Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (y II): posibles vías de solución

En mi post anterior planteé en forma esquemática los principales problemas que afectan actualmente al modelo turístico predominante en España, que son básicamente la obsolescencia de buena parte de la planta hotelera, la hiperregulación normativa, la falta de especialización de la nueva fuerza laboral y las nuevas demandas y necesidades del mercado emisor de turistas. Dijimos que todo ello se traducía en una alarmante pérdida de competitividad de nuestro modelo, en especial de las zonas del litoral, tradicionalmente basado en el concepto de “sol y playa”. Vamos a apuntar aquí también esquemáticamente posibles vías de solución a todos esos problemas, dejando sentado que la transversalidad del turismo exige que sean muy variados los campos en los que debe actuarse para conseguir una importante mejora.

1) El problema de la antigüedad de la planta hotelera requiere soluciones imaginativas, en especial en cuanto a las medidas incentivadoras promovidas por las diferentes Administraciones públicas (como la bonificación en el número de plazas concedidas, o el intercambio de nuevas plazas turísticas por plazas “viejas” que sean eliminadas), y puede solucionarse por tres vías: la modernización de los establecimientos, su reconversión o su esponjamiento.

– La modernización de los establecimientos tropieza con el problema de su elevado coste, y ha sido objeto de importantes medidas legislativas en bastantes Comunidades Autónomas, que tratan de incentivar al sector turístico para la elaboración y cumplimiento de planes de modernización de la planta hotelera. La falta de adecuación a los planes de modernización, detectada por la inspección, puede suponer la baja del establecimiento.

– La reconversión puede realizarse por vía de la demolición del edificio y su posterior reconstrucción, con un coste también muy elevado para la empresa titular del establecimiento, o mediante su destino a otros usos, sean no turísticos (por ejemplo, apartamentos residenciales) o bien mixtos. Un ejemplo pujante de uso mixto es el de los “condohoteles”, que son establecimientos en los que se comparte la rentabilidad de varias habitaciones con una serie de propietarios inversores, que pueden habitarlas durante un periodo determinado del año, beneficiándose de los servicios hoteleros. La principal ventaja de esta fórmula de uso mixto entre turístico y residencial-vacacional es que puede ser una herramienta clave para evitar la competencia desleal que supone la comercialización ilegal de apartamentos. Esta fórmula presenta múltiples variantes en cuanto a su configuración jurídica (condominio puro, propiedad horizontal, usufructo, arrendamiento, aprovechamiento por turno) y económica (variadas fórmulas para el reparto de los beneficios del establecimiento), pero constituye una alternativa pujante para estimular la transformación de hoteles obsoletos y obtener para ello financiación privada, ya que aúna la fuerza económica de diferentes inversores.

– Una última y más drástica solución es el “esponjamiento urbanístico”, o sea, la demolición del hotel obsoleto y su sustitución por espacios de uso público o por equipamientos colectivos. Esta fórmula está prevista legislativamente, y se ideó para utilizarse en los casos de inmuebles degradados o en mal estado de conservación ubicados en zonas de alta densidad urbanística, pero tropieza con importantes problemas para su ejecución práctica por las Administraciones autonómicas. La gran asignatura pendiente en esta materia es arbitrar los sistemas para que estas operaciones de “esponjamiento”, que son altamente necesarias en determinadas zonas costeras muy densamente edificadas, puedan tener una aplicación efectiva.

No obstante todo lo expuesto, es importante aclarar que, en esta materia de modernización de la planta hotelera, la solución definitiva no está en la actuación individual sobre cada uno de los establecimientos turísticos de una zona determinada, sino en el cambio de concepto o en la modernización global de la totalidad de dicha zona. Por ello es conveniente o casi necesaria una absoluta coordinación de los departamentos turísticos con los de urbanismo y ordenación del territorio de cada Comunidad Autónoma, que permita realizar con eficacia actuaciones conjuntas. Sería, además, altamente recomendable dejar de elaborar una normativa urbanística general para todo tipo de edificaciones, distinguiendo claramente las normas destinadas a fincas residenciales de las que deben regular los establecimientos turísticos, dándoles a éstos, especialmente en determinadas Comunidades Autónomas, un tratamiento equivalente al de las zonas industriales, fomentando las reformas y rehabilitaciones por su interés económico prioritario. Las vigentes normas urbanísticas, que se elaboraron bajo el objetivo de frenar la especulación y el crecimiento masivo, ya no son útiles dado el drástico cambio de circunstancias que estamos viviendo.

2) El problema de la “hiperregulación” y de la confluencia no armónica de Administraciones ha situado al turismo en un nivel de encorsetamiento que dificulta enormemente la adaptación de su producto a las nuevas necesidades que el mercado demanda. La cuestión puede solucionarse por la vía de la refundición de la dispersa normativa vigente, de la eliminación de las entidades administrativas con competencias solapadas –cuestión que ya se está acometiendo en algunas Comunidades Autónomas dada la situación de crisis económica-, y de la creación de una “ventanilla única turística”, especialmente en las Comunidades que tienen al turismo como base esencial de su economía, oficina que centralizase todos los trámites de los establecimientos turísticos facilitando la interlocución de los empresarios del sector con las diferentes administraciones. Es necesario también consagrar legislativamente una definición amplia o flexible del establecimiento hotelero, que es una realidad cambiante según la demanda de los mercados, para evitar la necesidad de un gran número cumulativo de licencias o autorizaciones administrativas para que los hoteles puedan organizar las actividades complementarias o de animación que los clientes hoy demandan.

