A vueltas con el patrimonio.

La súbita resurrección del Impuesto sobre el Patrimonio ha sido objeto de diversos comentarios en este blog en los que se ha discutido, sobre todo, la conveniencia política del impuesto y de su reimplantación en este momento así como la idoneidad del instrumento jurídico, un Decreto Ley, utilizado.
Sin embargo, a mi lo que me parece más criticable es un aspecto del Impuesto que ya estaba presente en la anterior regulación, y que ahora no se corrige, que lo hace absolutamente injusto al gravar de forma muy distinta hechos imponibles idénticos. Se trata del artículo 10.1 de la Ley 19/1991 de 6 de julio, relativo a la valoración de los inmuebles, en el que se establece que a efectos del impuesto se tomará el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el comprobado por la administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adjudicación.
Lo que esta norma supone, lisa y llanamente, es que inmuebles idénticos van a recibir valoraciones totalmente dispares y sus dueños van a tributar de forma muy distinta, lo que es palmariamente injusto. Para apreciarlo basta ver un ejemplo perfectamente ajustado a la realidad y nada infrecuente. Pensemos en dos “ricos”, por ejemplo, dos profesionales que, con el trabajo de toda su vida, además de su vivienda habitual (que goza de exención hasta cierto límite), han adquirido dos pareados idénticos en alguna urbanización, más o menos lujosa, de la costa española. Pongamos que el valor catastral de cada chalet es de 600.000 euros y su valor real actual, con la crisis y siendo optimistas, de 800.000 euros. Imaginemos que uno de ellos compró antes del “boom” inmobiliario, por ejemplo en 1998, por 500.000 euros, y el segundo en 2008, en lo más alto de la burbuja, por el doble, es decir, por UN MILLÓN de euros.
Es evidente que el que compró en 2008 además de haber hecho peor negocio, puesto que ha pagado más y, hasta ahora, no ha obtenido plusvalías sino todo lo contrario, habrá pagado más impuestos, tanto en renta como en transmisiones patrimoniales. Pero lo lógico es entender que ahora, en el impuesto de patrimonio, ambos, titulares de patrimonios idénticos, pagarán lo mismo: lo que corresponda en función del valor real de bienes clónicos.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que el resultado de aplicar la mencionada regla de valoración es que para el impuesto sobre el patrimonio inmuebles idénticos pueden tener valores y tratamientos fiscales muy distintos. Así, en nuestro ejemplo, el que compró en 1998 aplicará el valor catastral, superior al de su adquisición, y resultará exento del pago del impuesto. Sin embargo, el que tuvo la mala suerte de comprar en 2008 tendrá que aplicar el valor de compra y, él sí, tendrá que pagar el impuesto de patrimonio y, encima, tributando por un valor muy superior al que en este momento podría obtener en el mercado por su chalet.
La cosa se puede complicar si en los años de bonanza se ha producido un fallecimiento y los herederos, advertidos por el notario de su obligación de declarar el valor real e incentivados por la exención en muchas comunidades autónomas del impuesto de sucesiones, han optado por recoger en la escritura de herencia valoraciones basadas en las previsiones más optimistas, previsiones que pueden haberse visto rápidamente frustradas por la evolución del mercado pero que recaerá sobre ellos en el futuro como una losa inamovible.
En definitiva, podemos discutir si quien disfruta para sus vacaciones de un estupendo chalet de ochocientos mil euros es o no rico y si debe ser él, precisamente, el que debe hacer un mayor esfuerzo para sacar el país adelante pero lo que, en mi opinión, resulta indiscutible es la injusticia, sino inconstitucionalidad, que supone que dos supuestos potentados, con patrimonios idénticos y de igual valor real, tengan un tratamiento fiscal totalmente distinto hasta el punto de que uno sea considerado legalmente rico y el otro no.

A vueltas con el patrimonio.

