La puerta trasera del Consejo de Estado

Una de las primeras cosas de las que se preocupó el señor Rodríguez Zapatero al llegar al Gobierno fue la de asegurarse su futuro económico, incrementando lo que le correspondería como ex Presidente del Gobierno con un confortable sillón bien remunerado en el Consejo de Estado. Al efecto se promovió una ley-medida, la Ley Orgánica 3/2004, por la que se modificó el artículo 8.1 de la Ley del Consejo de Estado:

“Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno”.

El Consejo de Estado, según el artículo 107 de la Constitución Española, es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Es de suponer que para ser miembro del mismo deba tenerse un acreditado historial de servicios relevantes a la Nación.

La incorporación del ex Presidente al Consejo supondría una auténtica burla a los cientos de miles de españoles que lo están pasando económicamente muy mal precisamente por las malas políticas y decisiones adoptadas por el todavía Presidente del Gobierno en funciones. Qué no decir de los funcionarios que, lejos de contar con dos cuantiosos sueldos contra las arcas públicas, ven rebajada su remuneración.

Es costumbre que el Consejo de Estado de la bienvenida a los nuevos miembros de la institución. Me pregunto quién será el tiralevitas que asuma las funciones de padrino y pase el mal trago de tener que redactar una laudatio en la que se de cuenta de los “méritos” del ex Presidente para ocupar el cargo. Por lo general, se suelen silenciar los deméritos, pero en este caso son de mucho peso y de una notoriedad deslumbrante. Tanto que sus actuaciones más relevantes han llevado a la ruina económica y al descrédito internacional de España, y a la vergüenza nacional de tener que realizar una enmienda a la Constitución “ordenada” por las instituciones europeas, para escarnio de todos los españoles.

Creo que debería promoverse cuanto antes una derogación del artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Mientras tanto, el pundonor debería llevar al Sr. Zapatero a elegir la opción de no incorporarse al Consejo, como servicio a la Patria. Los dos ex presidentes anteriores así lo hicieron, pues parece ser que saben ganarse la vida sin un comportamiento parasitario a costa de las ubres del Estado.

Recordatorio Jornada sobre la situación de la Administración de Justicia en el Colegio Notarial de Madrid

Os queríamos recordar que mañana celebramos en el Colegio Notarial de Madrid la Jornada sobre la situación de la Administración de Justicia. Os dejamos de nuevo el link a la agenda definitiva (aquí). Para los que no puedan acudir, la idea es sacar una serie de posts sobre el tema que nos parece del máximo interés para todos nuestros lectores.

 

 

 

Información bidireccional: cuánto costamos pero también cuánto nos cuestan

La Comunidad de Madrid, siguiendo una práctica que, al parecer, ya estaban realizando otras comunidades, ha empezado a informar a los usuarios de la sanidad pública sobre el coste real de las prestaciones que cada paciente recibe de la seguridad social. Con ello se consigue, nos dicen, mayor información y transparencia y, quizás, que el usuario, sabedor del gasto que origina, sea más prudente a la hora de utilizar esos servicios.

Tal medida ha sido recibida con diversidad de opiniones y no ha faltado quien ha considerado que la información debería ser más completa y, por ejemplo, junto al dato del gasto originado reflejar el importe total de las cantidades con las que el paciente, a lo largo de su vida, ha contribuido a sufragar el coste de esa sanidad que ahora utiliza y que nadie le regala.

En cualquier caso, en mi modesta opinión, la medida, como todas las que pretenden ofrecer mayor información, debe ser bien recibida e, incluso, se podría plantear la conveniencia y oportunidad de extenderla a otros sectores.

