sin demora, dan trámite a los procedimientos de comprobación y a los consiguientes (o si se quiere automáticos) procedimientos sancionadores. Resumiendo, no hay escape para ellos y quien ose saltarse (dolosa o negligentemente) las normas se enfrenta a la correspondiente sanción.

Lo anterior no sería criticable si no fuera por el enorme contraste que hay con los que sí tienen margen de maniobra para disminuir la carga tributaria. Es decir, no se confunda el discurso, las leyes se han de cumplir, y su incumplimiento negligente comporta la correspondiente sanción. El problema radica en que este férreo control e implacables consecuencias sólo rige para los más débiles.

Y es que puede causar sorpresa que un descuido en la confección de una autoliquidación se sancione automáticamente y sin embargo sigan pasando los años sin que España dé un paso al frente y sancione el fraude de ley, hoy llamado de manera cursi como conflicto en la aplicación de la norma.

¿Cuál es la posición española contra el abuso de derecho tributario?

El fraude de ley o conflicto en la aplicación de la norma se regula actualmente en el artículo 15 de la Ley General Tributaria que, aparentemente, e insisto, sólo aparentemente, pretende evitar ciertas modalidades especialmente sofisticadas de elusión fiscal, fundamentalmente aquéllas basadas en el empleo de medios aparentemente lícitos pero utilizados de modo artificioso, con la única finalidad de lograr el citado ahorro fiscal.

Así, de hecho, se expresaba la Comisión redactora de la ponencia en el Congreso de los Diputados, cuando decía que esta nueva figura del conflicto pretendía configurarse como un instrumento efectivo de lucha contra el fraude más sofisticado superando los tradicionales problemas de aplicación que ha presentado el fraude de ley en materia tributaria, explicación que posteriormente se trasladaría a la misma exposición de motivos de la Ley.

Sin embargo, tan loables objetivos se vieron luego recortados desde el momento en que se previó en el texto de la norma la prohibición de sancionar estas conductas fraudulentas.

Si se pretende luchar de forma efectiva contra el fraude fiscal sofisticado, ¿no sería lógico que el mecanismo para hacerlo pudiera comportar la imposición de sanciones? ¿Acaso no estamos tratando de combatir la ingeniería fiscal sofisticada? ¿Acaso no merecen estas conductas una sanción mayor si cabe que los burdos errores en la confección de autoliquidaciones?

Pero es más. La experiencia demuestra que en la cultura española la sanción es la única garantía eficaz para la lucha contra la planificación fiscal abusiva. La falta de sanción invita a los contribuyentes a emplear fórmulas de elusión fiscal que en caso de detección se podrían reconducir al fraude de ley. En el momento en que la anomalía negocial pueda ser calificada de fraude de ley o de conflicto, existirá un tremendo estímulo para conductas fraudulentas, habida cuenta de la incapacidad de la Administración de llegar a comprobar todas esas situaciones, así como que en caso de su detección, la reacción será simplemente la exigencia de lo que en su día debió pagar.

Resulta asombroso que sea el propio legislador quien impida la sanción de estas conductas defraudatorias más graves. De hecho, la postura española contrasta con el resto de países de nuestro entorno que sí sancionan el abuso de derecho.

Se aduce como justificación la famosa Sentencia 120/2005 del Tribunal Constitucional que declaró la impunibilidad del fraude de ley, que aplicaba la doctrina vertida en la Sentencia 75/1984. No tenemos tiempo aquí para desengranar las diferencias entre ambas sentencias y sus supuestos. Baste señalar que estudiosos del Derecho empiezan a alzarse contra aquel apriorismo de que el fraude de ley tributario no resulta punible. El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 129/2008 ha confirmado la pena impuesta a unos hechos idénticos a los de la Sentencia 120/2005, con la sola diferencia de que esta vez se calificaron de simulación por más que los fundamentos jurídicos empleados encajen perfectamente en el concepto de fraude de ley. Afirmaba el TC que “…no cae fuera del campo semántico del verbo «defraudar», que puede llegar a comprender la utilización de figuras jurídicas al margen de su finalidad propia y con causa en la elusión del pago de impuestos”. ¿Acaso no es esto algo parecido de lo que muchos entienden por fraude de ley?

En fin, disquisiciones aparte, la ley española no sanciona el fraude de ley. Criticable o no, estas son hoy las reglas de juego y hasta que las normas no cambien el hecho es que la denominada lucha contra el fraude fiscal sólo resultará altamente efectiva con las rentas cautivas.

Rentas cautivas y lucha contra el fraude fiscal

Estos días de plena campaña de renta asistimos a las habituales críticas al sistema tributario, concretamente, que la recaudación tributaria la soportan las clases medias.|

Hoy en día son las clases medias, los asalariados, las rentas cautivas de las que se nutre el sistema tributario. Son rentas muy controladas, sin escape, a las que además se somete a una imposición efectiva cada vez más elevada, pues son estas rentas las que tienen que sufragar los abusos practicados por quienes tienen la posibilidad de un mayor margen de maniobra.

