Entre el optimismo y el pesimismo

Los jóvenes y no tan jóvenes de edad, aunque sí de sentimientos, que estos días salen a la calle reivindicando una “democracia real ya” en nuestro país, son –y no es poca cosa- el exponente más actual de una disidencia cada vez más profunda respecto a las pautas que marcan el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad. Sería un error creer que esa disidencia o protesta va dirigida exclusivamente contra la llamada “clase política”  y sus formas de actuación. El hecho de que los políticos (y los banqueros) se conformen prioritariamente como blanco del reproche social que se manifiesta estos días, no es más que la consecuencia de la necesidad que tiene todo movimiento de opinión de buscar un referente al que imputar de manera simplista y sin mayores consideraciones de razón los males que según ese estado de opinión afectan genéricamente a la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, las miles de personas que hoy se sienten indignadas en España se conforman como un claro ejemplo en favor del optimismo revolucionario. Por fin, se dirá, el pueblo ha despertado después de tantos años de letargo y empieza a exigir algo tan elemental y vital para la propia saludad del sistema democrático como es la exigencia de una conexión más directa, abierta y transparente con sus representantes políticos.

 El lema “democracia real ya”, al menos de momento, no pone en cuestión el sistema de democracia representativa, sino más bien, el anquilosamiento e incluso desvalorización de muchos de los instrumentos de participación política propios del sistema democrático. No es suficiente con ejercer el derecho de voto cada cuatro años; es preciso además que elijamos a nuestros representantes mediante listas abiertas,  o que exijamos que el funcionamiento interno de los Partidos políticos  se rija por reglas democráticas. El lema guerrista de que “el que se mueva no sale en la foto”, no es más que una manifestación paradigmática de los aires totalitarios que rigen la vida partidaria y que, sin duda, trascienden luego a la vida política ordinaria  en todos los órdenes (disciplina férrea de nuestros representantes a las consignas del Partido y no a las demandas fundadas de los representados o a los fines de las instituciones). Y no es que se propugne la conveniencia de un mandato imperativo para nuestros representantes políticos, pero sí al menos que estos no actúen como auténticos mandatarios de determinados grupos de poder que en su actuación defienden muchas veces prerrogativas contrarias al interés general.

En definitiva, en el movimiento de los indignados/as hay motivos para el optimismo en cuanto dicho movimiento puede suponer una reconsideración de muchas de las prácticas malsanas que hoy afligen a nuestro sistema democrático.

Sin embargo, también hay motivos para el más negro pesimismo. Y no tanto porque las reivindicaciones que hoy se plantean se queden en humo por la pesada carga que siempre supone renunciar a los privilegios alcanzados, como por el hecho de que en nuestra sociedad está muy enraizada desde el punto de vista cultural la falta de respeto al espíritu de la ley. Por citar un ejemplo significativo, cuando se afirma que nuestro Tribunal Constitucional no es independiente porque sus miembros son elegidos por los Partidos políticos, se ignora o se prefiere ocultar la verdad, que no es otra,  en mi opinión,  que la de aceptar que la independencia la exige la ley pero la da la naturaleza, la educación y el ejemplo reiterado de actuación de las personas sobre la base de la libertad. El problema, por consiguiente, no está tanto en quien elija a los magistrados, sino en si estos son auténticamente independientes en su actuación frente al cualquier poder, quedando exclusivamente sometidos a la ley y al Derecho.

