Artículo de la editora Elisa de la Nuez sobre el senador Curbelo, en El Confidencial

Nueva colaboración con el diario digital El Confidencial. En esta ocasión, la editora del blog Elisa de la Nuez escribe sobre la diferencia entre inmunidad e impunidad, a propósito del senador canario Curbelo. Transcribimos a continuación el artículo, y si quiere leerlo en su formato original, puede hacerlo aquí.

 

De la inmunidad a la impunidad o la posible vuelta de Curbelo

 

No sabemos todavía si el senador Curbelo va a conseguir de nuevo ser ‘eligible’, por aclamación popular de su isla natal, la Gomera, en las listas electorales del PSOE después del ‘gesto de dignidad’ que -al parecer- tuvo al dimitir tras la movida de julio pasado. ¡Lo que hay que leer!, pues si la memoria no me falla, este señor se aferró al cargo con uñas y dientes. El caso es que se ha abierto una pequeña guerra entre Ferraz y los socialistas de la Gomera.

Si se le permite volver, desde luego, sería un mazazo para nuestras instituciones, ya tan deterioradas. Recordemos brevemente los hechos: este senador canario (de cuya actividad política en el Senado no se tenía noticia alguna y cuya existencia desconocía la ciudadanía en general) se hizo famoso en una noche gloriosa por su actuación en una comisaría de Policía de Madrid después de una juerga en una ‘sauna’. Como se montó un pequeño escándalo mediático el senador no tuvo más remedio que dimitir. Pero nada importante. Resulta que ahora vuelve a ser ‘eligible’ por voluntad de su agradecida clientela local de la Gomera. Además, aunque durante estos años se ha dedicado poco al Senado, parece que ha tenido otras actividades más interesantes, puesto que ha acumulado un patrimonio bastante importante, según lo publicado por este periódico.

El esperpento protagonizado por el cacique de la Gomera nos coloca -como ocurre con los espejos deformantes de las ferias- frente a una caricatura cruel de nuestro Parlamento y del estatuto de sus miembros. Porque, con independencia de la escasa utilidad del Senado, lo cierto es que mientras no se suprima o se reforme, no por eso deja de ser el Senado del Parlamento español, y los senadores gozan de inmunidad parlamentaria en los términos previstos en el art.71.2 de la Constitución española, según el cual “Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. Como nos recuerda el Tribunal Constitucional “La inmunidad (…) es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento” (STC 243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985; y SSTC 123 y 124/2001).

Pues bien, fue un senador el que dejó bien claro a los atónitos funcionarios de Policía, y de paso de al resto de los ciudadanos, lo que pensaba de su cargo, o mejor, para qué pensaba él que servía su cargo. Se puede resumir en una sola palabra: impunidad. Y aunque puede ser que el estado etílico le impulsara a desarrollar este concepto en términos groseros y vulgares, lo que sí parece es que tenía claro su significado: la inmunidad que se garantiza a los senadores y diputados por razón del cargo, equivale, para este político como para tantos otros, a impunidad pura y simple. No están sometidos a las mismas normas jurídicas y a las mismas obligaciones que rigen para el resto de los mortales, no se les puede detener sin un suplicatorio. No podemos extendernos aquí en el origen histórico de este privilegio, pero les aseguro que tiene poco que ver con conductas gamberriles y chulescas durante una juerga nocturna.

Lo malo es que estas actitudes, lamentablemente no tan infrecuentes aunque no suelen ser tan llamativas, son la causa del deterioro vertiginoso que están sufriendo instituciones fundamentales de nuestra democracia en estos últimos años, porque quienes deberían servirlas están sirviéndose de ellas para sus intereses personales. El caso Curbelo puede ser especialmente chusco, pero desgraciadamente hay más.

Efectivamente, este episodio no es sino uno más de muchos otros similares que se han venido sucediendo, todos ellos gravísimos, por lo que suponen de deterioro institucional. Y no precisamente por culpa de los ciudadanos o de los medios de comunicación que aquellos sufren y éstos (y no siempre) denuncian. Este no es el problema, como se nos intenta hacer creer por los propios cargos involucrados. No, es al revés: la devaluación institucional la están llevando a cabo quienes detentan los cargos públicos o institucionales, personas que, como Curbelo, no han entendido que la inmunidad parlamentaria no equivale a impunidad, y no está para que sus señorías se pongan las leyes por montera, sino para garantizar que puedan cumplir lealmente sus obligaciones institucionales sin presiones y sin injerencias que se lo impidan. Detentar un cargo institucional supone que quien lo ostenta lo hace a título no de propietario sino de servidor de la institución. No está de más recordar que los cargos en las instituciones que hoy tan alegremente se desprestigian con este tipo de conductas no son un “puesto de trabajo” especialmente interesante por los privilegios que llevan consigo, sino que encarnan un sistema de valores determinado y un consenso alcanzado tras mucho tiempo y esfuerzo.

Por eso, quienes ocupan cargos institucionales -en principio de forma transitoria aunque en España algunos empiezan a parecer vitalicios e incluso hereditarios-, están ahí para cumplir las obligaciones, inclusive las éticas, que éstos exigen, no para aprovecharse de sus ventajas y beneficios. Parafraseando a Hugo Teclen podemos decir además que estas obligaciones institucionales se tienen no sólo con los ciudadanos de hoy, sino también con los que nos precedieron, que construyeron esas instituciones, y con los que nos sucederán, que tienen derecho a heredarlas en unas condiciones mínimamente dignas.

 

Las rentas de Sus Señorías

 

No hace muchos días, la crónica parlamentaria se vio animada por la publicación en las páginas web del Congreso (y del Senado  de los bienes y las rentas declarados por diputados y senadores. El tratamiento de dicha publicación por parte de periodistas y ciudadanos en general se situó a mitad de camino entre el reconocimiento de una iniciativa de transparencia informativa por parte de los poderes públicos y el mero cotilleo. Superado el revuelo inicial, conviene hacer unas reflexiones sobre la puesta a disposición de los ciudadanos de este tipo de datos. Y procede reflexionar tanto sobre el fondo como sobre la forma.

En cuanto al fondo, la lectura de las hojas digitalizadas que reflejan la declaración de rentas y patrimonio de sus señorías deja un tanto frío, al menos en lo relativo a la información esencial que uno debería ser capaz de obtener, que no es otra que la que permita determinar si durante el ejercicio de sus funciones parlamentarias algún diputado ha experimentado incrementos patrimoniales de difícil justificación o ha recibido prebendas o favores que requieran explicación. Para ello, la información que se presente al público debería poner en relación la situación patrimonial inicial, la final, las rentas percibidas durante su labor parlamentaria y otros datos relevantes como, por ejemplo, las condiciones de acceso a financiación bancaria. No es tan importante conocer si un señor o señora tiene un piso por herencia, o un patrimonio importante fruto de sus años previos de actividad profesional, como asegurarse de que los incrementos de patrimonio y las rentas percibidas durante el ejercicio del poder pueden ser explicados y justificados. Y, sobre todo, es necesario que los ciudadanos conozcan cómo se emplea el dinero de sus impuestos, como se paga a los miembros de la Administración y cuál es el tamaño de ésta. En definitiva, la transparencia es parte de la rendición de cuentas que los servidores públicos, empezando por los políticos, deben a los ciudadanos. Esa es la línea seguida por el Gobierno Británico por ejemplo, en la apertura de los datos de la Administración.

Pero las formas son también manifiestamente mejorables. La apertura de la información de la Administración a los ciudadanos requiere un trabajo previo de normalización de los datos y de la presentación de los mismos, que en este caso brilla por su ausencia.

En cuanto a los datos, en algunos casos se declara la posesión de viviendas, “piso en Madrid”, sin detallar cuál es su valor catastral, o su precio de compraventa. Está claro que no es lo mismo un espacioso ático en el centro de la ciudad que una solución habitacional de pocos metros cuadrados en la periferia, así que a los efectos de conocer el patrimonio de sus señorías, los datos así presentados resultan incompletos. Lo mismo puede decirse de los préstamos hipotecarios declarados en otros casos. Para caracterizar un préstamo, además del importe del principal es conveniente conocer algún dato más, como el tipo de interés, sin el cual es difícil comparar esa financiación con las condiciones a las que pueden financiarse el resto de los ciudadanos.

El formato de presentación también resta mérito a la iniciativa. La publicación de páginas digitalizadas dificulta cualquier tratamiento posterior de esos datos, y por tanto su uso efectivo por parte de ciudadanos, periodistas o entidades de cualquier naturaleza que deseen hacer algún análisis agregado de los mismos. Nuevamente cabe citar como ejemplo a seguir la página www.data.gov.uk, en la que la información se presenta en formatos estándar que permiten su procesamiento, como por ejemplo al publicar la relación de puestos de trabajo y salarios en el Gobierno: http://data.gov.uk/dataset/staff-organograms-and-pay-cabinet-office

Estas reflexiones son igualmente aplicables a otras medidas de transparencia relacionadas con los miembros del Gobierno, como la recientemente publicada (BOE de 29 de septiembre de 2011) situación patrimonial de Altos Cargos de la Administración

En cualquier caso, hay que saludar la iniciativa como un buen intento de poner a disposición de los ciudadanos información sobre la retribución de los servidores públicos que trabajan para ellos, pero para que el esfuerzo no se quede solo en un buen intento, es necesario ir más allá, uniformizando y completando la información que se presenta, de modo que sea útil y puedan establecerse comparaciones y derivarse conclusiones; y es igualmente esencial que el formato en el que se ofrezca la información a los ciudadanos facilite su ulterior tratamiento, agregación y análisis

Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (II): responsabilidad en la judicatura

Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente es una aspiración básica de cualquier Estado de Derecho. En España todo el mundo es consciente de que ese funcionamiento es manifiestamente mejorable, pero pese que la preocupación por el tema está en boca de todos desde hace décadas, y pese a que los partidos mayoritarios han firmado unos cuantos pactos por la Justicia y han lanzado incontables proyectos con gran aparato mediático, los resultados son escasos. Hay que reconocer que el tema es difícil porque son muchas las causas que confluyen para convertir el servicio público Justicia en uno de los peores de la Administración del Estado. Podemos citar algunas:

.- La politización descarada del CGPJ, órgano supremo del poder judicial, que se encuentra completamente en manos de los partidos políticos, más preocupados por salvaguardar sus propios intereses que por garantizar los de los ciudadanos usuarios del servicio público.

