La campaña electoral para las elecciones del 20 de noviembre aún no ha comenzado  pero desde hace semanas los partidos políticos se encuentran en precampaña con la realización de mítines, conferencias y actos (pre)electorales.

Cuando la campaña dé comienzo conoceremos los programas electorales que ahora se están elaborando. En una democracia madura, para una parte mayoritaria del electorado,  los programas con los que se concurre a los comicios deberían ser el elemento determinante para decidir el voto, si bien hay que hacer excepción de legítimas  adscripciones ideológicas previas y de lo que en otros tiempos se denominaba “adhesiones inquebrantables”.

Nos interesa conocer cuáles van a ser las iniciativas de los partidos con respecto a  la Administración Pública y a su Función Pública. Hace años, en las primeras legislaturas de la restaurada democracia, la “reforma de la Administración” era un elemento imprescindible en los programas electorales ya que se trataba de cambiar la Administración heredada de la dictadura. Décadas después la materia ha pasado a ser una “maría” que no parece constituir una pieza importante de la acción política.

Por lo que se refiere a los dos principales partidos, PP y PSOE, hemos podido escuchar y leer en los medios de comunicación sendas propuestas de alcance limitado. De momento, el primero, PP, se propone simplificar las Administraciones “y evitar superposiciones” de competencias y el segundo, PSOE, se propone “reducir el contenido memorístico de las pruebas de selección” de funcionarios. Nada han dicho aún sobre la fundamentación de estas dos propuestas, pero podemos deducir que en el primer caso estaríamos ante el intento de mejorar la eficiencia del aparato público, esto es reducir sus costes sin perjudicar la consecución de los objetivos, y en el segundo se pretendería facilitar a los aspirantes el acceso a la función pública mediante la reducción de los temarios que en algunos, no en todos, cuerpos funcionariales requieren una notable inversión en tiempo y esfuerzo.

En el primer caso, “evitar superposiciones”, necesariamente va a suponer, en la AGE, la supresión de organismos cuyas competencias  han sido transferidas a las Comunidades Autónomas, pero debería suponer igualmente la desaparición de aquellos organismos que las Comunidades Autónomas han creado, en un fenómeno de mimetización, a imagen y semejanza de la AGE, sin tener una base competencial para ello y que han supuesto un notable consumo de recursos. Si no es así la operación quedaría incompleta.

En el segundo caso, “reducir el contenido memorístico de las pruebas de selección”, es preciso actuar con una gran prudencia. Ni todos los cuerpos de funcionarios son iguales ni las funciones que desempeñan son equiparables ni las peculiaridades de la función pública permiten importar técnicas de selección habituales en la empresa privada (pruebas psicotécnicas, meras entrevistas). El sistema de selección vigente, la oposición,  tiene diferentes modalidades, con distintos ejercicios que se complementan entre si para medir distintos conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio de la función pública y la dirección de ésta. Es cierto que este sistema de selección en algunos casos es difícil de superar y requiere una fuerte inversión en tiempo y esfuerzo, pero es igualmente cierto que ha permitido a lo largo de años seleccionar a profesionales altamente cualificados para el desempeño de sus puestos. Una reducción de esa dificultad sin duda facilitaría el acceso pero al mismo tiempo pondría en peligro la cualificación considerada adecuada.

Colateralmente hay un debate entre los partidos políticos acerca de los representantes electos en sus distintos niveles: Parlamento, Asambleas autonómicas y Corporaciones locales y la necesidad de corregir situaciones inadecuadas en materia de pluriempleo y percepciones económicas. Convendría recordar que desde 1983 y 1984 ambos aspectos están razonablemente resueltos para el personal de las Administraciones Públicas y para los Altos cargos de la AGE a través de sendas leyes de incompatibilidades. Si no ha sucedido así con los representantes electos es porque estos usando su potestad de autorregulación han establecido para sí mismos un régimen más laxo.

Entretanto aparecen los programas en esta materia, parece conveniente que recordemos cuál es la opinión de los ciudadanos sobre la Administración Pública, según los resultados de las encuestas del Centro de Estudios Sociológicos dependiente del Ministerio de la Presidencia:

• -El 25,1 % de los encuestados opina que los funcionarios más preparados son los de la AGE frente a un 15,9 % que considera que los son los de las Comunidades  Autónomas y un 11, 2 % que opta por los Ayuntamientos.
• -Inicialmente los ciudadanos tienen una impresión negativa del funcionamiento de la Administración en un 38,6 %, frente a un 28,7 % que la tiene positiva. La Lentitud y el Papeleo son los aspectos peor valorados.
• -Esa actitud negativa cambia cuando la misma pregunta se formula  a los ciudadanos después de una gestión en la Administración. En ese caso el 59,4 % se muestra satisfecho, frente a un 32 %  insatisfecho.
• -A posteriori, el 40 %o de los encuestados considera que el servicio recibido fue  mejor de lo que esperaba, mientras que el 23 % lo considera peor.
• -La satisfacción con el funcionamiento de la AGE  mejora todavía más cuando las gestiones se han realizado a través de Internet. En este caso, el 71,9 % muestra un alto grado de satisfacción, frente a un 9,7 %  insatisfecho.
• -En opinión de los ciudadanos, la Administración no resiste la comparación con la empresa privada: Eficacia, Responsabilidad, Calidad, Innovación y Motivación son atributos en los que la empresa privada supera a la Administración. Pero, significativamente, en la Preocupación por la igualdad y en la posibilidad de Participación en los procesos la Administración supera a la empresa privada.

Seguimos, pues, pendientes de conocer las propuestas completas de los distintos partidos políticos en materia de Administración Pública para saber de que forma pretenden mejorar su funcionamiento para dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos.