Un lugar al sol o nada nuevo bajo el sol: de la elaboración de las listas electorales

Asistimos de nuevo al tradicional espectáculo de la elaboración de las listas para las próximas elecciones generales. Y no por conocido el espectáculo me deja de sorprender, y más en la situación actual. Se repiten las escenas de siempre, la cúpula del partido o directamente el líder decide quien va en las listas y quien no, en función básicamente de criterios de proximidad o alejamiento a los dirigentes que deciden. Por supuesto, ir en las listas para nuestros diputados-empleados, por utilizar la expresión de Jimenez de Parga (que he conocido gracias a uno de los más agudos comentaristas de este blog) es esencial, dado que supone la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo, es decir, la diferencia entre tener un lugar al sol o irse al paro.

Lamentablemente, muy pocos de nuestros políticos tienen carreras profesionales al margen de la política, incluso los que en su momento las tuvieron las han dejado por esta carrera, mucho más gratificante desde todos los puntos de vista, aunque solo sea porque las reglas que rigen para el resto de las profesiones no se aplican aquí. ¿Se imaginan por ejemplo el futuro profesional que tendría un abogado que perdiese todos sus pleitos? ¿O un médico que matase a sus pacientes? ¿O un arquitecto al que se le cayesen las casas que construye? ¿Se imaginan que pasaría si cualquiera de estos profesionales llenase sus despachos, consultas o estudios con familiares y amigos de  confianza pero de nula o escasa cualificación? ¿Que los dejasen en herencia a sus retoños aunque no sepan hacer la O con un canuto? ¿O que cobrasen un dineral a cambio de un servicio desastroso?  

Pues bien, la ventaja es que en política todas esas cosas y muchas más pueden hacerse sin ningún riesgo. No rigen las reglas que existen para cualquier profesión o para cualquier oficio, que básicamente pueden reducirse a una: hacer las cosas mal o muy mal está penalizado, salvo que se tenga la suerte de tener un monopolio y aún así. En el caso de nuestros representantes y gestores públicos no hay ninguna responsabilidad por la mala gestión, es más, a veces parece que cuanto peor se han hecho las cosas, más posibilidades de promoción hay. Y no digamos ya si se tiene la capacidad de chantajear o de montar un buen lío en el partido (véase el caso de Fabra o de Ripoll en la Comunidad Valenciana) porque entonces se tiene el futuro asegurado para sí y para la descendencia. Vemos que hay mucho paro juvenil pero que la hija de Fabra ya está colocadísima .

En definitiva,  nuestros políticos pueden dejar en bancarrota cajas de ahorros, empresas públicas y autonomías enteras sin que nadie se cuestione no ya su presencia en las listas sino su capacidad y su aptitud para seguir en la política. También pueden tranquilamente colocar a la parentela o/y facilitarles la vida con dinero público, mediante contratos y subvenciones. Y, por supuesto, pueden decir tranquilamente que no piensan cumplir las leyes que dicta el Parlamento en el que se sientan o las sentencias del Tribunal Supremo, o en general pueden permitirse un día sí y otro también deslegitimar las instituciones que les cobijan. Recuerden en las recientes elecciones autonómicas por tener, tuvimos hasta imputados en las listas (ahora creo que algunos ya están condenados pero que yo sepa siguen cobrando del erario público).  El análisis en profundidad de lo que esto supone lo pueden encontrar aquí por nuestro coeditor Rodrigo Tena.

Últimamente además los exportamos a los organismos internacionales. Efectivamente, una nueva salida que han encontrado estos señores es ocupar la cuota española (y de paso la femenina) en organismos como el Banco Europeo de Inversiones. Como para estos cargos se necesita apoyo político del Gobierno, es una forma estupenda de pagar los servicios prestados, nada que ver estos sueldos con los que declaran sus Señorías como Ministros del Gobierno (habría que dedicar un post a esto, pero mientras tanto pueden leer el de NeG (aquí). Por ahora la última candidata es la Sra Salgado, pero antes ya hemos colocado a la ex Ministra de Fomento y Consejera autonómica sra Alvarez y a la ex Ministra de Igualdad Bibiana Aido, que yo sepa, aunque sin duda habrá más casos. Me refiero a estas tres señoras porque las tres, cada una en su nivel -que obviamente no es el mismo-  parece que han reunido los méritos para acceder a estos puestos más por la vía “interna” es decir, los méritos de cara al Gobierno -que es al fin y al cabo es el que tiene la capacidad de promover y apoyar su candidatura- que de cara a los ciudadanos, es decir, por la solvencia de su gestión. Por ejemplo, la Sra Salgado cuenta en su haber como Ministra de Administraciones Públicas con el “éxito” del Plan E, uno de los planes en que más dinero público se ha despilfarrado ya con la crisis encima  –y cito al propio Ministro de Industria aunque le echa la culpa a los Ayuntamientos y especialmente a Gallardón-