.- La infradotación de la Justicia, en términos materiales y personales, con el agravante de que no existen mecanismos de medición ajustados que permitan conocer con cierta exactitud la extensión y distribución de esas carencias.

.- La descoordinación competencial, que atribuye el control de los jueces al CGPJ, de los secretarios al Ministerio de Justicia y del resto del personal a las CCAA, atribuyendo a estas la dotación de medios materiales. De esa descoordinación deriva el tradicional caos informático que padece el servicio.

.- La excesiva judicialización de nuestra sociedad, sin que se haya logrado crear una cultura de resolución alternativa de los conflictos (mediación y arbitraje), ni una ley de jurisdicción voluntaria que saque de los juzgados muchas materias sin contienda que podrían atender eficazmente otros funcionarios, ni mecanismos disuasorios que eviten un abuso de la Justicia (copago).

Sobre todos estos temas vamos a tratar en nuestras propuestas electorales, pero hay una causa importante que debe ser objeto de nuestra primera reflexión: la ausencia de mecanismos susceptibles de introducir responsabilidad de una manera efectiva en la judicatura. Es necesario premiar al juez eficiente y trabajador y castigar al vago e irresponsable. No existe ninguna organización que pueda funcionar sin un mecanismo eficiente de asignación de responsabilidades dentro del sistema.

Pienso que para conseguir tal cosa se pueden articular distintas medidas:

– Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial de tal manera que a la hora de proceder a los nombramientos en los tribunales superiores se tenga más en cuenta que la filiación política/asociativa la competencia profesional del candidato.

– Despojar al Consejo de determinadas funciones inspectoras y sancionadoras y pasarlas a la Administración General del Estado (lo que creo que es compatible con la independencia judicial). Una cosa es poner las sentencias que uno considere oportunas y otra cosa es no poner sentencias y que no pase nada. Recordemos que demasiados expedientes en el CGPJ caducan o son rechazados por defectos de forma ¿Por qué será? Quizá por la misma razón por la que a las denuncias contra notarios y registradores les ocurre lo mismo: las tramitan en la DGRN notarios y registradores. Es necesario además establecer criterios adecuados de inspección que castiguen más la falta de diligencia del protagonista que las ineficiencias globales del sistema, de las que muchas veces el juez termina siendo la principal víctima.

– Transferir a la AGE las competencias que ahora tienen las CCAA sobre personal auxiliar y medios materiales. ¿Qué juez se enfrenta con el partido en el gobierno en su Comunidad –que puede ser muy pequeña- cuando sabe que la disparidad de criterios le puede costar quedarse sin fotocopiadoras e impresoras?

– Objetivar al máximo en la ley el régimen de sanciones de tal manera que la discrecionalidad judicial para salvar la cara a los compañeros (algo que resulta siempre comprensible y difícil de evitar) sea mínima.

– Fijar una política retributiva que dependa de la productividad (cuantitativa y cualitativa) introduciendo medidores adecuados al efecto. Es imprescindible crear una carrera atractiva y adecuadamente remunerada para los profesionales de la Justicia donde la progresión dependa del mérito acreditado.

– Eliminar el seguro de responsabilidad civil suscrito por el CGPJ por las razones ya tratadas en este blog y que se pueden consultar aquí.

Para arreglar la Justicia en España no existe ninguna varita mágica, por supuesto. Todas las causas que determinan su mal funcionamiento están además muy interrelacionadas, pero sería bueno tomar conciencia de que esta es fundamental y que hay que empezar a afrontarla de una vez por todas.

 

¿De quién es el subsuelo?

Lo primero que cabe preguntarse al referirse al subsuelo, objeto de una cada vez mayor explotación, es ¿de quién es el subsuelo?

Por supuesto, hoy en día están superadas las consideraciones históricas que extendían verticalmente la propiedad hasta el mismo centro de la tierra. Estas consideraciones se enmarcaban en una concepción absoluta y “sacrosanta” de la propiedad, y, al mismo tiempo, a una dificultad técnica de acceder más allá de escasos metros. En la actualidad, en cambio, se estima que el alcance de la propiedad del suelo, en relación con el subsuelo, que, en principio, es reconocida por el artículo 350 del Código Civil, no puede superar el límite donde exista un interés razonablemente tutelable del propietario.

Este interés del propietario se concreta en las plantas que pueden construirse bajo el subsuelo, más los correspondientes cimientos y el espacio necesario para el asentamiento de estos. Pero las plantas bajo rasante no solo vienen limitadas por razones técnicas sino también por el planeamiento urbanístico.

Efectivamente, según dispone el artículo 8.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, las facultades urbanísticas del propietario del suelo “alcanzarán al vuelo y al subsuelo sólo hasta donde determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio público”. Así, por ejemplo, el Plan General de Madrid establece, salvo excepciones, que el número máximo de plantas inferiores a la baja, sin contar semisótanos, será de 4, con una profundidad máxima de 12 metros.

Pues bien, como aclara la Ley urbanística catalana, el derecho del propietario del suelo, en relación con el subsuelo, queda sometido a las limitaciones y servidumbres necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés público (alcantarillado, metro, etc.), siempre que estas servidumbres sean compatibles con el uso del inmueble privado, de conformidad con el aprovechamiento urbanístico atribuido. De lo contrario, ha de procederse a la correspondiente expropiación. Quiere esto decir que el propietario no puede oponerse ni exigir indemnización alguna respecto de usos del subsuelo que no afecten en modo alguno los usos e intensidades de que sea susceptible la finca conforme al plan urbanístico (p. ej. sótanos y cimientos de las construcciones permitidas). Pero si tales servicios públicos quedasen excesivamente cerca del suelo e impidiesen la realización del aprovechamiento que se reconoce al dueño del suelo (y del subsuelo inmediato), éste debería ser indemnizado.

Una vez que hemos podido definir hasta dónde alcanza la propiedad del suelo respecto del subsuelo, queda por determinar a qué usos se puede destinar el subsuelo. El principal a día de hoy es el de aparcamiento, pero se admiten otros distintos. La limitación para uso residencial, en cambio, es prácticamente absoluta, aun cuando los adelantos técnicos actuales quizá podrían poner en cuestión tal regla.

Podríamos citar numerosísimos planes urbanísticos. En general, en el subsuelo, no se permite el uso residencial ni habitaciones residenciales ni sanitarias. Los sótanos por debajo del primero sólo se pueden destinar a aparcamientos, instalaciones técnicas del edificio, cámaras acorazadas y similares. No obstante se pueden autorizar otros usos distintos de la casa habitación o residencial si se dota al local de medidas técnicas seguras que cubran los riesgos de incendio, explosión y otros, y se garanticen con seguridad el desalojo de las personas en tales casos. Estas limitaciones, acaso no adaptados a las posibilidades técnicas actuales, plantean muchos problemas, en particular, en estaciones de ferrocarril o metro, respecto de las oficinas y tiendas que allí se ubican.

Por otro lado, una regla o principio bastante generalizado en la legislación y el planeamiento urbanísticos es el relativo al no cómputo de la edificación bajo rasante a efectos de edificabilidad, del consumo del aprovechamiento urbanístico patrimonializable, especialmente en cuanto a aparcamientos y cuartos de servicio, que son precisamente los usos más corrientes en el subsuelo, con lo que el principal aprovechamiento bajo rasante no computa. Es decir, los metros edificables de que dispone el propietario se pueden materializar en el suelo y vuelo, sin que los usos permitidos del subsuelo resten edificabilidad. Que tales usos no computen, con todo, no significa que no constituyan un aprovechamiento reconocido al propietario que, de ser limitado de forma singular, como hemos visto, debe ser indemnizado.

Hemos señalado que, en principio, la parte del subsuelo en que se puede materializar el aprovechamiento del dueño del suelo pertenece a éste. Pero, tras una cierta evolución, tanto técnica como jurídica, hoy se reconoce que pueda haber dos (o más) propiedades separadas sobre el suelo y el subsuelo, especialmente cuando se trata de un subsuelo privado bajo suelo público.

Porque, en principio, el dueño del suelo lo es también del subsuelo, como sigue disponiendo el artículo 350 del Código Civil, con el alcance ya expuesto; pero el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal admite que las fincas puedan situarse “en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo”, en este caso en virtud de un derecho de subedificación análogo al de superficie, que permita construir y hacer propia la obra situada bajo la rasante, como exclusión voluntaria del principio de accesión.

Esta división de propiedades por planos puede producirse entre distintas propiedades privadas (mediando el correspondiente contrato), pero también, como hemos avanzado, entre propiedades privadas y públicas.

Así, en principio, el subsuelo del suelo público (plazas, calles, paseos y parques públicos) queda afectado automáticamente al dominio público por la aprobación del planeamiento, y su uso privado, temporal, exige una concesión administrativa. Sin embargo, la desafectación (privatización) del subsuelo público es admitida por el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, al establecer en su art. 17.4 que “cuando, de conformidad con lo previsto en su legislación reguladora, los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, podrá constituirse complejo inmobiliario en el que aquéllas y ésta tengan el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público”.

El actual pinchazo de la llamada “burbuja inmobiliaria” dificulta la entrada de más suelo en el mercado, pero la “desamortización del subsuelo público” puede, por otro lado, ser un importante recurso para nuestras arruinadas Administraciones municipales.

 

La reforma del sistema de Seguridad Social: sostenibilidad económica vs. sostenibilidad social

Entre las numerosas reformas legales aprobadas recientemente tendentes a reforzar la credibilidad de la economía española ante nuestros acreedores, se encuentra la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que incluso antes de su aprobación, tuve ocasión de comentar brevemente en un anterior post.