Por ejemplo, se me ocurre, quizás podía ser buena idea revertir la dirección de esa información mediante su aplicación a la esfera de los cargos públicos. Se podría considerar la posibilidad de que en la nómina que reciben nuestros representantes electos y altos cargos, por ejemplo de director general para arriba, se incluyese, a título meramente informativo claro, el coste total que el desempeño del cargo por esa persona ha supuesto ese mes al erario público y, para más precisión, se podrían detallar conceptos como:

– Coste de las personas destinadas al servicio directo del alto cargo: asesores, miembros de gabinete, adjuntos, secretarios, escoltas, ordenanzas, conductores, etc.

– Coste del despacho, es decir, adquisición o alquiler, mantenimiento, reparación y limpieza de los metros cuadrados del edificio público correspondiente destinados al uso personal del alto cargo.

– Coste del vehículo oficial, si lo tiene, incluyendo el de compra o alquiler, mantenimiento, limpieza, reparaciones, gasolina, seguros, etc.

– Coste de adquisición y mantenimiento de los sistemas y aparatos informáticos y telefónicos puestos a su disposición así como el de las líneas y servicios contratados para su uso personal.

– Coste de alojamiento y de los desplazamientos en avión, tren o barco del alto cargo en sus viajes de trabajo o de vuelta al hogar.

– Coste de los actos representativos protagonizados por el alto cargo (presentaciones, reuniones, ruedas de prensa, etc.) y manutención (desayunos de trabajo, comidas, cenas, vinos españoles, etc.) del alto cargo y de sus invitados, institucionales por supuesto.

– Otros gastos de representación realizados durante el mes y cualquier otro gasto imputable directamente al alto cargo y necesario para el decoroso ejercicio de su función.

Evidentemente, esa información no debe ser leída con segundas intenciones ni implicar ningún tipo de reproche. De lo que se trata es de que el alto cargo, al igual que el usuario de la sanidad pública, tenga información cumplida de los costes que su actividad genera a todos los españoles para que le sirva de estimulo y aliciente en el ejercicio de su misión y le proporcione todos los datos necesarios a la hora de valorar un posible ahorro en alguna de sus actuaciones.

Y si además esa información se hace pública y puede ser conocida por todos los que pagamos pues mejor que mejor.

 

Los pilares del Estado: a propósito de D. Gaspar de Bracamonte

Ahora que venimos de celebrar la fiesta nacional de España (por cierto Nuestra Señora del “Pilar”) quisiera traer a la memoria a D. Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, comendador de Daimiel, Consejero de Estado, embajador plenipotenciario enviado por Felipe IV al Congreso de Münster (que dio lugar a la paz de Westfalia y puso fin a la guerra de los treinta años, 1618-1648), presidente de los Consejos de Indias e Italia y Virrey de Nápoles. A punto estuvo de ser nombrado también valido del Rey a la muerte de Luis de Haro, y tal vez mejor le hubiera ido a España si hubiera obtenido el puesto, pero parece que la buena práctica de que gobiernen los mejores ya comenzaba entonces a ser ignorada en nuestro país. Fue persona de gran bagaje intelectual, teólogo de formación, heredero de la ideal del caballero cristiano y defensor a ultranza de la paz, un personaje clave para la política exterior española y, tal vez por ello precisamente, poco estudiado [estas notas biográficas las tomo de un estudio sobre la Historia de Peñaranda de Bracamonte (1250-1836) a cargo de Claudia Möller Recondo y Ana María Carabias Torres, ed. Diputación de Salamanca-Bracamonte, Salamanca, 2003, pp. 527 a 546, 610].

