Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (V): Gobierno abierto, transparencia y buen gobierno

En este blog creemos que muchos de los graves problemas que se detectan en la vida política española y en particular la brecha creciente entre la “casta” política y la mayoría de los ciudadanos podrían abordarse –y en parte solucionarse- desde la perspectiva del “open government” o  “gobierno abierto”.

El gobierno abierto consiste fundamentalmente en abrir a través de INTERNET  la información y la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de forma que estos puedan, de una parte, disponer de un mayor conocimiento, información y control sobre las actuaciones de sus políticos y gestores públicos y, de otra, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión, facilitando la rendición de cuentas de políticos y gestores. Se trata de acercar de nuevo la gestión política a los ciudadanos. Exige, en definitiva, el acceso a la información pública de manera libre, gratuita y técnicamente sencilla (open data) y el establecimiento de los mecanismos y procedimientos para la colaboración y participación ciudadana así como- y esto es esencial en España- facilitar  la exigencia de la rendición de cuentas (open action).

El Gobierno Abierto se basa,  pues, en los siguientes tres principios:

1.                  Transparencia. La información pública es propiedad de los ciudadanos, y les permite acceder de forma transparente, fácil y gratuita  a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar la rendición de cuentas.

2.                  Participación. Los ciudadanos deben poder canalizar su conocimiento, su opinión y su compromiso  hacia su Gobierno, y éste ha de estar en disposición de aprovechar los vastos recursos que suponen el caudal de conocimiento y experiencia del conjunto de la sociedad y ponerlos al servicio del bien común.

3.                  Colaboración. La colaboración entre Administraciones Públicas y entre estas y todos los agentes de la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales hasta sujetos individuales permite maximizar la eficiencia y la eficacia de la acción del Gobierno.

Después de esta introducción teórica podemos entrar en nuestra propuesta electoral que es muy sencilla: hay que abrir los asuntos públicos a los ciudadanos. Para que éstos tengan información, toda la información sobre los asuntos públicos. Para evitar las opacidades y la manipulación de datos que tanto no está costando en términos de credibilidad interna y externa. Para hacer frente a la crisis de confianza en Gobierno, Administración e instituciones provocada por el comportamiento de la clase política en su conjunto y como herramienta de regeneración de la propia clase política, convertida en una de las principales preocupaciones de los españoles, y con razón. Para que no nos tomen por tontos.

Recordemos que la transparencia y la información es un poderosísimo instrumento para facilitar la “accountability” o la rendición de cuentas de los políticos y gestores públicos de la que tan necesitada está hoy en día la democracia española, al estar prácticamente desmantelados o inoperantes los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectiva esta rendición de cuentas a todos los niveles, como estamos constatando todos los días. Sin que exista, evidentemente, incentivo alguno para que los propios responsables públicos asuman las consecuencias de sus errores. La opacidad y la falta de rendición de cuentas es causa, a nuestro juicio, de muchísimos de los escándalos que aparecen a diario en nuestros periódicos. Asimismo la falta de transparencia y la desaparición o ineficiencia de los controles “internos” (desde las auditorías, intervenciones, informes jurídicos de favor, manipulación de informes técnicos, sustitución de los funcionarios de carrera por contratados afines, etc, etc) produce un deterioro tremendo de la calidad de la democracia española,  favoreciendo la proliferación de redes clientelares  y la reaparición –sobre todo a nivel regional- de estructuras de poder caciquiles que creíamos felizmente olvidadas. El último remedio contra estas conductas desactivados todos los mecanismos de control previos o administrativos están siendo los Tribunales de Justicia, que no están diseñados para ejercer estos controles más que en casos extremos, por lo que resultan lentos e ineficientes, además de estar en buena parte condicionados por la politización de sus órganos de gobierno. Un panorama realmente desalentador para el futuro de la democracia y del Estado de Derecho en España. 