Dicha norma acomete una reforma parcial pero relevante de nuestro sistema de pensiones, no tanto para resolver problemas de solvencia actual, pues su balance sigue manteniéndose positivo a pesar de la gravedad de la crisis que padecemos, sino para garantizar que siga pudiendo hacer frente por si solo a las pensionas futuras que ahora se están devengando sin necesidad de que sean sufragadas con cargo al sistema fiscal general.

La reforma incide en varios aspectos pero siguiendo el modelo francés y británico, profundiza en las denominadas reformas paramétricas, es decir, aquellas que se limitan a realizar ajustes tendentes a reducir la tasa de sustitución de las futuras pensiones respecto del último salario del trabajador. Algunas de ellas, en particular las derivadas del incremento de la esperanza de vida de la población, a pesar de lo impopulares que puedan llegar a ser tienen una lógica indudable, como ya hemos apuntado en alguna ocasión.

Sin embargo, aunque acudir exclusivamente a estas reformas paramétricas puede ser una solución a corto plazo, si persisten las circunstancias que amenazan la viabilidad del modelo vigente, no serán suficientes para que el sistema cumpla adecuadamente con su finalidad. En el fondo, este tipo de reformas tienen como principal resultado que el importe final de las prestaciones tienda a reducirse, lo que unido al mantenimiento de un nivel mínimo de garantía no contributivo, parcialmente financiado por el propio sistema, acentúa una función redistributiva más propia de un sistema tributario que de seguridad social.

Efectivamente, en la actualidad, y con independencia de que originalmente tenga un lejano precedente en la figura civil de contrato de seguro, el sistema de seguridad social comparte muchos elementos con el sistema fiscal. Obligatoriedad de su régimen jurídico, prerrogativas de los poderes públicos en la recaudación de las cuotas, carácter privilegiado de sus créditos, etc

Así pues, tal y como está configurado actualmente, el sistema contributivo de seguridad social se diferencia de un sistema impositivo, por una parte, en su carácter finalista, es decir, por el hecho de que haber cotizado durante un determinado periodo de tiempo es lo que genera el derecho a percibir una prestación contributiva; pero, sobretodo, por la circunstancia de que la pensión que finalmente se devengue no solo ha de estar relacionada con el importe de la cotización efectuada, sino que, aunque modulada, es proporcional a ésta. En la medida en que esta proporcionalidad desaparece, el sistema se va transformando en una mera carga impositiva que grava el trabajo productivo.

Las reformas que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de toda Europa, como las medidas paramétricas introducidas en España o Francia; la introducción en Italia del concepto de “cuentas nocionales” en las que, resumidamente, a la hora de calcular la pensión se atribuye a lo cotizado por el trabajador un valor teórico de capitalización que no tiene correspondencia con un capital real; o la introducción en Alemania de factores de sostenibilidad extraños a la propia vida laboral del trabajador como elementos moderadores del importe final de la pensión, tienden a disminuir esa proporcionalidad, lo que acerca cada vez más a los sistemas de seguridad social contributivos europeos a convertirse en una modalidad más del sistema tributario.

Todo ello conlleva el efecto perverso de que el principal peso del gasto de las pensiones va a terminar siendo sufragado por las cotizaciones devengadas a cuenta de aquellos trabajadores autónomos o por cuenta ajena con ingresos superiores a la media. Es decir, a unas clases medias que se verán obligadas a contribuir de manera proporcional a sus ingresos hasta alcanzar los topes de cotización (aunque en España algún sector sindical pretende suprimirlos) aun a sabiendas de que las prestaciones que finalmente percibirán no se corresponderán con las aportaciones realizadas.

Con la consolidación de estas tendencias reformadoras, las cuotas sociales ya no se percibirían como un coste laboral más solo por los empresarios, sino que también serían asumidas como una carga fiscal por una gran parte de los trabajadores (en particular, los más cualificados). No es baladí la percepción que esta amplia capa de población tenga de este escenario al que nos dirigimos, pues no se acepta con la misma conformidad un modelo en el que, en cierto modo, el Estado te ayuda a ahorrar para tu vejez o para prevenir otras situaciones de necesidad, que un modelo en el que el Estado se queda con una parte más de tus retribuciones para “redistribuirlas” según las prioridades políticas y coyunturales de cada momento. Llegados a ese punto, posiciones políticas favorables al desmantelamiento del sistema podrían llegar a calar en el electorado y la sostenibilidad social o política de nuestro modelo de seguridad social verse afectada.

En conclusión, podemos afirmar que si bien la sostenibilidad económica del sistema de seguridad social es vital, tampoco podemos hacer que las reformas para conseguirla difuminen la esencia del sistema hasta el punto de transformarlo en algo distinto a lo que conceptualmente es.

 

Las propuestas electorales de ¿Hay derecho? (I): Deseos de campaña

Para empezar esta serie podemos plantear algunas propuestas expresadas en forma de deseo, y referidas, más que a la acción del próximo gobierno, a la previa campaña electoral en sí. De algunas cosas es bueno que se hable, lo que ya sería un principio.
Así, como estamos en una época donde los partidos políticos se afanan en preparar sus programas electorales, podemos expresar algunos temas que, desde el punto de vista jurídico que inspira este blog, sería bueno que salieran y que se debatieran en la campaña electoral que próximamente nos va a tocar sufrir. Bien es cierto que, por desgracia, tales programas en España no tienen la relevancia que deberían tener, la de auténticos compromisos vinculantes frente a la ciudadanía. Su frecuente incumplimiento por el partido que gana ni se suele reprochar por los partidos de oposición, tal vez porque casi todos ellos tienen también “su pecadito”, ni tampoco encuentra un serio reproche en una ciudadanía aún inmadura en este campo.
A pesar de esta prevención, la exposición contrastada de programas y su análisis y crítica no deja de tener su valor, al exponer al debate público cuestiones importantes que pueden influir en el futuro devenir político. Precisamente uno de los defectos de nuestro sistema político, su esclerosis, ha sido favorecido por la cuidadosa exclusión del debate de demasiadas cuestiones en el pasado. Por eso no sobran estos deseos, como si se tratara de los que se piensan mientras se apagan las velas de la tarta o se atraganta uno con las doce uvas. Y con casi las mismas posibilidades de que se cumplan. ¿Por qué no?
Como se trata de problemas que, como afectan seriamente a nuestra común vida social, merecen ser abordados, aunque hayan estado clamorosamente ausentes de otras campañas, desde luego se pueden apuntar en gran cantidad. Pero para abrir fuego voy a apuntar sólo unos pocos, con el deseo de animar la participación y de que surjan más.

Cada día que pasa parece hacerse evidente que las dudas que la deuda pública despertaba en los mercados internacionales no se debían tanto a una inherente perversidad de éstos, sino a la escasa credibilidad de las cifras oficiales de contabilidad de muchas administraciones públicas, singularmente autonómicas. Ha bastado con unos pocos cambios de gobierno para que ingentes cantidades de deudas ocultas hayan salido a la luz. Y de la sospecha tampoco quedan libres algunas regiones cuyos gobiernos no han cambiado de color. Es evidente que los mecanismos de intervención y control del gasto, esencialmente esos tan autonómicamente dotados, han fracasado estrepitosamente en su función, y que se debería imponer una contundente reforma si no queremos parecernos cada vez más a Grecia. Pero, a pesar de todos los problemas de credibilidad y del inmenso coste que ello supone para las arcas públicas ¿Se hablará de ello en campaña? O si se habla ¿Será para quedarse en las grandes palabras, o se apuntarán soluciones concretas que supongan un compromiso creíble?
¿Volverán a salir las incumplidas promesas de una Ley de Transparencia, que ya comentamos entre otros posts aquí? A pesar de de lo que su aplicación nos podría ahorrar en costes y corrupción, después de su incumplimiento puede ser fuerte el interés por obviar el tema. Ya se ha visto que nuestros gobernantes prefieren moverse en la opacidad. Y al fin y al cabo, el tema tampoco tiene tirón popular.
Tanto en un caso como en otro estamos hablando de poner límites a prácticas patológicas de muchos políticos, en beneficio de unos mejores resultados. Interés de casta frente a intereses generales. ¿Prevalecerán éstos?
Por eso, para concluir este breve post, un deseo que suponga menos sacrificio a los que redactan los programas, que no suponga embridar a sus mandos políticos. Un incremento de la libertad de testar, para incorporar nuestro petrificado Derecho sucesorio común a las últimas tendencias europeas. Una cosa sencilla, barata y vistosa. Tanto que sería absurdo no proponerlo.
Hay mucho más, claro que sí. Pues que fluya el blog.

Un otoño muy particular: Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho?

En nuestro blog, que inicia ahora su 9º mes de andadura,  somos conscientes de lo mucho que se juega la sociedad española en este último trimestre del año 2011. Por eso queremos hacer un esfuerzo, pese a nuestra relativa juventud, para atender lo mejor posible todos los aspectos jurídicos de las propuestas que –esperemos- van a hacer los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20N. Es más, alguno de nosotros también tenemos algunas propuestas que hacer, por lo que vamos a abrir una serie con las “Propuestas electorales de ¿hay derecho?”, por si acaso algún político las lee, le parecen interesantes y las incorpora a su programa. Y como a veces se nos acusa de ser muy críticos y de no hablar nunca  de los aspectos positivos –que a veces los hay- de las reformas que se hacen o se proponen desde los partidos políticos y que pueden funcionar estamos decididos también a comentar las iniciativas, vengan de donde vengan, que nos parezcan oportunas y razonables. Como confiamos que sepan nuestros lectores a estas alturas, el único propósito de los que escribimos aquí es contribuir, desde la sociedad civil y desde nuestro conocimiento técnico, a mejorar la calidad del debate público sobre cuestiones que nos parecen esenciales para nuestro futuro.

Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (y II): posibles vías de solución

En mi post anterior planteé en forma esquemática los principales problemas que afectan actualmente al modelo turístico predominante en España, que son básicamente la obsolescencia de buena parte de la planta hotelera, la hiperregulación normativa, la falta de especialización de la nueva fuerza laboral y las nuevas demandas y necesidades del mercado emisor de turistas. Dijimos que todo ello se traducía en una alarmante pérdida de competitividad de nuestro modelo, en especial de las zonas del litoral, tradicionalmente basado en el concepto de “sol y playa”. Vamos a apuntar aquí también esquemáticamente posibles vías de solución a todos esos problemas, dejando sentado que la transversalidad del turismo exige que sean muy variados los campos en los que debe actuarse para conseguir una importante mejora.

