La expresión que titula este post suele aplicarse al tiempo restante hasta la conclusión en aquellos partidos de baloncesto en los que la diferencia entre los contendientes resulta ya insalvable, por lo que está claro que, pase lo que pase en los minutos que faltan hasta la bocina final, el vencedor del encuentro se sabe quién va a ser, y solo queda por conocer la diferencia de puntos por la que se materializa la victoria del equipo ganador.

La situación en la que nos encontramos ante las elecciones del próximo veinte de noviembre bien podría calificarse de “minutos de la basura”. Tanto los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y locales como las encuestas de intención de voto apuntan a un cambio político, aunque queda por conocer la amplitud del mismo, por lo que los cuatro meses que han de transcurrir desde el anuncio estival del Presidente del Gobierno hasta la celebración de los comicios se asemejan bastante a esos instantes finales de los partidos de baloncesto.

Sin embargo, la profundidad de la crisis que sufrimos, y la permanente turbulencia financiera en la que nos encontramos instalados, hacen que estos “minutos de la basura” no sean en absoluto intrascendentes, y que acontecimientos que se están produciendo en estas semanas puedan condicionar nuestro futuro. Y cuando todos los días suceden tantas cosas que pueden ser relevantes, no interesa tener más tiempo del imprescindible un Gobierno en funciones por causa de un anuncio anticipado de elecciones anticipadas. La gravedad de la situación ha quedado bien patente tras la tramitación de la reforma constitucional, llevada a cabo aprisa y corriendo. Reforma insólita por las formas, por las prisas, y por el hecho de ser presentada y tramitada por un gobierno ya saliente, lo que demuestra, por si a alguien le quedaba alguna duda, que es un movimiento reactivo, como casi todas las medidas anticrisis que se están adoptando, forzado por la presión de agentes externos, que imponen parches con los que taponar las múltiples vías de agua que hace la política económica y fiscal.

Pero no solo los agentes externos, llámense Comisión Europea, Banco Central Europeo, o señora Merkel, dictan las últimas medidas de un Gobierno saliente. Durante los minutos de la basura también pueden suceder cosas que escapan no ya al control, sino a la mera vigilancia de un Gobierno en funciones.

Entre estos acontecimientos, y solo a modo de ejemplo, pueden citarse dos muy recientes y que afectan a dos de las mayores empresas que operan en el mercado español, y dos de los mayores contribuyentes por Impuesto de Sociedades a las maltrechas arcas públicas. Se trata de la operación destinada a tomar el control de Repsol por parte de Pemex y Sacyr, con el supuesto propósito, según apunta la prensa económica, de trocear el negocio de la petrolera y aliviar la comprometida situación financiera de la constructora; y de la recientemente anunciada reorganización de Telefónica, de la que destaca la decisión de ubicar en Londres la nueva “Telefónica Digital”, con el objetivo de “afianzar el papel de Telefónica en el mundo digital y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento de este entorno, acelerando la innovación, ampliando y reforzando la cartera de productos y servicios y maximizando las ventajas de su importante cartera de clientes”.

Las empresas son, lógicamente, soberanas para tomar sus decisiones, pero cabe preguntarse si estos movimientos son más probables con un Gobierno cuya influencia y capacidad de actuación se encuentra seriamente mermada; aunque no puedan ignorarse otros factores, como la prima que tienen que soportar las empresas radicadas en España para obtener financiación y que una “desespañolización” de la actividad puede minorar. Otros factores que, en cualquier caso, no son tampoco ajenos a la actuación del Gobierno. ¿Es posible que estos movimientos corporativos supongan un empobrecimiento adicional de nuestra economía? ¿Podría Telefónica tener interés en radicar, en otras condiciones, esa nueva organización en algún lugar de España en vez de en Londres? ¿Pueden añadirse riesgos a la ya crónica dependencia energética española si el control de Repsol cambia de manos?

El todavía Ministro de Industria declaró que lo que pedía a Pemex, Sacyr y Repsol es que “dejen en paz al Gobierno”, y que lo que importa del movimiento de Telefónica es que “la sede corporativa sigue en España”. No parece, pues, que estas operaciones interesen ya mucho a un ejecutivo que en el pasado no se ha caracterizado precisamente por “dejar en paz” a las grandes empresas, baste recordar el caso de Endesa. Claro que en los minutos de la basura, lo que a uno le apetece es que le “dejen en paz”, y tomar cuanto antes el camino del vestuario.

Aunque para el panorama político estos sean los “minutos de la basura”, para la sociedad y la economía no lo son. Es más, a la vista de las convulsiones que estamos viviendo, que incluso nos han deparado un agosto absolutamente atípico en el plano informativo, se puede decir que en esta situación nos interesaría más que nunca que los minutos de la basura se acortasen todo lo posible, de forma que cuanto antes tengamos a alguien que vuelva a velar por el interés general. Porque a eso se dedican los Gobiernos, ¿o no?