Creo que no exagero si digo que existe en la sociedad española un enorme déficit de información acerca del funcionamiento real de las instituciones y organismos públicos (sobre la contratación pública, las políticas públicas, las subvenciones, las empresas públicas, el empleo en el sector público, los sindicatos, etc, etc.) por parte de los ciudadanos que no es remediada suficientemente por los medios de comunicación en España, excesivamente dependientes para subsistir, dada su situación económica, de los favores públicos, y,  en el mejor de los casos, orientados a conseguir otro tipo de objetivos muy distinto de la “accountability” o rendición de cuentas.  Y aunque no fuera así, los medios carecen con frecuencia de la capacidad precisa para analizar la información obtenida y hacerla comprensible y accesible a los ciudadanos. Por esta razón también, el Gobierno abierto tiene que ver, y mucho, con la libertad de prensa que surge en el siglo XIX hasta el punto de que podemos considerarla como su heredera. En definitiva el gobierno abierto es un remedio fundamental para la pérdida de los “checks and balances” que ha sufrido nuestra democracia en los últimos años por culpa fundamentalmente de los partidos políticos pero –no lo olvidemos- ante la pasividad de los ciudadanos y la sociedad civil.

En conclusión, el Gobierno abierto vinculado con la rendición de cuentas responde a la vieja idea de controlar al Poder político, supervisando, controlándolo y restringiéndolo por lo que adquiere una gran relevancia democrática.

Pero además, la transparencia y el gobierno abierto abren un cauce de participación y colaboración ciudadana fundamental en el momento de grave deterioro político e institucional que se vive en España, permitiendo a los ciudadanos expresar opiniones e ideas y en último término valorar la gestión y las políticas públicas que se realizan en un momento determinado.

Además, y a riesgo de ser pesada, debo de insistir en que la rendición de cuentas incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, pero también la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.

Y por último, el Gobierno abierto viene en ayuda de los políticos y gestores más honestos y capaces, ya que la transparencia favorece siempre a aquellos que prefieren actuar con claridad y con respeto a la legalidad y a los procedimientos existentes, primando además a los políticos responsables dispuestos a rendir cuentas de su gestión frente a los gestores que prefieren las políticas de pasillo, las componendas y la opacidad. En último término, el gobierno abierto es un poderoso instrumento frente a la corrupción y el despilfarro. Si se analiza la lista de asuntos sobre los que se carece de información relevante y donde hay mayor opacidad se verá como coincide con las principales causas de la corrupción y del despilfarro públicos y con los escándalos que están a la orden del día.

En ese sentido, hay que decir que  el gobierno abierto puede ayudar a recuperar la ética del servicio público, tan gravemente dañada estos últimos años por comportamientos irresponsables de políticos y gestores públicos, puesto que la transparencia promueve el comportamiento responsable de los servidores públicos. La ética pública, ayudada por el gobierno abierto, debe volver a recuperar un conjunto de valores asociados tradicionalmente con el servicio y la función pública, tales como la honradez, la laboriosidad, la eficacia, la atención y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y la cualificación técnica, que realizan la dignidad del trabajo en el sector público.

 

Las propuestas electorales de ¿Hay Derecho? (V): Gobierno abierto, transparencia y buen gobierno

En este blog creemos que muchos de los graves problemas que se detectan en la vida política española y en particular la brecha creciente entre la “casta” política y la mayoría de los ciudadanos podrían abordarse –y en parte solucionarse- desde la perspectiva del “open government” o  “gobierno abierto”.

El gobierno abierto consiste fundamentalmente en abrir a través de INTERNET  la información y la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, de forma que estos puedan, de una parte, disponer de un mayor conocimiento, información y control sobre las actuaciones de sus políticos y gestores públicos y, de otra, intervenir, colaborar y participar en dicha gestión, facilitando la rendición de cuentas de políticos y gestores. Se trata de acercar de nuevo la gestión política a los ciudadanos. Exige, en definitiva, el acceso a la información pública de manera libre, gratuita y técnicamente sencilla (open data) y el establecimiento de los mecanismos y procedimientos para la colaboración y participación ciudadana así como- y esto es esencial en España- facilitar  la exigencia de la rendición de cuentas (open action).

