¿Se debe reconocer a las uniones de hecho los mismos derechos que a los matrimonios?

De un tiempo a esta parte se está insistiendo desde algunos medios de comunicación en la diferencia de trato legal entre uniones de hecho y matrimonios, presuponiendo de alguna manera que muchas de ellas no están justificadas. ¿Es realmente así? ¿Se trata de una discriminación que el legislador nacional debería eliminar de una vez por todas?

Este fue un tema que generó bastante polémica hace años, y, pese a que la aprobación del matrimonio homosexual parecía haberlo pacificado, la reciente campaña demuestra que hay gente que se resiste a entenderlo.

Creo que estaremos de acuerdo en afirmar que hoy la gente que no se casa es porque no quiere. Hace años esto no estaba tan claro, y no me remonto a la época de la indisolubilidad civil del matrimonio, sino a la anterior al reconocimiento del matrimonio homosexual. En ese momento los homosexuales no disponían de alternativa a la pareja de hecho, lo que complicaba enormemente su tratamiento legal. La afirmación de que el que no se casaba era porque no quería no jugaba, evidentemente, para ellos. Pero en vez de distinguir casos, como hubiera sido de recibo, tanto los tribunales como los legisladores autonómicos unificaron el tratamiento para todo tipo de parejas de hecho y empezaron a reconocerles derechos hasta el punto, en algún caso, de equipararlas prácticamente a los matrimonios. A partir de la Ley catalana –ya de por sí muy generosa en la atribución de efectos- se sucedieron con la leyes autonómicas posteriores una carrera por ver quién daba más. Por su parte, el TS, en sus sentencias de 5 de julio de 2001 y de 16 de julio de 2002, llegó a aplicar analógicamente el art. 97 del CC (pensión compensatoria) a una unión de hecho.

En mi opinión particular el matrimonio homosexual ha venido a solucionar muchos problemas -aunque sé que el tema es polémico- pero lo que no creo que nadie pueda dudar es que ha clarificado enormemente éste asunto de las parejas de hecho. También  ha ayudado enormemente a clarificarlo el divorcio express. Pese a lo que mucha gente piensa, el divorcio rápido es un claro incentivo del matrimonio. En ciertos países de oriente, donde el divorcio está extraordinariamente dificultado, la tasa de matrimonios ha caído hasta límites asombrosos para lo que era habitual. Las mujeres que trabajan fuera y tienen cierta independencia económica se resisten a entablar relaciones en las que la salida es problemática, por razones perfectamente evidentes (quien quiera profundizar en el tema puede hacerlo consultando este interesante articulo de The Economist). Nada de eso ocurre en nuestro país. Ahora sí se puede decir con seguridad que aquí el que no se casa es porque no quiere que se le aplique su régimen jurídico, con su conjunto de cargas y beneficios.

Si no quiere, no parece lógico aplicarle, muy especialmente, las normas del matrimonio que regulan los derechos y deberes entre los cónyuges (sucesiones, pensiones compensatorias por divorcio o separación, régimen económico matrimonial, etc). Hacerlo seria un claro atentado a su libertad. Su resistencia a casarse demuestra su voluntad favorable a que el régimen de derechos y deberes recíprocos del matrimonio no se aplique. O por lo menos esa debe ser la presunción del legislador y, en consecuencia, la regla general. Así lo entendió el TS en una sentencia de 30 de diciembre de 1994, en la que rechaza aplicar en estos casos la analogía legis:

En el caso que nos ocupa no hay, pues,  laguna de ley, sino respecto al libre albedrío, al derecho subjetivo de quien pudiendo no quiere contraer matrimonio…. Si se aplicase la analogía habrían de imponerse  los litigantes los mismos derechos y deberes que a la institución matrimonial imponela Ley, en detrimento de la libertad de pareja, uno de cuyos miembros se acuerda de aquella institución que no quiso asumir (al menos formalmente parece así) cuando la convivencia hace crisis.”

