Ser o no ser: el debate sobre las diputaciones provinciales

Asistimos en los últimos días a un interesante debate (siendo generosos con el término, claro) de por donde empezar a recortar nuestra florida Administración, que tanto dinero nos cuesta. Les toca ahora a las diputaciones provinciales, ya que parece que el número de ayuntamientos por el momento es intocable, puesto que, según nos cuentan, todos y cada uno son fundamentales para el bienestar ciudadano, cuesten lo que cuesten. En fin, como sobre el tema del excesivo número de Ayuntamientos y la necesidad urgente de proceder a su disminución y fusión ya hemos escrito en este blog, nos remitimos a los posts sobre estas cuestiones, escritos por Fernando Landecho (aquí) y Ramón Marcos (aquí).  Cabe solo añadir que no parece que los ciudadanos de los numerosos países europeos que han procedido a la supresión y fusión de municipios para adaptarlos a la realidad territorial del siglo XXI se hayan lanzado a la calle desesperados por perder sus pequeños municipios y los correspondientes servicios.

Por razones que efectivamente parecen tener bastante más que ver con el numero de asientos desocupados en las recientes elecciones por el PSOE en estos organismos que con la preocupación por el déficit público y el bienestar ciudadano, el candidato Rubalcaba, para gran enfado del PP, ganador en muchas de ellas, y del PSOE andaluz, que todavía mantiene su hegemonía en unas cuantas, cuestiona ahora el papel de las diputaciones y hasta su existencia. Vaya por delante que me parece un debate muy pertinente. Pero lo primero que cabe destacar es, como siempre, los términos en que se plantea. Brillan por su ausencia los números y los indicadores de eficiencia y eficacia, así como las posibles alternativas en base a esos mismos indicadores. Como a la necesidad de plantear los debates referentes a la organización territorial y a la reducción de los costes que debe llevar consigo ya nos hemos referido en bastantes posts en este blog (Juan Luis Redondo en varias ocasiones, Fernando Rodríguez, José María Pérez y yo misma en la serie de la Floresta Autonómica), nos remitimos a los mismos.

Como siempre ocurre en el mediocre panorama de nuestra vida política, nos tenemos que contentar con argumentos “ad hominem” del tipo de “eso lo dices porque has perdido las diputaciones” o “eso lo dices porque estás sentado en la silla”. Hay que reconocer que este tipo de argumentos, más allá de recordarnos por enésima vez la dificultad de nuestros líderes políticos de deslindar sus intereses privados (me refiero al interés en mantener los puestos de trabajo para políticos) de los intereses generales, no nos ayudan a hacernos una idea sobre si se deben o no suprimir estos organismos o cualesquiera otros. Estamos una vez más ante una discusión de patio de colegio.

Los más audaces o los menos irresponsables anuncian la posibilidad de “estudiar” la cuestión como si se estuviera hablando de temas de una enorme complejidad. En mi opinión, suprimir diputaciones provinciales es complejo porque es costoso en términos políticos, básicamente para los políticos. No veo que los ciudadanos, ni indignados ni no indignados, nos vayamos a arrojar a la calle en defensa de estos organismos o de cualesquiera otros siempre que los servicios que se supone que prestan se sigan prestando, y además de manera menos onerosa y más eficiente. Y para bien o para mal no creo que exista el sentimiento “diputacionista”, como si existe, sin duda, un sentimiento nacionalista que puede llevar a defender organismos autonómicos inviables a un sector de la población.  Pero ojo, que también hemos oído en estos días que las diputaciones, como los pequeños ayuntamientos, son instituciones muy próximas y muy queridas por los ciudadanos de los pueblecitos de España… lástima que sean absolutamente ruinosas.

En fin, como en época de crisis los argumentos sentimentales suelen tener bastante menos peso, nos encontramos con que los defensores de su mantenimiento no dudan en invocar el argumento final -que podemos llamar “de trinchera”- de  la inconstitucionalidad de su supresión, todo esto como si la Constitución no se hubiera modificado ya varias veces por vías bien poco ortodoxas, por no hablar de la vía de hecho tan utilizada en nuestra vida política. ¿Cómo si no explicar la floreciente legislación autonómica que ha conseguido prácticamente terminar con la unidad de mercado en España garantizada constitucionalmente como tantas otras cosas que brillan por su ausencia? Pero como sobre esto también hemos escrito mucho en este blog, nos remitimos a los posts correspondientes para no aburrir a los lectores.

