No hay derecho a que las Administraciones públicas (de todos los niveles y colores) actúen movidas por intereses partidistas y dejen de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos. Porque estamos asistiendo, en los últimos años, al agotamiento de nuestra capacidad de asombro como juristas al ver actuaciones claramente contrarias a Derecho que los ciudadanos y las empresas tienen que cumplir porque, en aplicación del principio de presunción de legalidad, han de asumir la carga de recurrirlas ante los Tribunales para obtener la razón, después de un largo peregrinaje.

Resulta sencillamente increíble -pero lamentablemente es cierto- que los fondos inicialmente destinados al cumplimiento de una serie de compromisos contractuales sean desviados a otras atenciones, con preterición absoluta de los derechos que la Ley reconoce a los contratistas, poniendo en grave riesgo la subsistencia de buena parte de nuestras empresas. Y resulta inadmisible que se esté confundiendo, constantemente, la discrecionalidad administrativa con la mera arbitrariedad (proscrita por el artículo 9.3 de nuestra Constitución) al socaire, también, de esa presunción de legalidad que cubre la actuación de las Administraciones públicas.

No hay derecho a que buena parte de nuestra clase política ocupe cargos públicos con el único afán de medrar y alcanzar niveles de calidad de vida que, como simples particulares (o profesionales) no podrían alcanzar nunca. Porque es lamentable el espectáculo que están dando estos días quienes tienen que abandonar la poltrona que han estado ocupando desde hace años, y se resisten a  ello, por el pánico que les causa volver a  ser meros ciudadanos de a pie (esto es, sin coche oficial). Tampoco es de recibo la situación de nuestros parlamentarios cuya retribución y horas de trabajo no se corresponden, en absoluto, con su dedicación real a las tareas que tienen encomendadas. Y me refiero no sólo a los Diputados y Senadores de nuestras Cortes Generales (que parece que algo van a rectificar) sino a los cientos de parlamentarios de las Asambleas autonómicas cuya función real y su relación rendimiento/retribución cabe poner en tela de juicio. Porque mientras no se reformen estas instituciones y los propios partidos políticos, carece de sentido tener que hacer frente al gasto que suponen todos los parlamentarios, cuando a la  hora de la verdad todos ellos pulsan el botón de voto que les es ordenado por su partido. Bastaría con tener un representante de cada uno de los partidos con derecho a formar parte de los parlamentos asignándole el número de votos que le corresponde, lo que supondría un buen ahorro a las arcas públicas (mientras no exista libertad de voto de los parlamentarios).

No hay derecho a que no pueda conocerse el destino exacto de los fondos públicos (en el Gobierno, las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos) porque, entonces, la función de los Tribunales de Cuentas y de la Intervención, o bien resulta absurda o bien es ineficaz. Y es que no alcanzo a entender que cuando se hace cargo del gobierno de una Comunidad (o de un Ayuntamiento) un partido político diferente al que ocupaba el poder, aparezcan incrementos muy notables del endeudamiento real o gastos no justificados. Tenemos derecho a una trasparencia total del gasto público, de la misma forma que Hacienda investiga y controla nuestros ingresos y pagos de impuestos, porque es con cargo a estos impuestos que se sufraga la mayor parte del gasto público.

Y no hay derecho a que para aprobar determinadas Leyes en el Congreso (y también en algunos parlamentos autonómicos) se “cambien” votos por otras concesiones políticas como si se tratase de simples cromos. Así salen las leyes que salen, entre otras, las de Presupuestos Generales del Estado, las denominadas leyes “omnibus” y otras tantas que, en sus disposiciones Adicionales, regulan cuestiones que nada tienen que ver ni con el nombre ni con el articulado de la Ley. Este es el caso reciente de la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, en una de cuyas Adicionales se establecen medidas para las concesiones de autopistas. O sea, un auténtico despropósito que luego trae a los juristas de cabeza tratando de indagar el auténtico sentido de unas normas que carecen de la más mínima técnica legislativa.

Me uno, por todo lo expuesto (y por otros desatinos que quedan en el tintero), a buena parte de los mensajes lanzados por la plataforma 15-M -rechazo otros- sin perjuicio de que me siga preguntando quién es, realmente, el mensajero. En todo caso, creo que podemos cuestionarnos si, en nuestra sociedad actual, existe realmente el Derecho (al menos como nos lo enseñaron auténticos juristas) porque quienes se ocupan de dictar las normas parece que se saltaron algunas clases y andan ocupados en otros menesteres alejados del auténtico interés público.