La financiación de los grandes sindicatos ¿una parte del problema?
En todo occidente el papel de los sindicatos en la consolidación de los derechos sociales a lo largo de los siglos XIX y XX ha sido indiscutible y su rol como grupo de interés en defensa de los trabajadores reconocido como un elemento más de las sociedades democráticas avanzadas. En España los movimientos obreros y sindicales, desde que empezaron a surgir a partir de 1833 han constituido un elemento fundamental de modernización que, unas veces a través del conflicto, otras mediante la negociación, han condicionado que poco a poco, se fuera construyendo un sistema en el que la garantía de un cierto bienestar para la clase obrera y la movilidad entre clases sociales terminaran siendo una realidad.
Durante la transición, como hemos comentado en otros post: (ver aquí), un pacto no escrito hizo que los poderes públicos primaran a dos centrales sindicales (CCOO y UGT) por encima de las demás, sin perjuicio de favorecer también a otros sindicatos que unían a sus reivindicaciones sociales otras de carácter nacionalista. En un primer momento, esta decisión obedecía a la necesidad de legitimar unos acuerdos imprescindibles para alcanzar la necesaria paz social que permitiría el avance de la democracia en España, a pesar de los embates de la crisis económica de finales de la década de los setenta y primeros años ochenta. Para ello se cedió a la pretensión sindical de adquirir un mayor peso no solo político sino también económico, y a la configuración de los sindicatos no solo como organizaciones meramente reivindicativas sino también prestadoras de servicios. Lo cierto es, que este modelo de concertación social ha tenido aspectos positivos y ha coadyuvado que en estas últimas décadas, salvo excepciones y conflictos puntuales, no hayan existido en nuestro país grandes tensiones sociales y la estabilidad social ha constituido un valor que ha favorecido el crecimiento de nuestra economía.
Parte de este éxito reside en la atribución de unas funciones institucionales a las centrales sindicales consideradas como mayoritarias, lo que conlleva que gran parte de su financiación se realice con transferencias de fondos públicos aunque disimulándolo por muy diversas vías. Se trata de canales con cobertura legal y que, incluso en la mayoría de los casos tienen relativa publicidad al aparecer anunciados en los diversos boletines de las diferentes administraciones que los conceden. Sin embargo la cuantificación total de las cuantías es muy difícil de precisar dada la poca transparencia y la dispersión en la que todo este proceso se desenvuelve. En este artículo, más que intentar realizar una cuantificación nos limitaremos a repasar los muy diferentes conceptos por lo que estos sindicatos obtienen financiación, cuestión que, por sí, ya resulta reveladora.
Por lo que se refiere a sus infraestructuras, además de contar con la obligación legal que pesa sobre los empresarios de cederles locales en el lugar de trabajo y espacios para divulgar sus mensajes; los inmuebles donde tienen sus sedes han sido cedidos, en su inmensa mayoría, por los poderes públicos, bien bajo la figura de la devolución del patrimonio histórico sindical, bien por la subrogación de CCOO y UGT en la posición del antiguo Sindicato Vertical franquista. (Por ejemplo, la sede principal de la UGT en la Avenida de América de Madrid, que se encuentra en un edificio de nueva planta que se construyó para aquel), bien por la mera cesión de espacios derivada de la negociación colectiva. En estos días, precisamente, nos encontramos con que en Madrid, determinadas dependencias ministeriales ocupadas por centros directivos del Ministerio de Trabajo están siendo desocupadas y los funcionarios trasladados forzosamente para, luego, ser cedidas a CCOO.
Para cubrir sus gastos de gestión ordinarios, además de las cuotas de sus afiliados, todos los sindicatos reciben una subvención pública en virtud del número de representantes que obtienen en las elecciones sindicales. Además, una parte importante del coste de personal que necesitan para la realización de sus actividades es sufragada por las propias empresas que abonan los salarios del personal liberado que, a través de la figura de la acumulación del crédito horario de los representantes de los trabajadores en determinadas personas designadas (liberadas) por el sindicato, dejan de prestar sus servicios para la empresa o Administración que los contrató para dedicarse a tiempo completo a aquel. En este sentido, es importante destacar que durante los últimos años, un objetivo sindical en sus negociaciones con los empleadores del sector público ha sido el ampliar el número de liberados por encima de lo establecido con carácter mínimo por la legislación vigente, constituyendo este logro tanto una fuente indirecta de financiación, como un instrumento clientelar para privilegiar a algunos de sus afiliados.
