Primero cumplir las leyes, luego reformarlas
Sobre esto ha escrito, también, un post Elisa de la Nuez (“No a la desobediencia civil … pero a la de todos”) que he intentado apostillar, pero finalmente he optado por un nuevo post porque el asunto merece la pena. Como ya se está poniendo de moda mostrar indignación (eso sí, pacíficamente), muestro la mía por algo que resulta completamente obvio pero que parece estar pasando desapercibido por la “sociedad civil” -el 15 M generalizado- como es el hecho insólito, en un Estado de Derecho, de que no se exija el cumplimiento de las normas por razones de “oportunidad“. Y me olvido ya de apelar a los poderes públicos, puesto que, visto lo visto, son ellos los que se están separando, a pasos agigantados, de la “sociedad civil“. Porque resulta que ahora las normas sólo vinculan a determinados destinatarios de las mismas pero no a quienes ocupan posiciones de poder, ante el temor a reacciones políticas que ocultan intereses espurios. Me refiero, entre otros muchos ejemplos, a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Bildu que, como recientemente ha puesto de manifiesto el Profesor Betancor (“Indignado: la imprescindible reforma constitucional“, Expansión 9/06/2011), “lleva unos años envuelto en una carrera enloquecida hacia su liquidación”. Que el TC -como Tribunal ad quem– revise los hechos probados por una Sentencia del Tribunal Supremo -que actúa como Tribunal a quo- sobre el mismo asunto repugna al Derecho como ya han mostrado varios expertos en la materia. Si, encima, el Presidente del TC realiza unas declaraciones descalificando las legítimas críticas que se han realizado sobre su actuación en este asunto, la paciencia se torna en indignación porque da paso al disparate del “vale todo“.
Si el mismo TS dicta una Sentencia en la que declara no conforme a Derecho la política de discriminación lingüística en Cataluña (como bien denuncia en su post Elisa de la Nuez) y el propio Presidente de la Generalitat proclama que no va a cumplirla, resulta que no pasa nada y nadie se atreve a tomar medidas contra semejante rebeldía por el simple temor a perder apoyos parlamentarios. Si la Junta Electoral -cambiando de tercio- declara ilegal las manifestaciones y ocupaciones de espacios públicos en vísperas de las pasadas elecciones y nuestro ex Ministro del Interior-Vicepresidente y Candidato por el PSOE (ahora sólo esto último) se quedó calladito y desoyó a la Junta Electoral, tampoco pasa nada. Si se incumple la denominada Ley de Banderas en muchos municipios del País Vasco, la única respuesta de los poderes públicos es el silencio más sepulcral sobre el tema por el temor a molestar a quienes pueden prestarle su voto. O sea, todo un escaparate de vergonzosos incumplimiento de las normas por quienes tendrían que dar especial ejemplo, que puede llegar a que los ciudadanos (la “sociedad civil” o el 15 M generalizado y no violento) reclamemos, también, nuestro derecho a incumplir las normas con las que no estemos de acuerdo, por simple aplicación del derecho fundamental a la igualdad de trato que reconoce el artículo 14 de nuestra Constitución.
Como esto último llevaría a una auténtica “rebelión de las masas” poco deseable creo que ya es tiempo de que los poderes públicos de todos los colores y niveles (Estado, Autonomías y Ayuntamientos) reaccionen dando cumplimiento estricto a las sentencias de los Tribunales y a las normas de todo tipo que conforman nuestro Ordenamiento jurídico o imponiendo las sanciones que correspondan en caso contrario. Y sólo cuando esto se lleve a cabo, que propongan reformar las leyes o que las reformen…
Doctor el Derecho por la UCM. Ex Letrado del Banco Hipotecario de España y ex Letrado de la Seguridad Social. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Titular de Dº Administrativo en la UCM. Profesor del Master en Gestión de Infraestructuras. Equipamientos y Servicios impartido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Abogado en ejercicio desde 1972 y actualmente, Director del Despacho Ariño y Asociados, Abogados. Autor de 12 libros y más de una treintena de artículos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Totalmente de acuerdo con lo que dice, Prof. Villar.
Un comentario al margen que se me ocurre es éste. Si alguien critica lo que hace el TC, o el Pte. de las Cortes, o cualquier cargo de relevancia insititucional, llegan los “puristas”, más oficialistas ellos que nadie, y devuelven las críticas al mensajero diciendo que es un antisistema, que no respeta las instituciones, etc.