En un contexto de decadencia de la monarquía española, falta de instrucciones y falta de dinero (hasta debió pagar a los espías de su bolsillo) tuvo que enfrentarse constantemente a las “cerradas y contradictorias propuestas de los delegados franceses, con unos mediadores (Contarini y Chigi) que no siempre estuvieron a favor de los intereses españoles”. Ya entonces se quejaba el conde en carta al marqués de Castel Rodrigo de “la falta de instrucciones y de órdenes con que en todo caminaban los españoles y de los perjuicios que esto causaba a la monarquía de España” [desde entonces poco han cambiado las cosas, me cuentan mis amigos del Ministerio de Exteriores]. Y a pesar de ello consiguió un rotundo éxito para España, éxito que repitió en su labor de Virrey de Nápoles en un momento de nuevo nada fácil y rodeado de problema financieros. También D. Gaspar fue ejemplo de honestidad y valor en relación con su rey y así en carta dirigida a D. Pedro Coloma, secretario de estado de Felipe IV, señalaba: “Dios no hizo los reinos para los reyes, sino hizo los reyes por los reinos y para los reinos, y aunque su Magestad no pueda estar en tantas guerras a un tiempo, cumple con Dios y consigo mismo estando en alguna, porque así hace lo que puede donde al contrario vemos que se pierde todo, empezando por la reputación que arrastra y ha arrastrado siempre tras sí a todo lo demás (…) si entendiese que puede importar al bien público que haya algún vasalllo que hable con esta sinceridad y franqueza, a cualquier riesgo imaginable, quiero ser yo y hablar con mi Rey (…)”. Ojalá hubiera hoy más servidores públicos que se atrevieran a decir a los que mandan cuáles son sus errores.

En conclusión, Gaspar de Bracamonte fue un ejemplo de servidor público de la época, preocupado por trabajar para su país con eficacia y honradez, representando con dignidad sus intereses en el mundo. Este tipo de personajes son los que dan fuerza a una sociedad que puede mirar con satisfacción a sus dirigentes públicos, que sirven de ejemplo, de espejo en el que mirarse, y de modelo del mejor mérito y capacidad (ver art. 103 de nuestra Constitución). En definitiva, son los que nos permiten sentirnos orgullosos de pertenecer a un país, a una sociedad, los verdaderos pilares del Estado.

Pues bien, la pregunta que nos hacemos es ¿quién o quiénes cumplen esta función hoy en España? La pregunta no es baladí porque tal vez sean esas pocas personas, que siguen cumplimiento con su deber a pesar de las presiones para ceder a muy diversas tentaciones (sin ser la menor la de ejercer de caballero servil al poder), a las que debemos que España no haya entrado ya en bancarrota definitiva, no solo económica sino moral y social. En efecto, en cada ámbito de nuestro país ─política, judicatura, periodismo, administración pública, empresas, banca, universidad…─ podemos detectar todavía, aunque la verdad cada vez con más dificultad, esa rara avis (“persona o cosa que se considera poco común por tener alguna característica que las diferencia de las demás de su misma especie”) que se levanta cada mañana con la única ilusión de hacer bien su trabajo, sin esperar más recompensas y nombramientos por ello, que el dormir con la conciencia tranquila que da el sentimiento del deber cumplido, de la actuación honesta y de haber contribuido en la medida de sus fuerzas a mejorar la sociedad en la que vive también su familiar. Como decía Antonio Machado (“El mañana efímero”) hay una “España de charanga y pandereta (…), de espíritu burlón y alma inquieta”, pero también hay otra España “del cincel y de la maza (…) de la rabia y de la idea”.

Recordemos y honremos a los hombres y mujeres del cincel y de la maza del pasado, pues es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestra historia, y cuidemos con dedicación y cariño a los del presente porque ellos y ellas son la esperanza de este país y una especie en peligro de extinción.

¿Funcionarios o laborales?

La función pública en España es dual, y utiliza dos sistemas: el nombramiento como funcionario, o la contratación, como personal laboral. En el primer caso es prácticamente imposible echar al trabajador, aunque, paradójicamente, no sean necesarios sus servicios, y en el segundo es relativamente sencillo prescindir del empleado, bien individualmente, mediante el despido, o la extinción colectiva, por medio de los expedientes de regulación de empleo.

