“Revolving door” entre política y justicia

El pasado día 23 de septiembre el BOE publicó una modificación de la LOPJ de carácter exclusivamente técnico, en apariencia. En ella se varía el régimen vigente de los jueces, fiscales y secretarios que ocupen cualquier puesto de designación política o de confianza o simplemente se presenten como elegibles para alcaldías o parlamentos. Hasta ahora era el de excedencia voluntaria, y a partir de la ley pasa a ser, si así lo solicita el interesado en cuestión, el de servicios especiales.

 

Dicho así, el asunto no parece de mucho interés salvo el meramente corporativo. El cambio, sin embargo, tiene su importancia. Si se está en excedencia, no se acumula antigüedad en la carrera ni se le reserva la plaza que tenía anteriormente. En situación de servicios especiales, por el contrario, se siguen acumulando años y se tiene derecho a regresar a la plaza que se ocupaba anteriormente. Además, esta reforma se hace con efecto retroactivo, de modo que pueden acogerse a esta posibilidad los que en este momento se encuentren en excedencia voluntaria. Eso significa, en definitiva, que los jueces, fiscales y secretarios que ahora mismo estén en política podrán retornar a su profesión con toda la antigüedad y con derecho preferente a su antigua plaza, expectativa que no tenían hasta el día 22 de septiembre de este año, fecha de aprobación de la ley.

 

Vaya, el frío tecnicismo administrativo de la ley pareciera transformarse en un cálido favor que los políticos hacen a algunos de los nuestros: los jueces, fiscales y secretarios en cargos políticos en la actualidad, y por cierto en perjuicio del resto de los integrantes de estas profesiones, puesto que ven cómo les van a adelantar en el escalafón los que regresen de la política, siendo así que al irse a ella y pedir la excedencia habían aceptado la pérdida de antigüedad que ésta suponía (con lo que no seria descartable que alguno de los perjudicados la impugnara judicialmente).

 

Beneficiarios de esta nueva situación son, por ejemplo, José Antonio Alonso, el ministro Antonio Camacho, o el ex ministro Fernández Bermejo, pero no se trata de una ley impulsada únicamente por el PSOE. Es ciertamente sorprendente el que en el Senado haya sido apoyada por todos los grupos representados, sin excepción, y que después haya sido aprobada en el Congreso por nada menos que 343 de los 350 diputados, y con una sola abstención (Véase, en la página 38).

 

Es posible que la razón de esta enorme e infrecuente concordancia de posturas en el parlamento no tenga nada que ocultar sino que obedezca a la creencia general de que es bueno incorporar a la vida política y a todos los partidos a personas de valía procedentes del mundo de la justicia, y que con esta nueva situación administrativa, que les deja las espaldas cubiertas, va a ser más sencilla esa incorporación. Es posible, sí, pero lo cierto es que la manera que ha sido tramitada no facilita esa impresión: se introduce en el último momento de la legislatura en el Senado, como disposición adicional de una ley ordinaria que nada tiene que ver con ésta, se prescinde del preceptivo informe del CGPJ (el cual por cierto no ha protestado, como debería),  la ley sale sin exposición de motivos que justifique su promulgación y además entra en vigor al día siguiente a su publicación. No son buenos indicios, como tampoco lo es su grosera retroactividad. El hecho de que la justificación esgrimida en el Senado sea la de una “mejora técnica de la LOPJ” (véase página 112), cuando es evidente que tiene efectos que van más allá de lo puramente formal, no contribuye a mi tranquilidad de espíritu (entre otras cosas porque, como en este blog se ha dicho muchas veces, de lo que menos se preocupan los actuales parlamentos es de la calidad técnica de las normas).

 

Se denomina en el mundo anglosajón “revolving door” al movimiento de personas que pasan de trabajar en la administración pública o en los órganos reguladores, a hacerlo en las industrias que han sido afectadas por la regulación que ha salido de aquéllas, o que hacen el camino inverso. Aunque se señalan algunos posible efectos positivos de esta situación –esencialmente, la experiencia acumulada- no se dejan de destacar los obvios peligros de una práctica como ésta para el interés público, como tan descarnadamente mostró el documental “Inside job”, tratado en un anterior post del blog. Pues bien, prescindiendo de la intención, pura o impura, del legislador, la realidad es que esta ley introduce un “revolving door” entre política y justicia que lo mínimo que se puede decir de ella es que no contribuye a fortalecer la independencia judicial frente a los poderes políticos ni la propia imagen de la justicia en España, tan mal valorada en las últimas encuestas, y así lo han denunciado todas las asociaciones judiciales, que han coincido en criticar duramente la norma.