Por otra parte, los sindicatos han desarrollado un eficaz mecanismo que captación de fondos públicos con carácter finalista presentándose con regularidad a las convocatorias de subvenciones anunciadas por las diversas Administraciones Públicas (central autonómica, local e institucional) para el fomento de la actividad asociacionista, la realización de todo tipo de estudios, programas sociales, planes de igualdad, integración de inmigrantes, etc…; siendo adjudicatarios de este tipo de ayudas como si se tratase de una organización no gubernamental más. Resulta tremendamente complicado determinar el monto total derivado de esta fuente de financiación pues la información de las subvenciones y ayudas concedidas aparece disgregada en los centenares de boletines oficiales del Estado, CCAA, Diputaciones, Ayuntamientos, etc…
Participar en los foros institucionales es una actividad, por lo general, retribuida. Unas veces lo es de manera directa al propio sindicato; así, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo e Inmigración les concede anualmente una compensación económica por su participación en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social. También, en ocasiones, el abono se realiza a título personal a favor de aquellas personas que son designadas por el sindicato para participar en la comisión o consejo de administración correspondiente. De esta manera, representantes de los sindicatos pertenecían a los consejos de administración de las quebradas Cajas de Ahorros y siguen formando parte de los consejos de los entes públicos titulares de las televisiones y radios públicas; de los entes del sector empresarial y fundacional público estatal, autonómico o local; de los órganos que controlan el fondo de pensiones de los funcionarios públicos; de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, entre otras muchas instituciones.
Atención especial merece, el papel que para los sindicatos más representativos supone su participación en la gestión de los recursos recaudados a los trabajadores y empresarios bajo el concepto de “formación profesional”. La cuota de formación profesional es el resultado de aplicar el tipo de 0,70% a la base de cotización por contingencias profesionales a la Seguridad Social. De ese 0,70%, un 0,1% es la parte que se detrae de la nómina del trabajador y un 0,60% es la parte que soportala empresa. Una parte importante de lo recaudado es gestionado porla denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Ministerio de Trabajo e Inmigración por la Administración, la CEOE y CEPYME como representantes de la empresa y CCOO, UGT y CIG como organizaciones sindicales más representativas. La forma en la que se gestionan esos fondos ha sido hasta tiempos recientes muy opaca y, de hecho, en la página web institucional, los últimos datos ofrecidos se refieren al año 2008. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal, distribuye directamente entre las centrales sindicales mayoritarias millones de euros con esta finalidad. También las Consejerías de trabajo de las Comunidades Autónomas, en desarrollo de sus políticas activas de empleo, les adjudican numerosos recursos para esta finalidad. El control financiero sobre la forma en la que esos fondos se aplican a la organización de cursos difiere de unas comunidades a otras, pero ha sido históricamente escaso y el control de calidad sobre el nivel de la enseñanza impartida en ellos y la cualificación de los ponentes que los imparten muchas veces es inexistente.
Asimismo, los sindicatos también perciben ingresos como prestadores de servicios a los trabajadores, tanto a los afiliados como a los no afiliados, destacando los servicios de carácter jurídico, pero salvo las primeras consultas, facturan por estos servicios unas cantidades que no divergen demasiado de los precios de mercado. También, por su participación en los expedientes de regulación de empleo, que es obligatoria por mandato legal, facturan un porcentaje sobre el importe de cada indemnización percibida por los trabajadores. Cuestión ésta que, al margen de la consideración ética que pueda merecer, incluso es dudoso que tenga un apoyo jurídico firme dado el carácter preceptivo de su intervención y la imposibilidad para el trabajador de poder optar por otras posibilidades. En su momento, intentaron incorporarse al negocio inmobiliario a través de la constitución de cooperativas de viviendas y al sector asegurador, pero en general con resultados muy poco alentadores.
En definitiva, todo el conglomerado de intereses que se ha ido tejiendo alrededor del rol institucional de los sindicatos más representativos ha dado lugar a una creciente dependencia de la financiación pública lo que provoca, cada vez con mayor frecuencia, soterrados conflictos de intereses entre los que son propios del sindicato como organización y los que afectan a sus representados como colectivo. El consecuente distanciamiento entre estos sindicatos y las bases de trabajadores se traduce en su progresiva pérdida de apoyo real.