1) El problema de la antigüedad de la planta hotelera requiere soluciones imaginativas, en especial en cuanto a las medidas incentivadoras promovidas por las diferentes Administraciones públicas (como la bonificación en el número de plazas concedidas, o el intercambio de nuevas plazas turísticas por plazas “viejas” que sean eliminadas), y puede solucionarse por tres vías: la modernización de los establecimientos, su reconversión o su esponjamiento.

– La modernización de los establecimientos tropieza con el problema de su elevado coste, y ha sido objeto de importantes medidas legislativas en bastantes Comunidades Autónomas, que tratan de incentivar al sector turístico para la elaboración y cumplimiento de planes de modernización de la planta hotelera. La falta de adecuación a los planes de modernización, detectada por la inspección, puede suponer la baja del establecimiento.

– La reconversión puede realizarse por vía de la demolición del edificio y su posterior reconstrucción, con un coste también muy elevado para la empresa titular del establecimiento, o mediante su destino a otros usos, sean no turísticos (por ejemplo, apartamentos residenciales) o bien mixtos. Un ejemplo pujante de uso mixto es el de los “condohoteles”, que son establecimientos en los que se comparte la rentabilidad de varias habitaciones con una serie de propietarios inversores, que pueden habitarlas durante un periodo determinado del año, beneficiándose de los servicios hoteleros. La principal ventaja de esta fórmula de uso mixto entre turístico y residencial-vacacional es que puede ser una herramienta clave para evitar la competencia desleal que supone la comercialización ilegal de apartamentos. Esta fórmula presenta múltiples variantes en cuanto a su configuración jurídica (condominio puro, propiedad horizontal, usufructo, arrendamiento, aprovechamiento por turno) y económica (variadas fórmulas para el reparto de los beneficios del establecimiento), pero constituye una alternativa pujante para estimular la transformación de hoteles obsoletos y obtener para ello financiación privada, ya que aúna la fuerza económica de diferentes inversores.

– Una última y más drástica solución es el “esponjamiento urbanístico”, o sea, la demolición del hotel obsoleto y su sustitución por espacios de uso público o por equipamientos colectivos. Esta fórmula está prevista legislativamente, y se ideó para utilizarse en los casos de inmuebles degradados o en mal estado de conservación ubicados en zonas de alta densidad urbanística, pero tropieza con importantes problemas para su ejecución práctica por las Administraciones autonómicas. La gran asignatura pendiente en esta materia es arbitrar los sistemas para que estas operaciones de “esponjamiento”, que son altamente necesarias en determinadas zonas costeras muy densamente edificadas, puedan tener una aplicación efectiva.

No obstante todo lo expuesto, es importante aclarar que, en esta materia de modernización de la planta hotelera, la solución definitiva no está en la actuación individual sobre cada uno de los establecimientos turísticos de una zona determinada, sino en el cambio de concepto o en la modernización global de la totalidad de dicha zona. Por ello es conveniente o casi necesaria una absoluta coordinación de los departamentos turísticos con los de urbanismo y ordenación del territorio de cada Comunidad Autónoma, que permita realizar con eficacia actuaciones conjuntas. Sería, además, altamente recomendable dejar de elaborar una normativa urbanística general para todo tipo de edificaciones, distinguiendo claramente las normas destinadas a fincas residenciales de las que deben regular los establecimientos turísticos, dándoles a éstos, especialmente en determinadas Comunidades Autónomas, un tratamiento equivalente al de las zonas industriales, fomentando las reformas y rehabilitaciones por su interés económico prioritario. Las vigentes normas urbanísticas, que se elaboraron bajo el objetivo de frenar la especulación y el crecimiento masivo, ya no son útiles dado el drástico cambio de circunstancias que estamos viviendo.

2) El problema de la “hiperregulación” y de la confluencia no armónica de Administraciones ha situado al turismo en un nivel de encorsetamiento que dificulta enormemente la adaptación de su producto a las nuevas necesidades que el mercado demanda. La cuestión puede solucionarse por la vía de la refundición de la dispersa normativa vigente, de la eliminación de las entidades administrativas con competencias solapadas –cuestión que ya se está acometiendo en algunas Comunidades Autónomas dada la situación de crisis económica-, y de la creación de una “ventanilla única turística”, especialmente en las Comunidades que tienen al turismo como base esencial de su economía, oficina que centralizase todos los trámites de los establecimientos turísticos facilitando la interlocución de los empresarios del sector con las diferentes administraciones. Es necesario también consagrar legislativamente una definición amplia o flexible del establecimiento hotelero, que es una realidad cambiante según la demanda de los mercados, para evitar la necesidad de un gran número cumulativo de licencias o autorizaciones administrativas para que los hoteles puedan organizar las actividades complementarias o de animación que los clientes hoy demandan.

 

3) La cuestión de la pérdida de calidad en el personal al servicio de los establecimientos turísticos tiene que solucionarse necesariamente a través del estímulo de planes de formación, y a través de medidas de fomento de la compatibilización de la jornada laboral con los estudios universitarios. Ya las Facultades de Turismo y Hostelería de buena parte de las Universidades españolas ofrecen facilidades y horarios especiales para alumnos que se encuentran inmersos en el mercado de trabajo. También es interesante la creación de una “bolsa de trabajo” especializada, integrada por personas con la formación adecuada que, puesta a disposición de las empresas turísticas incluso por medios telemáticos, puede ser una buena herramienta para mejorar la calidad en el servicio hotelero y turístico en general. Y, por supuesto, será necesario incrementar la formación del personal en nuevas tecnologías. Hoy en día, internet es una herramienta imprescindible para promocionar destinos en todo el mundo.

4) Y los problemas derivados de las nuevas demandas del mercado turístico mundial deberán solucionarse necesariamente adaptándose a las exigencias del mercado, aunque respetando las peculiaridades de nuestra industria turística nacional. Resulta evidente que la competencia en destinos con buen clima, playas e infraestructuras ha crecido enormemente, que el mercado mundial de los touroperadores está prácticamente concentrado en dos o tres importantes grupos mundiales –lo que crea una situación de práctico oligopolio- y que en Europa se está implantando desde hace ya años una fórmula de manejar muchos turistas a bajos precios, a diferencia, por ejemplo, del mercado estadounidense. Hoy existe también una hipersegmentación del mercado, que consiste en la confluencia de muchas demandas de paquetes o productos turísticos diferentes entre sí. En consecuencia, el sector turístico deberá adaptarse a estas nuevas situaciones, aun en un contexto general de crisis económica y de reducción del margen empresarial, dado que la estructura de costes de las empresas españolas es superior a otras de la competencia. Es muy importante también luchar contra la “estacionalidad”, que es la concentración cada vez mayor de la temporada turística en unos determinados meses del año, y que tiene una incidencia negativa no sólo en las cuentas de resultados de las empresas del ramo, sino también en todo el entramado social de las zonas turísticas. Esa lucha requiere la adopción de medidas que posibiliten el alargamiento de la temporada, debiendo incidir en varios temas como la mejora de la competitividad en los servicios y tasas de nuestros aeropuertos -que son la principal vía de entrada de turistas en nuestro país-, el mantenimiento de las conexiones aéreas con los países emisores durante todo el año, la creación de nuevos productos turísticos y la mejora de lo ofrecido hasta ahora en los destinos tradicionales

 

Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (I): un breve diagnóstico

Como de todos es sabido, el turismo constituye una de las principales fuentes de riqueza de todo el Estado, e indiscutiblemente la fuente principal de ingresos, directos e indirectos, en la Comunidad Autónoma donde vivo, las Islas Baleares. España lleva unas cuantas décadas recibiendo turistas de forma masiva aplicando un modelo turístico, el famoso “sol y playa” que, por los cambios en el mercado, por las circunstancias internacionales y también por los avatares de la crisis económica, está poniendo claramente de manifiesto su obsolescencia en muchos aspectos. Dada la importancia económica y social de nuestra primera industria nacional, y dentro de las lógicas limitaciones del presente blog, voy a dedicar dos post consecutivos a poner de manifiesto, aunque sea en forma esquemática, un breve diagnóstico sobre los problemas de nuestro modelo turístico y las posibles soluciones para conseguir una evolución satisfactoria del mismo.

Los principales problemas que afectan en la actualidad a nuestro modelo turístico son de dos tipos: problemas estructurales y problemas de mercado. Vamos a tratar de dar una pincelada de cada uno de ellos:

Los problemas estructurales derivan de tres aspectos esenciales. El primero de ellos es la antigüedad de buena parte de la planta hotelera española, especialmente la de las zonas costeras, que fue construida de forma desordenada y fuera de normativa en los años 60 y 70 del siglo XX, y que hoy se está quedando obsoleta en una buena parte, sin que se haya facilitado su renovación o reconversión. El segundo aspecto es el gran desarrollo normativo que han generado desde los años 90 nuestros prolíficos legisladores, especialmente los de las Comunidades Autónomas, a las que se transfirieron las competencias básicas en estas materias, en cuestiones turísticas, hoteleras y en aspectos complementarios. Desde esos años se ha generado un auténtico maremágnum de normas técnicas que afectan a todas las Administraciones y que generan gran confusión entre sus destinatarios, las empresas turísticas y hoteleras. La ingente normativa actual tiene que aplicarse, en general, a edificios que, por su antigüedad, no se construyeron para dar cumplimiento a la misma. Por ello, los propietarios de establecimientos turísticos no son capaces, en la mayoría de los casos, de cumplir por sus propios medios todas las normas hoy vigentes, debiendo contratar servicios externos que les permitan adaptarse a semejante torrente normativo, con el consiguiente encarecimiento de sus costes operativos.