Y claro, hay que diferenciar siempre, y sin miedo, el órgano de la persona. A mí el TC, compuesto por una serie de señores cuyas sentencias tienen un contenido previsible por el más lego en derecho (por un pastor de cabras!!, ironizaba el otro día un magistrado amigo), en razón de su adscripción política, no me merece ningún respeto.
Por eso me ha gustado la frase que cita usted del Prof. Betancor. Y ya va siendo hora de que gente culta y especialista en la materia, hable como Betancor. Porque los que más saben, son tan comedidos, tan respetuosos con las formas, que convierten las críticas de los “indignados” en marginales. Y no son marginales, son comaprtidas por muchísima gente, también por magistrados y profesores, que las explicarían mejor. El Catedrático X, o el magistrado Y, o el fiscal Z no habla en público con la claridad y la indignación con que habla en privado. Y de esa ambivalencia quienes salen beneficiados son los pillos que están al frente de las instituciones!! En ese doble lenguaje no hay un respeto a las instituciones: lo que en el fondo hay es una actitud timorata (aunque quizá no deliberada) contra las personas físicas titulares de esos órganos.
Son estos últimos quienes no respetan las instituciones porque si las respetaran no podríamos prever el contenido de sus sentencias sin mirar un código, guiándonos solamente por si fueron subsecretarios con el PSOE, o vocales del CGPJ a propuesta del PNV (o del PP).
Que se respeten ellos primero a sí mismos. Y que respeten la alta función que la CE les ha encomendado y que no la ensucien con intereses espurios. Y menos aún que se parapeten en esa alta función para defenderse de las críticas que se les hace a ellos, a su ejecutoria personal empañanado el prestigio de las instituciones.
Bueno, algo hemos ganado. Cuando Pedro Pacheco dijo en los 80 que la justicia era un “cachondeo” lo procesaron por desacato. El desacato ha desaparecido del CP, y los jueces no tendrían hoy legitimidad para semejante cosa. Sería el sarcasmo total!! Matar siempre al mensajero, en vez de hacer autocrítica para mejorar las instituciones.
Totalmente de acuerdo con el autor del post, obviamente..:-) Pero también con el comentario de JJ. Lo primero para respetar las instituciones, que no son abstracciones que puedan existir sin las personas que las dirigen y las componen es que estos señores las respeten y se las crean. Ya está bien de pedir respeto a las instituciones a voz en cuello los mismos señores que se las están cargando con sus actuaciones tan poco institucionales: dependencia política, falta de rigor técnico, poca profesionalidad y hasta escasa categoría personal por decirlo de una vez, Y aprovecho para hacerles una recomendación de lectura que viene muy a cuento: “Pensar institucional” de Hugh Teclen. Va sobre esto mismo pero mucho mejor contado..
Pues sí y no. O sea, en general y como cosa común y corriente, pues más o menos sí. Sin embargo esto está técnicamente mal: no cabe ignorar que el Derecho ha de ser justo siempre o dejará de ser Derecho tornándose en mera aplicación de normas a veces con resultados absurdos, sean perveroso o no.
No puede dejar de tenerse en cuenta la ponderación de los bienes jurídicos en juego en cada situación y eso puede exigir dejar inaplicadas normas, se haya de combatir por ello o “no passsse nada”.
Esto es aún más verdad a la vista de la ínfima calidad de muchas de nuestras normas (una servidora ya ha empezado a poner recursos más bien tendentes a jocundos y socarrones, a ver si entre todos espabilamos)… y de cómo está el patio.
Para legislar bien hay que saber abstraer y categorizar comme il faut, y la filosofía no es precisamente el fuerte de muchos. [La calidad, durabilidad, materia y contenido de las normas la verdad es que es función muy directa del gardo de catetez nacional.]
Cristina, me alegro de verte por aquí después de haberte leído unas cuantas veces en elconfidencial.com.
Discrepo de una cosa que dices:
“…el Derecho ha de ser justo siempre o dejará de ser Derecho…”.
Esta afirmación, en el terreno del ideal, del deber ser, la comparto. La compartimos todos, pienso.
Ahora bien, en el terreno de los hechos, del ser, prácticamente nunca ha sido así. El derecho ha sido derecho con independencia de que a sus destinatarios les pareciera justo o injusto, desde Roma hasta el siglo XXI.
