Para empezar esta serie podemos plantear algunas propuestas expresadas en forma de deseo, y referidas, más que a la acción del próximo gobierno, a la previa campaña electoral en sí. De algunas cosas es bueno que se hable, lo que ya sería un principio.
Así, como estamos en una época donde los partidos políticos se afanan en preparar sus programas electorales, podemos expresar algunos temas que, desde el punto de vista jurídico que inspira este blog, sería bueno que salieran y que se debatieran en la campaña electoral que próximamente nos va a tocar sufrir. Bien es cierto que, por desgracia, tales programas en España no tienen la relevancia que deberían tener, la de auténticos compromisos vinculantes frente a la ciudadanía. Su frecuente incumplimiento por el partido que gana ni se suele reprochar por los partidos de oposición, tal vez porque casi todos ellos tienen también “su pecadito”, ni tampoco encuentra un serio reproche en una ciudadanía aún inmadura en este campo.
A pesar de esta prevención, la exposición contrastada de programas y su análisis y crítica no deja de tener su valor, al exponer al debate público cuestiones importantes que pueden influir en el futuro devenir político. Precisamente uno de los defectos de nuestro sistema político, su esclerosis, ha sido favorecido por la cuidadosa exclusión del debate de demasiadas cuestiones en el pasado. Por eso no sobran estos deseos, como si se tratara de los que se piensan mientras se apagan las velas de la tarta o se atraganta uno con las doce uvas. Y con casi las mismas posibilidades de que se cumplan. ¿Por qué no?
Como se trata de problemas que, como afectan seriamente a nuestra común vida social, merecen ser abordados, aunque hayan estado clamorosamente ausentes de otras campañas, desde luego se pueden apuntar en gran cantidad. Pero para abrir fuego voy a apuntar sólo unos pocos, con el deseo de animar la participación y de que surjan más.

Cada día que pasa parece hacerse evidente que las dudas que la deuda pública despertaba en los mercados internacionales no se debían tanto a una inherente perversidad de éstos, sino a la escasa credibilidad de las cifras oficiales de contabilidad de muchas administraciones públicas, singularmente autonómicas. Ha bastado con unos pocos cambios de gobierno para que ingentes cantidades de deudas ocultas hayan salido a la luz. Y de la sospecha tampoco quedan libres algunas regiones cuyos gobiernos no han cambiado de color. Es evidente que los mecanismos de intervención y control del gasto, esencialmente esos tan autonómicamente dotados, han fracasado estrepitosamente en su función, y que se debería imponer una contundente reforma si no queremos parecernos cada vez más a Grecia. Pero, a pesar de todos los problemas de credibilidad y del inmenso coste que ello supone para las arcas públicas ¿Se hablará de ello en campaña? O si se habla ¿Será para quedarse en las grandes palabras, o se apuntarán soluciones concretas que supongan un compromiso creíble?
¿Volverán a salir las incumplidas promesas de una Ley de Transparencia, que ya comentamos entre otros posts aquí? A pesar de de lo que su aplicación nos podría ahorrar en costes y corrupción, después de su incumplimiento puede ser fuerte el interés por obviar el tema. Ya se ha visto que nuestros gobernantes prefieren moverse en la opacidad. Y al fin y al cabo, el tema tampoco tiene tirón popular.
Tanto en un caso como en otro estamos hablando de poner límites a prácticas patológicas de muchos políticos, en beneficio de unos mejores resultados. Interés de casta frente a intereses generales. ¿Prevalecerán éstos?
Por eso, para concluir este breve post, un deseo que suponga menos sacrificio a los que redactan los programas, que no suponga embridar a sus mandos políticos. Un incremento de la libertad de testar, para incorporar nuestro petrificado Derecho sucesorio común a las últimas tendencias europeas. Una cosa sencilla, barata y vistosa. Tanto que sería absurdo no proponerlo.
Hay mucho más, claro que sí. Pues que fluya el blog.