Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (II): responsabilidad en la judicatura

La Justicia es un desastre. Hecho notorio. Se precisa una solución radical.
Los jueces también sus humanos. Muchos acceden a esa profesión por el “Don”; pero luego se casan, tienen sus hijos… necesitan el “Dín”… ¿es eso una vergüenza? Vergüenza debería dar robar; pero desear un buen nivel económico a través de medios dignos, no.
Me refiero a que a los jueces también les incentivaría el “más trabajo, más retribución”. Y  por ahí podría solucionarse el asunto. Dejo fuera la jurisdicción penal, que es muy especial por razones obvias.
¿Y cómo proporcionar unos buenos ingresos a los jueces sin gravar los Presupuestos? ¿Cómo lograr que un buen jurista, cualificado, se sienta atraido -también en lo pecuniario-por la toga con puñetas?
La Justicia, CON costas; y el Juzgado, a DESTAJO o incluso CON ARANCELES.
COSTAS: El que quiera litigar, que litigue; pero que se lo pague. Se habla en el post del “copago”, pero seguramente se ha de ir más allá: al menos en las jurisdicciones donde se ventilan intereses particulares, señaladamente la civil, el que use el servicio que pague el servicio. De esto hay escrito para aburrir, no digo nada que ya esté dicho, y opiniones abundan. Ya está bien de que entre todos paguemos gastos causados por las demandas en materia de “honor “ (?) de los “famosos”, por ejemplo.
DESTAJO: De esto se habla muchísimo menos. Seguramente ando obcecado en el asunto porque lo miro desde mi perspectiva de notario. Así y todo, lo expongo:
Si hay una notaría vacante, y en esa vacante hay muchísimo trabajo, incluso miles de escrituras pendientes de ser hechas, muchísimo “atraso”, esa notaría es codiciada por los notarios que buscan destino. Si en cambio es una notaría sin apenas trabajo, que está al día, donde se sestea… esa no la quiere casi nadie. Los notarios buscamos las notarías con mucho trabajo. ¿Seremos todos Stajanov? ¿O será que mucho trabajo equivale a buenos resultados económicos?
¿No se podría esto aplicar a los jueces? Hay juzgados famosos, conocidísimos por su atraso… iba a decir secular; no tanto, pero casi. Nadie quiere ir, y les llegan a los últimos números de las promociones. Normal, somos humanos. Pero, ¿qué sucedería si el Juez cobrase por asunto resuelto? ¿Nadie querría ir?
Se dirá que esto fomentaría las sentencias de baja calidad. Así es. Si cobras a destajo, no vas a meterte en muchas florituras y razonamientos jurídicos, no vas a llenar folios y folios de ciencia; pero ¿qué le interesa al justiciable? ¿qué es lo único que se lee la parte? El fallo. Con que esté mínimamente motivado, ya vale. Justicia es ante todo DAR a cada uno lo suyo, y sólo secundariamente RAZONAR por qué se le da.
Sobre todo porque la alternativa es la actual: sentencias ejemplares (no siempre, lógico, pero en general están bastante curradas); ejemplares, pero pocas y tarde.
Un justiciable suele preferir que su asunto se resuelva rápido, aunque la motivación sea somera. Otra cosa es si acude a la justicia para abusar de derecho, para mejor dilatar. Pero entonces no merece consideración.
El sueldo a destajo ayudaría; pero aparece entonces otra dificultad: la mora de la Justicia NO es solamente ni principalmente lentitud del Juez; es lentitud de la Oficina Judicial en su conjunto. O se activa toda la Oficina, o activarse el Juez no servirá de mucho.
Por eso hay que dar un paso más allá: el arancel.
En estos tiempos de crisis, en que la realidad impone ahorros, en que ¡hasta las insaciables CCAAs, lo que hay que ver! están reduciendo sus gastos, ¿no vendría bien que la Justicia, al menos la civil, dejara de ser una carga para los presupuestos? Pues hágase al modo de las notarías y de los registros. No le costamos un céntimo al presupuesto.
El Juez organiza TODA la oficina; busca el local y los medios materiales (igual hasta sale “algo” más barato que si eso se paga con pólvora del Rey); contrata el agua, el teléfono, la luz… y contrata el personal. Personal laboral, no funcionarios. ¿Van a ser por eso menos honestos y eficaces? ¿Acaso son menos honestos y eficaces los empleados de una notaría, de un registro?
A la hora de organizar todo esto, buen cuidado tendrá nuestro Juez en ser austero, en gastar sólo en lo que produzca resultados. Porque es gasto que gravará su cuenta de resultados.
Para los ingresos, se establece un arancel. Cuestión de perfilarlo, tampoco tarea imposible. En principio iría a cargo del actor, pero la condena en costas sería una institución viva y dinámica, de constante aplicación; la condena en costas es justísima. Y esas costas incluirían los aranceles. Ya digo, falta –y mucho- perfilarlo, conforme; pero la idea creo que es válida.
Y a partir de ahí..,¿cómo funcionaría la Justicia? Pues como las notarías, con eso está dicho todo, y perdón por la vanagloria.
Tal vez lo escrito sea un solemne disparate, tal vez. Pero antes de que nadie  encienda la pira de quemar herejes y me ponga en ella, recuerde que lo que estoy proponiendo es una PRIVATIZACION, y que eso es siempre bueno, justo y necesario, según el liberalismo imperante. ¿O no?
Para una vez que me aparto de mi “estatalismo” habitual…

