Un nuevo número de la revista “El notario del siglo XXI”

Acaba de publicarse el número 39, correspondiente a septiembre-octubre, de la revista matriz de este blog, EL NOTARIO DEL SIGLO XXI.

En él se habla de la instrucción penal: ¿para el juez o para el fiscal? También de la intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, de propiedad intelectual desde diversos puntos de vista, de formas de rescatar a los deudores hipotecarios, de cancelaciones de hipoteca o de catastro, entre otras muchas materias.

Si quiere ver el contenido íntegro del mismo, puede hacerlo aquí.

 

Un nuevo número de la revista “El notario del siglo XXI”

Acaba de publicarse el número 39, correspondiente a septiembre-octubre, de la revista matriz de este blog, EL NOTARIO DEL SIGLO XXI.

En él se habla de la instrucción penal: ¿para el juez o para el fiscal? También de la intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, de propiedad intelectual desde diversos puntos de vista, de formas de rescatar a los deudores hipotecarios, de cancelaciones de hipoteca o de catastro, entre otras muchas materias.

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Presunción de inocencia, sentencias absolutorias y libertad de pensamiento

Con frecuencia, cuando algún político o personaje poderoso resulta inmerso en un proceso penal, la opinión pública hace un juicio paralelo sobre los hechos conocidos o filtrados del sumario judicial. La gente, a veces manipulada por las rivalidades políticas o mediáticas, va sacando sus conclusiones sobre la probidad y altura moral del personaje, sin esperar a las conclusiones de la sentencia posterior. Sentencia que tardará años en dictarse y que luego podrá ser revocada por tribunales superiores sin que la “solución” definitiva sobre la inocencia del interesado se aclare en mucho tiempo.

Si el primer pronunciamiento judicial es absolutorio, se dirá inmediatamente que ha habido un linchamiento moral inadmisible con la “pena de banquillo” y “de telediario”, cosa que muchas veces –pero no siempre- es cierta. Recuerdo aquí al juez Rico Lara, injustamente linchado, y el estupendo trabajo que, en su defensa, publicó el notario Rafael Leña.

Sin embargo, también es posible que una persona de ejecutoria conocida y más que dudosa se libre por los pelos de la condena penal y trate –absolución en mano- de hacer creer a la opinión pública que es un santo varón y nada tuvo nunca que ver con los hechos. Y es que hay casos en los que uno sale absuelto, por motivos diversos, aunque el relato de hechos probados de la sentencia sea inequívoco respecto a lo siniestro de su comportamiento. O sale absuelto sin que nadie -ni los medios de comunicación, ni sus propios compañeros de partido- ponga en duda el contenido y veracidad de documentos, grabaciones telefónicas o pruebas difundidas por la prensa que, sin embargo, no son tenidas en cuenta por el tribunal al haberse, por ejemplo, obtenido de manera irregular, entre otras causas.

Cabe preguntarse si, cuando el derecho a la presunción de inocencia –que tiene toda persona sometida a un proceso penal o administrativo sancionador o a un expediente disciplinario- no ha podido ser enervado en casos así, los ciudadanos/votantes deben atenerse exclusivamente al resultado de la sentencia o son libres de pensar lo que quieran sobre la ejemplaridad o desvergüenza del personaje en cuestión.

Por otra parte, el grado de manipulación de la justicia cuando afecta a políticos o a empresarios/personajes poderosos es tal que, en no pocas ocasiones, algunos delincuentes se terminan yendo de rositas. Y también sucede lo contrario: que algunos chivos expiatorios acaban siendo condenados cuando los jefes que les dieron las órdenes (no por escrito, claro) no son siquiera procesados. En casos así, ¿podemos sacar libremente nuestras propias conclusiones sobre estos personajes, o debemos atenernos a lo que resulte de la sentencia del juez penal? Yo no, desde luego. Ni en el caso Faisán (ya me huelo la sentencia, o más bien la no-sentencia), ni sobre el caso Gal, ni sobre Camps, ni sobre Ruiz-Mateos, ni sobre Filesa, ni sobre los implicados en el caso Naseiro, ni sobre los Albertos, ni sobre Sáenz, ni sobre Garzón (después del estupendo artículo de I. Gomá sobre el Sr. Garzón, y tras seguirle tantos años en los periódicos, seguiré considerándolo un magistrado nefasto, por mucho que el Tribunal Supremo le absuelva, y por más que en el futuro le elijan Premio Nobel de la Paz o Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Y es que la historia no la escriben los tribunales. La vida, que es más ancha que la historia, es mucho más ancha que el Derecho Penal, y ni se escribe ni se agota en los juzgados.

Una sentencia absolutoria constata que el derecho a la presunción de inocencia no ha podido ser destruido en un proceso penal desarrollado con todas las garantías. Pero no supone siempre –ni mucho menos- una afirmación categórica ni un certificado absoluto, en positivo, de inocencia REAL ni de probidad, ni de conducta recta o ejemplar. Justamente porque la presunción de inocencia no es absoluta es por lo que existe la posibilidad procesal de romperla.

Es posible que el relato de hechos probados de una sentencia proclame, como algo indubitado, que el acusado no realizó los hechos de que se le acusaba. Pero con mayor frecuencia el tribunal se suele limitar a señalar que la prueba practicada no le permite declarar probado con total seguridad el relato fáctico de la acusación, aunque sin atreverse a dar por sentada la conclusión contraria. El tribunal, en tales casos, tiene pruebas que apuntan contra el acusado, pero no lo suficientemente concluyentes, y la más mínima duda impone un pronunciamiento absolutorio conforme al principio <<in dubio pro reo>>.

En los años noventa, un conocido proceso contra el narcotráfico se saldó con la absolución de algunos de los implicados porque el tribunal no pudo tener en cuenta, como prueba, los pinchazos telefónicos realizados durante la instrucción, que no se consideraron ajustados a derecho. El Presidente del Gobierno y otras autoridades lamentaron públicamente esas absoluciones y abogaron por una reforma legislativa que impidiera en el futuro nuevas absoluciones de narcotraficantes como la acontecida. ¿Por qué lamentarse de que unos inocentes hubieran sido absueltos? ¿O no eran tan inocentes? ¿La sentencia absolutoria nos obliga a pensar que esas personas no traficaban con drogas? ¿O más bien debemos pensar que el Estado de Derecho y el sistema policial/judicial a veces falla y deja resquicios por donde algunos “delincuentes” se escapan disfrazados de “inocentes”?

La absolución no equivale siempre ni necesariamente a la inocencia REAL. La absolución puede venir determinada, además de por las causas citadas, por la prescripción de los hechos, o por una excusa absolutoria, o porque las personas cuyo testimonio incriminatorio sería concluyente están dispensadas de la obligación de declarar contra el acusado (art. 416/417 LECrim), o por la aplicación de una eximente completa, o por error vencible, o por alguna otra causa.

Por ello, la afirmación según la cual toda absolución constituye un refrendo judicial de la honorabilidad del personaje o de que los hechos enjuiciados son falsos y nunca existieron, es pura demagogia. Cuando, en un partido de fútbol, el estadio entero (y miles de espectadores por TV) ven el patadón que un defensa le mete en la tibia al delantero centro del equipo contrario, ese patadón –y la conducta sucia del defensa- no deja de existir por el hecho de que el árbitro no lo pitara. ¿O es que no se puede disentir del árbitro y hasta tener razón?