Sistema este de los ERES (expedientes de regulación de empleo), tan famoso en Andalucía, aunque por otras causas, que van a tener que utilizar muchos de nuestros Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y posiblemente también Comunidades Autónomas, ante la dificultad para pagar las nóminas de su personal, y la imposibilidad de seguir endeudándose, ante las limitaciones legales existentes para el sobre endeudamiento.

¿Tiene sentido esta situación? Según nuestras leyes de la función pública y las varias Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia, sí, puesto que reserva para los funcionarios, en sentido estricto, determinadas responsabilidades que implican el ejercicio de potestades o autoridad pública. Para mayor abundamiento puede verse mi libro “Laboralización Administraciones Públicas” (editorial Trivium, Madrid, 1998), donde explico detalladamente estas cuestiones, bastante trilladas, por otra parte.

Pero el problema de fondo es el siguiente: ¿en una sociedad globalizada, en cambio constante, tiene sentido una función pública totalmente estática, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos?

Se me dirá, y es cierto, que el modelo funcionarial nació como una garantía para la prestación del servicio público con objetividad e imparcialidad, frente a las presiones y los intereses partidistas de los políticos de turno, pero la triste realidad es que son escasos los funcionarios que son capaces de resistirse a toda clase de tropelías, y siempre pagando un alto coste personal, en forma de marginación, cuando no persecución, bien por la vía disciplinaria o mediante la técnica del “mobbing”, que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.

Los cuerpos de intervención, tanto del Estado como de las Corporaciones Locales, son un claro ejemplo de lo que digo. ¿Cómo es posible que los señores funcionarios interventores dieran el visto bueno, y no opusieran reparos, a la cantidad de chanchullos que estamos viendo publicados estos días, tanto en Diputaciones Provinciales como en Ayuntamientos? ¿Y que podemos decir de la contracción de gastos sin consignación presupuestaria, o del incremento a todas luces excesivo, del número de empleados públicos en una buena parte de las administraciones? Obviamente, el interventor correspondiente no ha sido capaz de asumir sus funciones –y responsabilidades-, y ha preferido mirar para otro lado, que actuar como “interruptor” de las ocurrencias del político de turno, con mando en plaza. ¿Y para eso hace falta dotarles del estatuto funcionarial, que teóricamente les defiende y ampara? Claro que luego, por la vía de los complementos retributivos –la zanahoria-, o por la vía disciplinaria –el palo-, se consigue doblegar a los más irascibles, pues todos tenemos nuestros fallos, que aunque sean pequeños, el poder puede convertir en grandes, a su conveniencia.

Esta sumisión de los funcionarios –no todos, por fortuna- a los políticos no ha sido por casualidad. Se ha ido cambiando la legislación para acabar situando a los políticos por encima de los funcionarios, incluso de los antaño prestigiosos Cuerpos Nacionales. Así sucedió, por ejemplo, con los Secretarios de Administración Local, que eran los jefes de personal de la Corporación correspondiente. Pues bien, la Ley de bases del régimen local de 1985 puso por encima de ellos al Alcalde o Presidente de la Diputación Provincial, otorgándoles la jefatura superior del personal, en demérito del Secretario. ¿Cómo se puede advertir de la ilegalidad de acuerdos de tu superior o intervenir sus desmanes? Se puede, pero no se debe hacer, si uno quiere vivir tranquilo y sin problemas. Y ya sabemos que el funcionario, en general, no es persona muy dada a la aventura, sino más bien a la seguridad.

Es numerosa la bibliografía sobre estos temas. Recomiendo dos pequeños grandes libros, “Contrato laboral y función pública”, de doña Silvia del Saz (Marcial Pons, Madrid, 1995), y “El ocaso de la función pública española” de don Iñigo Martínez de Pisón Aparicio (Cívitas, Madrid, 1995). Para este autor “el desmoronamiento de todo orden racional y objetivo en el régimen funcionarial trae consigo la ineficacia de la Administración. Y, en última instancia, esa ineficacia quien la sufre es el ciudadano” (pág. 107). Pero, hablando con claridad, ¿alguien puede sostener en serio que nuestras administraciones públicas son eficaces…?