 Como Ministra de Economía y Hacienda su principal mérito fue, al menos hasta que comenzó la amenaza real de intervención de la economía española, el no poner demasiadas trabas al todavía Presidente del Gobierno.  Su valoración como Ministra de Economía y Hacienda no parece efectivamente que esa para tirar cohetes, si atendemos a este ranking del Financial Times

Es cierto que, como ciudadanos españoles, poco podemos hacer para impedir estas fabulosas promociones en los organismos internacionales, más allá de avisarles. Pero con respecto a las listas electorales podemos hacer bastante más. Como recordó nuestro coeditor Rodrigo Tena en su artículo sobre “Teoría  y práctica de la dimisión en España”, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pues en último término, somos nosotros los que votamos esas listas

Un lugar al sol o nada nuevo bajo el sol: de la elaboración de las listas electorales

Asistimos de nuevo al tradicional espectáculo de la elaboración de las listas para las próximas elecciones generales. Y no por conocido el espectáculo me deja de sorprender, y más en la situación actual. Se repiten las escenas de siempre, la cúpula del partido o directamente el líder decide quien va en las listas y quien no, en función básicamente de criterios de proximidad o alejamiento a los dirigentes que deciden. Por supuesto, ir en las listas para nuestros diputados-empleados, por utilizar la expresión de Jimenez de Parga (que he conocido gracias a uno de los más agudos comentaristas de este blog) es esencial, dado que supone la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo, es decir, la diferencia entre tener un lugar al sol o irse al paro.

Lamentablemente, muy pocos de nuestros políticos tienen carreras profesionales al margen de la política, incluso los que en su momento las tuvieron las han dejado por esta carrera, mucho más gratificante desde todos los puntos de vista, aunque solo sea porque las reglas que rigen para el resto de las profesiones no se aplican aquí. ¿Se imaginan por ejemplo el futuro profesional que tendría un abogado que perdiese todos sus pleitos? ¿O un médico que matase a sus pacientes? ¿O un arquitecto al que se le cayesen las casas que construye? ¿Se imaginan que pasaría si cualquiera de estos profesionales llenase sus despachos, consultas o estudios con familiares y amigos de  confianza pero de nula o escasa cualificación? ¿Que los dejasen en herencia a sus retoños aunque no sepan hacer la O con un canuto? ¿O que cobrasen un dineral a cambio de un servicio desastroso?  

Pues bien, la ventaja es que en política todas esas cosas y muchas más pueden hacerse sin ningún riesgo. No rigen las reglas que existen para cualquier profesión o para cualquier oficio, que básicamente pueden reducirse a una: hacer las cosas mal o muy mal está penalizado, salvo que se tenga la suerte de tener un monopolio y aún así. En el caso de nuestros representantes y gestores públicos no hay ninguna responsabilidad por la mala gestión, es más, a veces parece que cuanto peor se han hecho las cosas, más posibilidades de promoción hay. Y no digamos ya si se tiene la capacidad de chantajear o de montar un buen lío en el partido (véase el caso de Fabra o de Ripoll en la Comunidad Valenciana) porque entonces se tiene el futuro asegurado para sí y para la descendencia. Vemos que hay mucho paro juvenil pero que la hija de Fabra ya está colocadísima .

En definitiva,  nuestros políticos pueden dejar en bancarrota cajas de ahorros, empresas públicas y autonomías enteras sin que nadie se cuestione no ya su presencia en las listas sino su capacidad y su aptitud para seguir en la política. También pueden tranquilamente colocar a la parentela o/y facilitarles la vida con dinero público, mediante contratos y subvenciones. Y, por supuesto, pueden decir tranquilamente que no piensan cumplir las leyes que dicta el Parlamento en el que se sientan o las sentencias del Tribunal Supremo, o en general pueden permitirse un día sí y otro también deslegitimar las instituciones que les cobijan. Recuerden en las recientes elecciones autonómicas por tener, tuvimos hasta imputados en las listas (ahora creo que algunos ya están condenados pero que yo sepa siguen cobrando del erario público).  El análisis en profundidad de lo que esto supone lo pueden encontrar aquí por nuestro coeditor Rodrigo Tena.

