¿La culpa es del banco?

Este blog define su objeto como un punto de encuentro sobre la actualidad jurídica y política. Cualquiera que lo consulte periódicamente puede comprobar que, en efecto, se ha convertido en un lugar de debate jurídico sumamente interesante. Ofrece a sus lectores el Derecho “vivo”: un análisis ágil de la evolución de problemas normativos, judiciales o sociales de actualidad y de naturaleza diversa.

Lo anterior sirve, desde luego, para felicitar a los creadores y rectores de “¿Hay Derecho?”. Dicho lo cual, lo que anima de forma principal esa  introducción, es remitir al lector a uno de los temas más frecuentes en este blog, como es el de “Reales e hipotecario”. Su consulta pone de manifiesto uno de los efectos que me parecen más ilustrativos del calado de la actual crisis económica, como resulta el constante cuestionamiento de nuestro sistema hipotecario, en el que se observan medidas de naturaleza diversa que atestiguan la relevancia del problema. Algunos ejemplos desordenados: las iniciales y debatidas resoluciones de algunas Audiencias Provinciales en materia de ejecución hipotecaria;  las ofertas comerciales de entidades que reaccionan con agilidad ofreciendo la “novedad” de que la responsabilidad del deudor se limite al bien hipotecado o el aplazamiento del pago de cuotas a quienes pierden su empleo; las reformas normativas adoptadas para protección del deudor hipotecario, como las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2011; las “plataformas de afectados” que desafían y obstaculizan procedimientos judiciales de ejecución y, en fin, el Auto del Tribunal  Constitucional de 21 de julio de 2011, confirmando la constitucionalidad de determinadas disposiciones de la LEC en esta materia.

En suma, contamos con una sucesión constante de hechos con relevancia jurídica que, como señalaba antes, han convertido nuestro sistema hipotecario en uno de los temas centrales del debate actual. Un debate que incita este post. Sobre los aspectos jurídicos de distinto calado que abonan la discusión en este asunto encontrará el lector en este blog y en otras publicaciones contribuciones valiosas y certeras, ya sea sobre cuestiones hipotecarias estrictas, ya sobre aspectos procesales. Lo único que hoy  pretendo es abordar un argumento que se repite en relación con las causas de la situación actual y la responsabilidad correspondiente. Tal argumento, reiterado por actores políticos principales, acogido por medios de  comunicación destacados y, recibido con lógica satisfacción por amplias capas de ciudadanos (inminentes votantes) es simple: la culpa de la hipoteca que no se paga es del acreedor. En un lenguaje menos obligacional: son las entidades de crédito las responsables de la concesión de hipotecas a quienes hoy no pueden pagarlas.

Vaya por delante el obligado reconocimiento del drama social que tantos padecen. El desempleo y la consiguiente pérdida de ingresos tienen en la pérdida de la vivienda familiar uno de sus efectos más dramáticos. Toda reacción que ayude a paliar esa evidencia y que se adopte en el plano laboral o en el hipotecario debe ser bienvenida.

La crisis económica en la que estamos instalados viene ocupando a muchos desde hace tiempo en algo lógico: determinar sus causas y reclamar las consiguientes responsabilidades. Ese debate se ha convertido en un río revuelto, en el que junto a estudios cuidados e investigaciones profundas que tratan de responder a esa pregunta, no faltan rotundas “opiniones” que lejos de ser el resultado de una mínima reflexión, buscan confirmar la ideología de su emisor. Muchas de esas opiniones (fruto de distintas posiciones ideológicas) comparten la idea de que, sea de quien fuere, la culpa es de los demás. En tema tan grave no debiera extrañar tan elemental y frecuente recurso psicológico, que además tiene en la vida pública constantes expresiones.

Es en relación con ello donde se repite que son los bancos los responsables de las hipotecas (es decir, del incumplimiento del deudor), cuya concesión fue un abuso y engaño frente a los clientes. El argumento tiene una buena acogida en tantos deudores atribulados, pero incorpora un mensaje demoledor hacia sus supuestos beneficiarios, a los que se presenta como sujetos jurídicos que son simples víctimas de actos ajenos. Toda hipoteca “voluntaria” es, por encima de cualquier otra consideración, la expresión de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar y de la libertad de disponer de nuestro patrimonio (art. 138 LH). Es cierto que el ordenamiento mercantil está plagado de soluciones normativas que tratan de proteger al contratante frente al uso de su libertad. Por ejemplo, al consumidor se le atribuye un privilegio en forma de derecho a desistir (de “arrepentirse” dicen algunos) de un contrato. Pero en el debate actual se va más lejos cuando la hipoteca se caracteriza como un negocio diseñado por los bancos, en que el deudor “picó” sin alternativa posible. Por cierto, una caracterización que topa con la indignación de tantos a los que se deniega el préstamo hipotecario solicitado.

Comprar una vivienda y recurrir a una financiación hipotecaria suele ser  una decisión trascendente. Con seguridad, la de mayor relevancia patrimonial para muchos, que en uso de su libertad, deciden afrontar ese riesgo. Negar esa evidencia elemental como cauce para una exoneración general de responsabilidad de los deudores hipotecarios puede tener éxito a corto plazo, como ejercicio de psicología social, situando toda la responsabilidad en el lado de los acreedores. Pero supone al mismo tiempo negar a los supuestos favorecidos por esa exoneración su capacidad para ejercer su autonomía de la voluntad y regular su propia esfera jurídico-patrimonial. Algo que no creo que todos estén dispuestos a aceptar.