Otra cosa distinta son los derechos que, por imperativo legal, puedan atribuirse a los cónyuges a cargo de terceros (para los que el hecho de que la pareja esté casada tiene una importancia subordinada al de la efectiva convivencia). Pensemos en los de subrogación arrendaticia, derechos asistenciales, adopción, regulación de derecho de asilo y condición de refugiado, pensiones públicas, etc. Aquí si que podría discutirse si los unidos de hecho deberían tener idénticos derechos. La verdad es que en muchos casos ya los tienen, pero no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional dejó muy claro hace mucho tiempo que el legislador puede discriminar legítimamente entre estas dos situaciones (matrimonio y uniones de hecho) atribuyéndoles diferentes derechos, ya sea por razones de certidumbre o simplemente de política legislativa, atendiendo al caso concreto. Así, por ejemplo, en el caso de las pensiones de viudedad, que es el tema tratado en la sentencia del Supremo al que se refiere esta noticia , el art. 174 dela LGSS reconoce la pensión a los unidos de hecho, pero exigiéndoles mayores requisitos, entre ellos el tiempo de convivencia, que a los matrimonios. Pues bien, además se les exige que acrediten formalmente esa relación de hecho mediante la inscripción en el registro autonómico o mediante el documento público por el que se hubiera constituido, que es lo que en el caso tratado la pareja no había hecho.

La verdad es que en un marco jurídico en el que el matrimonio se ha convertido en un simple contrato desprovisto de cualquier connotación ideológica o religiosa -y de más sencilla resolución, por cierto, que cualquier otro contrato- el legislador tiene perfecto derecho a incentivar ese régimen jurídico con un trato más benevolente (atribuyéndole más beneficios en sus relaciones con terceros, por ejemplo) aunque sólo sea por razones de seguridad jurídica, pero también por considerarlo lo más adecuado desde un punto de vista social. Aquellos que, en el uso de su libérrima libertad, deciden no contraer matrimonio por todo tipo de razones personales, están, sin duda, en su perfecto derecho. Lo que es muy discutible es que tengan derecho a que el Ordenamiento jurídico ampare ambas situaciones en bloque de manera idéntica. Lo razonable seria rechazar la equiparación en lo que hace a las relaciones internas entre convivientes (por eso las legislaciones autonómicas deberían dar marcha atrás en este ámbito), y, en lo referente a las relaciones con terceros, atender a las peculiaridades de cada derecho en concreto, como hasta ahora ha ido haciendo con acierto el legislador nacional.

¿Se debe reconocer a las uniones de hecho los mismos derechos que a los matrimonios?

De un tiempo a esta parte se está insistiendo desde algunos medios de comunicación en la diferencia de trato legal entre uniones de hecho y matrimonios, presuponiendo de alguna manera que muchas de ellas no están justificadas. ¿Es realmente así? ¿Se trata de una discriminación que el legislador nacional debería eliminar de una vez por todas?

Este fue un tema que generó bastante polémica hace años, y, pese a que la aprobación del matrimonio homosexual parecía haberlo pacificado, la reciente campaña demuestra que hay gente que se resiste a entenderlo.

Creo que estaremos de acuerdo en afirmar que hoy la gente que no se casa es porque no quiere. Hace años esto no estaba tan claro, y no me remonto a la época de la indisolubilidad civil del matrimonio, sino a la anterior al reconocimiento del matrimonio homosexual. En ese momento los homosexuales no disponían de alternativa a la pareja de hecho, lo que complicaba enormemente su tratamiento legal. La afirmación de que el que no se casaba era porque no quería no jugaba, evidentemente, para ellos. Pero en vez de distinguir casos, como hubiera sido de recibo, tanto los tribunales como los legisladores autonómicos unificaron el tratamiento para todo tipo de parejas de hecho y empezaron a reconocerles derechos hasta el punto, en algún caso, de equipararlas prácticamente a los matrimonios. A partir de la Ley catalana –ya de por sí muy generosa en la atribución de efectos- se sucedieron con la leyes autonómicas posteriores una carrera por ver quién daba más. Por su parte, el TS, en sus sentencias de 5 de julio de 2001 y de 16 de julio de 2002, llegó a aplicar analógicamente el art. 97 del CC (pensión compensatoria) a una unión de hecho.

En mi opinión particular el matrimonio homosexual ha venido a solucionar muchos problemas -aunque sé que el tema es polémico- pero lo que no creo que nadie pueda dudar es que ha clarificado enormemente éste asunto de las parejas de hecho. También  ha ayudado enormemente a clarificarlo el divorcio express. Pese a lo que mucha gente piensa, el divorcio rápido es un claro incentivo del matrimonio. En ciertos países de oriente, donde el divorcio está extraordinariamente dificultado, la tasa de matrimonios ha caído hasta límites asombrosos para lo que era habitual. Las mujeres que trabajan fuera y tienen cierta independencia económica se resisten a entablar relaciones en las que la salida es problemática, por razones perfectamente evidentes (quien quiera profundizar en el tema puede hacerlo consultando este interesante articulo de The Economist). Nada de eso ocurre en nuestro país. Ahora sí se puede decir con seguridad que aquí el que no se casa es porque no quiere que se le aplique su régimen jurídico, con su conjunto de cargas y beneficios.