En cualquier caso, reconozco que no me he estudiado el tema desde un punto de vista constitucional, pero recordando que las diputaciones provinciales no existen en unas cuantas CCAA, no parece que sea un tema insalvable, aun si recuperásemos el respeto sacrosanto por la literalidad de los artículos constitucionales que suelen esgrimir los políticos cuando les interesa.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, las diputaciones provinciales, como los ayuntamientos, son organismos públicos regulados enla Leyde Bases del Régimen Local de 7 de abril de 1985, cuya principal finalidad, además de la interesantísima de colocar a deudos y afines, es la de ejercitar las competencias (según el artículo 16) que “le atribuyan las leyes del Estado o de las CCAA” y en todo caso la coordinación de los servicios municipales entre sí, la asistencia y la cooperación jurídica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carecer supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, la cooperación en el fomento del desarrollo económico social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito y en general el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

Yo no se a ustedes, pero a mí como administrativista (eso sí, no especializada en legislación local) la lista me parece bastante etérea. Me gustaría saber qué hacen realmente cada una de las 38 diputaciones provinciales que quedan (y ya puestos, las forales y los cabildos insulares) y qué cuesta hacerlo. Cuanto personal tienen y de este personal qué proporción son cargos políticos o de libre designación y cuantos funcionarios que acceden a las plazas por oposición. Cuantas empresas públicas. Cuantos recursos se destinan al propio mantenimiento de sus aparatos burocráticos y administrativos, por no hablar de los cargos políticos. Volvemos a insistir en que queremos datos que nos permitan a los ciudadanos valorar los ratios de eficiencia y eficacia.

Por otra parte, y precisando un poco más, se nos dice que la función esencial de las diputaciones es la de suplir lo que los municipios muy pequeños no pueden hacer por sí solos por falta de recursos, y efectivamente, en la lista de competencias aparece esta función, pero entonces la pregunta es ¿por qué tenemos municipios tan pequeños? Lo racional sería no tenerlos, por lo que, de entrada, me parece que alguno de los presupuestos del debate sobre las diputaciones están “trucados”, ya que se parte del mantenimiento de la actual estructura municipal española que es sencillamente inviable desde todos los puntos de vista, además de responder a las necesidades de la España de principios del siglo XIX. Es más, en las CCAA autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones provinciales, pero claramente tienen el porcentaje correspondiente de municipios muy pequeños. Esto quiere decir que, aun suponiendo que no se modifique la estructura municipal española y se refundan municipios (tal como propone por ejemplo UPYD, que se lo puede permitir al no tener los intereses y las hipotecas de los grandes partidos, es decir, tanta gente que colocar) el caso es que los servicios que prestaban las diputaciones en esas CCAA las prestan directamente las autonomías sin que parezca, de entrada, que haya pasado nada grave. Recuerden que, según el artículo más arriba transcrito,  las CCAA pueden atribuir competencias o funciones a las Diputaciones, pero también pueden no hacerlo y asumir esas funciones directamente. Y alguna de las que se mencionan (por ejemplo, esa defensa genérica y esa coordinación de los intereses supramunicipales) la pueden hacer perfectamente los organismos autonómicos. Que por cierto suelen estar también muy sobredimensionados, así que por falta de personal no debería de haber problemas.

Otra cosa es que a mí por lo menos me cuesta hacerme un criterio con los pobres argumentos que manejan los partidos políticos, y eso que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Queremos datos e indicadores, y seguro que si nos los dan somos muy capaces de decidir  si hay que suprimir las diputaciones provinciales Y es que los ciudadanos tenemos aquí una importante ventaja sobre los candidatos, incluso sobre el candidato Rubalcaba,  que es la de no tener a ningún pariente o conocido colocado en una diputación provincial andaluza o de otro sitio. Y si, como parece, el invento es carísimo y no resulta imprescindible para mantener ningún servicio esencial, aunque lo sea para dar de comer a muchos políticos, resulta preferible ahorrar el dinero de los contribuyentes ¿no?