La súbita resurrección del Impuesto sobre el Patrimonio ha sido objeto de diversos comentarios en este blog en los que se ha discutido, sobre todo, la conveniencia política del impuesto y de su reimplantación en este momento así como la idoneidad del instrumento jurídico, un Decreto Ley, utilizado.
Sin embargo, a mi lo que me parece más criticable es un aspecto del Impuesto que ya estaba presente en la anterior regulación, y que ahora no se corrige, que lo hace absolutamente injusto al gravar de forma muy distinta hechos imponibles idénticos. Se trata del artículo 10.1 de la Ley 19/1991 de 6 de julio, relativo a la valoración de los inmuebles, en el que se establece que a efectos del impuesto se tomará el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el comprobado por la administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adjudicación.
Lo que esta norma supone, lisa y llanamente, es que inmuebles idénticos van a recibir valoraciones totalmente dispares y sus dueños van a tributar de forma muy distinta, lo que es palmariamente injusto. Para apreciarlo basta ver un ejemplo perfectamente ajustado a la realidad y nada infrecuente. Pensemos en dos “ricos”, por ejemplo, dos profesionales que, con el trabajo de toda su vida, además de su vivienda habitual (que goza de exención hasta cierto límite), han adquirido dos pareados idénticos en alguna urbanización, más o menos lujosa, de la costa española. Pongamos que el valor catastral de cada chalet es de 600.000 euros y su valor real actual, con la crisis y siendo optimistas, de 800.000 euros. Imaginemos que uno de ellos compró antes del “boom” inmobiliario, por ejemplo en 1998, por 500.000 euros, y el segundo en 2008, en lo más alto de la burbuja, por el doble, es decir, por UN MILLÓN de euros.
Es evidente que el que compró en 2008 además de haber hecho peor negocio, puesto que ha pagado más y, hasta ahora, no ha obtenido plusvalías sino todo lo contrario, habrá pagado más impuestos, tanto en renta como en transmisiones patrimoniales. Pero lo lógico es entender que ahora, en el impuesto de patrimonio, ambos, titulares de patrimonios idénticos, pagarán lo mismo: lo que corresponda en función del valor real de bienes clónicos.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que el resultado de aplicar la mencionada regla de valoración es que para el impuesto sobre el patrimonio inmuebles idénticos pueden tener valores y tratamientos fiscales muy distintos. Así, en nuestro ejemplo, el que compró en 1998 aplicará el valor catastral, superior al de su adquisición, y resultará exento del pago del impuesto. Sin embargo, el que tuvo la mala suerte de comprar en 2008 tendrá que aplicar el valor de compra y, él sí, tendrá que pagar el impuesto de patrimonio y, encima, tributando por un valor muy superior al que en este momento podría obtener en el mercado por su chalet.
La cosa se puede complicar si en los años de bonanza se ha producido un fallecimiento y los herederos, advertidos por el notario de su obligación de declarar el valor real e incentivados por la exención en muchas comunidades autónomas del impuesto de sucesiones, han optado por recoger en la escritura de herencia valoraciones basadas en las previsiones más optimistas, previsiones que pueden haberse visto rápidamente frustradas por la evolución del mercado pero que recaerá sobre ellos en el futuro como una losa inamovible.
En definitiva, podemos discutir si quien disfruta para sus vacaciones de un estupendo chalet de ochocientos mil euros es o no rico y si debe ser él, precisamente, el que debe hacer un mayor esfuerzo para sacar el país adelante pero lo que, en mi opinión, resulta indiscutible es la injusticia, sino inconstitucionalidad, que supone que dos supuestos potentados, con patrimonios idénticos y de igual valor real, tengan un tratamiento fiscal totalmente distinto hasta el punto de que uno sea considerado legalmente rico y el otro no.

Artículo de Rodrigo Tena sobre el “Caso Faisán” en El Confidencial

Nuestro Editor Rodrigo Tena inaugura con este artículo  publicado ayer una etapa de colaboración de este Blog con El Confidencial. ¡Que no se lo pierdan nuestros lectores!

Espasmos jurídicos en el caso Faisán

Si algo prueban las complejidades jurídicas del caso Faisán es el genio imperecedero de Franz Kafka. Pese a que gracias a él estamos perfectamente avisados de lo fácil que resulta que las disquisiciones legales y los detalles procedimentales nos envuelvan en el absurdo, haciéndonos perder completamente de vista el sentido final de las cosas, hay que reconocer que los juristas tenemos una tendencia innata a incurrir en este vicio. Pues bien, este caso demuestra a las claras que no sólo los juristas.

¿Colaboración con banda armada o revelación de secretos? ¿Audiencia Nacional o Juzgado de Instrucción de Irún? ¿Pleno o sección? Comprendo que tales cuestiones puedan interesar bastante a los procesados (por razones obvias) y algo (por responsabilidad profesional) a los magistrados que tienen que decidirlas, pero para los ciudadanos de este país deberían ser completamente secundarias e intrascendentes.

Mientras nos agotamos discutiendo si el delito es de colaboración o de revelación, o minucias tales como si es ajustado a Derecho que el presidente de la sala avoque su conocimiento al pleno, esperando quizá encontrar en ellas escondidas conspiraciones,  se nos escapa el fondo del asunto. Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.

No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración) diseñada necesariamente por los responsables políticos de ese Ministerio, con el Sr. Rubalcaba a la cabeza. Pensar cualquier otra cosa no es creíble. Pero si discutimos ahora en sede judicial si hay colaboración o no, es precisamente porque esta estrategia ilegal ha sido negada repetidamente por esos responsables políticos, por razones electorales, dejando de paso a sus funcionarios en la estacada.

El bosque que pretende ocultarnos tanto tecnicismo, por tanto, es esa radical negativa a asumir responsabilidades políticas por este asunto. Eso es lo que nos obliga a todos (jueces, periodistas y sufridos espectadores) a sumergirnos en este universo kafkiano de calificaciones y avocaciones varias. De ello no tienen la culpa los jueces, evidentemente, que cumplen con su trabajo, máxime cuando nadie colabora para aclararles oficialmente el asunto. Más bien al contrario, lo que se pretende es utilizar todo tipo de recovecos jurídicos y procedimentales para ocultar aún más la propia responsabilidad política, instando a que la judicatura infiera las conclusiones que ellos se niegan a explicitar en voz alta. Un nuevo y triste ejemplo de la utilización política de las instituciones clave del Estado de Derecho.