En fin, termino ya, que no quiero cansar en demasía al amable lector, si es que tengo alguno. Creo sería preferible ir paulatinamente hacía un sistema similar al de Estados Unidos, de total politización de la administración –que en la práctica ya tenemos-, con una progresiva laboralización de los nuevos empleados públicos, aunque lógicamente respetando el carácter funcionarial –a extinguir- de quienes actualmente disfrutan de esa situación de auténtico privilegio, tal y como están los tiempos…

En la práctica ya se está haciendo así, por ejemplo con la inclusión desde el 1 de enero de los nuevos funcionarios en el régimen general de la seguridad social, lo que llevará a la paulatina desaparición del régimen de mutualismo laboral, Muface, Mugeju, etc.

¿Y que pasará cuando haya que reducir la elefantiásica administración que padecemos? Pues que echar a los laborales es bastante sencillo, bien individualmente por la vía disciplinaria o colectivamente por causas objetivas por medio de los expedientes de regulación de empleo, pero poner de patitas en la calle a un funcionario es prácticamente imposible. De ahí la rapidez en funcionarizar al personal laboral que han acometido a toda velocidad muchas administraciones, ante la eminente pérdida del poder. Se trata de “dejar colocados” a los fieles, a salvo de toda inclemencia, que ya sabemos que ganarse la vida en la calle es muy duro…

 

 

La prensa y los juicios paralelos (I)

El presente post quiere plantear abiertamente un tema delicado, que en España se está generalizando en los últimos tiempos de forma -a mi juicio- bastante peligrosa, poniendo en grave riesgo el buen funcionamiento de la Justicia y, lo que es aun más grave, los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. Se trata del juicio paralelo que muchos medios de comunicación realizan sobre determinados asuntos sujetos a una investigación judicial y que, en ocasiones, yendo bastante más allá de lo que exige su indiscutible derecho a informar, busca obtener otro tipo de réditos, sean políticos, económicos o de otra índole, a costa del honor y de la intimidad de las personas investigadas y de su derecho constitucional a ser considerados inocentes.

No seré yo quien discuta el derecho de los medios de comunicación a informar de todos los hechos que consideren ser noticia de interés para sus lectores o espectadores, incluso de los procedimientos judiciales en curso. Pero ese derecho se está ejerciendo en España, en los últimos tiempos, con cierta ligereza y desmesura y, lo que es peor, en algunos casos con manifiesta parcialidad y mala intención. A mi juicio, los principales problemas que estos juicios paralelos plantean desde la óptica de un jurista responsable son los siguientes:

– En bastantes ocasiones, las informaciones iniciales con las que aparece a bombo y platillo la noticia en los medios se obtienen a través de auténticas violaciones del secreto del sumario, que están penadas por el artículo 466 del Código Penal, no pocas veces procedentes de los propios funcionarios encargados de la investigación o de otros profesionales vinculados a ella, y que al final, por su incomodidad, nadie quiere investigar. Son prácticamente inexistentes las diligencias abiertas por los Juzgados de Instrucción sobre violaciones flagrantes del secreto del sumario que les constan fehacientemente, ya que se trata de asuntos de los que esos mismos Juzgados están conociendo, y cuya investigación y sanción no resultaría en exceso complicada.