El pasar las facultades inspectoras a la Administración General del Estado probablemente la haría más eficaz y menos corporativa, por lo que los jueces estarían más atentos por la cuenta que les trae a hacer bien su trabajo (o, al menos, a tenerlo al día).
Sin embargo, en mi opinión tendría un efecto negativo en cuanto a la independencia judicial. La inspección, mal utilizada, puede ser un instrumento de presión y acoso a determinados jueces por parte del poder ejecutivo. Si radica en el CGPJ existe el peligro sin duda de que sea usada de esta manera perversa, pero si la ponemos directamente en manos del ministerio, entonces esta capacidad de presión se multiplicará porque ya no será ejercida por los sujetos intermedios como son los integrantes del consejo, que quieras que no pueden tener ciertas resistencias a según qué actuaciones, sino por el Gobierno.
Reconozco que la cuestión no tiene fácil solución, pero quizá el remedio pueda ser peor que la enfermedad en este caso.

Está claro que la Justicia necesita una reforma profunda, su imagen y eficacia está por los suelos, su calidad es mejorable y una justicia lenta no es justicia. Pero también al ser tanto lo necesario a reformar creo que se ha de hacer desde la reflexión, aunque sin prisa pero sin pausa, y lo que es indispensable, que sean reformas duraderas, sin fallos ni grietas.
Estoy casi al 90% de acuerdo con las propuestas mencionadas.
– La politización de la justicia es aberrante. Hace falta un órgano de Gobierno de los Jueces elegido por los propios Jueces y Fiscales, y una Fiscalía de igual modo. Con verdaderos vocales y fiscales independientes.
– Aumento de medios técnicos y humanos. Informatización e implantación de NNTT, comunicaciones eléctronicas y reducción del papel. Es indispensable replantearse la procuradoría. Esa infradotación por esa descoordinación competencial que se alude, da igual en manos de quién esté. Sea AGE sean CCAA, ni antes de la “Administración de la Administración de Jª” se hizo nada, a ninguno en todos estos años les ha interesado invertir en Jª.
– Para ello, hace falta una dotación presupuestaria propia. Un Poder Judicial nunca puede ser un poder completo si no tiene dinero. Siempre dependerá de otros poderes. Y que los secretarios, funcionarios, etc. a lo mejor puedan depender del PJ y no de la CCAA.
– Esa excesiva judicialización que se menciona, es por esa falta de medios alternativos de resolución de conflictos pero también por cada vez más una intervención de los poderes públicos en la vida. Una superproducción legislativa, un “derecho penal del enemigo”, con elevación de faltas a delitos, de sanciones administrativas a ilícitos penales, o delitos abstractos y formales, colapsa el sistema.