Todo ello viene agravado por el concurso de varias Administraciones (estatal, autonómica, insular y municipal), dadas las diferentes normas que confluyen (turísticas, de seguridad, laborales, sanitarias, etc.), no existiendo un interlocutor único para las empresas turísticas y hoteleras, que deben entenderse con varias oficinas administrativas no coordinadas entre sí en cuestiones que a veces se solapan. Y un tercer aspecto importante tiene que ver con el ámbito laboral, en el que se está produciendo el fin de la vida profesional de toda la fuerza de trabajadores que se incorporó al mundo turístico y hotelero en sus inicios, allá por 1970, y que, cumplida su vida laboral, está en proceso de jubilación o prejubilación. Esa fuerza laboral, con gran experiencia y formación práctica, está siendo sustituida por otra mano de obra menos formada y especializada, a veces procedente de países o regiones sin ninguna experiencia turística, planteando importantes problemas de calidad en el servicio por falta de formación o especialización. La confluencia de todos los factores estructurales anteriores esta produciendo una alarmante pérdida de competitividad de la industria turística española en general, y en especial de la planta hotelera de las zonas del litoral mediterráneo.

– A ello se suman otros problemas que proceden del propio mercado turístico mundial. La evolución de los diferentes mercados turísticos, la aparición de nuevas zonas y ofertas, las presiones de los touroperadores, y la insuficiencia del modelo tradicional de “sol y playa” están produciendo nuevas demandas en los mercados emisores de turistas, a las que los países receptores se están teniendo que adaptar. La diversidad de oferta complementaria, el turismo deportivo, el turismo de salud, el eco-turismo, la oferta cultural o gastronómica, y muchas otras novedades son ampliamente demandadas, y los países receptores están obligados a darles cumplida respuesta. Además, la crisis económica está imponiendo el auge de destinos con mejores precios -dados sus menores costes-, de destinos con buen tiempo garantizado durante todo el año, y de fórmulas como el “todo incluido”, en las que el cliente viaja con todos los gastos pagados desde su origen, con la repercusión negativa que ello supone para la oferta complementaria (bares, restaurantes, comercios, etc.) de los lugares que visita. Precisamente esta fórmula, cada vez más demandada en los últimos tiempos, está generando una agria polémica entre los empresarios hoteleros y los de las empresas de oferta complementaria en los destinos turísticos tradicionales, y dará lugar, indiscutiblemente, a una preocupante reducción de la ocupación laboral en el ámbito de la restauración. Y un último problema destacado es la necesidad del alargamiento de la temporada turística. En los años 80 se daban temporadas de 8 a 10 meses con buena ocupación general. En la actualidad las temporadas están durando de 5 a 6 meses como máximo, siendo cada vez más temprano el cierre otoñal de la planta hotelera.

Planteado esquemáticamente un diagnóstico del actual momento de nuestro modelo turístico, en el próximo post esbozaremos posibles soluciones a todas las cuestiones que en el presente hemos ido apuntando.

 

 

La Unión Europea: ¿el fracaso de un proyecto ilusionante?

Recién finalizada la 2ª Guerra Mundial, los políticos europeos con Jean Monnet y Robert Schuman a la cabeza decidieron que, para evitar nuevos enfrentamientos bélicos en un futuro, era necesario crear intereses económicos transfronterizos y organizaciones supranacionales que facilitasen el contacto entre los políticos, empresarios y ciudadanos de los distintos países europeos, en especial, Francia y Alemania.

En el año 1949 se constituyó el Consejo de Europa, organización sin capacidad resolutiva pero que serviría de foro de encuentro y discusión para los políticos europeos.

El paso siguiente se produjo en el año 1951 con la firma del Tratado de París, en el que se creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para facilitar el comercio de estas dos materias primas tan importantes en esos momentos en los que Europa se encontraba en fase de reconstrucción como consecuencia de la pasada guerra.

Se siguió avanzando en esa dirección y el 25 de marzo de 1957 se firmaba el Tratado de Roma mediante el cual se constituían dos nuevas organizaciones:

* La Comunidad Económica Europea (CEE)

* La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)

Este Tratado lo suscribieron seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y su objetivo era crear un Mercado Común en el que existiesen las cuatro libertades de circulación que caracteriza este tipo de mercados, es decir, personas, servicios, capitales y mercancías.

En estos cincuenta años transcurridos se han producido importantes crisis en el seno de CEE como, por ejemplo, la conocida bajo la denominación de “La silla vacía” que tuvo a las instituciones comunitarias paralizadas durante varios meses y que fue provocada por el veto del general De Gaulle a la entrada del Reino Unido en la CEE que no pudo resolverse hasta el año 1971 en el que el general se vio obligado a dimitir por los sucesos de “mayo del 68”.

La tesis defendida por De Gaulle era la “Europa de las patrias”, es decir, todos los países trabajarían juntos pero sin que las naciones perdiesen su identidad, que con el paso de los años es la que se ha impuesto.

La primera gran modificación del Tratado de Roma tiene lugar en el año 1986 con la aprobación del ACTA ÚNICA EUROPEA en la que se modifican diversos aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones comunitarias y se marca el año 1992 como fecha para la implantación del “Mercado Interior”. Este cambio de denominación de Mercado Común por Mercado Interior se debe a un reconocimiento implícito del fracaso que había supuesto el intento anterior, pues de las cuatro libertades, antes mencionadas, solamente la correspondiente a las mercancías era la que funcionaba con relativa normalidad ya que las restantes presentaban serias restricciones para su aplicación en varios países.

La segunda revisión importante es el TRATADO DE MAASTRICHT que potencia las competencias del Parlamento Europeo; integra la CEE, la CECA y el EURATOM en la Unión Europea; decide la creación de la Unión Económica y Monetaria y, como en el caso anterior, para disimular el fracaso, acuerda cambiar la denominación CEE por la de Unión Europea.

La Unión Económica y Monetaria fue un rotundo fracaso por su forma de implantación. Cuando se acuerda crear una moneda única, el euro, que pueda competir con el dólar y el yen en los mercados internacionales, se establecen unos requisitos mínimos que deberían cumplir todos los países que pretendan integrarse en la zona euro. Entre ellos merecen destacarse, por su importancia, que el déficit público sea inferior al 3% del PIB y que el volumen de la deuda externa sea inferior al 60% del PIB. Los países aspirantes presentaron sus datos que fueron aceptados por las autoridades comunitarias sin realizar exámenes y auditorías detalladas sobre los mismos. Da la impresión de que existía un interés político para que entrase en funcionamiento rápidamente. Con el paso del tiempo y a la vista de lo sucedido, me permito afirmar que países como: Portugal, Grecia, Irlanda y probablemente España e Italia no cumplían con los requisitos exigidos; es más, en la actualidad, ningún país de la zona euro cumple esas condiciones lo que es una de las causas de la actual crisis económica que asola Europa. Otro de los graves errores en este punto fue no haber designado un Ministro de Finanzas europeo con competencias plenas en este campo y que llevase a cabo la armonización fiscal.

Posteriormente, se aprobaron el TRATADO DE AMSTERDAM (1997) y el TRATADO DE NIZA (2001) que, en mi opinión, vienen a complicar el funcionamiento interno de las instituciones, ralentizando todavía más el proceso legislativo comunitario.

Finalmente, se firmó el TRATADO DE LISBOA (2007) en el que se propone un nuevo texto constitucional mediante la inclusión de enmiendas en los Tratados fundacionales, lo que creo va a ser de difícil aplicación, ya que un texto similar fue rechazado por Francia y Holanda en 2004.

Todas estas modificaciones han intentado corregir los problemas existentes en la Unión Europea e incrementar su estructura burocrática.

¿En qué me baso para afirmar que la Unión Europea ha sido un fracaso? Pues sencillamente en los siguientes puntos:

1º.- En sus cincuenta años de existencia no se ha conseguido el objetivo inicial que era la implantación de un mercado común en el que las personas, los servicios, el capital y las mercancías circulasen libremente. Todos sabemos que solamente las mercancías gozan de este privilegio.

2º.- La Unión Económica y Monetaria fracasó debido a su planteamiento inicial erróneo; a la urgencia por su entrada en vigor; a la ausencia de seguimientos exhaustivos de la economía de estos países y a la falta de un Superministro de Finanzas.

3º.- Lamentablemente, y a pesar del tiempo transcurrido, se ha impuesto la tesis de la “Europa de las patrias” con los nacionalismos en pleno auge, lo que supone un serio revés al proceso de integración europea.

4º.- Se ha creado una burocracia mastodóntica que soportamos todos los europeos y que entorpece el funcionamiento de las instituciones. Para aprobar una Directiva o un Reglamento se necesita un plazo mínimo de quince meses, con lo que cuando la disposición legal entra en vigor, en muchos casos, ya ha quedado obsoleta.

5º.- Así como los Reglamentos son de aplicación directa a los Estados miembros, las Directivas deben ser transpuestas al derecho interno de esos países que cuando las consideran perjudiciales para sus intereses suelen demorarse varios años en su transposición, sin que les apliquen sanción alguna.

6º.- A fin de democratizar las instituciones se ha dotado al Parlamento de unos poderes y un número de parlamentarios excesivo con lo que la disputa política entorpece la toma de decisiones económicas que deben ser urgentes y eran la base de la Unión Europea.

7º.- Se ha efectuado una ampliación acelerada de la UE para la admisión de nuevos Estados sin haberse consolidado el funcionamiento interno de las instituciones. En un periodo de ocho años se ha pasado de 15 a 27 Estados miembros, lo que va a representar un serio problema.

8º.- Conscientes de la realidad y a la vista de los sucesivos fracasos, el Consejo ha ido modificando las denominaciones de una misma institución para “despistar” a los ciudadanos y hacerles ver que se trataba de una nueva iniciativa.

Mercado Común → Mercado Interior → Mercado Único

Comunidad Económica Europea → Comunidades Europeas → Unión Europea

9º.- Mi experiencia personal me permite afirmar que en las reuniones de los Grupos de Trabajo de la Comisión y en las preparatorias del Consejo los representantes de cada Estado, actúan como auténticos mercaderes, donde para hacer una concesión tienen que obtener una contrapartida. Como caso excepcional en los anales de la UE figura el del Sr. Rodríguez Zapatero que en la reunión del Consejo en la que se aprobó la supresión de fondos comunitarios para España a partir del 2013, mostró su sonrisa habitual y no pidió nada a cambio ante el asombro de sus colegas europeos.