 

3) La cuestión de la pérdida de calidad en el personal al servicio de los establecimientos turísticos tiene que solucionarse necesariamente a través del estímulo de planes de formación, y a través de medidas de fomento de la compatibilización de la jornada laboral con los estudios universitarios. Ya las Facultades de Turismo y Hostelería de buena parte de las Universidades españolas ofrecen facilidades y horarios especiales para alumnos que se encuentran inmersos en el mercado de trabajo. También es interesante la creación de una “bolsa de trabajo” especializada, integrada por personas con la formación adecuada que, puesta a disposición de las empresas turísticas incluso por medios telemáticos, puede ser una buena herramienta para mejorar la calidad en el servicio hotelero y turístico en general. Y, por supuesto, será necesario incrementar la formación del personal en nuevas tecnologías. Hoy en día, internet es una herramienta imprescindible para promocionar destinos en todo el mundo.

4) Y los problemas derivados de las nuevas demandas del mercado turístico mundial deberán solucionarse necesariamente adaptándose a las exigencias del mercado, aunque respetando las peculiaridades de nuestra industria turística nacional. Resulta evidente que la competencia en destinos con buen clima, playas e infraestructuras ha crecido enormemente, que el mercado mundial de los touroperadores está prácticamente concentrado en dos o tres importantes grupos mundiales –lo que crea una situación de práctico oligopolio- y que en Europa se está implantando desde hace ya años una fórmula de manejar muchos turistas a bajos precios, a diferencia, por ejemplo, del mercado estadounidense. Hoy existe también una hipersegmentación del mercado, que consiste en la confluencia de muchas demandas de paquetes o productos turísticos diferentes entre sí. En consecuencia, el sector turístico deberá adaptarse a estas nuevas situaciones, aun en un contexto general de crisis económica y de reducción del margen empresarial, dado que la estructura de costes de las empresas españolas es superior a otras de la competencia. Es muy importante también luchar contra la “estacionalidad”, que es la concentración cada vez mayor de la temporada turística en unos determinados meses del año, y que tiene una incidencia negativa no sólo en las cuentas de resultados de las empresas del ramo, sino también en todo el entramado social de las zonas turísticas. Esa lucha requiere la adopción de medidas que posibiliten el alargamiento de la temporada, debiendo incidir en varios temas como la mejora de la competitividad en los servicios y tasas de nuestros aeropuertos -que son la principal vía de entrada de turistas en nuestro país-, el mantenimiento de las conexiones aéreas con los países emisores durante todo el año, la creación de nuevos productos turísticos y la mejora de lo ofrecido hasta ahora en los destinos tradicionales

 

Hacia una necesaria mejora de nuestro modelo turístico (I): un breve diagnóstico

Como de todos es sabido, el turismo constituye una de las principales fuentes de riqueza de todo el Estado, e indiscutiblemente la fuente principal de ingresos, directos e indirectos, en la Comunidad Autónoma donde vivo, las Islas Baleares. España lleva unas cuantas décadas recibiendo turistas de forma masiva aplicando un modelo turístico, el famoso “sol y playa” que, por los cambios en el mercado, por las circunstancias internacionales y también por los avatares de la crisis económica, está poniendo claramente de manifiesto su obsolescencia en muchos aspectos. Dada la importancia económica y social de nuestra primera industria nacional, y dentro de las lógicas limitaciones del presente blog, voy a dedicar dos post consecutivos a poner de manifiesto, aunque sea en forma esquemática, un breve diagnóstico sobre los problemas de nuestro modelo turístico y las posibles soluciones para conseguir una evolución satisfactoria del mismo.

Los principales problemas que afectan en la actualidad a nuestro modelo turístico son de dos tipos: problemas estructurales y problemas de mercado. Vamos a tratar de dar una pincelada de cada uno de ellos:

Los problemas estructurales derivan de tres aspectos esenciales. El primero de ellos es la antigüedad de buena parte de la planta hotelera española, especialmente la de las zonas costeras, que fue construida de forma desordenada y fuera de normativa en los años 60 y 70 del siglo XX, y que hoy se está quedando obsoleta en una buena parte, sin que se haya facilitado su renovación o reconversión. El segundo aspecto es el gran desarrollo normativo que han generado desde los años 90 nuestros prolíficos legisladores, especialmente los de las Comunidades Autónomas, a las que se transfirieron las competencias básicas en estas materias, en cuestiones turísticas, hoteleras y en aspectos complementarios. Desde esos años se ha generado un auténtico maremágnum de normas técnicas que afectan a todas las Administraciones y que generan gran confusión entre sus destinatarios, las empresas turísticas y hoteleras. La ingente normativa actual tiene que aplicarse, en general, a edificios que, por su antigüedad, no se construyeron para dar cumplimiento a la misma. Por ello, los propietarios de establecimientos turísticos no son capaces, en la mayoría de los casos, de cumplir por sus propios medios todas las normas hoy vigentes, debiendo contratar servicios externos que les permitan adaptarse a semejante torrente normativo, con el consiguiente encarecimiento de sus costes operativos.