Últimamente además los exportamos a los organismos internacionales. Efectivamente, una nueva salida que han encontrado estos señores es ocupar la cuota española (y de paso la femenina) en organismos como el Banco Europeo de Inversiones. Como para estos cargos se necesita apoyo político del Gobierno, es una forma estupenda de pagar los servicios prestados, nada que ver estos sueldos con los que declaran sus Señorías como Ministros del Gobierno (habría que dedicar un post a esto, pero mientras tanto pueden leer el de NeG (aquí). Por ahora la última candidata es la Sra Salgado, pero antes ya hemos colocado a la ex Ministra de Fomento y Consejera autonómica sra Alvarez y a la ex Ministra de Igualdad Bibiana Aido, que yo sepa, aunque sin duda habrá más casos. Me refiero a estas tres señoras porque las tres, cada una en su nivel -que obviamente no es el mismo-  parece que han reunido los méritos para acceder a estos puestos más por la vía “interna” es decir, los méritos de cara al Gobierno -que es al fin y al cabo es el que tiene la capacidad de promover y apoyar su candidatura- que de cara a los ciudadanos, es decir, por la solvencia de su gestión. Por ejemplo, la Sra Salgado cuenta en su haber como Ministra de Administraciones Públicas con el “éxito” del Plan E, uno de los planes en que más dinero público se ha despilfarrado ya con la crisis encima  –y cito al propio Ministro de Industria aunque le echa la culpa a los Ayuntamientos y especialmente a Gallardón-

 Como Ministra de Economía y Hacienda su principal mérito fue, al menos hasta que comenzó la amenaza real de intervención de la economía española, el no poner demasiadas trabas al todavía Presidente del Gobierno.  Su valoración como Ministra de Economía y Hacienda no parece efectivamente que esa para tirar cohetes, si atendemos a este ranking del Financial Times

Es cierto que, como ciudadanos españoles, poco podemos hacer para impedir estas fabulosas promociones en los organismos internacionales, más allá de avisarles. Pero con respecto a las listas electorales podemos hacer bastante más. Como recordó nuestro coeditor Rodrigo Tena en su artículo sobre “Teoría  y práctica de la dimisión en España”, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pues en último término, somos nosotros los que votamos esas listas

Algún día lo conseguiremos, encontraremos leyes eficaces

No podemos decir que esta legislatura haya sido especialmente brillante en el avance hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y por qué no, de los mayores, muchos de ellos también con discapacidad y/o limitaciones importantes. Después de tantas promesas y compromisos electorales antesdeayer, como quien dice, cuando nuestros políticos volcaban sus esfuerzos allá por la primavera del 2008 para convencernos de sus bondades. Empezamos mal, haciendo de gallitos y chulapos hispanos, muy acorde con nuestra personalidad latina, negando una crisis económica, un iceberg oscuro que emergía y ya se conocía, y nuestros responsables elegidos se han pasado los cuatro años tratando de disolver y solucionar esa negación, ese iceberg.

Es justo reconocer que entre el 2004 y el 2008 se realizó un avance muy significativo en la regulación de las garantías de los derechos de determinados colectivos en riesgo de exclusión, como lo son las personas con discapacidad y las personas mayores. Tan significativo que, con el desarrollo de gran parte de la LIONDAU (ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad), y la aprobación de la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ciertamente, se dio un paso sustancial en la persecución de la mejora del bienestar de las personas con discapacidad y/o mayores con limitaciones. Pero también es cierto que estos últimos cuatro años han quedado en blanco prácticamente, y lo ya avanzado, se ha quedado ahí congelado, entre otras cosas por nuestro original y sui generis sistema para aprobar leyes y garantías legales, vinculando su efectividad a la célebre frase de las memorias económicas “esta ley no supone incrementos de gasto y se financiará con cargo a los presupuestos de cada ministerio”. Curioso paradigma, si no se incrementa el gasto social, y tampoco se reestructura y actualiza el existente para reorganizar los servicios ya presentes y aprovechar las sinergias administrativas, que sería otra opción y totalmente lógica y válida, difícilmente vamos a pasar de la garantía del derecho plasmado en un BOE a la realidad de esa garantía “en vivo y en directo”.