Hola Juan José
Si, pero ha de “propender a”, es su sustancia: si no, será una regla, de un tipo u otro, pero no lo que cabe entender por “Derecho” tras sigls de civilización… ¡y a la prosa poética de algunas exposiciones de motivos me remito! así como a algnas reglas generales: así desde la interdicción de la arbitrariedad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales o el hec ho de que los principios generales del Derecho impregnen el sistema entero, principio que benen de la tradición moral griega y judeo-cristiana: son Derecho y pretenden orientar la casuística.
Lo publicado de manera circunstancial en el BOE será lo que sea: pero ahí está la ilegalidad de los reglamentos ultra vires o la inconstitucionalidad por recurso o cuestión, respecto de las leyes injustas.
Un saludo
Cristina, me alegro de verte por aquí después de haberte leído unas cuantas veces en elconfidencial.com.
Discrepo de una cosa que dices:
“…el Derecho ha de ser justo siempre o dejará de ser Derecho…”.
Esta afirmación, en el terreno del ideal, del deber ser, la comparto. La compartimos todos, pienso.
Ahora bien, en el terreno de los hechos, del ser, prácticamente nunca ha sido así. El derecho ha sido derecho con independencia de que a sus destinatarios les pareciera justo o injusto, desde Roma hasta el siglo XXI.
Estimada Cristina,
A pesar de que de mi post puede desprenderse otra cosa, me confieso como tú claro seguidor de un Derecho que se encuentra más allá de las normas (¡qué se le va a hacer, soy iusnaturalista) como puse de manifiesto, hace ya tiempo, en un artículo publicado en Diario Crítico (el 28/10/2008) que tenía por título “Cuando la norma resulta injusta: la aberrante aplicación de la Ley de costas“. Para que veas cuál es realmente mi opinión, como autor del post, sobre el asunto reproduzco, ahora, algunos párrafos de este artículo en el que decía lo siguiente:
“Cuando la norma es injusta, en sí misma, o en su aplicación, deja de ser Derecho. Viene esto a cuento de lo que está sucediendo con la Ley de Costas de 1988 y con su desafortunada aplicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque he leído y he visto en los medios de comunicación el desalojo y demolición de unas viviendas de pescadores en Canarias construidas en los años cincuenta, lo cual me ha producido franco rechazo y desasosiego. Esto no es aplicación del Derecho sino, por el contrario, pura ignorancia del mismo porque el Derecho es mucho más que un simple puñado de normas y debe tender siempre a la consecución de una solución justa (de lo contrario no es Derecho sino arbitrariedad).”
../..
“Desde Roma casi todas las civilizaciones y sociedades han tenido períodos durante los cuales no se aplicaban las leyes estrictamente. Era el caso de las Saturnales, en la Roma antigua y de las fallas o el carnaval de Cádiz en la España actual. Raro es el personaje público que no es ridiculizado por una falla o por una chirigota sin que a nadie se le ocurra aplicar las leyes penales por tal motivo. Eso es lo que significa la “toleratio” que es una especie de dejación en suspenso –durante esas fechas- de la aplicación estricta de las leyes, lo mismo que sucede con la permisividad en la aplicación de normas administrativas de tipo sancionador (como pueda ser la prohibición de fumar en lugares públicos)”.
“La “toleratio” administrativa es, pues, la muestra más palpable de que no siempre hay que aplicar las normas sin tener en cuenta otros criterios (entre los que se encuentra el puro sentido común). Hay ocasiones -o debería haberlas- en las que la norma no debe ser aplicada de forma estricta porque de ello se derivarían unos perjuicios mayores que de su aplicación. En definitiva, eso es lo que viene a expresar el antiguo aforismo “summum ius summa iniuria” porque el Derecho, para responder al ideal de justicia y equidad al que se debe, ha de claudicar, de vez en cuando, frente a la realidad de los hechos. Y es que, si no se hace así, se corre el riesgo de que la sociedad vuelva la espalda a sus gobernantes con las graves consecuencias de todo orden que ello conlleva. El Derecho -como todo sistema- ha de contar con válvulas de escape porque, de otra forma, puede producirse la ruptura de ese sistema (de la misma forma que un globo no puede hincharse, indefinidamente, a menos que cuente con un agujero por donde escape el aire cuando la presión alcance determinado límite). Eso, y no otra cosa, es lo que se está haciendo con el empecinamiento en la aplicación estricta de la Ley de Costas de 1988 y me barrunto que el globo no tardará en estallar (por si no fueran pocos los problemas existentes). Soluciones hay -sin duda alguna- pero la cuestión es si nuestra Administración es capaz de dar con ellas y diferenciar lo que es justo y conveniente de la mera aplicación de una norma anacrónica”.
