Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (II): responsabilidad en la judicatura
Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente es una aspiración básica de cualquier Estado de Derecho. En España todo el mundo es consciente de que ese funcionamiento es manifiestamente mejorable, pero pese que la preocupación por el tema está en boca de todos desde hace décadas, y pese a que los partidos mayoritarios han firmado unos cuantos pactos por la Justicia y han lanzado incontables proyectos con gran aparato mediático, los resultados son escasos. Hay que reconocer que el tema es difícil porque son muchas las causas que confluyen para convertir el servicio público Justicia en uno de los peores de la Administración del Estado. Podemos citar algunas:
.- La politización descarada del CGPJ, órgano supremo del poder judicial, que se encuentra completamente en manos de los partidos políticos, más preocupados por salvaguardar sus propios intereses que por garantizar los de los ciudadanos usuarios del servicio público.
.- La infradotación de la Justicia, en términos materiales y personales, con el agravante de que no existen mecanismos de medición ajustados que permitan conocer con cierta exactitud la extensión y distribución de esas carencias.
.- La descoordinación competencial, que atribuye el control de los jueces al CGPJ, de los secretarios al Ministerio de Justicia y del resto del personal a las CCAA, atribuyendo a estas la dotación de medios materiales. De esa descoordinación deriva el tradicional caos informático que padece el servicio.
.- La excesiva judicialización de nuestra sociedad, sin que se haya logrado crear una cultura de resolución alternativa de los conflictos (mediación y arbitraje), ni una ley de jurisdicción voluntaria que saque de los juzgados muchas materias sin contienda que podrían atender eficazmente otros funcionarios, ni mecanismos disuasorios que eviten un abuso de la Justicia (copago).
Sobre todos estos temas vamos a tratar en nuestras propuestas electorales, pero hay una causa importante que debe ser objeto de nuestra primera reflexión: la ausencia de mecanismos susceptibles de introducir responsabilidad de una manera efectiva en la judicatura. Es necesario premiar al juez eficiente y trabajador y castigar al vago e irresponsable. No existe ninguna organización que pueda funcionar sin un mecanismo eficiente de asignación de responsabilidades dentro del sistema.
Pienso que para conseguir tal cosa se pueden articular distintas medidas:
– Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial de tal manera que a la hora de proceder a los nombramientos en los tribunales superiores se tenga más en cuenta que la filiación política/asociativa la competencia profesional del candidato.
– Despojar al Consejo de determinadas funciones inspectoras y sancionadoras y pasarlas a la Administración General del Estado (lo que creo que es compatible con la independencia judicial). Una cosa es poner las sentencias que uno considere oportunas y otra cosa es no poner sentencias y que no pase nada. Recordemos que demasiados expedientes en el CGPJ caducan o son rechazados por defectos de forma ¿Por qué será? Quizá por la misma razón por la que a las denuncias contra notarios y registradores les ocurre lo mismo: las tramitan en la DGRN notarios y registradores. Es necesario además establecer criterios adecuados de inspección que castiguen más la falta de diligencia del protagonista que las ineficiencias globales del sistema, de las que muchas veces el juez termina siendo la principal víctima.
– Transferir a la AGE las competencias que ahora tienen las CCAA sobre personal auxiliar y medios materiales. ¿Qué juez se enfrenta con el partido en el gobierno en su Comunidad –que puede ser muy pequeña- cuando sabe que la disparidad de criterios le puede costar quedarse sin fotocopiadoras e impresoras?
– Objetivar al máximo en la ley el régimen de sanciones de tal manera que la discrecionalidad judicial para salvar la cara a los compañeros (algo que resulta siempre comprensible y difícil de evitar) sea mínima.
– Fijar una política retributiva que dependa de la productividad (cuantitativa y cualitativa) introduciendo medidores adecuados al efecto. Es imprescindible crear una carrera atractiva y adecuadamente remunerada para los profesionales de la Justicia donde la progresión dependa del mérito acreditado.
– Eliminar el seguro de responsabilidad civil suscrito por el CGPJ por las razones ya tratadas en este blog y que se pueden consultar aquí.
Para arreglar la Justicia en España no existe ninguna varita mágica, por supuesto. Todas las causas que determinan su mal funcionamiento están además muy interrelacionadas, pero sería bueno tomar conciencia de que esta es fundamental y que hay que empezar a afrontarla de una vez por todas.
Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.