Redactado el presente post se han producido dos hechos que por su importancia considero debo recogerlos para que el lector pueda tener una visión más completa de la situación.

Por un lado, la intervención de Ángela Merkel en el Bundestag en la que manifiesta el compromiso formal de Alemania para la resolución de los problemas, afirmando que la quiebra de Grecia supondría el fracaso de la Unión Europea y por tanto de Alemania a la que considera indisolublemente unida a Europa. Pide al resto de los Estados un compromiso legal, modificando sus textos constitucionales, si es necesario, para lograr el déficit cero en sus presupuestos e iniciar una armonización fiscal. Hasta ahora los países fuertes estaban actuando bajo la presión de sus grandes bancos que experimentarían enormes pérdidas si se produjese la quiebra de Grecia, Irlanda, Portugal y sobre todo de Italia y España, debido a elevado volumen de deuda pública que tienen adquirida, por lo que se adoptaban medidas coyunturales sin entrar en el fondo del problema para sanear la economía de la UE.

Este compromiso alemán puede representar el primer paso serio en la dirección correcta.

Por otro, la publicación de un Informe del banco suizo UBS que comienza afirmando:

“La actual estructura del euro nunca debiera haber existido ya que no funciona como se ha demostrado en los últimos acontecimientos”

Apuesta por la integración fiscal en la Unión Monetaria pues de no llevarse a cabo y producirse una ruptura, la factura a pagar sería brutal, tanto en los países periféricos que cuantifica en el 40-50% de su PIB, es decir, entre 9.500-11.500 euros/habitante, el primer año, como en los países fuertes que podría ser del 20-25% de su PIB, o sea, entre 6.000- 8.000 euros/habitante/año.

Pero todavía las consecuencias políticos-sociales serían más negativas, corriéndose el riesgo de la implantación de regímenes totalitarios como única alternativa válida para solucionar la grave situación económica que incidiría especialmente en los sectores más desfavorecidos.

El Informe concluye con una advertencia:

“¿Y si ocurre el escenario del desastre pese a su baja probabilidad? Las consecuencias serían nefastas en términos de crecimiento y de estabilidad política y social por lo que es aconsejable desprenderse de todos los activos en euros”.

Lo que confirma que los mercados desconfían de la capacidad de los actuales dirigentes europeos para resolver la crisis.

Como colofón podemos afirmar que la integración fiscal, la exigencia legal del déficit cero, el seguimiento real y permanente de las economías con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y la solidaridad ente los países miembros, son requisitos necesarios, pero no sabemos si suficientes para salir de esta profunda crisis a la que nos han conducido unos gobernantes irresponsables e ineptos.

 

Artículo de Jorge Salto acerca del impuesto sobre el patrimonio, en El Confidencial

Continuamos con la colaboración con el diario digital El Confidencial. En esta ocasión, Jorge Salto reflexiona sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. Transcribimos a continuación el artículo, y si quiere leerlo en su formato original, puede hacerlo aquí.

Los editores.

 

Impuesto sobre el patrimonio: cambio en las reglas a mitad de partido

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la revitalización de esta figura impositiva para los años 2011 y 2012, desatando un aluvión de críticas sobre las que me gustaría hacer alguna reflexión. Particularmente no comparto ninguna de las tópicas críticas que se vienen haciendo de esta reaparición y me explico.

La aparición de una figura impositiva debe valorarse en clave técnica y no propagandística o populista. Lo importante es si el hecho imponible está bien delimitado, en si realmente grava aquello que quiere gravar, en si resulta confiscatorio, en si logra ser equitativo, progresivo, en si permite su norma una cierta seguridad jurídica, etc. Las valoraciones populistas se las encomiendo a las urnas, que son las que juzgan las políticas fiscales de los partidos políticos. Son las urnas las que juzgarán a un impuesto patrimonial con una exención por vivienda habitual de 300.000 euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y con una obligación de declaración para los que tengan un patrimonio superior a 2 millones de euros.

Por ello, no comparto el argumento que basa la crítica en su leve efecto en el déficit público. Hay quienes para criticar la medida argumentan que su efecto recaudatorio se verá reducido a unos pocos cientos de millones de euros, “peanuts” dicen. Y francamente, no me parece un buen argumento, pues aparte de que todo suma, el que recaude mucho o poco no debe interferir en la valoración de la reforma.

Tampoco comparto la crítica que realizan desde sectores conservadores a lo electoralista de la reforma. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas y éstas tienen competencias normativas sobre el mínimo exento, la tarifa de gravamen y las deducciones y bonificaciones en cuota. Pues bien, no vi a ninguna Comunidad, gobernara quien gobernara, en los años en que el Impuesto estuvo vivo, renunciar a su recaudación. Al contrario, cuando en el año 2008 se acordó por el gobierno central su supresión, se arbitró una compensación fiscal para las Comunidades Autónomas por la pérdida de recaudación. Por ello, no veo que ningún partido esté moralmente legitimado para criticar la actual reaparición del tributo, cuando nada hicieron por suprimirlo en su esfera de actuación. Y de nuevo, fácil lo tienen si quieren suprimirlo, pues sólo tienen que adoptar las medidas legislativas correspondientes en su territorio.

Ahora bien, el que no comparta estas críticas no significa que esté de acuerdo con la reforma, tal y como se ha articulado. No me refiero sólo al gusto que le ha cogido el gobierno al empleo del Real Decreto-ley, sino al haber declarado vigente el impuesto en el año 2011.

Y es aquí donde como técnico he de centrar todas mis críticas. De nuevo, al igual que ya hicieran en el mes de agosto, el gobierno ha adoptado una reforma que, ignorando toda seguridad jurídica, declara la vigencia en este período, afectando así a un sinfín de decisiones económicas consumadas de los agentes económicos (aquí sujetos pasivos del impuesto) que han tomado sus decisiones en estos primeros nueve meses de 2011 con otras reglas de juego.

Por ejemplo, a la hora de la planificación fiscal era trascendental el límite conjunto de cuotas íntegras del Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF. Prevé la norma que la suma de dichas cuotas íntegras no podrá exceder del 60% de las sumas de las bases imponibles del IRPF. Se pretende así evitar la confiscatoriedad, con un límite: la reducción no puede ser superior al 80% de la cuota de IP.

Ahora bien, en el cálculo de este límite de tributación regían reglas particulares:

– De las bases imponibles de IRPF se descontarán las ganancias patrimoniales de elementos con un período de tenencia superior al año; eso sí, se descontarán de las cuotas íntegras del IRPF las que correspondan a dichas ganancias.

– Y a las bases se añadirán los dividendos de las antiguas sociedades patrimoniales, no sujetos en el IRPF.

– Y se descontarán también de las cuotas íntegras de IP las que correspondan a elementos no susceptibles de producir rendimientos en IRPF.

Pues bien, es posible que muchos sujetos pasivos hayan transmitido durante estos primeros nueve meses y medio de 2011 activos patrimoniales que adquirieron hace menos de un año y que de haber sabido el restablecimiento del IP habrían esperado hasta cumplir dicho plazo. Pues cumplido el año su ganancia se restará de las bases imponibles del IRPF y a menores bases menores cuotas en Patrimonio.

Es decir, pensemos en dos contribuyentes cuyo patrimonio asciende a 10 millones de euros, todo invertido en bolsa. Ambos compraron sus acciones el 15 de septiembre de 2010. Ninguno trabaja ni obtiene rentas. Supongamos que ambos venden su inversión por 10.695.996,06 euros, uno el 14 de septiembre de 2011 y el otro una semana más tarde. El primero, al obtener una ganancia de 695.996,06 euros proveniente de un elemento de tenencia inferior al año, queda impedido de la aplicación del límite, debiendo tributar por un patrimonio de 10.695.996,06 euros que arroja una cuota íntegra de 183.670,29 euros. El segundo, viendo la aprobación del Real Decreto-ley decide esperar a que su inversión cumpla el año para aplicar el mencionado límite:

– Suma de cuotas íntegras: 329.709,46 (183.670,29 + 695.996,06 x 19/21%).

– 60% de la Suma de bases imponibles: 0.

– Límite inferior: 20% de 183.670,29 es decir: 36.734,06.

En definitiva, la reforma afecta a situaciones pasadas haciéndolas tributar de manera más perniciosa (183.670,29 euros) pues de haber sabido el nuevo marco legal bastaría haber agotado el año de tenencia para pasar a tributar 36.734,06 euros.

Este sencillo ejemplo muestra cómo la reforma, en todo un exponente de inseguridad jurídica, atenta contra situaciones pasadas que no han podido conocer la reforma y que de haberla conocido habrían planificado sus actuaciones de manera más racional.

Y a la inversa, ha habido sujetos que han recibido los primeros meses de 2011 dividendos exentos de las antiguas sociedades patrimoniales y que de haber sabido que la reforma podía afectarles negativamente habrían alterado su decisión económica.

Y lo mismo podría decirse de alguna de las exenciones del patrimonio empresarial, que se condicionan a percibir rentas por funciones directivas que constituyan la principal fuente de renta. La desaparición del tributo hizo variar la estructura de los patrimonios empresariales e hizo desaparecer también las retribuciones por funciones directivas, máxime con la supresión en algunas comunidades autónomas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora, a tan sólo tres meses de que finalice un año en que el impuesto ha vuelto a cobrar carta de naturaleza, hay que reajustarlo todo con el consiguiente coste fiscal.

En definitiva, es lícito que el gobierno decida la implantación del Impuesto sobre el Patrimonio. Las urnas le juzgarán. Pero lo que es criticable es que se declare la vigencia de la reforma para 2011 pues afecta de forma retroactiva a decisiones ya consumadas que no han podido prever este nuevo marco legal.