 Empezando por los funcionarios docentes universitarios en sus prácticas de cooptación de nuevos funcionarios, y terminando por los que cobran la prestación por desempleo mientras realizan un trabajo en la llamada economía sumergida,  el panorama  que se nos presenta es demoledor. Son pocas las expectativas para el optimismo. Y mucho me temo que el futuro inmediato no va a ir por la vía de la regeneración de algunos valores hoy claramente pervertidos, sino más bien, por la afirmación de que una cosa es lo que dice la ley y otra bien distinta cómo se aplique. Y así nos va…

Entre el optimismo y el pesimismo

Los jóvenes y no tan jóvenes de edad, aunque sí de sentimientos, que estos días salen a la calle reivindicando una “democracia real ya” en nuestro país, son –y no es poca cosa- el exponente más actual de una disidencia cada vez más profunda respecto a las pautas que marcan el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad. Sería un error creer que esa disidencia o protesta va dirigida exclusivamente contra la llamada “clase política”  y sus formas de actuación. El hecho de que los políticos (y los banqueros) se conformen prioritariamente como blanco del reproche social que se manifiesta estos días, no es más que la consecuencia de la necesidad que tiene todo movimiento de opinión de buscar un referente al que imputar de manera simplista y sin mayores consideraciones de razón los males que según ese estado de opinión afectan genéricamente a la sociedad en su conjunto. Desde este punto de vista, las miles de personas que hoy se sienten indignadas en España se conforman como un claro ejemplo en favor del optimismo revolucionario. Por fin, se dirá, el pueblo ha despertado después de tantos años de letargo y empieza a exigir algo tan elemental y vital para la propia saludad del sistema democrático como es la exigencia de una conexión más directa, abierta y transparente con sus representantes políticos.

 El lema “democracia real ya”, al menos de momento, no pone en cuestión el sistema de democracia representativa, sino más bien, el anquilosamiento e incluso desvalorización de muchos de los instrumentos de participación política propios del sistema democrático. No es suficiente con ejercer el derecho de voto cada cuatro años; es preciso además que elijamos a nuestros representantes mediante listas abiertas,  o que exijamos que el funcionamiento interno de los Partidos políticos  se rija por reglas democráticas. El lema guerrista de que “el que se mueva no sale en la foto”, no es más que una manifestación paradigmática de los aires totalitarios que rigen la vida partidaria y que, sin duda, trascienden luego a la vida política ordinaria  en todos los órdenes (disciplina férrea de nuestros representantes a las consignas del Partido y no a las demandas fundadas de los representados o a los fines de las instituciones). Y no es que se propugne la conveniencia de un mandato imperativo para nuestros representantes políticos, pero sí al menos que estos no actúen como auténticos mandatarios de determinados grupos de poder que en su actuación defienden muchas veces prerrogativas contrarias al interés general.

En definitiva, en el movimiento de los indignados/as hay motivos para el optimismo en cuanto dicho movimiento puede suponer una reconsideración de muchas de las prácticas malsanas que hoy afligen a nuestro sistema democrático.

Sin embargo, también hay motivos para el más negro pesimismo. Y no tanto porque las reivindicaciones que hoy se plantean se queden en humo por la pesada carga que siempre supone renunciar a los privilegios alcanzados, como por el hecho de que en nuestra sociedad está muy enraizada desde el punto de vista cultural la falta de respeto al espíritu de la ley. Por citar un ejemplo significativo, cuando se afirma que nuestro Tribunal Constitucional no es independiente porque sus miembros son elegidos por los Partidos políticos, se ignora o se prefiere ocultar la verdad, que no es otra,  en mi opinión,  que la de aceptar que la independencia la exige la ley pero la da la naturaleza, la educación y el ejemplo reiterado de actuación de las personas sobre la base de la libertad. El problema, por consiguiente, no está tanto en quien elija a los magistrados, sino en si estos son auténticamente independientes en su actuación frente al cualquier poder, quedando exclusivamente sometidos a la ley y al Derecho.

 Empezando por los funcionarios docentes universitarios en sus prácticas de cooptación de nuevos funcionarios, y terminando por los que cobran la prestación por desempleo mientras realizan un trabajo en la llamada economía sumergida,  el panorama  que se nos presenta es demoledor. Son pocas las expectativas para el optimismo. Y mucho me temo que el futuro inmediato no va a ir por la vía de la regeneración de algunos valores hoy claramente pervertidos, sino más bien, por la afirmación de que una cosa es lo que dice la ley y otra bien distinta cómo se aplique. Y así nos va…