España ratificó en diciembre de 2007, a bombo y platillo por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, en Nueva York, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de UN, que de este modo entró a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008. Quizás para paliar esta blancura de legislatura, el Gobierno acaba de publicar en el BOE la ley 26/2011, una tímida, muy tímida adaptación de nuestro ordenamiento a la mencionada Convención. El texto de la ley no tiene desperdicio, y parece sorprendente cómo los eruditos defensores del sector de la discapacidad, teóricamente bien formados e ilustrados, se quedan tan conformes y satisfechos con la nueva ley, que debiera significar un salto cualitativo inapreciable en el camino hacia la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Máxime, estando, y hemos de suponer que no sólo de palabra, también respaldado por la UE, quién también ratificó la Convención en diciembre de 2010, primera vez en la historia de nuestra Europa común que las instituciones europeas ratifican una Convención de UN con carácter institucional. Claro que los compromisos políticos ya sabemos que están muchas veces para incumplirlos, y si no para excusarlos en función de fuerzas y premisas económicas malsanas y conspiradoras contra las buenas intenciones de nuestros responsables.

Recomiendo leer esta ley. Se realiza un verdadero ejercicio de imaginación, para dedicar la mitad de su texto a reformular las definiciones, de nuevo, de la ley 51/2003, volver a establecer las mismas teóricas obligaciones de desarrollo de las condiciones básicas de accesibilidad que ya figuran en ella,  volver a establecer los mismos plazos de cumplimiento pero demorados en algún caso, volver a reiterar las obligaciones de accesibilidad a los medios de comunicación social para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas ya previstas en la ley 27/2007, y así unas cuantas más. En definitiva, un verdadero ejercicio imaginativo de refuerzo de contenidos ya aprobados, a lo mejor con toda la buena voluntad del mundo de, al hacer más complejas las redacciones y un poquito más amplias, parezcan que son mejores y más efectivas.

Claro que si el sector social está de acuerdo será que los políticos tienen razón. Sería un verdadero problema, sin duda, aprobar leyes y normativas legales que vinieran a solucionar de verdad los problemas, y si se van acabando los problemas y las desigualdades, ¿qué van a hacer los políticos, y qué va a poder pedir el sector social? El resto del texto de la ley de adaptación a la Convención está plagado de pequeñas joyitas. Entre otras, se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para obligar a los gestores de redes sociales que  facturen ¡más de 6 millones de euros! a sus web sean accesibles. Me pregunto, ¿una red social no es en definitiva una web, que entraría ya en la obligación del RD 1494/2007 por su contenido?. También se modifica la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, para obligar a que todas las viviendas de protección oficial (es decir, financiadas con dinero público) tengan un 4% de viviendas accesibles. Me pregunto de nuevo, ¿Por qué no todas, y solucionamos el problema, cuando una vivienda diseñada accesible no tiene por qué ser más grande, sino bien distribuida? ¿Y si mañana el que compra una vivienda no accesible, padece una discapacidad y tiene movilidad reducida? ¿se compra otra, o hala, a una residencia?. En plena crisis de empleo, se modifica de nuevo la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se institucionaliza la obligación de reservar un 7% de plazas para personas con discapacidad en todas las convocatorias de empleo de las Administraciones, siendo el 2% para personas con discapacidad intelectual. Pero dejamos tranquilos al sector privado, porque la redacción del art. 18 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, también se modifica, y no tiene desperdicio. Dice que las Administraciones, en los procesos de contratación pública, “ponderaran” que las empresas obligadas a la reserva del 2% de trabajadores con discapacidad, “cumplen la ley”; e incluso dice, que en los pliegos de clausulas administrativas “podrán incorporar” la obligación de que se aporte un certificado que demuestre que cumplen la ley. Resulta curiosa nuestra legislación, que en vez de exigir siempre su cumplimiento, parece que lo único que intenta muchas veces es asustar un poquito “a los malos”.