El Gobierno Abierto se basa,  pues, en los siguientes tres principios:

1.                  Transparencia. La información pública es propiedad de los ciudadanos, y les permite acceder de forma transparente, fácil y gratuita  a la acción del Gobierno, evaluarla y facilitar la rendición de cuentas.

2.                  Participación. Los ciudadanos deben poder canalizar su conocimiento, su opinión y su compromiso  hacia su Gobierno, y éste ha de estar en disposición de aprovechar los vastos recursos que suponen el caudal de conocimiento y experiencia del conjunto de la sociedad y ponerlos al servicio del bien común.

3.                  Colaboración. La colaboración entre Administraciones Públicas y entre estas y todos los agentes de la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales hasta sujetos individuales permite maximizar la eficiencia y la eficacia de la acción del Gobierno.

Después de esta introducción teórica podemos entrar en nuestra propuesta electoral que es muy sencilla: hay que abrir los asuntos públicos a los ciudadanos. Para que éstos tengan información, toda la información sobre los asuntos públicos. Para evitar las opacidades y la manipulación de datos que tanto no está costando en términos de credibilidad interna y externa. Para hacer frente a la crisis de confianza en Gobierno, Administración e instituciones provocada por el comportamiento de la clase política en su conjunto y como herramienta de regeneración de la propia clase política, convertida en una de las principales preocupaciones de los españoles, y con razón. Para que no nos tomen por tontos.

Recordemos que la transparencia y la información es un poderosísimo instrumento para facilitar la “accountability” o la rendición de cuentas de los políticos y gestores públicos de la que tan necesitada está hoy en día la democracia española, al estar prácticamente desmantelados o inoperantes los mecanismos administrativos e institucionales para hacer efectiva esta rendición de cuentas a todos los niveles, como estamos constatando todos los días. Sin que exista, evidentemente, incentivo alguno para que los propios responsables públicos asuman las consecuencias de sus errores. La opacidad y la falta de rendición de cuentas es causa, a nuestro juicio, de muchísimos de los escándalos que aparecen a diario en nuestros periódicos. Asimismo la falta de transparencia y la desaparición o ineficiencia de los controles “internos” (desde las auditorías, intervenciones, informes jurídicos de favor, manipulación de informes técnicos, sustitución de los funcionarios de carrera por contratados afines, etc, etc) produce un deterioro tremendo de la calidad de la democracia española,  favoreciendo la proliferación de redes clientelares  y la reaparición –sobre todo a nivel regional- de estructuras de poder caciquiles que creíamos felizmente olvidadas. El último remedio contra estas conductas desactivados todos los mecanismos de control previos o administrativos están siendo los Tribunales de Justicia, que no están diseñados para ejercer estos controles más que en casos extremos, por lo que resultan lentos e ineficientes, además de estar en buena parte condicionados por la politización de sus órganos de gobierno. Un panorama realmente desalentador para el futuro de la democracia y del Estado de Derecho en España. 

Creo que no exagero si digo que existe en la sociedad española un enorme déficit de información acerca del funcionamiento real de las instituciones y organismos públicos (sobre la contratación pública, las políticas públicas, las subvenciones, las empresas públicas, el empleo en el sector público, los sindicatos, etc, etc.) por parte de los ciudadanos que no es remediada suficientemente por los medios de comunicación en España, excesivamente dependientes para subsistir, dada su situación económica, de los favores públicos, y,  en el mejor de los casos, orientados a conseguir otro tipo de objetivos muy distinto de la “accountability” o rendición de cuentas.  Y aunque no fuera así, los medios carecen con frecuencia de la capacidad precisa para analizar la información obtenida y hacerla comprensible y accesible a los ciudadanos. Por esta razón también, el Gobierno abierto tiene que ver, y mucho, con la libertad de prensa que surge en el siglo XIX hasta el punto de que podemos considerarla como su heredera. En definitiva el gobierno abierto es un remedio fundamental para la pérdida de los “checks and balances” que ha sufrido nuestra democracia en los últimos años por culpa fundamentalmente de los partidos políticos pero –no lo olvidemos- ante la pasividad de los ciudadanos y la sociedad civil.