Perdón por la larga cita pero creo que expresa con bastante claridad la diferencia que puede existir entre la inaplicación de una norma injusta y la inaplicación de las normas o de las sentencias por meras razones de oportunidad política. Entiendo que la frontera entre uno y otro supuesto es, a veces, demasiado sutil pero entrar a fondo en el tema excedería, con mucho, la finalidad de este blog. Un cordial saludo.
Estimada Cristina,
A pesar de que de mi post puede desprenderse otra cosa, me confieso como tú claro seguidor de un Derecho que se encuentra más allá de las normas (¡qué se le va a hacer, soy iusnaturalista) como puse de manifiesto, hace ya tiempo, en un artículo publicado en Diario Crítico (el 28/10/2008) que tenía por título “Cuando la norma resulta injusta: la aberrante aplicación de la Ley de costas“. Para que veas cuál es realmente mi opinión, como autor del post, sobre el asunto reproduzco, ahora, algunos párrafos de este artículo en el que decía lo siguiente:
“Cuando la norma es injusta, en sí misma, o en su aplicación, deja de ser Derecho. Viene esto a cuento de lo que está sucediendo con la Ley de Costas de 1988 y con su desafortunada aplicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque he leído y he visto en los medios de comunicación el desalojo y demolición de unas viviendas de pescadores en Canarias construidas en los años cincuenta, lo cual me ha producido franco rechazo y desasosiego. Esto no es aplicación del Derecho sino, por el contrario, pura ignorancia del mismo porque el Derecho es mucho más que un simple puñado de normas y debe tender siempre a la consecución de una solución justa (de lo contrario no es Derecho sino arbitrariedad).”
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“Desde Roma casi todas las civilizaciones y sociedades han tenido períodos durante los cuales no se aplicaban las leyes estrictamente. Era el caso de las Saturnales, en la Roma antigua y de las fallas o el carnaval de Cádiz en la España actual. Raro es el personaje público que no es ridiculizado por una falla o por una chirigota sin que a nadie se le ocurra aplicar las leyes penales por tal motivo. Eso es lo que significa la “toleratio” que es una especie de dejación en suspenso –durante esas fechas- de la aplicación estricta de las leyes, lo mismo que sucede con la permisividad en la aplicación de normas administrativas de tipo sancionador (como pueda ser la prohibición de fumar en lugares públicos)”.
“La “toleratio” administrativa es, pues, la muestra más palpable de que no siempre hay que aplicar las normas sin tener en cuenta otros criterios (entre los que se encuentra el puro sentido común). Hay ocasiones -o debería haberlas- en las que la norma no debe ser aplicada de forma estricta porque de ello se derivarían unos perjuicios mayores que de su aplicación. En definitiva, eso es lo que viene a expresar el antiguo aforismo “summum ius summa iniuria” porque el Derecho, para responder al ideal de justicia y equidad al que se debe, ha de claudicar, de vez en cuando, frente a la realidad de los hechos. Y es que, si no se hace así, se corre el riesgo de que la sociedad vuelva la espalda a sus gobernantes con las graves consecuencias de todo orden que ello conlleva. El Derecho -como todo sistema- ha de contar con válvulas de escape porque, de otra forma, puede producirse la ruptura de ese sistema (de la misma forma que un globo no puede hincharse, indefinidamente, a menos que cuente con un agujero por donde escape el aire cuando la presión alcance determinado límite). Eso, y no otra cosa, es lo que se está haciendo con el empecinamiento en la aplicación estricta de la Ley de Costas de 1988 y me barrunto que el globo no tardará en estallar (por si no fueran pocos los problemas existentes). Soluciones hay -sin duda alguna- pero la cuestión es si nuestra Administración es capaz de dar con ellas y diferenciar lo que es justo y conveniente de la mera aplicación de una norma anacrónica”.