Todo ello viene agravado por el concurso de varias Administraciones (estatal, autonómica, insular y municipal), dadas las diferentes normas que confluyen (turísticas, de seguridad, laborales, sanitarias, etc.), no existiendo un interlocutor único para las empresas turísticas y hoteleras, que deben entenderse con varias oficinas administrativas no coordinadas entre sí en cuestiones que a veces se solapan. Y un tercer aspecto importante tiene que ver con el ámbito laboral, en el que se está produciendo el fin de la vida profesional de toda la fuerza de trabajadores que se incorporó al mundo turístico y hotelero en sus inicios, allá por 1970, y que, cumplida su vida laboral, está en proceso de jubilación o prejubilación. Esa fuerza laboral, con gran experiencia y formación práctica, está siendo sustituida por otra mano de obra menos formada y especializada, a veces procedente de países o regiones sin ninguna experiencia turística, planteando importantes problemas de calidad en el servicio por falta de formación o especialización. La confluencia de todos los factores estructurales anteriores esta produciendo una alarmante pérdida de competitividad de la industria turística española en general, y en especial de la planta hotelera de las zonas del litoral mediterráneo.

– A ello se suman otros problemas que proceden del propio mercado turístico mundial. La evolución de los diferentes mercados turísticos, la aparición de nuevas zonas y ofertas, las presiones de los touroperadores, y la insuficiencia del modelo tradicional de “sol y playa” están produciendo nuevas demandas en los mercados emisores de turistas, a las que los países receptores se están teniendo que adaptar. La diversidad de oferta complementaria, el turismo deportivo, el turismo de salud, el eco-turismo, la oferta cultural o gastronómica, y muchas otras novedades son ampliamente demandadas, y los países receptores están obligados a darles cumplida respuesta. Además, la crisis económica está imponiendo el auge de destinos con mejores precios -dados sus menores costes-, de destinos con buen tiempo garantizado durante todo el año, y de fórmulas como el “todo incluido”, en las que el cliente viaja con todos los gastos pagados desde su origen, con la repercusión negativa que ello supone para la oferta complementaria (bares, restaurantes, comercios, etc.) de los lugares que visita. Precisamente esta fórmula, cada vez más demandada en los últimos tiempos, está generando una agria polémica entre los empresarios hoteleros y los de las empresas de oferta complementaria en los destinos turísticos tradicionales, y dará lugar, indiscutiblemente, a una preocupante reducción de la ocupación laboral en el ámbito de la restauración. Y un último problema destacado es la necesidad del alargamiento de la temporada turística. En los años 80 se daban temporadas de 8 a 10 meses con buena ocupación general. En la actualidad las temporadas están durando de 5 a 6 meses como máximo, siendo cada vez más temprano el cierre otoñal de la planta hotelera.

Planteado esquemáticamente un diagnóstico del actual momento de nuestro modelo turístico, en el próximo post esbozaremos posibles soluciones a todas las cuestiones que en el presente hemos ido apuntando.

 

 

La Unión Europea: ¿el fracaso de un proyecto ilusionante?

Recién finalizada la 2ª Guerra Mundial, los políticos europeos con Jean Monnet y Robert Schuman a la cabeza decidieron que, para evitar nuevos enfrentamientos bélicos en un futuro, era necesario crear intereses económicos transfronterizos y organizaciones supranacionales que facilitasen el contacto entre los políticos, empresarios y ciudadanos de los distintos países europeos, en especial, Francia y Alemania.

En el año 1949 se constituyó el Consejo de Europa, organización sin capacidad resolutiva pero que serviría de foro de encuentro y discusión para los políticos europeos.

El paso siguiente se produjo en el año 1951 con la firma del Tratado de París, en el que se creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para facilitar el comercio de estas dos materias primas tan importantes en esos momentos en los que Europa se encontraba en fase de reconstrucción como consecuencia de la pasada guerra.

Se siguió avanzando en esa dirección y el 25 de marzo de 1957 se firmaba el Tratado de Roma mediante el cual se constituían dos nuevas organizaciones:

* La Comunidad Económica Europea (CEE)

* La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)

Este Tratado lo suscribieron seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y su objetivo era crear un Mercado Común en el que existiesen las cuatro libertades de circulación que caracteriza este tipo de mercados, es decir, personas, servicios, capitales y mercancías.

En estos cincuenta años transcurridos se han producido importantes crisis en el seno de CEE como, por ejemplo, la conocida bajo la denominación de “La silla vacía” que tuvo a las instituciones comunitarias paralizadas durante varios meses y que fue provocada por el veto del general De Gaulle a la entrada del Reino Unido en la CEE que no pudo resolverse hasta el año 1971 en el que el general se vio obligado a dimitir por los sucesos de “mayo del 68”.

La tesis defendida por De Gaulle era la “Europa de las patrias”, es decir, todos los países trabajarían juntos pero sin que las naciones perdiesen su identidad, que con el paso de los años es la que se ha impuesto.