Estos contribuyentes se enfrentan además a las penas del infierno cuando su conducta se sale del guión. Están tan controlados que el más mínimo error en la autoliquidación es rápidamente detectado por las oficinas gestoras que, sin demora, dan trámite a los procedimientos de comprobación y a los consiguientes (o si se quiere automáticos) procedimientos sancionadores. Resumiendo, no hay escape para ellos y quien ose saltarse (dolosa o negligentemente) las normas se enfrenta a la correspondiente sanción.

Lo anterior no sería criticable si no fuera por el enorme contraste que hay con los que sí tienen margen de maniobra para disminuir la carga tributaria. Es decir, no se confunda el discurso, las leyes se han de cumplir, y su incumplimiento negligente comporta la correspondiente sanción. El problema radica en que este férreo control e implacables consecuencias sólo rige para los más débiles.

Y es que puede causar sorpresa que un descuido en la confección de una autoliquidación se sancione automáticamente y sin embargo sigan pasando los años sin que España dé un paso al frente y sancione el fraude de ley, hoy llamado de manera cursi como conflicto en la aplicación de la norma.

¿Cuál es la posición española contra el abuso de derecho tributario?

El fraude de ley o conflicto en la aplicación de la norma se regula actualmente en el artículo 15 de la Ley General Tributaria que, aparentemente, e insisto, sólo aparentemente, pretende evitar ciertas modalidades especialmente sofisticadas de elusión fiscal, fundamentalmente aquéllas basadas en el empleo de medios aparentemente lícitos pero utilizados de modo artificioso, con la única finalidad de lograr el citado ahorro fiscal.

Así, de hecho, se expresaba la Comisión redactora de la ponencia en el Congreso de los Diputados, cuando decía que esta nueva figura del conflicto pretendía configurarse como un instrumento efectivo de lucha contra el fraude más sofisticado superando los tradicionales problemas de aplicación que ha presentado el fraude de ley en materia tributaria, explicación que posteriormente se trasladaría a la misma exposición de motivos de la Ley.

Sin embargo, tan loables objetivos se vieron luego recortados desde el momento en que se previó en el texto de la norma la prohibición de sancionar estas conductas fraudulentas.

Si se pretende luchar de forma efectiva contra el fraude fiscal sofisticado, ¿no sería lógico que el mecanismo para hacerlo pudiera comportar la imposición de sanciones? ¿Acaso no estamos tratando de combatir la ingeniería fiscal sofisticada? ¿Acaso no merecen estas conductas una sanción mayor si cabe que los burdos errores en la confección de autoliquidaciones?

Pero es más. La experiencia demuestra que en la cultura española la sanción es la única garantía eficaz para la lucha contra la planificación fiscal abusiva. La falta de sanción invita a los contribuyentes a emplear fórmulas de elusión fiscal que en caso de detección se podrían reconducir al fraude de ley. En el momento en que la anomalía negocial pueda ser calificada de fraude de ley o de conflicto, existirá un tremendo estímulo para conductas fraudulentas, habida cuenta de la incapacidad de la Administración de llegar a comprobar todas esas situaciones, así como que en caso de su detección, la reacción será simplemente la exigencia de lo que en su día debió pagar.

Resulta asombroso que sea el propio legislador quien impida la sanción de estas conductas defraudatorias más graves. De hecho, la postura española contrasta con el resto de países de nuestro entorno que sí sancionan el abuso de derecho.

Se aduce como justificación la famosa Sentencia 120/2005 del Tribunal Constitucional que declaró la impunibilidad del fraude de ley, que aplicaba la doctrina vertida en la Sentencia 75/1984. No tenemos tiempo aquí para desengranar las diferencias entre ambas sentencias y sus supuestos. Baste señalar que estudiosos del Derecho empiezan a alzarse contra aquel apriorismo de que el fraude de ley tributario no resulta punible. El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 129/2008 ha confirmado la pena impuesta a unos hechos idénticos a los de la Sentencia 120/2005, con la sola diferencia de que esta vez se calificaron de simulación por más que los fundamentos jurídicos empleados encajen perfectamente en el concepto de fraude de ley. Afirmaba el TC que “…no cae fuera del campo semántico del verbo «defraudar», que puede llegar a comprender la utilización de figuras jurídicas al margen de su finalidad propia y con causa en la elusión del pago de impuestos”. ¿Acaso no es esto algo parecido de lo que muchos entienden por fraude de ley?

En fin, disquisiciones aparte, la ley española no sanciona el fraude de ley. Criticable o no, estas son hoy las reglas de juego y hasta que las normas no cambien el hecho es que la denominada lucha contra el fraude fiscal sólo resultará altamente efectiva con las rentas cautivas.