Revisión de valores catastrales y crisis inmobiliaria

Estos días los madrileños estamos recibiendo la notificación del nuevo valor catastral de nuestras viviendas y la apreciación general es que se ha producido un incremento más que considerable. La verdad es que resulta difícil encontrar datos fiables, necesarios para un estudio económico de la incidencia de la actual revisión catastral sobre la presión fiscal (a lo mejor nuestros amigos de nada es gratis nos pueden ayudar), pero ello no impide algunas consideraciones generales.

 

Según el diario El País  la revisión supone un incremento general de los valores del 74 % y, como el nuevo valor se va aplicando gradualmente a lo largo de diez años, lo que se va a producir es un incremento todos los años en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 5,7 %, lo que, ya de entrada, no está nada mal.

 

Pero es que además el incremento de los valores catastrales tienen otras importantes repercusiones.

 

Por una parte, no deja de llamar la atención la celeridad con la que se procede a realizar la revisión decenal, celeridad que algún mal pensado puede atribuir, más que a un estricto cumplimiento del mandato legal, a la oportunidad de recoger unos valores que todavía siguen inflados por una burbuja inmobiliaria que aún no ha explotado del todo y que quedan así blindados por diez años frente a posibles y previsibles mayores bajadas.

 

Por otra, creo que es importante advertir de las consecuencias que el incremento de los valores catastrales puede tener en otros impuestos como el recién resucitado Impuesto sobre el Patrimonio y, sobre todos, en el Impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana (vulgarmente conocida como plusvalía municipal).

 

Mi experiencia personal, y la de todas las personas con las que he comentado el tema, es que el incremento del valor de los inmuebles ha recaído muy principalmente en el valor del suelo, que ha aumentado entre un cien y un doscientos por ciento en muchos casos, mientras que la variación del valor de construcción es mucho menor. Ese dato es irrelevante en lo que al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se refiere ya que la base imponible de este impuesto es el valor total de la finca, con independencia de su distribución, pero tiene enorme importancia en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana que se calcula, precisamente, en función del valor catastral del suelo.

 

Es cierto que la Ley Reguladora de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) prevé en su artículo 107.3 que durante los cinco años siguientes a la revisión catastral se aplicará una reducción entre el 40 % y el 60 % para la determinación de la base imponible del impuesto (la determinación del porcentaje corresponde al cada ayuntamiento e ignoro cuál será el que se fije en esta ocasión pero me temo lo peor). En cualquier caso, tal reducción es claramente insuficiente frente al espectacular incremento de los valores del suelo, que muchas veces triplican los actuales, lo que va a hacer que en muchos casos la plus valía municipal, a partir del próximo uno de enero, se incremente fácilmente en más de un 25 %.

 

De esta forma, se produce un incremento de fiscalidad que puede pasar desapercibido para la mayoría de la población pero no para los que tengan que pagar el impuesto a partir del próximo año. Todo ello en un proceso histórico reiterado que hace que impuestos que nacieron con un carácter muy secundario adquieran cada vez más protagonismo debido, entre otras cosas, a unos tipos impositivos que inicialmente se fijaron muy altos con la justificación de que se aplicaban a unos valores muy inferiores a los reales pero que se mantienes cuando los valores se suben hasta aproximarse, o en ocasiones superar, a los de mercado.

 

Además, el protagonismo de este impuesto, en la situación en que vivimos, se acrecienta por el hecho de ser el sujeto pasivo el vendedor. Y es que en tiempos de bonanza para el vendedor ese impuesto no dejaba de ser una minoración de las plusvalías que siempre se obtenían con las ventas de forma que lo único que tenía que hacer era destinar, de mejor o pero grado, parte del dinero percibido a pagar el impuesto. Pero hoy en día, en muchísimos casos, tales ganancias no existen puesto que se vende la finca por debajo del precio de compra. En muchos caso, y esta es la aspiración actual de muchos españoles, las ventas se hacen por el importe pendiente de la hipoteca sin que el vendedor perciba un solo euro. En tales supuestos, la plusvalía municipal no hace sino incrementar el desastre económico del vendedor e, incluso, puede hacer inviable la operación al devengarse una deuda fiscal que el vendedor no está en condiciones de afrontar.

 

Y lo mismo ocurre con las daciones en pago ya que no es infrecuente que una vez que el banco, ¡por fin!, accede a quedarse con la finca, liberando al deudor de toda responsabilidad, la operación se vea truncada por una elevadísima plusvalía municipal que el sujeto pasivo, el deudor, no puede de ninguna manera asumir; de tal forma que la ansiada dación liberatoria, tan alabada por políticos de todos los signos, puede resultar inviable por la voracidad fiscal de la propia Administración.

 

En definitiva, la inevitable subida de la plusvalía municipal que la revisión catastral va a producir supone un incremento de la fiscalidad que se realiza de tapadillo y que va a proporcionar una exigua contribución a las exhaustas arcas municipales pero, a cambio, lo que se va a conseguir es deteriorar aún más el mercado inmobiliario y, sobre todo, dificultar, e incluso imposibilitar, la solución de las situaciones más angustiosas.