La primera gran modificación del Tratado de Roma tiene lugar en el año 1986 con la aprobación del ACTA ÚNICA EUROPEA en la que se modifican diversos aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones comunitarias y se marca el año 1992 como fecha para la implantación del “Mercado Interior”. Este cambio de denominación de Mercado Común por Mercado Interior se debe a un reconocimiento implícito del fracaso que había supuesto el intento anterior, pues de las cuatro libertades, antes mencionadas, solamente la correspondiente a las mercancías era la que funcionaba con relativa normalidad ya que las restantes presentaban serias restricciones para su aplicación en varios países.

La segunda revisión importante es el TRATADO DE MAASTRICHT que potencia las competencias del Parlamento Europeo; integra la CEE, la CECA y el EURATOM en la Unión Europea; decide la creación de la Unión Económica y Monetaria y, como en el caso anterior, para disimular el fracaso, acuerda cambiar la denominación CEE por la de Unión Europea.

La Unión Económica y Monetaria fue un rotundo fracaso por su forma de implantación. Cuando se acuerda crear una moneda única, el euro, que pueda competir con el dólar y el yen en los mercados internacionales, se establecen unos requisitos mínimos que deberían cumplir todos los países que pretendan integrarse en la zona euro. Entre ellos merecen destacarse, por su importancia, que el déficit público sea inferior al 3% del PIB y que el volumen de la deuda externa sea inferior al 60% del PIB. Los países aspirantes presentaron sus datos que fueron aceptados por las autoridades comunitarias sin realizar exámenes y auditorías detalladas sobre los mismos. Da la impresión de que existía un interés político para que entrase en funcionamiento rápidamente. Con el paso del tiempo y a la vista de lo sucedido, me permito afirmar que países como: Portugal, Grecia, Irlanda y probablemente España e Italia no cumplían con los requisitos exigidos; es más, en la actualidad, ningún país de la zona euro cumple esas condiciones lo que es una de las causas de la actual crisis económica que asola Europa. Otro de los graves errores en este punto fue no haber designado un Ministro de Finanzas europeo con competencias plenas en este campo y que llevase a cabo la armonización fiscal.

Posteriormente, se aprobaron el TRATADO DE AMSTERDAM (1997) y el TRATADO DE NIZA (2001) que, en mi opinión, vienen a complicar el funcionamiento interno de las instituciones, ralentizando todavía más el proceso legislativo comunitario.

Finalmente, se firmó el TRATADO DE LISBOA (2007) en el que se propone un nuevo texto constitucional mediante la inclusión de enmiendas en los Tratados fundacionales, lo que creo va a ser de difícil aplicación, ya que un texto similar fue rechazado por Francia y Holanda en 2004.

Todas estas modificaciones han intentado corregir los problemas existentes en la Unión Europea e incrementar su estructura burocrática.

¿En qué me baso para afirmar que la Unión Europea ha sido un fracaso? Pues sencillamente en los siguientes puntos:

1º.- En sus cincuenta años de existencia no se ha conseguido el objetivo inicial que era la implantación de un mercado común en el que las personas, los servicios, el capital y las mercancías circulasen libremente. Todos sabemos que solamente las mercancías gozan de este privilegio.

2º.- La Unión Económica y Monetaria fracasó debido a su planteamiento inicial erróneo; a la urgencia por su entrada en vigor; a la ausencia de seguimientos exhaustivos de la economía de estos países y a la falta de un Superministro de Finanzas.

3º.- Lamentablemente, y a pesar del tiempo transcurrido, se ha impuesto la tesis de la “Europa de las patrias” con los nacionalismos en pleno auge, lo que supone un serio revés al proceso de integración europea.

4º.- Se ha creado una burocracia mastodóntica que soportamos todos los europeos y que entorpece el funcionamiento de las instituciones. Para aprobar una Directiva o un Reglamento se necesita un plazo mínimo de quince meses, con lo que cuando la disposición legal entra en vigor, en muchos casos, ya ha quedado obsoleta.

5º.- Así como los Reglamentos son de aplicación directa a los Estados miembros, las Directivas deben ser transpuestas al derecho interno de esos países que cuando las consideran perjudiciales para sus intereses suelen demorarse varios años en su transposición, sin que les apliquen sanción alguna.

6º.- A fin de democratizar las instituciones se ha dotado al Parlamento de unos poderes y un número de parlamentarios excesivo con lo que la disputa política entorpece la toma de decisiones económicas que deben ser urgentes y eran la base de la Unión Europea.

7º.- Se ha efectuado una ampliación acelerada de la UE para la admisión de nuevos Estados sin haberse consolidado el funcionamiento interno de las instituciones. En un periodo de ocho años se ha pasado de 15 a 27 Estados miembros, lo que va a representar un serio problema.

8º.- Conscientes de la realidad y a la vista de los sucesivos fracasos, el Consejo ha ido modificando las denominaciones de una misma institución para “despistar” a los ciudadanos y hacerles ver que se trataba de una nueva iniciativa.

Mercado Común → Mercado Interior → Mercado Único

Comunidad Económica Europea → Comunidades Europeas → Unión Europea

9º.- Mi experiencia personal me permite afirmar que en las reuniones de los Grupos de Trabajo de la Comisión y en las preparatorias del Consejo los representantes de cada Estado, actúan como auténticos mercaderes, donde para hacer una concesión tienen que obtener una contrapartida. Como caso excepcional en los anales de la UE figura el del Sr. Rodríguez Zapatero que en la reunión del Consejo en la que se aprobó la supresión de fondos comunitarios para España a partir del 2013, mostró su sonrisa habitual y no pidió nada a cambio ante el asombro de sus colegas europeos.