Condenados a no acertar

Es obvio que los jueces no tienen más remedio que entrar en este juego técnico. El problema es que cualquiera que sea la decisión que adopten será criticable, por un motivo u otro. Es más, como consecuencia de la torticera utilización de la que están siendo objeto, están irremisiblemente condenados a no acertar. Si califican el delito de colaboración, porque obviamente no la había, ya que “todo el mundo sabe” que esos funcionarios actuaban a las ordenes de Rubalcaba; si sólo de revelación de secretos, porque avisar a un sospechoso que va a ser detenido, que es el único hecho probado dado el silencio de Rubalcaba, es obviamente colaborar con él.

En cualquier caso nosotros, los ciudadanos, no estamos obligados a bucear entre espejismos y paradojas, afortunadamente. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.

Artículo de Rodrigo Tena sobre el “Caso Faisán” en El Confidencial

Nuestro Editor Rodrigo Tena inaugura con este artículo  publicado ayer una etapa de colaboración de este Blog con El Confidencial. ¡Que no se lo pierdan nuestros lectores!

Espasmos jurídicos en el caso Faisán

Si algo prueban las complejidades jurídicas del caso Faisán es el genio imperecedero de Franz Kafka. Pese a que gracias a él estamos perfectamente avisados de lo fácil que resulta que las disquisiciones legales y los detalles procedimentales nos envuelvan en el absurdo, haciéndonos perder completamente de vista el sentido final de las cosas, hay que reconocer que los juristas tenemos una tendencia innata a incurrir en este vicio. Pues bien, este caso demuestra a las claras que no sólo los juristas.

¿Colaboración con banda armada o revelación de secretos? ¿Audiencia Nacional o Juzgado de Instrucción de Irún? ¿Pleno o sección? Comprendo que tales cuestiones puedan interesar bastante a los procesados (por razones obvias) y algo (por responsabilidad profesional) a los magistrados que tienen que decidirlas, pero para los ciudadanos de este país deberían ser completamente secundarias e intrascendentes.

Mientras nos agotamos discutiendo si el delito es de colaboración o de revelación, o minucias tales como si es ajustado a Derecho que el presidente de la sala avoque su conocimiento al pleno, esperando quizá encontrar en ellas escondidas conspiraciones,  se nos escapa el fondo del asunto. Esos delitos han sido cometidos por funcionarios del Ministerio del Interior de probada trayectoria de lucha contra el terrorismo.

No hace falta ser un fino jurista para inferir que obedecían a una estrategia final de lucha contra ETA (y no de colaboración) diseñada necesariamente por los responsables políticos de ese Ministerio, con el Sr. Rubalcaba a la cabeza. Pensar cualquier otra cosa no es creíble. Pero si discutimos ahora en sede judicial si hay colaboración o no, es precisamente porque esta estrategia ilegal ha sido negada repetidamente por esos responsables políticos, por razones electorales, dejando de paso a sus funcionarios en la estacada.

El bosque que pretende ocultarnos tanto tecnicismo, por tanto, es esa radical negativa a asumir responsabilidades políticas por este asunto. Eso es lo que nos obliga a todos (jueces, periodistas y sufridos espectadores) a sumergirnos en este universo kafkiano de calificaciones y avocaciones varias. De ello no tienen la culpa los jueces, evidentemente, que cumplen con su trabajo, máxime cuando nadie colabora para aclararles oficialmente el asunto. Más bien al contrario, lo que se pretende es utilizar todo tipo de recovecos jurídicos y procedimentales para ocultar aún más la propia responsabilidad política, instando a que la judicatura infiera las conclusiones que ellos se niegan a explicitar en voz alta. Un nuevo y triste ejemplo de la utilización política de las instituciones clave del Estado de Derecho.

Condenados a no acertar

Es obvio que los jueces no tienen más remedio que entrar en este juego técnico. El problema es que cualquiera que sea la decisión que adopten será criticable, por un motivo u otro. Es más, como consecuencia de la torticera utilización de la que están siendo objeto, están irremisiblemente condenados a no acertar. Si califican el delito de colaboración, porque obviamente no la había, ya que “todo el mundo sabe” que esos funcionarios actuaban a las ordenes de Rubalcaba; si sólo de revelación de secretos, porque avisar a un sospechoso que va a ser detenido, que es el único hecho probado dado el silencio de Rubalcaba, es obviamente colaborar con él.

En cualquier caso nosotros, los ciudadanos, no estamos obligados a bucear entre espejismos y paradojas, afortunadamente. A nosotros nos basta con fijarnos bien en quién nos ha introducido, con su negativa a decir la verdad, en este universo kafkiano.