Cada vez es menor la afiliación de los trabajadores a estas organizaciones y la diferencia entre la representación real obtenida por los grandes sindicatos y los múltiples sindicatos sectoriales, independientes o minoritarios que han ido surgiendo se acorta elección tras elección. Un ejemplo de ello es el resultado de las últimas elecciones enla Administración Generaldel Estado donde, hasta el 1 de septiembre de 2011, CCOO y UGT, si bien son las centrales con mayor número de representantes, obtienen juntas solo 411 de los 936 representantes. Es decir menos de la mitad del número total. Sin embargo, su influencia a la hora de liderar la negociación colectiva y su capacidad de percibir fondos públicos permanece intacta y es desproporcionadamente superior a la de sus competidores gracias a las sucesivas reformas legales que, cada vez, priman más el ámbito institucional de la representación sobre el ámbito de actuación de los representantes directamente elegidos por los trabajadores en cada centro de trabajo.
Así pues, podemos concluir que parece necesario reordenar esta situación, sistematizar mejor y dotar de mayor transparencia a las fuentes de financiación de los sindicatos considerados como más representativos y, en la medida de lo posible, facilitar una cierta autonomía financiera que no les haga tan dependientes del sector público. Es posible incluso, que sea conveniente revisar este mismo concepto de “sindicato más representativo” para que el rol institucional de cada agente social se corresponda mejor con la realidad social que representa en la práctica,. De esta manera, tal vez pudiera reforzarse la legitimidad de los sindicatos que, por tradición e historia, les corresponde y que sin embargo, ahora resulta cuestionada por amplios sectores sociales.
En ese sentido, revisar la Ley Orgánica de Libertad Sindical quizás sea también una de las tareas pendientes que haya que abordar para impedir que el movimiento sindical, en vez de ser una parte de la solución de la actual crisis del sistema, termine convirtiéndose en una parte del problema
Abogado. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece, por oposición al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, y a la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. Ha participado como autor o coautor en más de una treintena de publicaciones jurídicas entre monografías, artículos y obras colectivas. Desde el año 2005 es Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
¿Por qué se les ha dado a esos señores, además un derecho de veto para que sólo se puedan aprobar reformas con su acuerdo o cuando, aunque sean contrarios y se enfaden, no lo hagan “demasiado”? Se han convertido en una fuerza “reaccionaria”, en tanto defensores de un orden laboral que genera el mayor índice de paro de Europa.
Jose María, enhorabuena por el post que aclara muchas cosas que de otra forma resultarían inexplicables. Es particularmente interesante la visión de que los sindicatos (como los partidos) se alejan cada vez más de los intereses de sus representados (que por cierto tampoco son muchos) en la medida en que se van convirtiendo en una casta sindical con intereses propios y casi en una especie de “poder corporativo” que vive de los favores de las Administraciones públicas de uno y otro signo, que compran paz social o lo que sea cambio de dinero de los contribuyentes. Es particularmente revelador lo de ir cambiando liberados sindicales que pagamos todos (en la Administración) por acuerdos con sindicatos para que no den la vara. Esto que yo sepa lo han hecho todos los Gobiernos autonómicos, tanto de uno y otro signo. Por otro lado la pregunta del millón ¿donde se pueden consultar los presupuestos de ingresos y gastos de los sindicatos, si es que existen y se tienen que publicar? Porque como bien dices lo de ir buscando los datos por las webs y boletines oficiales no es precisamente transparencia.
Precisamente esto que preguntas, es decir donde clarificar las cuentas de los sindicatos, lo estuve intentando localizar, al igual que las auditorias de las subvenciones. Puse una alerta en Google para que avisara de cada subvención que reciben. Me aburrí era imposible seguir el ritmo.
Llegue a escribir un artículo en mi blog, titulandolo algo así como la gran empresa de formación de España.
Subvenciones? No se pueden ni controlar, del gobierno central, de ministerios, de autonomias, ayuntamientos, organizaciones empresariales, etc. etc. etc.
A modo de ejemplo:
a) Subvenciones para realizar sus actividades.
b) Subvenciones por participar en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo.
c) Subvenciones para los cursos de formación de las administraciones públicas.
d) subvenciones para colaboración para la formación profesional.
e) Subvenciones públicas para planes sectoriales de formación.
f) Subvenciones que recibieron para divulgar la Presidencia española en le Union Europea.
g) Subvenciones de la mesa sectorial del SAS en Andalucia.
h) Subvenciones para financiar la acción sindical en el ámbito del personal laboral de las empresas privadas (BOJA 203 16 octubre 2009).