Perdón por la larga cita pero creo que expresa con bastante claridad la diferencia que puede existir entre la inaplicación de una norma injusta y la inaplicación de las normas o de las sentencias por meras razones de oportunidad política. Entiendo que la frontera entre uno y otro supuesto es, a veces, demasiado sutil pero entrar a fondo en el tema excedería, con mucho, la finalidad de este blog. Un cordial saludo.
José Luis, Cristina,
Dios me libre de polemizar sobre el asunto del Derecho Injusto. Lo repruebo totalmente. No por ello dejo de reconocer que lo hay y lo habrá aunque lo deseable es que no lo hubiera. ¿Es la actual ley del aborto justa? Si le preguntamos al Sr. Peces Barba, o a Manuel Atienza dirán problablemente que sí. Si le preguntamos al insigneProf. Villar Palasí o a Aurelio Menéndez dirán que no.
Si le preguntamos al TC, que supuestamente vela por la adecuación de las leyes a los valores constitucionales del 1.1 CE (INCLUIDO EL valor de la JUSTICIA) dirá seguramente que sí porque, con el actual reparto de cuotas PP/PSOE, “toca” esa intepretación de lo que es “justo””” (ojo que lo pongo entre comillas) en la España de ZP.
Les dejo un artículo de Aurelio Menéndez (ABC 17.11.2003) -que seguro está en contra de la ley del aborto (me consta)- en el que con su auctoritas dice que lo contrario de la injusticia no es el derecho, sino la justicia!! Lo contrario del Derecho -dice- es la inseguridad jca.
Esas ideas de Menéndez no son tampoco originales suyas. El propio Ortega y Gasset escribió mucho sobre estos temas, hablando del Dº Romano, y al margen de que seguro aspiraba a un derecho que respondiera al ideal de justicia, no dejaba por eso de reconocer que son cosas distintas. Y que el Derecho es primariamente saber a qué atenerse. Si además es justo, mil veces mejor, pero un derecho injusto no deja por eso de ser derecho y de vincularnos (al margen de excepciones concretas como la objeción de conciencia, etc.).
http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/noticia.asp?ref_iustel=1002882
Un saludo a los dos
José Luis, Cristina,
Dios me libre de polemizar sobre el asunto del Derecho Injusto. Lo repruebo totalmente. No por ello dejo de reconocer que lo hay y lo habrá aunque lo deseable es que no lo hubiera. ¿Es la actual ley del aborto justa? Si le preguntamos al Sr. Peces Barba, o a Manuel Atienza dirán problablemente que sí. Si le preguntamos al insigneProf. Villar Palasí o a Aurelio Menéndez dirán que no.
Si le preguntamos al TC, que supuestamente vela por la adecuación de las leyes a los valores constitucionales del 1.1 CE (INCLUIDO EL valor de la JUSTICIA) dirá seguramente que sí porque, con el actual reparto de cuotas PP/PSOE, “toca” esa intepretación de lo que es “justo””” (ojo que lo pongo entre comillas) en la España de ZP.
Les dejo un artículo de Aurelio Menéndez (ABC 17.11.2003) -que seguro está en contra de la ley del aborto (me consta)- en el que con su auctoritas dice que lo contrario de la injusticia no es el derecho, sino la justicia!! Lo contrario del Derecho -dice- es la inseguridad jca.
Esas ideas de Menéndez no son tampoco originales suyas. El propio Ortega y Gasset escribió mucho sobre estos temas, hablando del Dº Romano, y al margen de que seguro aspiraba a un derecho que respondiera al ideal de justicia, no dejaba por eso de reconocer que son cosas distintas. Y que el Derecho es primariamente saber a qué atenerse. Si además es justo, mil veces mejor, pero un derecho injusto no deja por eso de ser derecho y de vincularnos (al margen de excepciones concretas como la objeción de conciencia, etc.).
http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/noticia.asp?ref_iustel=1002882
Un saludo a los dos
Hola a los dos
¡¡Veo los comentarios ahora!! Mil gracias por la larga pero muy interesante cita, profesor Villar. Muchas gracias por el artículo Juan José. Me permito dejaros este articulo de ABC acerca del discurso del Papa en el Bundestag donde me parece que atisba una serie de ideas superinteresantes.
Un saludo a los dos
http://www.abc.es/20110922/sociedad/abci-discurso-papa-parlamento-201109221748.html