Por lo demás, al resucitar el Impuesto, todas las críticas técnicas que se realizaban durante la vida del impuesto antes de su desaparición reviven de nuevo. Las reglas de valoración del patrimonio y de los límites de cuotas conjuntas con el IRPF provocarán de nuevo multitud de desajustes en una norma que debería gravar el patrimonio del sujeto pasivo en condiciones de igualdad.

Veremos qué dicen las urnas y qué hacen las Comunidades Autónomas de esta figura tributaria.

 

Consenso, concordia y vinculación al Orden constitucional

Con frecuencia se escucha a representantes de los grandes partidos nacionalistas (CiU, PNV) o del PSC decir que ni el Tribunal Constitucional ni los demás Tribunales pueden cuestionar el contenido de las leyes aprobadas por las asambleas legislativas de Cataluña y el País Vasco. Tampoco de las Cortes Generales cuando aprueban normas relacionadas con esas regiones, como los Estatutos de Autonomía (siempre que su contenido sea el deseado por esos partidos). Y ello porque hacerlo sería atentar contra la voluntad “democrática” y “soberana” del pueblo de Cataluña o del País Vasco expresada a través de sus representantes.

Los Tribunales, al no ser “soberanos”, no podrían entrar a cuestionar ni las leyes autonómicas ni las decisiones de esos gobiernos autonómicos tendentes a desarrollar o a aplicar dichas leyes, aunque entraran en contradicción con normas de igual o superior rango, incluida la Constitución.

Tesis tan disparatadas han sido incluso sostenidas, en diversas ocasiones y con pequeños matices, por dos figuras preclaras del Derecho Constitucional español. Por nada menos que el Ministro de Justicia, Sr. Caamaño, catedrático de la disciplina, y por la Sra. Chacón, otrora profesora del ramo, hoy Ministra de Defensa del Gobierno de España (algún día tendrá que hacerse el análisis de cómo se llega aquí a catedrático, aunque algunas pistas se dan en “La tribu universitaria” de Alejandro Nieto y en las más lejanas páginas de Ramón y Cajal).

Más allá de la anécdota, esa actitud de los nacionalistas y de sus arietes pone de manifiesto su velado desprecio por el orden político nacido de la Constitución de 1978. Una Constitución que nació fruto del consenso, cosa que -según se dice- permitió “integrar” a los nacionalistas y que algunos de ellos votaran a favor de su aprobación.

Cabe preguntarse si ese consenso era fruto de la concordia, de la adhesión convencida a un proyecto común, compartido, de convivencia. Y más aún, si ese consenso comportaba una voluntad de cumplir y hacer cumplir el orden jurídico-constitucional surgido del mismo.

Pero, ¿qué es el consenso? Según la RAE, es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. La expresión tiene una carga valorativa implícita: da idea de unanimidad, pero expresada de una manera tenue, poco tajante. Por eso, se hace uso frecuente de ella en política. Evita confrontaciones sin entrañar afirmaciones rotundas.

De alguna manera, la Constitución de 1978 -en particular su título VIII, aunque no solo él- es la formalización, hecha por consenso, de un disenso sobre la unidad y la estructura territorial de España. Alzaga habló, en un sentido parecido, del “compromiso indecisión”. Y Cruz Villalón, ex Presidente del TC, de la “desconstitucionalización de la estructura del Estado”. Para poder llegar a un acuerdo aplazaron la solución, esto es, la definición de la estructura del Estado, que sigue abierta. Y si ese aplazamiento pudo parecer un acierto en aquel momento inicial, hoy cada vez más voces piensan lo contrario. Treinta años después, cada vez está más cuestionada dicha estructura, así como el grado de observancia real por parte de todos, especialmente de los nacionalistas, del orden jurídico y político nacido de esa Constitución.

Pese a todo, los políticos del PP y PSOE siguen más preocupados de conseguir el consenso de los partidos nacionalistas en las decisiones que deben adoptarse que de procurar que esas decisiones se tomen sin demora, y que su contenido sea acertado y conveniente al interés general, aunque no las voten los nacionalistas.

Se ha mitificado el consenso. Sin embargo, contra lo que se cree, las democracias no se desenvuelven en torno a la idea del consenso, sino al juego de las mayorías y al principio de división de poderes. El consenso es deseable, sí, pero la necesidad permanente de su concurso bloquearía la toma de decisiones y haría imposible la dinámica de los regímenes democráticos. Por eso, la Constitución exige mayorías -y no consensos- para aprobar las leyes o los Estatutos de Autonomía o para elegir al Presidente del Gobierno. Además, se presume erróneamente que una decisión adoptada por consenso será más acertada que otra sin él. Y esto no es necesariamente así, sobran ejemplos que lo demuestran. La bondad intrínseca de una decisión no depende del método usado para su adopción (sea por consenso, sea por mayoría).

Lo habitual, en política y en la vida, es la ausencia de consenso. La convivencia plantea conflictos de intereses continuamente -la sociedad conflictual frente a la paz de los cementerios, como decía Montesquieu-. Pero puede haber concordia sin consenso. De hecho, eso suele ser lo habitual: la concordia no implica la unanimidad de todos en todo, o la ausencia de conflicto. Ni en la vida de las familias, ni de las instituciones, ni de los países que consideramos conviven en armonía existe tal unanimidad. La concordia es la voluntad de convivir -de vivir juntos, y compartir unos valores, unos elementos históricos, geográficos, culturales, sociales…comunes, por encima de muchas otras discrepancias- conforme a unas reglas de convivencia que se aceptan y se respetan. Incluso para quien no las comparta por completo, hay que respetar esas reglas y hacerlas respetar.

Por eso mismo resulta tan paradójica la actitud de quienes tratan de imponer su voluntad exigiendo consensos sobre los temas que les convienen, y desprecian la concordia, expresada en las reglas de la convivencia aceptadas por la mayoría, cuando no se acomodan a sus intereses particulares. La convivencia civilizada consiste, empero, en aceptar que, en democracia, la voluntad de la mayoría se impone a la minoría conforme a las reglas establecidas en la Constitución. Y en respetar la división de poderes, lo cual supone que las decisiones de los parlamentos, incluidos los autonómicos, y de los gobiernos, están sujetas al control del Tribunal Constitucional y de los Tribunales ordinarios. No son, por tanto, irreprensibles.

El hecho de que los partidos nacionalistas y algún ministro del Gobierno de España traten de condicionar el contenido de las sentencias (recuerden el caso del Estatut) o se rebelen públicamente contra las decisiones del TC o de los Tribunales tratando de forzar que no se ejecuten o que se rectifiquen, es un acto gravísimo de deslealtad constitucional. Y más grave aún es tratar de hacerlo con el argumento espurio de que los tribunales no son “soberanos” para revisar las decisiones de órganos elegidos democráticamente, sean leyes o reglamentos autonómicos.

En ese argumento subyace una voluntad consciente de confundir a la ciudadanía y de no someterse, en todo lo que perjudique sus pretensiones nacionalistas, a los principios básicos del orden político nacido de la Constitución. Un sarcasmo, cuando es precisamente en esas reglas del juego -en la Constitución, y no en otro lugar- donde se encuentra el fundamento de su régimen de autogobierno que -no lo olvidemos- es de “autonomía”, pero no de “soberanía” (STC 4/1981, de 2 de febrero).

A vueltas con el patrimonio.

La súbita resurrección del Impuesto sobre el Patrimonio ha sido objeto de diversos comentarios en este blog en los que se ha discutido, sobre todo, la conveniencia política del impuesto y de su reimplantación en este momento así como la idoneidad del instrumento jurídico, un Decreto Ley, utilizado.
Sin embargo, a mi lo que me parece más criticable es un aspecto del Impuesto que ya estaba presente en la anterior regulación, y que ahora no se corrige, que lo hace absolutamente injusto al gravar de forma muy distinta hechos imponibles idénticos. Se trata del artículo 10.1 de la Ley 19/1991 de 6 de julio, relativo a la valoración de los inmuebles, en el que se establece que a efectos del impuesto se tomará el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el comprobado por la administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adjudicación.
Lo que esta norma supone, lisa y llanamente, es que inmuebles idénticos van a recibir valoraciones totalmente dispares y sus dueños van a tributar de forma muy distinta, lo que es palmariamente injusto. Para apreciarlo basta ver un ejemplo perfectamente ajustado a la realidad y nada infrecuente. Pensemos en dos “ricos”, por ejemplo, dos profesionales que, con el trabajo de toda su vida, además de su vivienda habitual (que goza de exención hasta cierto límite), han adquirido dos pareados idénticos en alguna urbanización, más o menos lujosa, de la costa española. Pongamos que el valor catastral de cada chalet es de 600.000 euros y su valor real actual, con la crisis y siendo optimistas, de 800.000 euros. Imaginemos que uno de ellos compró antes del “boom” inmobiliario, por ejemplo en 1998, por 500.000 euros, y el segundo en 2008, en lo más alto de la burbuja, por el doble, es decir, por UN MILLÓN de euros.
Es evidente que el que compró en 2008 además de haber hecho peor negocio, puesto que ha pagado más y, hasta ahora, no ha obtenido plusvalías sino todo lo contrario, habrá pagado más impuestos, tanto en renta como en transmisiones patrimoniales. Pero lo lógico es entender que ahora, en el impuesto de patrimonio, ambos, titulares de patrimonios idénticos, pagarán lo mismo: lo que corresponda en función del valor real de bienes clónicos.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que el resultado de aplicar la mencionada regla de valoración es que para el impuesto sobre el patrimonio inmuebles idénticos pueden tener valores y tratamientos fiscales muy distintos. Así, en nuestro ejemplo, el que compró en 1998 aplicará el valor catastral, superior al de su adquisición, y resultará exento del pago del impuesto. Sin embargo, el que tuvo la mala suerte de comprar en 2008 tendrá que aplicar el valor de compra y, él sí, tendrá que pagar el impuesto de patrimonio y, encima, tributando por un valor muy superior al que en este momento podría obtener en el mercado por su chalet.
La cosa se puede complicar si en los años de bonanza se ha producido un fallecimiento y los herederos, advertidos por el notario de su obligación de declarar el valor real e incentivados por la exención en muchas comunidades autónomas del impuesto de sucesiones, han optado por recoger en la escritura de herencia valoraciones basadas en las previsiones más optimistas, previsiones que pueden haberse visto rápidamente frustradas por la evolución del mercado pero que recaerá sobre ellos en el futuro como una losa inamovible.
En definitiva, podemos discutir si quien disfruta para sus vacaciones de un estupendo chalet de ochocientos mil euros es o no rico y si debe ser él, precisamente, el que debe hacer un mayor esfuerzo para sacar el país adelante pero lo que, en mi opinión, resulta indiscutible es la injusticia, sino inconstitucionalidad, que supone que dos supuestos potentados, con patrimonios idénticos y de igual valor real, tengan un tratamiento fiscal totalmente distinto hasta el punto de que uno sea considerado legalmente rico y el otro no.