Redactado el presente post se han producido dos hechos que por su importancia considero debo recogerlos para que el lector pueda tener una visión más completa de la situación.

Por un lado, la intervención de Ángela Merkel en el Bundestag en la que manifiesta el compromiso formal de Alemania para la resolución de los problemas, afirmando que la quiebra de Grecia supondría el fracaso de la Unión Europea y por tanto de Alemania a la que considera indisolublemente unida a Europa. Pide al resto de los Estados un compromiso legal, modificando sus textos constitucionales, si es necesario, para lograr el déficit cero en sus presupuestos e iniciar una armonización fiscal. Hasta ahora los países fuertes estaban actuando bajo la presión de sus grandes bancos que experimentarían enormes pérdidas si se produjese la quiebra de Grecia, Irlanda, Portugal y sobre todo de Italia y España, debido a elevado volumen de deuda pública que tienen adquirida, por lo que se adoptaban medidas coyunturales sin entrar en el fondo del problema para sanear la economía de la UE.

Este compromiso alemán puede representar el primer paso serio en la dirección correcta.

Por otro, la publicación de un Informe del banco suizo UBS que comienza afirmando:

“La actual estructura del euro nunca debiera haber existido ya que no funciona como se ha demostrado en los últimos acontecimientos”

Apuesta por la integración fiscal en la Unión Monetaria pues de no llevarse a cabo y producirse una ruptura, la factura a pagar sería brutal, tanto en los países periféricos que cuantifica en el 40-50% de su PIB, es decir, entre 9.500-11.500 euros/habitante, el primer año, como en los países fuertes que podría ser del 20-25% de su PIB, o sea, entre 6.000- 8.000 euros/habitante/año.

Pero todavía las consecuencias políticos-sociales serían más negativas, corriéndose el riesgo de la implantación de regímenes totalitarios como única alternativa válida para solucionar la grave situación económica que incidiría especialmente en los sectores más desfavorecidos.

El Informe concluye con una advertencia:

“¿Y si ocurre el escenario del desastre pese a su baja probabilidad? Las consecuencias serían nefastas en términos de crecimiento y de estabilidad política y social por lo que es aconsejable desprenderse de todos los activos en euros”.

Lo que confirma que los mercados desconfían de la capacidad de los actuales dirigentes europeos para resolver la crisis.

Como colofón podemos afirmar que la integración fiscal, la exigencia legal del déficit cero, el seguimiento real y permanente de las economías con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y la solidaridad ente los países miembros, son requisitos necesarios, pero no sabemos si suficientes para salir de esta profunda crisis a la que nos han conducido unos gobernantes irresponsables e ineptos.

 

La Unión Europea: ¿el fracaso de un proyecto ilusionante?

Recién finalizada la 2ª Guerra Mundial, los políticos europeos con Jean Monnet y Robert Schuman a la cabeza decidieron que, para evitar nuevos enfrentamientos bélicos en un futuro, era necesario crear intereses económicos transfronterizos y organizaciones supranacionales que facilitasen el contacto entre los políticos, empresarios y ciudadanos de los distintos países europeos, en especial, Francia y Alemania.

En el año 1949 se constituyó el Consejo de Europa, organización sin capacidad resolutiva pero que serviría de foro de encuentro y discusión para los políticos europeos.

El paso siguiente se produjo en el año 1951 con la firma del Tratado de París, en el que se creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para facilitar el comercio de estas dos materias primas tan importantes en esos momentos en los que Europa se encontraba en fase de reconstrucción como consecuencia de la pasada guerra.

Se siguió avanzando en esa dirección y el 25 de marzo de 1957 se firmaba el Tratado de Roma mediante el cual se constituían dos nuevas organizaciones:

* La Comunidad Económica Europea (CEE)

* La Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)

Este Tratado lo suscribieron seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y su objetivo era crear un Mercado Común en el que existiesen las cuatro libertades de circulación que caracteriza este tipo de mercados, es decir, personas, servicios, capitales y mercancías.

En estos cincuenta años transcurridos se han producido importantes crisis en el seno de CEE como, por ejemplo, la conocida bajo la denominación de “La silla vacía” que tuvo a las instituciones comunitarias paralizadas durante varios meses y que fue provocada por el veto del general De Gaulle a la entrada del Reino Unido en la CEE que no pudo resolverse hasta el año 1971 en el que el general se vio obligado a dimitir por los sucesos de “mayo del 68”.

La tesis defendida por De Gaulle era la “Europa de las patrias”, es decir, todos los países trabajarían juntos pero sin que las naciones perdiesen su identidad, que con el paso de los años es la que se ha impuesto.

La primera gran modificación del Tratado de Roma tiene lugar en el año 1986 con la aprobación del ACTA ÚNICA EUROPEA en la que se modifican diversos aspectos relacionados con el funcionamiento interno de las instituciones comunitarias y se marca el año 1992 como fecha para la implantación del “Mercado Interior”. Este cambio de denominación de Mercado Común por Mercado Interior se debe a un reconocimiento implícito del fracaso que había supuesto el intento anterior, pues de las cuatro libertades, antes mencionadas, solamente la correspondiente a las mercancías era la que funcionaba con relativa normalidad ya que las restantes presentaban serias restricciones para su aplicación en varios países.