 

La reforma operada no evita la ocasión para evitar el peligro, sino que crea el peligro de la ocasión, y con ello alimentará la sombra de la sospecha en la ya de por sí politizada percepción ciudadana de la justicia. No se trata de denostar al juez o fiscal que pase a la política y luego regrese de ella a su profesión, ni de suponerle un comportamiento incorrecto. Se trata de que para el sistema en su conjunto no es buena tanta facilidad para ir y venir; los jueces y fiscales tienen que mantener una neutralidad y una asepsia en el ejercicio de sus funciones, y la política fomenta los conflictos de intereses, las ambiciones particulares, los favores recibidos o solicitados, las amistades y enemistades o, simplemente, la corrupción. Y cuando hablamos de sanidad democrática toda precaución es poca, ya se sabe que lo único verdaderamente irresistible es la tentación.

 

 

“Revolving door” entre política y justicia

El pasado día 23 de septiembre el BOE publicó una modificación de la LOPJ de carácter exclusivamente técnico, en apariencia. En ella se varía el régimen vigente de los jueces, fiscales y secretarios que ocupen cualquier puesto de designación política o de confianza o simplemente se presenten como elegibles para alcaldías o parlamentos. Hasta ahora era el de excedencia voluntaria, y a partir de la ley pasa a ser, si así lo solicita el interesado en cuestión, el de servicios especiales.

 

Dicho así, el asunto no parece de mucho interés salvo el meramente corporativo. El cambio, sin embargo, tiene su importancia. Si se está en excedencia, no se acumula antigüedad en la carrera ni se le reserva la plaza que tenía anteriormente. En situación de servicios especiales, por el contrario, se siguen acumulando años y se tiene derecho a regresar a la plaza que se ocupaba anteriormente. Además, esta reforma se hace con efecto retroactivo, de modo que pueden acogerse a esta posibilidad los que en este momento se encuentren en excedencia voluntaria. Eso significa, en definitiva, que los jueces, fiscales y secretarios que ahora mismo estén en política podrán retornar a su profesión con toda la antigüedad y con derecho preferente a su antigua plaza, expectativa que no tenían hasta el día 22 de septiembre de este año, fecha de aprobación de la ley.

 

Vaya, el frío tecnicismo administrativo de la ley pareciera transformarse en un cálido favor que los políticos hacen a algunos de los nuestros: los jueces, fiscales y secretarios en cargos políticos en la actualidad, y por cierto en perjuicio del resto de los integrantes de estas profesiones, puesto que ven cómo les van a adelantar en el escalafón los que regresen de la política, siendo así que al irse a ella y pedir la excedencia habían aceptado la pérdida de antigüedad que ésta suponía (con lo que no seria descartable que alguno de los perjudicados la impugnara judicialmente).

 

Beneficiarios de esta nueva situación son, por ejemplo, José Antonio Alonso, el ministro Antonio Camacho, o el ex ministro Fernández Bermejo, pero no se trata de una ley impulsada únicamente por el PSOE. Es ciertamente sorprendente el que en el Senado haya sido apoyada por todos los grupos representados, sin excepción, y que después haya sido aprobada en el Congreso por nada menos que 343 de los 350 diputados, y con una sola abstención (Véase, en la página 38).

 

Es posible que la razón de esta enorme e infrecuente concordancia de posturas en el parlamento no tenga nada que ocultar sino que obedezca a la creencia general de que es bueno incorporar a la vida política y a todos los partidos a personas de valía procedentes del mundo de la justicia, y que con esta nueva situación administrativa, que les deja las espaldas cubiertas, va a ser más sencilla esa incorporación. Es posible, sí, pero lo cierto es que la manera que ha sido tramitada no facilita esa impresión: se introduce en el último momento de la legislatura en el Senado, como disposición adicional de una ley ordinaria que nada tiene que ver con ésta, se prescinde del preceptivo informe del CGPJ (el cual por cierto no ha protestado, como debería),  la ley sale sin exposición de motivos que justifique su promulgación y además entra en vigor al día siguiente a su publicación. No son buenos indicios, como tampoco lo es su grosera retroactividad. El hecho de que la justificación esgrimida en el Senado sea la de una “mejora técnica de la LOPJ” (véase página 112), cuando es evidente que tiene efectos que van más allá de lo puramente formal, no contribuye a mi tranquilidad de espíritu (entre otras cosas porque, como en este blog se ha dicho muchas veces, de lo que menos se preocupan los actuales parlamentos es de la calidad técnica de las normas).