Garzón y “La justicia del señor juez”

En los últimos días han aparecido algunas noticias relativas al juez Garzón – véase El confidencial – y ello me ha impulsado a escribir este post, que tenía en cartera desde hace algún tiempo. Este magistrado presentó inicialmente, desde un punto de vista mediático, una imagen muy positiva de luchador contra las mafias y el terrorismo, de justiciero, o llanero solitario entre una masa de jueces abúlicos o demasiado garantistas (o eso parecía); en una segunda fase, se nos presenta como un político despechado que vuelve al juzgado y empitona a sus compañeros de partido, destapando eso sí, unas tramas de corrupción política; en una tercera fase, aparece como abanderado de grandes causas universales que le dan gran fama, aunque ello va acompañado de rumores sobre su deficiente modo de instruir. En el último capítulo, aun pendiente de concluir, el alguacil resulta alguacilado a consecuencia de presuntas irregularidades en distintos asuntos.

Es un personaje, pues, que genera odios y amores porque pesan en su haber esa actuación decidida en la lucha contra el crimen y en plantear ciertas causas (quizá esto también debe estar en el debe), que hay que reconocer han conectado con ciertas corrientes ideológicas, y en su contra –aparte del resultado que puedan tener los procedimientos abiertos contra él- ese regusto de la regla “el fin justifica los medios” y la poca consideración al procedimiento que exudan sus actuaciones, así como su excesiva exposición mediática, impropia de un juez y la falta de resultado prácticos en sus procesos. Seguro que a ustedes se les ocurren más motivos de uno y otro.

A mí, la verdad, sin conocer el asunto, me pesaban más los argumentos en contra, pues, prima facie, me parecía un caso, de los que tanto proliferan hoy en día, de patrimonialización de la función, es decir, de lo que hace la persona que no interioriza y hace suyos, como debería, los postulados de la función que desempeña para servirla, sino que adquiere y hace suya la función misma, a la que hace servidora de sus fines, totalmente distintos de los de aquélla. Pero claro, esto es sólo una impresión personal, un doxa, producto quizá de prejuicios y postulados políticos y sociales, que no se puede elevar a la categoría de verdadero conocimiento, el episteme, sin analizar de cerca al fenómeno de los jueces estrella.

Por ello me ha resultado enormemente reveladora, y escalofriante, la lectura del libro “Riofrio. La justicia del Señor Juez”, de Santiago Muñoz Machado” (Edhasa, 2010). El libro narra, a modo de novela, un caso real acaecido al autor -conocido y prestigioso catedrático de Derecho administrativo- y sus clientes con motivo de la instrucción de un proceso dirigido por un juez innominado a consecuencia de un presunto fraude fiscal y unas supuestas infracciones a la ley de televisión privada por parte de Tele 5. Cuenta la terrorífica peripecia real de unas personas que se ven envueltas en el procedimiento, sin prueba objetiva alguna que lo avale, por la única razón real de que a un juez estrella le interesaba encausar a Silvio Berlusconi. Para capturar este apetitoso pez, el juez no duda, a decir del libro, en incurrir en lo que el autor llama “incongruencia omisiva”, es decir, que ante un alegato de cien páginas bien fundamentadas, el juez contesta en dos líneas rechazándolo todo (p.23); en declarar prisión con fianza altísima por recónditas razones (p. 49); en cambiar las imputaciones a medio camino cuando el abogado le demuestra que están equivocadas (p.117); en omitir u ocultar las pruebas presentadas por la defensa, sin explicar la razón por la que no se les presta atención (p. 126); en amañar pruebas, pues los llamados “informes periciales obrantes en la causa” eran en realidad el trabajo de un funcionario adscrito a la fiscalía (lo que en realidad le convertía en denunciante), al que se le entrega toda la documentación con la frase: “a ver qué encuentras” (p. 127 y ss).

Y todo ello durante diez años y aunque las imputaciones no tenían sentido: en cuanto al delito fiscal, la Agencia Tributaria no había emprendido acciones y en cuanto a la supuesta titularidad de más de un 25 % de una televisión (delito inexistente en nuestro Derecho), el Tribunal Supremo había dictaminado a favor de los imputados.

Es de señalar la sorpresa del abogado-autor –sin duda “juez” y parte, pero altamente creíble- ante esta situación que no puede creer se pudiera dar en nuestro país, presuntamente un estado de Derecho, lo que le lleva a decir que “no existe ninguna garantía de los derechos durante la instrucción penal en España” (p. 48). Y es una sorpresa porque aunque –eso es claro- este no es el caso general, no han funcionado los mecanismos que hubieran debido impedir que tal excepción se prolongara, ya sea porque los Tribunales superiores preferían esperar al juicio por la complejidad de la causa o porque una querella por prevaricación hubiera sido contraproducente (p.87). Y sentencia: “un juez no aplique la ley, sino que modifique a su antojo las decisiones del Parlamento, y además, ponga al poder ejecutivo a sus servicio, estará concentrando en su mano todos los poderes del Estado y arrasando, al hacerlo, todos los valores en que se basa la Constitución” (p. 188).

En alguna ocasión, yo mismo he hablado de la vinculación de los jueces a la ley en este blog, pero esto es distinto: se trata de un caso excepcional gravísimo –y seguro que denostado por la mayoría de la nobilísima e importantísima profesión judicial- pero lamentablemente posible en España.

El autor no menciona en ningún momento el nombre del juez, seguro que en un alarde de elegancia o en un deseo de criticar situaciones y no personas (aunque no es de excluir que como Harry Potter no quiera mentar a Voldemort); pero decidan ustedes, mirando aquí.