Hay una serie de preguntas que yo como español me hago, sobre esta gran UTE CCOO-UGT, como hemos dicho anteriormente, que forman los sindicatos:
¿Tiene los sindicatos infraestructura necesaria para gestionar eficiente y eficazmente toda la formación a trabajadores, funcionarios, empleados públicos, desempleados, empleados por cuenta ajena, autónomos etc.?.
¿Donde están las cuentas anuales, presupuestos, auditorias….? con los sindicatos hemos topado.
Un post serio y muy necesario. Existe una tendencia (humana) a acumular cargos, poder y dinero. Las instituciones deberían funcionar como contrapoder para evitar excesos como éste. Hoy desgraciadamente en España, y en particular en el sector público, los sindicatos funcionan en primer lugar para defender sus propios intereses y solo de forma subsidiaria para defender algunos derechos sociales de los que trabajan.
El gobierno y la oposición defienden los intereses de partidos nacionalistas, de la banca, de Europa, de los mercados. Los sindicatos defienden los intereses del PSOE, sus intereses propios, los eurodiputados defienden los intereses de los lobbies, y como un humilde infeliz me pregunto ¿quien defiende los intereses de los españolitos?.
Un bloguero que busca la huella de lo que era justicia social.
En los Convenios Colectivos se ve bien el papel real de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores: Llama la atención la progresiva desaparición de categorías profesionales con la consiguiente acumulación de tareas para las supervivientes, sin incremento salarial proporcional. Esto es, que menos gente hace más trabajo efectivo, con mayor responsabiliadad (casi siempre) y por un sueldo menor. Examinando las ofertas de trabajo actuales, se ve claramente: Los salarios brutos (en jornada completa) oscilan entre 18000 y 22000 euros, se tenga o no cualificación (excepto en casos de especiales necesidades técnicas y puestos directivos.)
La verdad es que no creo que el mercado de trabajo y los diferentes actores se estén estudiando con la profundidad que requiere la situación. Gracias, Sr Pérez, por este artículo, que debería servir de inspiración a unos cuantos políticos, incluídos patronal y sindicalistas.
Al final, resulta que entidades que ha sido muy útiles para la sociedad en un momento dado, quedan ancladas en privilegios y prebendas, que al final, las terminan llevando a la paralisis y perdiendo el sentido originario que las inspiró.
¿Por qué se les ha dado a esos señores, además un derecho de veto para que sólo se puedan aprobar reformas con su acuerdo o cuando, aunque sean contrarios y se enfaden, no lo hagan “demasiado”? Se han convertido en una fuerza “reaccionaria”, en tanto defensores de un orden laboral que genera el mayor índice de paro de Europa.
Jose María, enhorabuena por el post que aclara muchas cosas que de otra forma resultarían inexplicables. Es particularmente interesante la visión de que los sindicatos (como los partidos) se alejan cada vez más de los intereses de sus representados (que por cierto tampoco son muchos) en la medida en que se van convirtiendo en una casta sindical con intereses propios y casi en una especie de “poder corporativo” que vive de los favores de las Administraciones públicas de uno y otro signo, que compran paz social o lo que sea cambio de dinero de los contribuyentes. Es particularmente revelador lo de ir cambiando liberados sindicales que pagamos todos (en la Administración) por acuerdos con sindicatos para que no den la vara. Esto que yo sepa lo han hecho todos los Gobiernos autonómicos, tanto de uno y otro signo. Por otro lado la pregunta del millón ¿donde se pueden consultar los presupuestos de ingresos y gastos de los sindicatos, si es que existen y se tienen que publicar? Porque como bien dices lo de ir buscando los datos por las webs y boletines oficiales no es precisamente transparencia.
Un post serio y muy necesario. Existe una tendencia (humana) a acumular cargos, poder y dinero. Las instituciones deberían funcionar como contrapoder para evitar excesos como éste. Hoy desgraciadamente en España, y en particular en el sector público, los sindicatos funcionan en primer lugar para defender sus propios intereses y solo de forma subsidiaria para defender algunos derechos sociales de los que trabajan.
En los Convenios Colectivos se ve bien el papel real de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores: Llama la atención la progresiva desaparición de categorías profesionales con la consiguiente acumulación de tareas para las supervivientes, sin incremento salarial proporcional. Esto es, que menos gente hace más trabajo efectivo, con mayor responsabiliadad (casi siempre) y por un sueldo menor. Examinando las ofertas de trabajo actuales, se ve claramente: Los salarios brutos (en jornada completa) oscilan entre 18000 y 22000 euros, se tenga o no cualificación (excepto en casos de especiales necesidades técnicas y puestos directivos.)