 

Se denomina en el mundo anglosajón “revolving door” al movimiento de personas que pasan de trabajar en la administración pública o en los órganos reguladores, a hacerlo en las industrias que han sido afectadas por la regulación que ha salido de aquéllas, o que hacen el camino inverso. Aunque se señalan algunos posible efectos positivos de esta situación –esencialmente, la experiencia acumulada- no se dejan de destacar los obvios peligros de una práctica como ésta para el interés público, como tan descarnadamente mostró el documental “Inside job”, tratado en un anterior post del blog. Pues bien, prescindiendo de la intención, pura o impura, del legislador, la realidad es que esta ley introduce un “revolving door” entre política y justicia que lo mínimo que se puede decir de ella es que no contribuye a fortalecer la independencia judicial frente a los poderes políticos ni la propia imagen de la justicia en España, tan mal valorada en las últimas encuestas, y así lo han denunciado todas las asociaciones judiciales, que han coincido en criticar duramente la norma.

 

La reforma operada no evita la ocasión para evitar el peligro, sino que crea el peligro de la ocasión, y con ello alimentará la sombra de la sospecha en la ya de por sí politizada percepción ciudadana de la justicia. No se trata de denostar al juez o fiscal que pase a la política y luego regrese de ella a su profesión, ni de suponerle un comportamiento incorrecto. Se trata de que para el sistema en su conjunto no es buena tanta facilidad para ir y venir; los jueces y fiscales tienen que mantener una neutralidad y una asepsia en el ejercicio de sus funciones, y la política fomenta los conflictos de intereses, las ambiciones particulares, los favores recibidos o solicitados, las amistades y enemistades o, simplemente, la corrupción. Y cuando hablamos de sanidad democrática toda precaución es poca, ya se sabe que lo único verdaderamente irresistible es la tentación.

 

 

Del derrumbamiento de las instituciones a la transparencia como instrumento para su regeneración.

Echando la vista atrás no deja de sorprender lo rápido que ha cambiado la sensibilidad política a lo largo de los dos últimos años. A principios del 2010 empezaron a prodigarse los artículos que cuestionaban la sostenibilidad de nuestro modelo administrativo, e indicaban la necesidad de recortar los excesos de nuestro estado autonómico. No han sido pocos los posts que se han publicado en este blog sobre este tema, bajo títulos relacionados con la floresta autonómica, o la crisis institucional.  Si hace algunos meses este tipo de artículos se recibían con desdén por la clase política, indicando que poner en duda el entramado institucional autonómico solo podía plantearse en mentes jacobinas, con el transcurrir de los meses, las excusas, ante la inevitable necesidad de recortar los gastos de las administraciones públicas, cambiaron.  Las críticas pasaron a centrarse en considerar que las propuestas de recortar primero los gastos autonómicos superfluos (defensores del pueblo, embajadas, televisiones, consejos consultivos, …), antes de abordar recortes en los gastos esenciales (educación, sanidad, …) no entendían que lo superfluo solo era el “chocolate del loro” … loro orondo y bien alimentado, pero loro al final y al cabo.

La rápida evolución de los acontecimientos ha llevado a muchos políticos a percibir que aunque los gastos superfluos podrían no sumar grandes cantidades, era difícil quitar camas en hospitales y profesores en colegios, si antes no se le racionaba algo del chocolate al loro. Probablemente esta etapa llegó a su punto álgido cuando el Presidente del Congreso, D. José Bono, en una entrevista el pasado 29 de Septiembre (ver aquí) afirmaba que quizás era excesivo contar con 17 defensores del pueblo, 17 consejos consultivos, y 17 defensores del menor.  No puede minusvalorarse esta opinión si consideramos a Bono un participante directo en la deriva autonómica. Con el transcurrir de las semanas se ha llegado incluso más allá. Se ha llegado a cuestionar para qué sirven las diputaciones, para qué sirve el senado, y probablemente en breve nos lleguemos a cuestionar para qué sirve un parlamento autonómico. El adelgazamiento de las administraciones ha entrado en campaña y todo parece indicar que los candidatos han llegado a la conclusión de que una dieta de adelgazamiento será buena para sus posibilidades electorales, y buena para la salud de este país.

Probablemente ahora nos parezca muy natural, pero conviene recordar lo que se comentaba hace menos de 18 meses, y el cambio de percepción que se ha producido en este corto período de tiempo. Este cambio ha venido de la mano del derrumbe de la confianza en todas nuestras instituciones públicas. A la vuelta del verano poco quedaba ya en pie. El tribunal constitucional, el consejo general del poder judicial, los gobiernos autonómicos y locales, el gobierno central, la justicia o los órganos reguladores ya habían perdido la consideración y el respeto de la mayoría de los ciudadanos, y para los políticos “nos habíamos quedado sin calificativos”, según nos ha venido informando puntualmente el CIS. En esta situación, solo había una institución que había quedado a salvo: el Banco de España parecía reflejar el espíritu de la rectitud, la ortodoxia, la independencia, y a él habíamos encomendado nuestra confianza en la fortaleza del sistema financiero español. La publicación de las millonarias jubilaciones e indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorros, incluso de las intervenidas, solo nos ha dejado dos alternativas, o pensar que los inspectores del Banco de España no estaban tan cualificados como creíamos, o pensar que tenían “buenas razones” para no poner pegas a esas indemnizaciones y jubilaciones. Cada uno es libre de elegir la opción que prefiera, pero con el Banco de España ha caído la última trinchera de la confianza ciudadana en las instituciones  españolas.