Ser o no ser: el debate sobre las diputaciones provinciales

Asistimos en los últimos días a un interesante debate (siendo generosos con el término, claro) de por donde empezar a recortar nuestra florida Administración, que tanto dinero nos cuesta. Les toca ahora a las diputaciones provinciales, ya que parece que el número de ayuntamientos por el momento es intocable, puesto que, según nos cuentan, todos y cada uno son fundamentales para el bienestar ciudadano, cuesten lo que cuesten. En fin, como sobre el tema del excesivo número de Ayuntamientos y la necesidad urgente de proceder a su disminución y fusión ya hemos escrito en este blog, nos remitimos a los posts sobre estas cuestiones, escritos por Fernando Landecho (aquí) y Ramón Marcos (aquí).  Cabe solo añadir que no parece que los ciudadanos de los numerosos países europeos que han procedido a la supresión y fusión de municipios para adaptarlos a la realidad territorial del siglo XXI se hayan lanzado a la calle desesperados por perder sus pequeños municipios y los correspondientes servicios.

Por razones que efectivamente parecen tener bastante más que ver con el numero de asientos desocupados en las recientes elecciones por el PSOE en estos organismos que con la preocupación por el déficit público y el bienestar ciudadano, el candidato Rubalcaba, para gran enfado del PP, ganador en muchas de ellas, y del PSOE andaluz, que todavía mantiene su hegemonía en unas cuantas, cuestiona ahora el papel de las diputaciones y hasta su existencia. Vaya por delante que me parece un debate muy pertinente. Pero lo primero que cabe destacar es, como siempre, los términos en que se plantea. Brillan por su ausencia los números y los indicadores de eficiencia y eficacia, así como las posibles alternativas en base a esos mismos indicadores. Como a la necesidad de plantear los debates referentes a la organización territorial y a la reducción de los costes que debe llevar consigo ya nos hemos referido en bastantes posts en este blog (Juan Luis Redondo en varias ocasiones, Fernando Rodríguez, José María Pérez y yo misma en la serie de la Floresta Autonómica), nos remitimos a los mismos.

Como siempre ocurre en el mediocre panorama de nuestra vida política, nos tenemos que contentar con argumentos “ad hominem” del tipo de “eso lo dices porque has perdido las diputaciones” o “eso lo dices porque estás sentado en la silla”. Hay que reconocer que este tipo de argumentos, más allá de recordarnos por enésima vez la dificultad de nuestros líderes políticos de deslindar sus intereses privados (me refiero al interés en mantener los puestos de trabajo para políticos) de los intereses generales, no nos ayudan a hacernos una idea sobre si se deben o no suprimir estos organismos o cualesquiera otros. Estamos una vez más ante una discusión de patio de colegio.

Los más audaces o los menos irresponsables anuncian la posibilidad de “estudiar” la cuestión como si se estuviera hablando de temas de una enorme complejidad. En mi opinión, suprimir diputaciones provinciales es complejo porque es costoso en términos políticos, básicamente para los políticos. No veo que los ciudadanos, ni indignados ni no indignados, nos vayamos a arrojar a la calle en defensa de estos organismos o de cualesquiera otros siempre que los servicios que se supone que prestan se sigan prestando, y además de manera menos onerosa y más eficiente. Y para bien o para mal no creo que exista el sentimiento “diputacionista”, como si existe, sin duda, un sentimiento nacionalista que puede llevar a defender organismos autonómicos inviables a un sector de la población.  Pero ojo, que también hemos oído en estos días que las diputaciones, como los pequeños ayuntamientos, son instituciones muy próximas y muy queridas por los ciudadanos de los pueblecitos de España… lástima que sean absolutamente ruinosas.

En fin, como en época de crisis los argumentos sentimentales suelen tener bastante menos peso, nos encontramos con que los defensores de su mantenimiento no dudan en invocar el argumento final -que podemos llamar “de trinchera”- de  la inconstitucionalidad de su supresión, todo esto como si la Constitución no se hubiera modificado ya varias veces por vías bien poco ortodoxas, por no hablar de la vía de hecho tan utilizada en nuestra vida política. ¿Cómo si no explicar la floreciente legislación autonómica que ha conseguido prácticamente terminar con la unidad de mercado en España garantizada constitucionalmente como tantas otras cosas que brillan por su ausencia? Pero como sobre esto también hemos escrito mucho en este blog, nos remitimos a los posts correspondientes para no aburrir a los lectores.