– Respecto a la responsabilidad disciplinaria, estoy de acuerdo con Jaime de Nicolás. El despojar al Consejo de la función inspectora y darlo a la Administración (o séase Gobierno), es una politización más. Ya demasiadas injerencias hay del poder político como para darle la inspección disciplinaria. Podría usarse como presión o suspensión de determinados jueces “molestos”. Vamos a crear una Fiscalía independiente y que lleve la responsabilidad disciplinaria de Jueces y magistrados, y un CGPJ independiente y que por ejemplo los vocales del Consejo y miembros del Consejo Fiscal sean elegidos por sus miembros o o recíprocamente. Eso podría acercarse a ser un verdadero tercer poder de control del legislativo y judicial. Eso no quita que el régimen disciplinario quizás haya que mejorarlo y sea muy difícil sancionar, separar o incapacitar a los Jueces.
– La política por incentivos, me parece que está implantada, pero quizás sería adecuado promocionarla más. Y respecto al seguro he dejado mi opinión en el post correspondiente, estoy a favor. (soy seguidor reciente de este blog que se me ha hecho ya indispensable).
Añadiría además, 
– Menos y mejores leyes. Es necesario reducir la superproducción y dispersión legislativa. Hacen falta más TR, leyes más duraderas y que no se superpongan entre sí. Cómo se van a explicar las sentencias si no se comprenden las leyes.
– Agilización procesal (vamos a ver la ley en tramitación), reformas de recursos obsoletos, disminución tiempos de instrucción, mayor rapidez en peritajes y más y mejor Policía Judicial…
– Más y mejores jueces. Hacen falta más medios humanos, funcionarios, secretarios y jueces. Pero también mejor formados: mayor adaptación a NNTT (para eso hay que tenerlas), especializaciones, formación continúa, … y eliminar las suplencias de los jueces/fiscales sustitutos, o los terceros y cuartos turnos, que en los tiempos actuales carecen de sentido.
– Solucionar los conflictos jurisprudenciales y la tensión TC-TS, para ello veo necesaria una reforma completa del primero. Y hay que explicar claramente que el TC puede ser Justicia, pero no es Poder Judicial.
– Y mayor labor de comunicación del Poder Judicial y de la Jª en general, que no olvidemos que emana del pueblo: está bien facilitar la comprensión del lenguaje jurídico, pero también el PJ ha de defenderse más, no ser tan retraído, explicar por qué se toman determinadas resoluciones, explicar que las leyes son las que hay, reclamar las reformas oportunas con más ahínco etc. Está bien eso de que “el Juez se pronuncia en sus sentencias”, pero si esa sentencia no se entiende para la ciudadanía, entonces no se pronuncia en ningún sitio. Mayor presencia de los Gabinetes de Comunicación que para eso están. Se ve mucho criticar, que “uno ha salido de la cárcel a los x años”, que “no se ha ilegalizado tal” o “que otro ha salido libre”… pero nadie sale diciendo que la ley es la que hay, que no se ha demostrado nada, etc. y luego vienen los problemas de que la gente reclama cadenas perpetuas, penas de muerte y cualquier barbaridad.
Me he excedido demasiado, pido disculpas.
Un saludo.
 

Quién dice que el juez debe dirigir la Oficina Judicial no tiene ni idea de como se trabaja en órgano judicial. El juez bastante tiene con admitir pruebas, celebrar juicios y dictar sentencias. Otra cosa es que pueda poner en conocimiento del Secretario de Gobierno o Coordinador o a la propia Sala de Gobierno las deficiencias de la oficina judicial y en que manera perturba su trabajo.
Hay que ser serios, por favor.