La segunda revisión importante es el TRATADO DE MAASTRICHT que potencia las competencias del Parlamento Europeo; integra la CEE, la CECA y el EURATOM en la Unión Europea; decide la creación de la Unión Económica y Monetaria y, como en el caso anterior, para disimular el fracaso, acuerda cambiar la denominación CEE por la de Unión Europea.

La Unión Económica y Monetaria fue un rotundo fracaso por su forma de implantación. Cuando se acuerda crear una moneda única, el euro, que pueda competir con el dólar y el yen en los mercados internacionales, se establecen unos requisitos mínimos que deberían cumplir todos los países que pretendan integrarse en la zona euro. Entre ellos merecen destacarse, por su importancia, que el déficit público sea inferior al 3% del PIB y que el volumen de la deuda externa sea inferior al 60% del PIB. Los países aspirantes presentaron sus datos que fueron aceptados por las autoridades comunitarias sin realizar exámenes y auditorías detalladas sobre los mismos. Da la impresión de que existía un interés político para que entrase en funcionamiento rápidamente. Con el paso del tiempo y a la vista de lo sucedido, me permito afirmar que países como: Portugal, Grecia, Irlanda y probablemente España e Italia no cumplían con los requisitos exigidos; es más, en la actualidad, ningún país de la zona euro cumple esas condiciones lo que es una de las causas de la actual crisis económica que asola Europa. Otro de los graves errores en este punto fue no haber designado un Ministro de Finanzas europeo con competencias plenas en este campo y que llevase a cabo la armonización fiscal.

Posteriormente, se aprobaron el TRATADO DE AMSTERDAM (1997) y el TRATADO DE NIZA (2001) que, en mi opinión, vienen a complicar el funcionamiento interno de las instituciones, ralentizando todavía más el proceso legislativo comunitario.

Finalmente, se firmó el TRATADO DE LISBOA (2007) en el que se propone un nuevo texto constitucional mediante la inclusión de enmiendas en los Tratados fundacionales, lo que creo va a ser de difícil aplicación, ya que un texto similar fue rechazado por Francia y Holanda en 2004.

Todas estas modificaciones han intentado corregir los problemas existentes en la Unión Europea e incrementar su estructura burocrática.

¿En qué me baso para afirmar que la Unión Europea ha sido un fracaso? Pues sencillamente en los siguientes puntos:

1º.- En sus cincuenta años de existencia no se ha conseguido el objetivo inicial que era la implantación de un mercado común en el que las personas, los servicios, el capital y las mercancías circulasen libremente. Todos sabemos que solamente las mercancías gozan de este privilegio.

2º.- La Unión Económica y Monetaria fracasó debido a su planteamiento inicial erróneo; a la urgencia por su entrada en vigor; a la ausencia de seguimientos exhaustivos de la economía de estos países y a la falta de un Superministro de Finanzas.

3º.- Lamentablemente, y a pesar del tiempo transcurrido, se ha impuesto la tesis de la “Europa de las patrias” con los nacionalismos en pleno auge, lo que supone un serio revés al proceso de integración europea.

4º.- Se ha creado una burocracia mastodóntica que soportamos todos los europeos y que entorpece el funcionamiento de las instituciones. Para aprobar una Directiva o un Reglamento se necesita un plazo mínimo de quince meses, con lo que cuando la disposición legal entra en vigor, en muchos casos, ya ha quedado obsoleta.

5º.- Así como los Reglamentos son de aplicación directa a los Estados miembros, las Directivas deben ser transpuestas al derecho interno de esos países que cuando las consideran perjudiciales para sus intereses suelen demorarse varios años en su transposición, sin que les apliquen sanción alguna.

6º.- A fin de democratizar las instituciones se ha dotado al Parlamento de unos poderes y un número de parlamentarios excesivo con lo que la disputa política entorpece la toma de decisiones económicas que deben ser urgentes y eran la base de la Unión Europea.

7º.- Se ha efectuado una ampliación acelerada de la UE para la admisión de nuevos Estados sin haberse consolidado el funcionamiento interno de las instituciones. En un periodo de ocho años se ha pasado de 15 a 27 Estados miembros, lo que va a representar un serio problema.

8º.- Conscientes de la realidad y a la vista de los sucesivos fracasos, el Consejo ha ido modificando las denominaciones de una misma institución para “despistar” a los ciudadanos y hacerles ver que se trataba de una nueva iniciativa.

Mercado Común → Mercado Interior → Mercado Único

Comunidad Económica Europea → Comunidades Europeas → Unión Europea

9º.- Mi experiencia personal me permite afirmar que en las reuniones de los Grupos de Trabajo de la Comisión y en las preparatorias del Consejo los representantes de cada Estado, actúan como auténticos mercaderes, donde para hacer una concesión tienen que obtener una contrapartida. Como caso excepcional en los anales de la UE figura el del Sr. Rodríguez Zapatero que en la reunión del Consejo en la que se aprobó la supresión de fondos comunitarios para España a partir del 2013, mostró su sonrisa habitual y no pidió nada a cambio ante el asombro de sus colegas europeos.