Artículo de Rodrigo Tena sobre el “Caso Faisán” en El Confidencial

Nuestro Editor Rodrigo Tena inaugura con este artículo  publicado ayer una etapa de colaboración de este Blog con El Confidencial. ¡Que no se lo pierdan nuestros lectores!

Espasmos jurídicos en el caso Faisán

Si algo prueban las complejidades jurídicas del caso Faisán es el genio imperecedero de Franz Kafka. Pese a que gracias a él estamos perfectamente avisados de lo fácil que resulta que las disquisiciones legales y los detalles procedimentales nos envuelvan en el absurdo, haciéndonos perder completamente de vista el sentido final de las cosas, hay que reconocer que los juristas tenemos una tendencia innata a incurrir en este vicio. Pues bien, este caso demuestra a las claras que no sólo los juristas.

¿Colaboración con banda armada o revelación de secretos? ¿Audiencia Nacional o Juzgado de Instrucción de Irún? ¿Pleno o sección? Comprendo que tales cuestiones puedan interesar bastante a los procesados (por razones obvias) y algo (por responsabilidad profesional) a los magistrados que tienen que decidirlas, pero para los ciudadanos de este país deberían ser completamente secundarias e intrascendentes.

Mientras nos agotamos discutiendo si el delito es de colaboración o de revelación, o minucias tales como si es ajustado a Derecho que el presidente de la sala avoque su conocimiento al pleno, esperando quizá encontrar en ellas escondidas conspiraciones,  se nos escapa el fondo del asunto. Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.

No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración) diseñada necesariamente por los responsables políticos de ese Ministerio, con el Sr. Rubalcaba a la cabeza. Pensar cualquier otra cosa no es creíble. Pero si discutimos ahora en sede judicial si hay colaboración o no, es precisamente porque esta estrategia ilegal ha sido negada repetidamente por esos responsables políticos, por razones electorales, dejando de paso a sus funcionarios en la estacada.

El bosque que pretende ocultarnos tanto tecnicismo, por tanto, es esa radical negativa a asumir responsabilidades políticas por este asunto. Eso es lo que nos obliga a todos (jueces, periodistas y sufridos espectadores) a sumergirnos en este universo kafkiano de calificaciones y avocaciones varias. De ello no tienen la culpa los jueces, evidentemente, que cumplen con su trabajo, máxime cuando nadie colabora para aclararles oficialmente el asunto. Más bien al contrario, lo que se pretende es utilizar todo tipo de recovecos jurídicos y procedimentales para ocultar aún más la propia responsabilidad política, instando a que la judicatura infiera las conclusiones que ellos se niegan a explicitar en voz alta. Un nuevo y triste ejemplo de la utilización política de las instituciones clave del Estado de Derecho.

Condenados a no acertar

Es obvio que los jueces no tienen más remedio que entrar en este juego técnico. El problema es que cualquiera que sea la decisión que adopten será criticable, por un motivo u otro. Es más, como consecuencia de la torticera utilización de la que están siendo objeto, están irremisiblemente condenados a no acertar. Si califican el delito de colaboración, porque obviamente no la había, ya que “todo el mundo sabe” que esos funcionarios actuaban a las ordenes de Rubalcaba; si sólo de revelación de secretos, porque avisar a un sospechoso que va a ser detenido, que es el único hecho probado dado el silencio de Rubalcaba, es obviamente colaborar con él.

En cualquier caso nosotros, los ciudadanos, no estamos obligados a bucear entre espejismos y paradojas, afortunadamente. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.

Desmesuras institucionales: los parlamentos autonómicos

Hoy publicamos un artículo de nuestro colaborador Ramón Marcos Allo, que ha sido elegido recientemente diputado a la Asamblea de Madrid por UPYD y que reflexiona sobre el Parlamento regional. Se trata de una opinión crítica especialmente valiosa, por tanto, dado el cargo que ocupa el autor. A continuación, el artículo de Ramón Marcos.
Los editores.
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La situación de España es complicada. Hay una profunda crisis económica que, como ya se ha subrayado, está agravada por la crisis política e institucional que padecemos. En este blog se han contado múltiples ejemplos de la deriva autonómica y de los errores que se han producido por tratar de reproducir en cada autonomía un mini estado. Continuando con la serie, voy a exponer otro ejemplo más de los defectos institucionales que nos llevan a ineficiencias y gastos innecesarios: los que afectan a los parlamentos autonómicos, que estoy conociendo en primera persona desde que salí elegido diputado el pasado veintidós de mayo en la Asamblea de Madrid.

La Constitución española previó, para aquellas Comunidades que hubieran accedido a la autonomía bien porque hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contasen, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia) o bien por el procedimiento agravado de su artículo 151 (Andalucía), un sistema institucional completo que incluía una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal. Sin embargo, para el resto de las Comunidades, que accedían por el régimen ordinario, la Asamblea no era un requisito institucional necesario. Pese a lo cual, todas optaron en sus estatutos por tener una, que aunque inicialmente eran sencillas, con la asunción de nuevas competencias, se fueron profesionalizando y asimilando al Congreso de los Diputados en su estructura y funcionamiento.

En principio no habría nada que objetar a ese desarrollo ya que en todos los Estatutos se establecieron competencias legislativas y para ejercerlas es necesario un parlamento. El problema ha sido su desarrollo posterior. Ya se sabe que el órgano hace la función, pero en este caso la función se ha desbordado. Esas Asambleas han pretendido emular a las Cortes Generales y se han puesto a legislar de manera alocada, y con escasa calidad (muchas de sus leyes no dan ni para ordenes ministeriales), dictando miles de normas que han roto el mercado interior y dificultado la libertad de circulación de los trabajadores. Por otra parte, y como símbolo del nuevo poder, han construido hermosos y caros edificios al lado muchas veces del de la diputación provincial o del ayuntamiento, con lo que pequeñas autonomías tienen hasta tres instituciones que mantener con los esforzados impuestos de sus ciudadanos.

Como consecuencia de esa emulación, un diputado de la Asamblea de Madrid cuesta unos doscientos setenta y un mil euros al año, poco menos de lo que cuesta uno en el Congreso de los Diputados, doscientos ochenta mil, a pesar de que la población de Madrid no llega a siete millones de habitantes mientras que la de España supera los cuarenta y seis millones. Claro que hay casos peores, en Cataluña el coste roza los quinientos mil, para siete millones, o en el País Vasco cuatrocientos ochenta mil, para poco más de dos millones. Así, sólo en mantener los parlamentos autonómicos se supera la cifra de cuatrocientos millones de euros al año.

Estos son datos generales que tienen su reflejo en el caso particular de la Asamblea de Madrid. La cual está ubicada en un moderno, pero disfuncional edificio -la acústica del Pleno es desastrosa-, y caro de mantener; y cuenta con un elevado número de personal, alguno ciertamente muy cualificado y eficiente, pero entre el que hay un exceso de eventuales (colocados a dedo), en puestos de escasa justificación salvo para que el Grupo con mayoría en la Mesa (el órgano de gobierno de la Asamblea) pueda repartir puestos de trabajo entre sus afines, y de personal auxiliar con funciones solo entendibles desde una concepción arcaica de la tarea de diputado. En cuanto a su funcionamiento, un botón de muestra de su arbitrariedad, como julio es inhábil según el Estatuto para el trabajo parlamentario, la Mesa decidió habilitarlo a efectos legislativos en junio para dar pruebas de trabajo, sin embargo en septiembre, que es hábil por Ley, no prevé nada relevante salvo la comparecencia de unos consejeros que aún no habían comparecido ante los diputados, a pesar de que han pasado casi cien días desde su nombramiento.

Pero además en la Asamblea de Madrid hay privilegios. Por ejemplo la Mesa dispone de un exceso de coches a su servicio, sus miembros pueden comer e invitar gratis a cualquier persona en el restaurante de la Asamblea, que ya de por sí es barato para todos (en Italia este verano algo parecido fue un escándalo), y junto a los Portavoces de los Grupos disponen de entradas gratis para ir a los toros en Las Ventas. A estos “pequeños” privilegios hay que sumar que, por decisión de la Mesa, los diputados están exentos del impuesto de la renta de las personas físicas en el veinte por ciento de una parte de su salario, porque se considera que se destina a viajes, aunque Madrid es una comunidad que se hace de punta a punta en menos de dos horas y que además tienen una tarjeta para taxis, el abono transporte pagado y autopista de peaje gratis. A lo que hay que añadir que como todos los parlamentarios de España no pagan de su salario la parte de cotización de Seguridad Social correspondiente al trabajador. Así, ambos beneficios suponen para un diputado ingresar al año tres mil quinientos euros netos más que un trabajador normal a igual salario. Por otra parte, en esa misma Asamblea se sientan concejales y alcaldes que ejercen ambas funciones, y que cobran dos salarios de los presupuestos públicos, ya que no hay incompatibilidad entre ellas.

¿Realmente España se puede permitir este sistema institucional? Creo que no. Es necesaria una reforma que adecue las instituciones a la realidad de sus funciones, que deberán ser menores por las competencias que debe recuperar el Estado, y unos políticos con prácticas más sencillas, sin privilegios frente a los ciudadanos. No tenemos mucho tiempo para esas reformas, hemos de empezar ya.

Ramón Marcos