– Los hechos que se van narrando por capítulos en los medios, y que constituyen la trama principal del juicio periodístico paralelo, resultan provenir, casi siempre, de la versión de una sola de las partes en conflicto, normalmente la más interesada en airear la contienda o la más cercana ideológica o empresarialmente al medio en cuestión. Y ese interés de airear la contienda en los medios suele obedecer muchas veces a intereses espúreos. Lo grave es que ese interés de airear la contienda ha afectado a veces al propio Ministerio Fiscal, que ha convertido a algún medio de comunicación en una especie de “portavoz” oficioso que va narrando por entregas todas sus actuaciones, creando una interdependencia muy peligrosa para el devenir del procedimiento y convirtiendo a quienes deberían ser anónimos funcionarios en una especie de corajudos Elliot Ness locales, jaleados incesante y peligrosamente por los medios más afines. Así ha sucedido en los últimos años con determinados casos de corrupción política en Marbella o en Baleares. Con ello se acaba produciendo una absoluta indefensión pública de la parte que no tiene acceso a publicar sus argumentos, y una auténtica distorsión de la igualdad de armas que debe presidir todo procedimiento en un país civilizado, aparte de una absurda y peligrosa desfiguración del papel que debe desempeñar la acusación pública.

– Los juicios paralelos, indiscutiblemente, condicionan el devenir del procedimiento judicial al que se refieren. Primero, porque el público se va formando una opinión sobre los protagonistas, Jueces y Fiscales incluidos, que viene absolutamente moldeada por las noticias parciales que se han ido publicando, y no por la totalidad de hechos o argumentos reales sobre los que se está sustanciando la contienda judicial. Y segundo porque la presión mediática acaba influyendo también sobre los propios profesionales de la Administración de Justicia, que se ven enormemente condicionados por la repercusión en los medios de las decisiones que van a tener que ir adoptando en cada fase del procedimiento, lo que les dificulta bastantes veces adoptarlas basándose únicamente en estrictos criterios legales o profesionales. Ejemplos de algunos que trabajan de cara a la galería realizando una labor instructora muy deficiente no nos resultan lejanos, jugando aquí un papel muy importante el carácter, la formación y el afán de notoriedad de cada uno. Basta leer el impresionante libro “Riofrío. La justicia del Señor Juez” del Catedrático Santiago Muñoz Machado, ya comentado en algún post publicado en este blog, para tomar plena conciencia de lo que estamos comentando.

– Y, en definitiva, resulta la enorme e injusta paradoja de que la parte que se muestra más respetuosa con la Justicia, y que pretende dejar a los Tribunales hacer su trabajo sin generar interferencias mediáticas acaba siendo, de una manera u otra, la más perjudicada cuando su asunto se está aireando de forma parcial y malintencionada por la parte contraria, causándole unos perjuicios que, sea cual sea el resultado final del procedimiento judicial -lo que a veces parece no importar demasiado a muchos medios de comunicación- pueden ser ya irreparables.

No sé por qué vía puede venir la solución a este grave problema, que acaba resultando dramático para muchas personas sujetas a una investigación judicial, añadiendo gratuitamente una penalidad más a su ya delicada situación. Tal vez el remedio deba venir por la vía legislativa, o tal vez por la jurisprudencial. Quizás algunos Tribunales deberían, de una vez por todas, y con contundencia, dar un verdadero escarmiento a los violadores sistemáticos de secretos sumariales, incluso llegando a la expulsión del cuerpo de los funcionarios culpables, en su caso.

En algunos países de nuestro entorno las leyes establecen limitaciones al derecho de información sobre los procedimientos en curso. Por ejemplo en Italia o Portugal, donde las leyes de procedimiento penal limitan al máximo las informaciones sobre sumarios secretos y otras investigaciones en fase inicial; o en Francia, donde una ley del año 2000 establece importantes restricciones al derecho de información, sanciona con fuertes multas económicas la publicación de imágenes de personas detenidas o esposadas, y regula las obligaciones de facilitar contrainformación por parte del Ministerio Fiscal cuando las informaciones aparecidas sobre un procedimiento trasladan a la opinión pública una visión excesivamente parcial del mismo.