Redactado el presente post se han producido dos hechos que por su importancia considero debo recogerlos para que el lector pueda tener una visión más completa de la situación.

Por un lado, la intervención de Ángela Merkel en el Bundestag en la que manifiesta el compromiso formal de Alemania para la resolución de los problemas, afirmando que la quiebra de Grecia supondría el fracaso de la Unión Europea y por tanto de Alemania a la que considera indisolublemente unida a Europa. Pide al resto de los Estados un compromiso legal, modificando sus textos constitucionales, si es necesario, para lograr el déficit cero en sus presupuestos e iniciar una armonización fiscal. Hasta ahora los países fuertes estaban actuando bajo la presión de sus grandes bancos que experimentarían enormes pérdidas si se produjese la quiebra de Grecia, Irlanda, Portugal y sobre todo de Italia y España, debido a elevado volumen de deuda pública que tienen adquirida, por lo que se adoptaban medidas coyunturales sin entrar en el fondo del problema para sanear la economía de la UE.

Este compromiso alemán puede representar el primer paso serio en la dirección correcta.

Por otro, la publicación de un Informe del banco suizo UBS que comienza afirmando:

“La actual estructura del euro nunca debiera haber existido ya que no funciona como se ha demostrado en los últimos acontecimientos”

Apuesta por la integración fiscal en la Unión Monetaria pues de no llevarse a cabo y producirse una ruptura, la factura a pagar sería brutal, tanto en los países periféricos que cuantifica en el 40-50% de su PIB, es decir, entre 9.500-11.500 euros/habitante, el primer año, como en los países fuertes que podría ser del 20-25% de su PIB, o sea, entre 6.000- 8.000 euros/habitante/año.

Pero todavía las consecuencias políticos-sociales serían más negativas, corriéndose el riesgo de la implantación de regímenes totalitarios como única alternativa válida para solucionar la grave situación económica que incidiría especialmente en los sectores más desfavorecidos.

El Informe concluye con una advertencia:

“¿Y si ocurre el escenario del desastre pese a su baja probabilidad? Las consecuencias serían nefastas en términos de crecimiento y de estabilidad política y social por lo que es aconsejable desprenderse de todos los activos en euros”.

Lo que confirma que los mercados desconfían de la capacidad de los actuales dirigentes europeos para resolver la crisis.

Como colofón podemos afirmar que la integración fiscal, la exigencia legal del déficit cero, el seguimiento real y permanente de las economías con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y la solidaridad ente los países miembros, son requisitos necesarios, pero no sabemos si suficientes para salir de esta profunda crisis a la que nos han conducido unos gobernantes irresponsables e ineptos.

 

Artículo de Jorge Salto acerca del impuesto sobre el patrimonio, en El Confidencial

Continuamos con la colaboración con el diario digital El Confidencial. En esta ocasión, Jorge Salto reflexiona sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. Transcribimos a continuación el artículo, y si quiere leerlo en su formato original, puede hacerlo aquí.

Los editores.

 

Impuesto sobre el patrimonio: cambio en las reglas a mitad de partido

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó la revitalización de esta figura impositiva para los años 2011 y 2012, desatando un aluvión de críticas sobre las que me gustaría hacer alguna reflexión. Particularmente no comparto ninguna de las tópicas críticas que se vienen haciendo de esta reaparición y me explico.

La aparición de una figura impositiva debe valorarse en clave técnica y no propagandística o populista. Lo importante es si el hecho imponible está bien delimitado, en si realmente grava aquello que quiere gravar, en si resulta confiscatorio, en si logra ser equitativo, progresivo, en si permite su norma una cierta seguridad jurídica, etc. Las valoraciones populistas se las encomiendo a las urnas, que son las que juzgan las políticas fiscales de los partidos políticos. Son las urnas las que juzgarán a un impuesto patrimonial con una exención por vivienda habitual de 300.000 euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y con una obligación de declaración para los que tengan un patrimonio superior a 2 millones de euros.

Por ello, no comparto el argumento que basa la crítica en su leve efecto en el déficit público. Hay quienes para criticar la medida argumentan que su efecto recaudatorio se verá reducido a unos pocos cientos de millones de euros, “peanuts” dicen. Y francamente, no me parece un buen argumento, pues aparte de que todo suma, el que recaude mucho o poco no debe interferir en la valoración de la reforma.

Tampoco comparto la crítica que realizan desde sectores conservadores a lo electoralista de la reforma. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas y éstas tienen competencias normativas sobre el mínimo exento, la tarifa de gravamen y las deducciones y bonificaciones en cuota. Pues bien, no vi a ninguna Comunidad, gobernara quien gobernara, en los años en que el Impuesto estuvo vivo, renunciar a su recaudación. Al contrario, cuando en el año 2008 se acordó por el gobierno central su supresión, se arbitró una compensación fiscal para las Comunidades Autónomas por la pérdida de recaudación. Por ello, no veo que ningún partido esté moralmente legitimado para criticar la actual reaparición del tributo, cuando nada hicieron por suprimirlo en su esfera de actuación. Y de nuevo, fácil lo tienen si quieren suprimirlo, pues sólo tienen que adoptar las medidas legislativas correspondientes en su territorio.