En conclusión, el Gobierno abierto vinculado con la rendición de cuentas responde a la vieja idea de controlar al Poder político, supervisando, controlándolo y restringiéndolo por lo que adquiere una gran relevancia democrática.

Pero además, la transparencia y el gobierno abierto abren un cauce de participación y colaboración ciudadana fundamental en el momento de grave deterioro político e institucional que se vive en España, permitiendo a los ciudadanos expresar opiniones e ideas y en último término valorar la gestión y las políticas públicas que se realizan en un momento determinado.

Además, y a riesgo de ser pesada, debo de insistir en que la rendición de cuentas incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, pero también la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.

Y por último, el Gobierno abierto viene en ayuda de los políticos y gestores más honestos y capaces, ya que la transparencia favorece siempre a aquellos que prefieren actuar con claridad y con respeto a la legalidad y a los procedimientos existentes, primando además a los políticos responsables dispuestos a rendir cuentas de su gestión frente a los gestores que prefieren las políticas de pasillo, las componendas y la opacidad. En último término, el gobierno abierto es un poderoso instrumento frente a la corrupción y el despilfarro. Si se analiza la lista de asuntos sobre los que se carece de información relevante y donde hay mayor opacidad se verá como coincide con las principales causas de la corrupción y del despilfarro públicos y con los escándalos que están a la orden del día.

En ese sentido, hay que decir que  el gobierno abierto puede ayudar a recuperar la ética del servicio público, tan gravemente dañada estos últimos años por comportamientos irresponsables de políticos y gestores públicos, puesto que la transparencia promueve el comportamiento responsable de los servidores públicos. La ética pública, ayudada por el gobierno abierto, debe volver a recuperar un conjunto de valores asociados tradicionalmente con el servicio y la función pública, tales como la honradez, la laboriosidad, la eficacia, la atención y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y la cualificación técnica, que realizan la dignidad del trabajo en el sector público.

 

Las O.N.G. y la cooperación internacional: un replanteamiento debido a la crisis

Aparte de mi actividad profesional habitual, desde hace varios años estoy colaborando intensamente con una pequeña Fundación privada -pequeña en tamaño y en medios, no en actividad, ambición y entusiasmo- que mantiene, entre otras actividades complementarias, varias casas de acogida para niños de la calle en Bolivia. La Fundación se llama “Fundación Amazonia” (www.fundacionamazonia.org) nació por la voluntad y energía desbordante e inquebrantable de una reconocida pediatra establecida en Mallorca, y despliega una febril actividad en el país andino y en algunos otros enclaves del continente americano. Formar parte del equipo directivo de esta Fundación, aparte de aportarme desde el punto de vista personal una experiencia impagable, me ha permitido conocer las interioridades de un mundo, el de la Cooperación Internacional y las Organizaciones No Gubernamentales, que resulta un gran desconocido para la mayoría de los profesionales del Derecho, pero en el que se mueve una enmarañada red de normas, Administraciones y burocracia, e incluso complejos intereses políticos y económicos.

Mi experiencia en este mundo de la Cooperación comenzó en época de bonanza. Pero la intensidad y duración de la crisis económica que nos afecta está produciendo un verdadero seísmo en el mundo de las ONG, y obligando a éstas y a las Administraciones y empresas colaboradoras a replantear de arriba abajo las alegres bases económicas y de financiación en las que este mundo se había basado en la última década. El obligado adelgazamiento de las estructuras administrativas públicas, a todos los niveles, junto con el menor flujo de fondos de que disponen las empresas privadas, están obligando al mundo de la Cooperación Internacional a reinventarse sobre bases nuevas, menos costosas y más eficaces.

Algo importante está sucediendo en nuestro país en esta materia cuando hasta el propio Congreso de los Diputados, en una de sus últimas actuaciones antes de la disolución de las Cámaras a finales de septiembre, ha aprobado un importante “Informe para el estudio de las Perspectivas de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Española”, que trata de redefinir las bases sobre las que debe asentarse todo este mundo en los años venideros. En España tenemos una Ley estatal de Cooperación Internacional, del año 1998, y un total de 16 Leyes autonómicas de Cooperación, la primera de ellas del año 1999, lo que da una idea de la dispersión normativa y administrativa que existe en este campo, en esto no tan diferente a bastantes otras materias conocidas de nuestro mundo jurídico, económico y social. Pero esas leyes existentes se están quedando ciertamente obsoletas para enmarcar lo que debe ser el futuro de una Cooperación Internacional eficaz.

