Las deudas de nuestras Administraciones públicas y el perejil del loro

El asunto ya lleva tiempo coleando (no es noticia de última hora precisamente) pero sigue siendo preocupante porque, lejos de poder vislumbrar la salida de este oscuro túnel, la situación económico/financiera de nuestras Administraciones públicas no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario. El endeudamiento de la Administración del Estado es sencillamente “galopante”, el de las Comunidades Autónomas parece que lo estamos descubriendo realmente ahora (véase el caso de Castilla-La Mancha) y el de nuestros Ayuntamientos es mal endémico, por la sencilla razón de que con sus ingresos -basados fundamentalmente, en la recaudación de tributos relacionados con el ladrillo- no pueden alcanzar el importe de lo que gastan. De nada sirve la Ley de lucha contra la morosidad (Ley 3/2004 modificada por la Ley 15/2010, quedando pendiente la incorporación a nuestro Derecho de la reciente Directiva 2011/7/UE), porque los plazos máximos de pago que marca – en una escala decreciente que concluye en los 30 días a partir de 2013- resultan absurdos cuando los plazos reales de pago superan, con mucho, los 180 días. Esta endeblez económica de nuestras Administraciones (especialmente de los municipios), unida a la falta de crédito por parte de la banca privada provoca, a su vez, que muchos contratistas no puedan, a su vez, pagar a subcontratistas y proveedores y que todos ellos se vean abocados al concurso de acreedores. Es decir, toda una serie de impagos en “cascada” que ha provocado, y seguirá provocando, la desaparición de muchas de nuestras empresas que, hasta hace relativamente poco tiempo, conformaban un tejido empresarial bastante tupido que era el que creaba empleo (me refiero, muy especialmente a las PYME y las empresas de tamaño mediano) y que, además, generaba ingresos para todas las Administraciones, vía tributos.

Urge, por tanto, poner fin a esta situación, que no pivota sobre una medida aislada ni sobre medidas poco meditadas, sino sobre un paquete de actuaciones soportado en un cambio radical en la forma de entender la economía y la creación de empleo estable (o sea, no mediante Planes E que supusieron demasiado gasto y ningún efecto permanente). Y no creo que deban formar parte de ese paquete de actuaciones las subidas de impuestos -salvo supuestos muy concretos- por la sencilla razón de que suponen detraer recursos de quienes tienen ya pocos, como son las PYME. Desde luego que, planteadas así las cosas, aparece en el horizonte una especie de “círculo vicioso” ya que, si buena parte del problema viene de la escasez de recursos de nuestras Administraciones públicas ¿cómo hacer que estos recursos se incrementen sin acudir a una mayor recaudación impositiva? La respuesta es mucho más sencilla de lo que parece si se escarba un poco más en el origen del problema y se acepta la definición de economía, entre otros, de Lionel Robbins como “ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar”. Dicho de otro modo; si las Administraciones públicas suprimen de una vez todas las empresas públicas meramente instrumentales, si prescinden de los cargos de confianza (y confían en sus funcionarios), si eliminan gastos superfluos (como coches oficiales, tarjetas de crédito y otras ventajas similares), si dejan de utilizar las subvenciones a proyectos absurdos y si, en definitiva, utilizan sus recursos, pocos o muchos, en inversiones realmente productivas -servicios e infraestructuras- o socialmente necesarias, veríamos que las cosas podrían pintar de otra manera.

En suma, que a mi juicio el verdadero problema no reside en la escasez de recursos de nuestras Administraciones sino en la pésima utilización que hacen de los recursos que tienen (humanos y materiales) porque aunque muchos de los gastos que deberían eliminarse puedan ser calificados como el “perejil del loro” lo cierto es que muchos perejiles pueden dar lugar a una huerta entera. O sea, que haber soluciones “haylas” y queda por ver quien tiene suficiente sentido común para ponerlas en práctica.

Jose Luis Villar Ezcurra

Doctor el Derecho por la UCM. Ex Letrado del Banco Hipotecario de España y ex Letrado de la Seguridad Social. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Profesor Titular de Dº Administrativo en la UCM. Profesor del Master en Gestión de Infraestructuras. Equipamientos y Servicios impartido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales. Abogado en ejercicio desde 1972 y actualmente, Director del Despacho Ariño y Asociados, Abogados. Autor de 12 libros y más de una treintena de artículos en revistas especializadas en Derecho Administrativo. Ha intervenido como conferenciante en diversos foros entre los que puedan destacarse el Banco Internacional del Comercio, la Escuela Judicial, el INAP, el Consejo General del Poder judicial, el Instituto de Estudios Europeos, y el Ilustre Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.