En cualquier caso, reconozco que no me he estudiado el tema desde un punto de vista constitucional, pero recordando que las diputaciones provinciales no existen en unas cuantas CCAA, no parece que sea un tema insalvable, aun si recuperásemos el respeto sacrosanto por la literalidad de los artículos constitucionales que suelen esgrimir los políticos cuando les interesa.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, las diputaciones provinciales, como los ayuntamientos, son organismos públicos regulados enla Leyde Bases del Régimen Local de 7 de abril de 1985, cuya principal finalidad, además de la interesantísima de colocar a deudos y afines, es la de ejercitar las competencias (según el artículo 16) que “le atribuyan las leyes del Estado o de las CCAA” y en todo caso la coordinación de los servicios municipales entre sí, la asistencia y la cooperación jurídica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carecer supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, la cooperación en el fomento del desarrollo económico social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito y en general el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

Yo no se a ustedes, pero a mí como administrativista (eso sí, no especializada en legislación local) la lista me parece bastante etérea. Me gustaría saber qué hacen realmente cada una de las 38 diputaciones provinciales que quedan (y ya puestos, las forales y los cabildos insulares) y qué cuesta hacerlo. Cuanto personal tienen y de este personal qué proporción son cargos políticos o de libre designación y cuantos funcionarios que acceden a las plazas por oposición. Cuantas empresas públicas. Cuantos recursos se destinan al propio mantenimiento de sus aparatos burocráticos y administrativos, por no hablar de los cargos políticos. Volvemos a insistir en que queremos datos que nos permitan a los ciudadanos valorar los ratios de eficiencia y eficacia.

Por otra parte, y precisando un poco más, se nos dice que la función esencial de las diputaciones es la de suplir lo que los municipios muy pequeños no pueden hacer por sí solos por falta de recursos, y efectivamente, en la lista de competencias aparece esta función, pero entonces la pregunta es ¿por qué tenemos municipios tan pequeños? Lo racional sería no tenerlos, por lo que, de entrada, me parece que alguno de los presupuestos del debate sobre las diputaciones están “trucados”, ya que se parte del mantenimiento de la actual estructura municipal española que es sencillamente inviable desde todos los puntos de vista, además de responder a las necesidades de la España de principios del siglo XIX. Es más, en las CCAA autónomas uniprovinciales no existen las diputaciones provinciales, pero claramente tienen el porcentaje correspondiente de municipios muy pequeños. Esto quiere decir que, aun suponiendo que no se modifique la estructura municipal española y se refundan municipios (tal como propone por ejemplo UPYD, que se lo puede permitir al no tener los intereses y las hipotecas de los grandes partidos, es decir, tanta gente que colocar) el caso es que los servicios que prestaban las diputaciones en esas CCAA las prestan directamente las autonomías sin que parezca, de entrada, que haya pasado nada grave. Recuerden que, según el artículo más arriba transcrito,  las CCAA pueden atribuir competencias o funciones a las Diputaciones, pero también pueden no hacerlo y asumir esas funciones directamente. Y alguna de las que se mencionan (por ejemplo, esa defensa genérica y esa coordinación de los intereses supramunicipales) la pueden hacer perfectamente los organismos autonómicos. Que por cierto suelen estar también muy sobredimensionados, así que por falta de personal no debería de haber problemas.

Otra cosa es que a mí por lo menos me cuesta hacerme un criterio con los pobres argumentos que manejan los partidos políticos, y eso que tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Queremos datos e indicadores, y seguro que si nos los dan somos muy capaces de decidir  si hay que suprimir las diputaciones provinciales Y es que los ciudadanos tenemos aquí una importante ventaja sobre los candidatos, incluso sobre el candidato Rubalcaba,  que es la de no tener a ningún pariente o conocido colocado en una diputación provincial andaluza o de otro sitio. Y si, como parece, el invento es carísimo y no resulta imprescindible para mantener ningún servicio esencial, aunque lo sea para dar de comer a muchos políticos, resulta preferible ahorrar el dinero de los contribuyentes ¿no?