¿La culpa es del banco?

Este blog define su objeto como un punto de encuentro sobre la actualidad jurídica y política. Cualquiera que lo consulte periódicamente puede comprobar que, en efecto, se ha convertido en un lugar de debate jurídico sumamente interesante. Ofrece a sus lectores el Derecho “vivo”: un análisis ágil de la evolución de problemas normativos, judiciales o sociales de actualidad y de naturaleza diversa.

Lo anterior sirve, desde luego, para felicitar a los creadores y rectores de “¿Hay Derecho?”. Dicho lo cual, lo que anima de forma principal esa  introducción, es remitir al lector a uno de los temas más frecuentes en este blog, como es el de “Reales e hipotecario”. Su consulta pone de manifiesto uno de los efectos que me parecen más ilustrativos del calado de la actual crisis económica, como resulta el constante cuestionamiento de nuestro sistema hipotecario, en el que se observan medidas de naturaleza diversa que atestiguan la relevancia del problema. Algunos ejemplos desordenados: las iniciales y debatidas resoluciones de algunas Audiencias Provinciales en materia de ejecución hipotecaria;  las ofertas comerciales de entidades que reaccionan con agilidad ofreciendo la “novedad” de que la responsabilidad del deudor se limite al bien hipotecado o el aplazamiento del pago de cuotas a quienes pierden su empleo; las reformas normativas adoptadas para protección del deudor hipotecario, como las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2011; las “plataformas de afectados” que desafían y obstaculizan procedimientos judiciales de ejecución y, en fin, el Auto del Tribunal  Constitucional de 21 de julio de 2011, confirmando la constitucionalidad de determinadas disposiciones de la LEC en esta materia.

En suma, contamos con una sucesión constante de hechos con relevancia jurídica que, como señalaba antes, han convertido nuestro sistema hipotecario en uno de los temas centrales del debate actual. Un debate que incita este post. Sobre los aspectos jurídicos de distinto calado que abonan la discusión en este asunto encontrará el lector en este blog y en otras publicaciones contribuciones valiosas y certeras, ya sea sobre cuestiones hipotecarias estrictas, ya sobre aspectos procesales. Lo único que hoy  pretendo es abordar un argumento que se repite en relación con las causas de la situación actual y la responsabilidad correspondiente. Tal argumento, reiterado por actores políticos principales, acogido por medios de  comunicación destacados y, recibido con lógica satisfacción por amplias capas de ciudadanos (inminentes votantes) es simple: la culpa de la hipoteca que no se paga es del acreedor. En un lenguaje menos obligacional: son las entidades de crédito las responsables de la concesión de hipotecas a quienes hoy no pueden pagarlas.

Vaya por delante el obligado reconocimiento del drama social que tantos padecen. El desempleo y la consiguiente pérdida de ingresos tienen en la pérdida de la vivienda familiar uno de sus efectos más dramáticos. Toda reacción que ayude a paliar esa evidencia y que se adopte en el plano laboral o en el hipotecario debe ser bienvenida.

La crisis económica en la que estamos instalados viene ocupando a muchos desde hace tiempo en algo lógico: determinar sus causas y reclamar las consiguientes responsabilidades. Ese debate se ha convertido en un río revuelto, en el que junto a estudios cuidados e investigaciones profundas que tratan de responder a esa pregunta, no faltan rotundas “opiniones” que lejos de ser el resultado de una mínima reflexión, buscan confirmar la ideología de su emisor. Muchas de esas opiniones (fruto de distintas posiciones ideológicas) comparten la idea de que, sea de quien fuere, la culpa es de los demás. En tema tan grave no debiera extrañar tan elemental y frecuente recurso psicológico, que además tiene en la vida pública constantes expresiones.

Es en relación con ello donde se repite que son los bancos los responsables de las hipotecas (es decir, del incumplimiento del deudor), cuya concesión fue un abuso y engaño frente a los clientes. El argumento tiene una buena acogida en tantos deudores atribulados, pero incorpora un mensaje demoledor hacia sus supuestos beneficiarios, a los que se presenta como sujetos jurídicos que son simples víctimas de actos ajenos. Toda hipoteca “voluntaria” es, por encima de cualquier otra consideración, la expresión de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar y de la libertad de disponer de nuestro patrimonio (art. 138 LH). Es cierto que el ordenamiento mercantil está plagado de soluciones normativas que tratan de proteger al contratante frente al uso de su libertad. Por ejemplo, al consumidor se le atribuye un privilegio en forma de derecho a desistir (de “arrepentirse” dicen algunos) de un contrato. Pero en el debate actual se va más lejos cuando la hipoteca se caracteriza como un negocio diseñado por los bancos, en que el deudor “picó” sin alternativa posible. Por cierto, una caracterización que topa con la indignación de tantos a los que se deniega el préstamo hipotecario solicitado.

Comprar una vivienda y recurrir a una financiación hipotecaria suele ser  una decisión trascendente. Con seguridad, la de mayor relevancia patrimonial para muchos, que en uso de su libertad, deciden afrontar ese riesgo. Negar esa evidencia elemental como cauce para una exoneración general de responsabilidad de los deudores hipotecarios puede tener éxito a corto plazo, como ejercicio de psicología social, situando toda la responsabilidad en el lado de los acreedores. Pero supone al mismo tiempo negar a los supuestos favorecidos por esa exoneración su capacidad para ejercer su autonomía de la voluntad y regular su propia esfera jurídico-patrimonial. Algo que no creo que todos estén dispuestos a aceptar.