Ahora bien, el que no comparta estas críticas no significa que esté de acuerdo con la reforma, tal y como se ha articulado. No me refiero sólo al gusto que le ha cogido el gobierno al empleo del Real Decreto-ley, sino al haber declarado vigente el impuesto en el año 2011.

Y es aquí donde como técnico he de centrar todas mis críticas. De nuevo, al igual que ya hicieran en el mes de agosto, el gobierno ha adoptado una reforma que, ignorando toda seguridad jurídica, declara la vigencia en este período, afectando así a un sinfín de decisiones económicas consumadas de los agentes económicos (aquí sujetos pasivos del impuesto) que han tomado sus decisiones en estos primeros nueve meses de 2011 con otras reglas de juego.

Por ejemplo, a la hora de la planificación fiscal era trascendental el límite conjunto de cuotas íntegras del Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF. Prevé la norma que la suma de dichas cuotas íntegras no podrá exceder del 60% de las sumas de las bases imponibles del IRPF. Se pretende así evitar la confiscatoriedad, con un límite: la reducción no puede ser superior al 80% de la cuota de IP.

Ahora bien, en el cálculo de este límite de tributación regían reglas particulares:

– De las bases imponibles de IRPF se descontarán las ganancias patrimoniales de elementos con un período de tenencia superior al año; eso sí, se descontarán de las cuotas íntegras del IRPF las que correspondan a dichas ganancias.

– Y a las bases se añadirán los dividendos de las antiguas sociedades patrimoniales, no sujetos en el IRPF.

– Y se descontarán también de las cuotas íntegras de IP las que correspondan a elementos no susceptibles de producir rendimientos en IRPF.

Pues bien, es posible que muchos sujetos pasivos hayan transmitido durante estos primeros nueve meses y medio de 2011 activos patrimoniales que adquirieron hace menos de un año y que de haber sabido el restablecimiento del IP habrían esperado hasta cumplir dicho plazo. Pues cumplido el año su ganancia se restará de las bases imponibles del IRPF y a menores bases menores cuotas en Patrimonio.

Es decir, pensemos en dos contribuyentes cuyo patrimonio asciende a 10 millones de euros, todo invertido en bolsa. Ambos compraron sus acciones el 15 de septiembre de 2010. Ninguno trabaja ni obtiene rentas. Supongamos que ambos venden su inversión por 10.695.996,06 euros, uno el 14 de septiembre de 2011 y el otro una semana más tarde. El primero, al obtener una ganancia de 695.996,06 euros proveniente de un elemento de tenencia inferior al año, queda impedido de la aplicación del límite, debiendo tributar por un patrimonio de 10.695.996,06 euros que arroja una cuota íntegra de 183.670,29 euros. El segundo, viendo la aprobación del Real Decreto-ley decide esperar a que su inversión cumpla el año para aplicar el mencionado límite:

– Suma de cuotas íntegras: 329.709,46 (183.670,29 + 695.996,06 x 19/21%).

– 60% de la Suma de bases imponibles: 0.

– Límite inferior: 20% de 183.670,29 es decir: 36.734,06.

En definitiva, la reforma afecta a situaciones pasadas haciéndolas tributar de manera más perniciosa (183.670,29 euros) pues de haber sabido el nuevo marco legal bastaría haber agotado el año de tenencia para pasar a tributar 36.734,06 euros.

Este sencillo ejemplo muestra cómo la reforma, en todo un exponente de inseguridad jurídica, atenta contra situaciones pasadas que no han podido conocer la reforma y que de haberla conocido habrían planificado sus actuaciones de manera más racional.

Y a la inversa, ha habido sujetos que han recibido los primeros meses de 2011 dividendos exentos de las antiguas sociedades patrimoniales y que de haber sabido que la reforma podía afectarles negativamente habrían alterado su decisión económica.

Y lo mismo podría decirse de alguna de las exenciones del patrimonio empresarial, que se condicionan a percibir rentas por funciones directivas que constituyan la principal fuente de renta. La desaparición del tributo hizo variar la estructura de los patrimonios empresariales e hizo desaparecer también las retribuciones por funciones directivas, máxime con la supresión en algunas comunidades autónomas del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora, a tan sólo tres meses de que finalice un año en que el impuesto ha vuelto a cobrar carta de naturaleza, hay que reajustarlo todo con el consiguiente coste fiscal.

En definitiva, es lícito que el gobierno decida la implantación del Impuesto sobre el Patrimonio. Las urnas le juzgarán. Pero lo que es criticable es que se declare la vigencia de la reforma para 2011 pues afecta de forma retroactiva a decisiones ya consumadas que no han podido prever este nuevo marco legal.

Por lo demás, al resucitar el Impuesto, todas las críticas técnicas que se realizaban durante la vida del impuesto antes de su desaparición reviven de nuevo. Las reglas de valoración del patrimonio y de los límites de cuotas conjuntas con el IRPF provocarán de nuevo multitud de desajustes en una norma que debería gravar el patrimonio del sujeto pasivo en condiciones de igualdad.

Veremos qué dicen las urnas y qué hacen las Comunidades Autónomas de esta figura tributaria.