Sin embargo, creo que hay algo que se les ha escapado a nuestros responsables políticos, ya que se les ha colado un artículo verdaderamente importante y esencial para la vida de muchas personas con limitaciones funcionales de movilidad, y para la mayoría de nuestras personas mayores. Resulta que el art. 15 modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal., ampliando a 12 mensualidades de las cuotas comunitarias la obligación de hacer obras de accesibilidad o instalar los elementos mecánicos necesarios para eliminar barreras en los edificios a petición de cualquier propietario que lo necesite, con discapacidad o mayor de 70 años. Estarán obligados todos los propietarios, siempre que la renta familiar no sea inferior a 2’5 el IPREM. Resulta que en España tenemos a miles de personas encerradas en sus casas, que no pueden salir tan siquiera a la calle por no ser accesibles sus portales o entradas. Sí, decenas de miles, aunque se diga pronto y no se vean. Vaya, resulta que esta modificación de la LPH sí puede ser efectiva, y se les ha colado. ¿la volverán a modificar cuándo se den cuenta de que esto puede generar mayor autonomía a miles de personas, mejorar su salud y bienes, y reducir enormemente coste y gastos sociales?

No esperemos más en lo que queda de legislatura. Y demos gracias. A lo mejor, dentro de cuatro años, hemos sido capaces de encontrar la piedra filosofal: la ley que obligue a cumplir las leyes que se hayan aprobado, y aquellas que modifican las otras leyes y normativas legales que ya habían sido aprobadas, y que a su vez, en muchos casos, ya había también modificado otras leyes y normativas legales que también se habían aprobado aún antes.

 

Algún día lo conseguiremos, encontraremos leyes eficaces

No podemos decir que esta legislatura haya sido especialmente brillante en el avance hacia la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y por qué no, de los mayores, muchos de ellos también con discapacidad y/o limitaciones importantes. Después de tantas promesas y compromisos electorales antesdeayer, como quien dice, cuando nuestros políticos volcaban sus esfuerzos allá por la primavera del 2008 para convencernos de sus bondades. Empezamos mal, haciendo de gallitos y chulapos hispanos, muy acorde con nuestra personalidad latina, negando una crisis económica, un iceberg oscuro que emergía y ya se conocía, y nuestros responsables elegidos se han pasado los cuatro años tratando de disolver y solucionar esa negación, ese iceberg.

Es justo reconocer que entre el 2004 y el 2008 se realizó un avance muy significativo en la regulación de las garantías de los derechos de determinados colectivos en riesgo de exclusión, como lo son las personas con discapacidad y las personas mayores. Tan significativo que, con el desarrollo de gran parte de la LIONDAU (ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad), y la aprobación de la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ciertamente, se dio un paso sustancial en la persecución de la mejora del bienestar de las personas con discapacidad y/o mayores con limitaciones. Pero también es cierto que estos últimos cuatro años han quedado en blanco prácticamente, y lo ya avanzado, se ha quedado ahí congelado, entre otras cosas por nuestro original y sui generis sistema para aprobar leyes y garantías legales, vinculando su efectividad a la célebre frase de las memorias económicas “esta ley no supone incrementos de gasto y se financiará con cargo a los presupuestos de cada ministerio”. Curioso paradigma, si no se incrementa el gasto social, y tampoco se reestructura y actualiza el existente para reorganizar los servicios ya presentes y aprovechar las sinergias administrativas, que sería otra opción y totalmente lógica y válida, difícilmente vamos a pasar de la garantía del derecho plasmado en un BOE a la realidad de esa garantía “en vivo y en directo”.

España ratificó en diciembre de 2007, a bombo y platillo por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, en Nueva York, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de UN, que de este modo entró a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008. Quizás para paliar esta blancura de legislatura, el Gobierno acaba de publicar en el BOE la ley 26/2011, una tímida, muy tímida adaptación de nuestro ordenamiento a la mencionada Convención. El texto de la ley no tiene desperdicio, y parece sorprendente cómo los eruditos defensores del sector de la discapacidad, teóricamente bien formados e ilustrados, se quedan tan conformes y satisfechos con la nueva ley, que debiera significar un salto cualitativo inapreciable en el camino hacia la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Máxime, estando, y hemos de suponer que no sólo de palabra, también respaldado por la UE, quién también ratificó la Convención en diciembre de 2010, primera vez en la historia de nuestra Europa común que las instituciones europeas ratifican una Convención de UN con carácter institucional. Claro que los compromisos políticos ya sabemos que están muchas veces para incumplirlos, y si no para excusarlos en función de fuerzas y premisas económicas malsanas y conspiradoras contra las buenas intenciones de nuestros responsables.