Si no quiere, no parece lógico aplicarle, muy especialmente, las normas del matrimonio que regulan los derechos y deberes entre los cónyuges (sucesiones, pensiones compensatorias por divorcio o separación, régimen económico matrimonial, etc). Hacerlo seria un claro atentado a su libertad. Su resistencia a casarse demuestra su voluntad favorable a que el régimen de derechos y deberes recíprocos del matrimonio no se aplique. O por lo menos esa debe ser la presunción del legislador y, en consecuencia, la regla general. Así lo entendió el TS en una sentencia de 30 de diciembre de 1994, en la que rechaza aplicar en estos casos la analogía legis:

En el caso que nos ocupa no hay, pues,  laguna de ley, sino respecto al libre albedrío, al derecho subjetivo de quien pudiendo no quiere contraer matrimonio…. Si se aplicase la analogía habrían de imponerse  los litigantes los mismos derechos y deberes que a la institución matrimonial imponela Ley, en detrimento de la libertad de pareja, uno de cuyos miembros se acuerda de aquella institución que no quiso asumir (al menos formalmente parece así) cuando la convivencia hace crisis.”

Otra cosa distinta son los derechos que, por imperativo legal, puedan atribuirse a los cónyuges a cargo de terceros (para los que el hecho de que la pareja esté casada tiene una importancia subordinada al de la efectiva convivencia). Pensemos en los de subrogación arrendaticia, derechos asistenciales, adopción, regulación de derecho de asilo y condición de refugiado, pensiones públicas, etc. Aquí si que podría discutirse si los unidos de hecho deberían tener idénticos derechos. La verdad es que en muchos casos ya los tienen, pero no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional dejó muy claro hace mucho tiempo que el legislador puede discriminar legítimamente entre estas dos situaciones (matrimonio y uniones de hecho) atribuyéndoles diferentes derechos, ya sea por razones de certidumbre o simplemente de política legislativa, atendiendo al caso concreto. Así, por ejemplo, en el caso de las pensiones de viudedad, que es el tema tratado en la sentencia del Supremo al que se refiere esta noticia , el art. 174 dela LGSS reconoce la pensión a los unidos de hecho, pero exigiéndoles mayores requisitos, entre ellos el tiempo de convivencia, que a los matrimonios. Pues bien, además se les exige que acrediten formalmente esa relación de hecho mediante la inscripción en el registro autonómico o mediante el documento público por el que se hubiera constituido, que es lo que en el caso tratado la pareja no había hecho.

La verdad es que en un marco jurídico en el que el matrimonio se ha convertido en un simple contrato desprovisto de cualquier connotación ideológica o religiosa -y de más sencilla resolución, por cierto, que cualquier otro contrato- el legislador tiene perfecto derecho a incentivar ese régimen jurídico con un trato más benevolente (atribuyéndole más beneficios en sus relaciones con terceros, por ejemplo) aunque sólo sea por razones de seguridad jurídica, pero también por considerarlo lo más adecuado desde un punto de vista social. Aquellos que, en el uso de su libérrima libertad, deciden no contraer matrimonio por todo tipo de razones personales, están, sin duda, en su perfecto derecho. Lo que es muy discutible es que tengan derecho a que el Ordenamiento jurídico ampare ambas situaciones en bloque de manera idéntica. Lo razonable seria rechazar la equiparación en lo que hace a las relaciones internas entre convivientes (por eso las legislaciones autonómicas deberían dar marcha atrás en este ámbito), y, en lo referente a las relaciones con terceros, atender a las peculiaridades de cada derecho en concreto, como hasta ahora ha ido haciendo con acierto el legislador nacional.

Vamos a contar mentiras: Tenemos el Acceso Telemático a los Libros del Registro de la Propiedad

Ahora que vamos despacio,
vamos a contar mentiras, tralará,
Vamos a contar mentiras.

Por Internet corre el acceso telemático,

Se cumplen ya 6 años de promesas y el incumplimiento sigue ahí. De todo  se ha manifestado para tratar de justificar el No Acceso.  Como no podía ser de otra manera, más aún se ha escrito defendiendo el Acceso y la Ley.

El  próximo 19 de Noviembre, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad,  que nos reconoce (Art. 28) a los ciudadanos el Acceso de forma Telemática a los Libros del Registro, cumplirá 6 años desde su publicación en el BOE. Seis años de incumplimiento. Seis años en los que ha habido centenares de artículos, promesas, declaraciones, entrevistas, comunicados, etc. Necesitaría más de cien Post para resumiros la mitad de lo escrito sobre la materia.