La verdad es que no creo que el mercado de trabajo y los diferentes actores se estén estudiando con la profundidad que requiere la situación. Gracias, Sr Pérez, por este artículo, que debería servir de inspiración a unos cuantos políticos, incluídos patronal y sindicalistas.
Al final, resulta que entidades que ha sido muy útiles para la sociedad en un momento dado, quedan ancladas en privilegios y prebendas, que al final, las terminan llevando a la paralisis y perdiendo el sentido originario que las inspiró.
Una muy entretenida historia del origen de las características del poder sindical en España durante la transición está en el libro de Mariano Guindal “El declive de los dioses” que explica muchas cosas. Como él dice, los sindicatos de clase se hacen o se reinventan en España de “arriba abajo” a diferencia de lo que sucede normalmente en otros países en que se forman de “abajo arriba”. Y lo más gracioso es que acaban heredando prebendas y privilegios (y patrimonio) del sindicato vertica franquistal. Muy interesante.
Una muy entretenida historia del origen de las características del poder sindical en España durante la transición está en el libro de Mariano Guindal “El declive de los dioses” que explica muchas cosas. Como él dice, los sindicatos de clase se hacen o se reinventan en España de “arriba abajo” a diferencia de lo que sucede normalmente en otros países en que se forman de “abajo arriba”. Y lo más gracioso es que acaban heredando prebendas y privilegios (y patrimonio) del sindicato vertica franquistal. Muy interesante.
buenísimo el post, como lo define acertadamente Blogger “la gran UTE CCOO-UGT”, han cumplido su papel en un momento determinado, pero hoy son un grupo de poder que está muy muy lejos de la función teórica que dice desempeñar. Hay que reformar de arriba abajo el papel de estos dos anejos al Ministerio de Trabajo, que son la mayor empresa de formación de nuestro país, cuyos tentáculos abarcan otros sectores. Enhorabuena Jose María una vez más.
buenísimo el post, como lo define acertadamente Blogger “la gran UTE CCOO-UGT”, han cumplido su papel en un momento determinado, pero hoy son un grupo de poder que está muy muy lejos de la función teórica que dice desempeñar. Hay que reformar de arriba abajo el papel de estos dos anejos al Ministerio de Trabajo, que son la mayor empresa de formación de nuestro país, cuyos tentáculos abarcan otros sectores. Enhorabuena Jose María una vez más.
Los sindicatos tras la caída del Sindicato Vertical se encontraron un patrimonio cuantiosísimo y, como se decía, con los ascensores y teléfonos funcionando. La financiación inicial provenía de otros sindicatos europeos, vg. los alemanes, hasta que se institucionalizaron las desdichadas subvenciones sin fin ni transparencia en su aplicación. Su actual situación de prevalencia está basada en la normativa reguladora de las elecciones en su ámbito que, ríanse de la Ley D’Hont, discrimina, y de qué manera, desde su instauración a cualquier otro sindicato. Esta normativa perversa blinda la situación de privilegio de UGT y CCOO que en determinadas CCAA como sean Asturias o Andalucía condicionan y usufructuan, además, la actuación de los Ejecutivos. Todo esto está más cerca del nefasto peronismo que de un Estado democrático moderno. En Catalunya incluso reciben subvenciones por seguidismo de la política lingüística de CiU y Esquerra Republicana, por si faltase algo.
Los sindicatos tras la caída del Sindicato Vertical se encontraron un patrimonio cuantiosísimo y, como se decía, con los ascensores y teléfonos funcionando. La financiación inicial provenía de otros sindicatos europeos, vg. los alemanes, hasta que se institucionalizaron las desdichadas subvenciones sin fin ni transparencia en su aplicación. Su actual situación de prevalencia está basada en la normativa reguladora de las elecciones en su ámbito que, ríanse de la Ley D’Hont, discrimina, y de qué manera, desde su instauración a cualquier otro sindicato. Esta normativa perversa blinda la situación de privilegio de UGT y CCOO que en determinadas CCAA como sean Asturias o Andalucía condicionan y usufructuan, además, la actuación de los Ejecutivos. Todo esto está más cerca del nefasto peronismo que de un Estado democrático moderno. En Catalunya incluso reciben subvenciones por seguidismo de la política lingüística de CiU y Esquerra Republicana, por si faltase algo.