Las propuestas y el debate subsiguiente resultan sumamente interesantes, pero coincido con Jaime de Nicolás en que someter los juzgados a la inspección de la AGE es todavía peor, como la modificación de la Oficina Judicial y las nuevas atribuciones de los Secretarios Judiciales (no en cuanto tales) sino porque dependn jerárquicamente del Ministerio de Justicia (o la Consejería e la Comunidad Autónoma correspondiente), es decir, a la postre del mismo Poder Ejecutivo y no del Judicial, que es lo mismo que pasa con el Ministerio Fiscal. Por lo demás, aunque sufro en el ejercicio diario lo que sucede en los Juzgados, no pensemos que los letrados y procuradores no tenemos nuestra responsabilidad sobre el atasco. La tenemos. Si uno piensa en las resoluciones y sentencias y actos a los que tiene que asistir un Juez y su remuneración y aún más en la formación, medios y retribución del resto del personal al servicio de “La Administración de Justicia”, es obvio que el sólo hecho de que funcione ya es un milagro. Las reformas de las reformas de las reformas de las leyes procesales y sustantivas no ayudan sino ue entorpecen seriamente al igual que la oscuridad e imprecisión en la redacción de las normas de competencia. En cuanto a los costes y costas, quien trabaja en mercantil sabe que la justicia cuesta bastante por la tasa judicial y luego están los “depósitos para recurrir” como requisito de procedibilidad. La platafroma de la que habla Gomá o su homóloga y el propio CGPJ (que perece haber despertado mínimamente desde hace dos semanas) y vosotros mismos deberíais trabajar conjuntamente en una propuesta única y (como ahora se dice) de 360º. No sé si me equivoco mucho, pero creo que el presupuesto del CGPJ es similar al del coche eléctrico en 2011. En fin, no puede olvidarse que el Presidente del CGPJ, que lo es del Tribunal Supremo fue declarado idóneo in pectore ey in voce por el Presidente del Gobierno y, a pesar de su fama deJuez imparcial, aceptó el cargo, cuando debería haberlo rechazado ante Su Majestad “por haber sido infringida la separación de poderes, sin la cual no hay Constitución”. En 1985 Federico Carlos Sainz de Robles estuvo bien solo cuando trató de evitar la LOPJ que tenemos y que nos ha llevado hasta aquí. Como señala Fairén en los Anales de la Real Academia, citand a Melquiades Álvarez: si en un país no hay independencia judicial, huye. Este es el problema central de nuestra democracia. Si al menos hubiese Justicia, el ciudadano podría soportar las inquidades porque acabarían por componerse en un plazo razonable de tiempo. No sería objetivo no reconocer que el Ministerio de Justicia realmente ha propuesto e implantado reformas, pero, como las económicas, sin visión de conjunto y como parches, cuando no con intenciones políticas más o menos subliminales. Los gobiernos y lo partidos no van a hacer nada serio (ya han tenido tiempo y no lo consideran prioritario). Tenemos que hacerlo los juristas, todos los juristas si es que recordáis la definición de jurista y jurisprudencia de las Instituciones y el Digesto.

Como he comentado en otros hilos, en mi opinión hay que separar al Juez de la oficina judicial. El juez debe estar para celebrar las vistas, admitir y valorar la prueba y sentenciar. El secretario judicial debe ser el jefe de la oficina judicial. Cuando el juez se constipa, la oficina judicial empezando por el secretario deben tener un gripazo de los gordos, con complicaciones graves incluidas.

Soy partidario de que los jueces y la oficina judicial cobren a destajo, pagando los justiciables. Eso de la justicia gratuita es un camelo, pues que yo sepa, los abogados y procuradores no viven del aire, como tampoco los peritos que normalmente deben hacer sus informes para sustentar las pruebas de las partes. En definitiva, en un juicio el que menos gana por razón del propio juicio es el juez. Claro que también es el único que carece de cualquier tipo de responsabilidad.

La consecuencia es un tipo de incentivos perverso: Los mejores licenciados no son atraidos por la judicatura y si alguno entró allí, son enormes los incentivos que tiene para pasarse al otro lado y dedicarse a la abogacía privada o directam,ente a la política, sin pasar por las urnas. Así que el caudal de conocimientos acumulado con el tiempo obtiene mejores rendimientos y no sólo económicos, fuera del juzgado.

Hay que privatizar la retribución de la justicia, para que sea independiente del poder político y que la simple decisión de un juez ponga en la calle al empleado vago, ineficiente o corrupto, que esté sujeto a una relación laboral especial si se quiere, pero laboral. No se entiende por qué quien hace las fotocopias tenga que ser funcionario público.   

Coincido con Rodrigo es que lo que hay que evitar es que los jueces se controlen a sí mismos. La solución optima podría ser una auditoría externa, del tipo de las que ahora se reclaman para autonomías y ayuntamientos una vez constatado el fracaso de los instrumentos de auditoría internos, que existir, existen, pero funcionar no han funcionado. Pero me parece demasiado “agresiva” dado el punto de partida. Una solución intermedia sería otro órgano de la Administración General del Estado, que yo preferiría que no fuera el MInisterio de Justicia por proximidad y porque suele haber muchos jueces y fiscales en puestos directivos, por la mentalidad de nuestros políticos de colocar este tipo de perfiles en puestos de dirección del Ministerio, por lo que el problema existente se puede agudizar, como dicen algunos comentaristas. Debería de ser un órgano alejado y ajeno a los intereses corporativos/políticos tipo una Agencia de evaluación que realmente funcione con criterios objetivos y profesionales, claro.