Es difícil pretender una objetividad absoluta en los medios de comunicación. No ya sólo por las opiniones que, junto a la propia información, son propias de tales medios, sino también porque la pura información, incluso veraz, puede ser objeto de sesgos partidistas, ofreciendo un exceso de información positiva de lo que interesa, y negativa de lo que se trata de criticar. El problema es más importante en los medios públicos, financiados por todos y teóricamente representativos del conjunto de la sociedad, y, al mismo tiempo, dependientes del Gobierno de turno, que corre el riesgo de pretender incidir en el contenido informativo del medio de comunicación de forma más favorable a su Partido.|

Estas consideraciones llevaron, en su día, a la privatización de la prensa pública (los llamados Medios de Comunicación Social del Estado, procedentes de la Prensa del Movimiento). En el ámbito de la radio, se siguen manteniendo emisoras públicas, si bien generalmente su difusión no es tan relevante como la de las televisiones públicas.

La objetividad de las televisiones públicas es, pues, un asunto fácilmente problemático. Lo es en casi todas las televisiones públicas. Pero en algunas, como Telemadrid, la falta de objetividad es absolutamente patente.

Basta ver cualquier informativo de Telemadrid para recordar el viejo Nodo del franquismo: la Presidenta inaugura una escuela infantil, o entrega llaves a adquirentes de viviendas del IVIMA. Al mismo tiempo, se recuerda al televidente la estadística, siempre favorable al  Gobierno regional o a los gobiernos municipales del mismo partido.

Ante esta situación, pueden plantearse dos soluciones. La primera, más radical, sería la privatización de Telemadrid. La segunda, la búsqueda de mecanismos para incrementar la objetividad de la gestión de la cadena pública.

En cuanto a la privatización, tanto Alberto Ruiz-Gallardón como Esperanza Aguirre han manifestado su voluntad de privatizar Telemadrid, pero su imposibilidad de hacerlo por la ley estatal. Es cierto que la Ley de terceros canales de 1983 prohibía su gestión indirecta por concesionarios u otras entidades privadas, de forma que tenía que gestionarse por las propias Comunidades Autónomas o sus organismos (aunque también podía haberse impulsado su reforma). Pero es que la vigente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación, ya no contiene esa limitación. El servicio público de televisión pública podría prestarse indirectamente por una entidad, previo el oportuno concurso.

Otra opción sería la total privatización de Telemadrid, como empresa que podría seguir accediendo a la difusión de la televisión gracias a la amplitud de frecuencias posibles con la TDT, pero sin constituir ya televisión pública.

Cuando menos, y con carácter urgente, podemos plantear medios para objetivizar en la medida de lo posible la gestión de la cadena pública.

Basta comparar el régimen de Telemadrid con el de TVE, que si bien puede no ser perfecto sí ha supuesto un importante paso adelante hacia esa neutralidad siempre pretendida y nunca alcanzada.

Así, en Telemadrid, de acuerdo con la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente público de Radio-Televisión Madrid, existe un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea de Madrid, “reflejando la proporcionalidad del reparto de escaños en la misma”, es decir, que se traslada al Consejo de Administración la representación política, con un criticable mandato de cada grupo parlamentario, que puede disponer el cese o sustitución de sus representantes. La Presidencia es puramente funcional y rotaria, y el verdadero poder lo ejerce un Director General nombrado por el Consejo de Gobierno (arts. 6 y 8).

En cambio, para RTVE,  la Ley 17/2006, de 5 junio, prevé la elección del Consejo de Administración por las Cortes Generales “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”, sin cuotas de partidos, y la de su Presidente por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3. Nos parece, evidentemente, un mejor sistema. Acaso no perfecto y desde luego no lo es en la práctica, pero tiene como objetivo claro buscar que el primer ejecutivo de la televisión pública lo sea por consenso parlamentario, al menos por mayoría de 2/3, mayoría a la que no suele alcanzar por sí mismo el partido en el Gobierno. Además, la falta de cuotas y la búsqueda de independencia en los demás miembros del Consejo son también positivas, aunque en la práctica se acabe cayendo en buena medida en los mismos errores.