Recomiendo leer esta ley. Se realiza un verdadero ejercicio de imaginación, para dedicar la mitad de su texto a reformular las definiciones, de nuevo, de la ley 51/2003, volver a establecer las mismas teóricas obligaciones de desarrollo de las condiciones básicas de accesibilidad que ya figuran en ella,  volver a establecer los mismos plazos de cumplimiento pero demorados en algún caso, volver a reiterar las obligaciones de accesibilidad a los medios de comunicación social para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas ya previstas en la ley 27/2007, y así unas cuantas más. En definitiva, un verdadero ejercicio imaginativo de refuerzo de contenidos ya aprobados, a lo mejor con toda la buena voluntad del mundo de, al hacer más complejas las redacciones y un poquito más amplias, parezcan que son mejores y más efectivas.

Claro que si el sector social está de acuerdo será que los políticos tienen razón. Sería un verdadero problema, sin duda, aprobar leyes y normativas legales que vinieran a solucionar de verdad los problemas, y si se van acabando los problemas y las desigualdades, ¿qué van a hacer los políticos, y qué va a poder pedir el sector social? El resto del texto de la ley de adaptación a la Convención está plagado de pequeñas joyitas. Entre otras, se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para obligar a los gestores de redes sociales que  facturen ¡más de 6 millones de euros! a sus web sean accesibles. Me pregunto, ¿una red social no es en definitiva una web, que entraría ya en la obligación del RD 1494/2007 por su contenido?. También se modifica la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, para obligar a que todas las viviendas de protección oficial (es decir, financiadas con dinero público) tengan un 4% de viviendas accesibles. Me pregunto de nuevo, ¿Por qué no todas, y solucionamos el problema, cuando una vivienda diseñada accesible no tiene por qué ser más grande, sino bien distribuida? ¿Y si mañana el que compra una vivienda no accesible, padece una discapacidad y tiene movilidad reducida? ¿se compra otra, o hala, a una residencia?. En plena crisis de empleo, se modifica de nuevo la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se institucionaliza la obligación de reservar un 7% de plazas para personas con discapacidad en todas las convocatorias de empleo de las Administraciones, siendo el 2% para personas con discapacidad intelectual. Pero dejamos tranquilos al sector privado, porque la redacción del art. 18 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, también se modifica, y no tiene desperdicio. Dice que las Administraciones, en los procesos de contratación pública, “ponderaran” que las empresas obligadas a la reserva del 2% de trabajadores con discapacidad, “cumplen la ley”; e incluso dice, que en los pliegos de clausulas administrativas “podrán incorporar” la obligación de que se aporte un certificado que demuestre que cumplen la ley. Resulta curiosa nuestra legislación, que en vez de exigir siempre su cumplimiento, parece que lo único que intenta muchas veces es asustar un poquito “a los malos”.

Sin embargo, creo que hay algo que se les ha escapado a nuestros responsables políticos, ya que se les ha colado un artículo verdaderamente importante y esencial para la vida de muchas personas con limitaciones funcionales de movilidad, y para la mayoría de nuestras personas mayores. Resulta que el art. 15 modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal., ampliando a 12 mensualidades de las cuotas comunitarias la obligación de hacer obras de accesibilidad o instalar los elementos mecánicos necesarios para eliminar barreras en los edificios a petición de cualquier propietario que lo necesite, con discapacidad o mayor de 70 años. Estarán obligados todos los propietarios, siempre que la renta familiar no sea inferior a 2’5 el IPREM. Resulta que en España tenemos a miles de personas encerradas en sus casas, que no pueden salir tan siquiera a la calle por no ser accesibles sus portales o entradas. Sí, decenas de miles, aunque se diga pronto y no se vean. Vaya, resulta que esta modificación de la LPH sí puede ser efectiva, y se les ha colado. ¿la volverán a modificar cuándo se den cuenta de que esto puede generar mayor autonomía a miles de personas, mejorar su salud y bienes, y reducir enormemente coste y gastos sociales?

No esperemos más en lo que queda de legislatura. Y demos gracias. A lo mejor, dentro de cuatro años, hemos sido capaces de encontrar la piedra filosofal: la ley que obligue a cumplir las leyes que se hayan aprobado, y aquellas que modifican las otras leyes y normativas legales que ya habían sido aprobadas, y que a su vez, en muchos casos, ya había también modificado otras leyes y normativas legales que también se habían aprobado aún antes.