En esta situación, la palabra regeneración empieza también a abrirse camino en los discursos, tertulias y programas electorales. Si de algo quería escribir en este post es justamente de cómo se puede regenerar un país que parece haber retrocedido muchos años en la calidad de sus instituciones públicas. Si suponemos que la idea de “destruyámoslo todo y volvamos a empezar”, que tanto nos ha gustado  en épocas pasadas, tiene los tradicionales inconvenientes de que en medio de ese proceso de destrucción y reconstrucción siempre aparece un “salvador” que se queda con todo,  deberíamos hacer un esfuerzo por pensar en una regeneración más tranquila y realista. Los discursos que se escuchan son poco alentadores: vaguedades, leyes para “cambiar el gobierno de los jueces” o “evitar que un político vuelva a dirigir un organismo independiente”,… Yo creo que solo hay un camino, y ese camino tiene un nombre  el  de  transparencia.

Hasta ahora se ha subestimado la “dosis” de transparencia que precisa este país. Cuando se han mostrado como han fallado todos los controles de la administración para evitar el despilfarro y la corrupción. Cuando nos hemos convencido de la facilidad con la que el poder político puede saltar sobre los controles administrativos. Cuando hemos comprendido que los cuerpos de servidores públicos encargados del control y la supervisión, sean interventores, reguladores, tribunales de cuentas o …, siempre han conseguido poner a salvo su honor y profesionalidad mediante el respeto  escrupuloso de los procedimientos pero sin atender a su finalidad última, con el  resultado  del derrumbe institucional y económico del país, creo que no es demasiado difícil llegar a la conclusión que el único órgano de control verdaderamente eficaz en esta nueva etapa es el que pueden ejercer directamente los propios ciudadanos.

En algunos artículos económicos de la pasada semana (ver aquí) ya se apuntaba la poca transparencia como uno lo de los problemas que lastran la credibilidad de España en el exterior. En el interior nos hemos quedado sin palabras. Que el actual gobierno no fuese capaz de aprobar una ley de transparencia en la legislatura que acaba de terminar no es un mensaje muy alentador, más teniendo en cuenta que la ley más parecía un artificio de distracción que una herramienta verdaderamente eficaz. Los discursos de los partidos en este inicio de campaña tampoco parece que acaben de recoger lo esencial del mensaje. Se habla de una ley de transparencia, como algo técnicamente complejo, en el que habrá que desplegar todo el saber administrativo para contemplar el derecho a pedir información, los plazos para proporcionarla, el cómo debe tratarse el silencio administrativo, las administraciones involucradas, … complejo, muy, muy complejo …

Creo que entender la situación de lo que ahora precisa España, si queremos una regeneración, intentando evitar la revolución, es comprender que probablemente la ley de transparencia debería ser la ley más corta y sencilla de las que se han aprobado en España en mucho tiempo. Probablemente bastaría con un articulado trivial: “todo ciudadano tiene derecho a acceder a cualquier información que genere o maneje cualquier administración pública”, y “toda administración pública debe poner a disposición de todos los ciudadanos toda la información que genere, maneje o reciba”. Así de simple. Dejemos los detalles menores para más adelante.

No se trata de que los ciudadanos “pidan”, y las administraciones de acuerdo con lo que diga una ley “entreguen”. No, ese es el error básico de concepto. Eso no funcionará. Se trata de que las administraciones lo publiquen “todo”. ¡En la era de Internet qué menos se puede pedir! Todo incluye por supuesto, contratos, contratados, currículums, agendas, gastos, presupuestos, salarios, deudas,…., todo. Que no se preocupen nuestros siempre bienintencionados gobernantes por el volumen de información. Solo el hecho de tener que publicarlo es un incentivo suficiente, y publicado en el formato adecuado, seguro que  hay personas que estarán interesadas en echarle un vistazo a toda la información. Espectáculos como el vivido en los últimos años con el Presidente Montilla negándose a facilitar al Parlamento unos informes contratados en condiciones más que dudosas (ver aquí), o la Junta de Andalucía negándose a facilitar a una juez documentación para investigar el escándalo de los EREs (ver aquí) no pueden repetirse, si se quiere volver a construir o cimentar la credibilidad de nuestras instituciones.

Ponerlo en práctica no parece demasiado complicado, solo nos queda esperar para comprobar la verdadera voluntad de los políticos.