Sin fecha concreta

El 2011 está llegando a su fin y la cruda realidad es que ni siquiera hay fecha concreta para presentar oficialmente el Acceso Telemático a los Libros del Registro de la Propiedad.

Los políticos de las distintas administraciones –me da igual el color político- no se cansan de hacernos creer que existe un «compromiso firme», pero lo cierto es que esta dilación está provocando una repercusión económica en los ciudadanos.

¿Se han parado a pensar cuantas notas simples (ante el No Acceso Telemático solicitadas por Internet y pagando) existen detrás de cada operación bancaria?

Pues más o menos son las siguientes:

Una en el banco para adjuntarla al expediente y estudiar la operación, otra de la empresa de tasación, otra solicitada por la formalizadora del banco para analizar los riesgos y ver si es viable o no la propuesta, una nota continuada del notario, y una vez firmada la escritura ante notario seguimos; si la escritura es calificada negativamente por el registrador, una nota simple por cada vez que se dé asiento nuevo de presentación en el Libro Diario, una vez inscrita la escritura otra nota simple “post-inscripción” para comprobar que el documento aparece inscrito.

Como poco todas esas notas simples por finca existen detrás de cada compraventa con subrogación, préstamo hipotecario, novación, etc. Cuenten… cuatro notas simples y una nota continuada mínimo.

Es decir, el incumplimiento de la Ley le supone a cada ciudadano una media de 60€ por cada operación bancaria.

 

… ¿Veremos la Ley cumplida o se modificará antes?… ¿Lo veremos antes de acabar el año?…

 

Terminando con la misma canción que empecé, quedaría algo así:

Chiquilla no recites Leyes
que no es mía la idea, tralará,
que no es mía la idea.

Que es de unos que están ganando dinero

Con el Incumplimiento tralará

 

 

 

 

Vamos a contar mentiras: Tenemos el Acceso Telemático a los Libros del Registro de la Propiedad

Ahora que vamos despacio,
vamos a contar mentiras, tralará,
Vamos a contar mentiras.

Por Internet corre el acceso telemático,

Se cumplen ya 6 años de promesas y el incumplimiento sigue ahí. De todo  se ha manifestado para tratar de justificar el No Acceso.  Como no podía ser de otra manera, más aún se ha escrito defendiendo el Acceso y la Ley.

El  próximo 19 de Noviembre, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad,  que nos reconoce (Art. 28) a los ciudadanos el Acceso de forma Telemática a los Libros del Registro, cumplirá 6 años desde su publicación en el BOE. Seis años de incumplimiento. Seis años en los que ha habido centenares de artículos, promesas, declaraciones, entrevistas, comunicados, etc. Necesitaría más de cien Post para resumiros la mitad de lo escrito sobre la materia.

Sin fecha concreta

El 2011 está llegando a su fin y la cruda realidad es que ni siquiera hay fecha concreta para presentar oficialmente el Acceso Telemático a los Libros del Registro de la Propiedad.

Los políticos de las distintas administraciones –me da igual el color político- no se cansan de hacernos creer que existe un «compromiso firme», pero lo cierto es que esta dilación está provocando una repercusión económica en los ciudadanos.

¿Se han parado a pensar cuantas notas simples (ante el No Acceso Telemático solicitadas por Internet y pagando) existen detrás de cada operación bancaria?

Pues más o menos son las siguientes:

Una en el banco para adjuntarla al expediente y estudiar la operación, otra de la empresa de tasación, otra solicitada por la formalizadora del banco para analizar los riesgos y ver si es viable o no la propuesta, una nota continuada del notario, y una vez firmada la escritura ante notario seguimos; si la escritura es calificada negativamente por el registrador, una nota simple por cada vez que se dé asiento nuevo de presentación en el Libro Diario, una vez inscrita la escritura otra nota simple “post-inscripción” para comprobar que el documento aparece inscrito.

Como poco todas esas notas simples por finca existen detrás de cada compraventa con subrogación, préstamo hipotecario, novación, etc. Cuenten… cuatro notas simples y una nota continuada mínimo.

Es decir, el incumplimiento de la Ley le supone a cada ciudadano una media de 60€ por cada operación bancaria.

 

… ¿Veremos la Ley cumplida o se modificará antes?… ¿Lo veremos antes de acabar el año?…

 

Terminando con la misma canción que empecé, quedaría algo así:

Chiquilla no recites Leyes
que no es mía la idea, tralará,
que no es mía la idea.

Que es de unos que están ganando dinero

Con el Incumplimiento tralará