Ni que decir tiene que, con semejante número de disposiciones normativas y de Administraciones estatales, autonómicas e incluso locales destinadas a la Cooperación, la política general imperante en nuestro país en esta materia descansaba esencialmente sobre la confortable base del dinero público. Pero el dinero público se ha acabado, lo que obliga, sin discusión posible, a redescubrir nuevas bases sobre las que apoyar estas actividades en los años venideros. Por ello, el citado Informe del Congreso de los Diputados reconoce que, a pesar de los efectos de la crisis económica, la política de Cooperación Internacional para el desarrollo es un imperativo ético, social, político y económico, que ha llegado a adquirir una dimensión estratégica para el conjunto de los partidos políticos y para la sociedad civil en general. Así surgió el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito y actualizado desde al año 2007 por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios. Y así piensa prácticamente todo el mundo que la Cooperación debe continuar, aunque sea evidente que no podrá hacerlo con la alegría que se había producido en un ciclo económico expansivo.

Dos son las bases principales sobre las cuales debe apoyarse la nueva Cooperación Internacional pública, según el citado Informe del Congreso. Por un lado, un muy necesario aumento en la eficacia y transparencia de la ayuda. Resulta curioso conocer que un mundo en principio tan filantrópico, y que genera tan amplio consenso social, está afectado por una burocracia terrible, de forma que resulta enormemente complejo y costoso conseguir acceder a fondos públicos para financiar o cofinanciar cualquier proyecto de Cooperación, y para su formulación, seguimiento y justificación económica. Y ello sin entrar en detalles sobre la excesiva proliferación de ciertas entidades o profesionales que ofrecen ayuda a las pequeñas ONG para conseguir con más “facilidad” o “seguridad” el acceso a los ansiados fondos públicos. Por otro lado, debe reducirse necesariamente el número de países receptores de la ayuda española. Y no sólo por razones puramente económicas, sino especialmente para conseguir un mayor y mejor impacto de la ayuda, y también una necesaria continuidad de los proyectos desarrollados en las zonas destinatarias. La dispersión de los últimos años de vino y rosas, favorecida por la descoordinación autonómica y local típica de nuestro flujo normativo y de nuestra estructura administrativa actual, no ha resultado nada buena en esta materia.

Además de lo anterior, debe jugar un papel preponderante en el futuro la iniciativa privada y las iniciativas mixtas. Una de las señas de identidad de la Cooperación española es su amplio tejido asociativo, que se ha manifestado en los últimos años en un gran número de ONG. Como reconoce el Informe del Congreso, las ONG son una importante expresión de la solidaridad ciudadana, expresamente orientadas, diseñadas y constituidas para el fin de la Cooperación al desarrollo, constituyendo una parte muy importante de la Cooperación española. A partir de ahora será de todo punto necesario fomentar fórmulas imaginativas que han demostrado sobradamente su eficacia: las alianzas público-privadas, que aprovechan los fondos empresariales disponibles junto con la experiencia de ciertas áreas de la Administración; los microcréditos, como instrumentos para facilitar el acceso al crédito a personas excluidas del sistema bancario, que han contribuido a que millones de personas hayan podido salir de la pobreza en muchos países en vías de desarrollo; los programas de cancelación de deuda externa, focalizados en los países que se hayan mostrado más eficaces en la gestión de la Cooperación, y sin barra libre para los demás; y, finalmente, la financiación del desarrollo en I+D de determinadas zonas del planeta, sector donde mayores carencias se concretan y donde en mayor medida se puede contribuir a la mejora de sus recursos humanos y de su competitividad internacional. Todos debemos recordar que no sólo debemos “repartir peces”, sino también “enseñar a pescar”.