En España existen algunos pronunciamientos aislados de los Tribunales de Justicia o del Tribunal Constitucional, y abundantes Códigos Éticos en los medios de comunicación o en sus Asociaciones profesionales que, al final, pocos acaban respetando, por lo que todo ello está demostrando ser manifiestamente insuficiente. Tengo verdadero interés por conocer las opiniones de los lectores del blog, que tan buen criterio jurídico están demostrando desde su aparición, y les animo a pronunciarse sobre este tema tan delicado. Se lo agradezco por anticipado.

 

 

 

Gestionar la victoria

Algunos ya llaman a este tiempo político y en un primer y temprano análisis electoral la “tercera transición”. Son muchos los retos que aguardan al próximo presidente del gobierno. Complejos, difíciles, improrrogables. En ellos medirá su capacidad, su convicción, su credibilidad, su coraje política y la decisión de gobernar y gestionar tras unos años de indolencia política y ausencia de competencia de gestión por parte del gobierno socialista.
Las urnas han refrendado ese cambio. Un cambio que no se ha ganado contrastando programas, ni siquiera ocultos que unos y otros han tenido. Se ha ganado desde el hartazgo y decepción tremenda que ha supuesto el gobierno actual. Estas elecciones las ha ganado Mariano Rajoy, y acto seguido el partido popular. Las ha perdido en cambio el partido socialista y acto seguido Pérez Rubalcaba.
La aplastante legitimidad que las urnas otorgan al próximo presidente del gobierno le habilitan para emprender decisiones y reformas duras, severas, rigurosas. Ha de hacerlo y debe hacerlo explicando muy bien por qué y para qué así como las consecuencias de la inacción. Son muchos los retos, los frentes que gestionar, donde actuar y esperar el resultado. Gestionar la victoria no será un dulce con el que recrearse. La situación con que asume la presidencia es la peor que ha asumido cualquier presidente anterior de la democracia salvo quizás el primer Adolfo Suárez en junio de 1977. El país tiene que recuperar su pulso, su confianza. Y hacerlo además cuanto antes.
Nunca antes un presidente ha tenido ni quizás vuelva a tener tanto poder político en las distintas arenas de la política. En ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas y ahora en el Parlamento. Le refrenda más de once millones de votos, y una horquilla de escándalo con respecto al partido socialistas, más de cuatro millones doscientos mil votos. Han ganado a los socialistas y al resto de formaciones en todas las comunidades autónomas salvo País Vasco y Cataluña. Han doblado y triplicado en algunas comunidades a éstos como es el caso de Murcia. Y los dos feudos que numantinamente han resistido después de perder Extremadura y Castilla La Mancha en mayo pasado, Andalucía y Cataluña se han desmoronado como un azucarillo, la primera a favor del partido popular, la segunda para un combativo y exigente CiU que busca el refrendo de sus políticas de recorte y austeridad. Los populares ya anuncian su próximo congreso nacional para febrero y en Andalucía, la próxima y ya accesible pieza. La fidelidad del voto de los suyos, el popular, ha sido férrea, si bien algunos de sus votantes han ido también a UPyD, Foro y tal vez también a CiU. Han ganado también voto socialista que ha ido a sus filas, amén de la reactividad de más de cuatro millones de votantes que en 2008 les auparon a la victoria y hoy al desastre.
La victoria del partido popular aún es más incontestable en el Senado, en la Cámara Alta. Mayoría que se incrementará cuando los parlamentos autonómicos, dominados por el partido popular designen a sus senadores “autonómicos”. Mariano Rajoy apeló en la campaña a los valores del consenso, la concordia, la solidaridad. Tiene una mayoría absoluta que le brinda el que hoy por hoy es su nuevo techo electoral. La misma que amparará decisiones y políticas. La aritmética electoral sumada a la debacle socialista hacen que ahora, con medio millón de votos más pasen de la derrota a la euforia.
Muchos han destacado como novedad la fragmentación plural del arco parlamentario. Un total de trece formaciones políticas se sentarán en las bancadas de la Carrera de San Jerónimo. De los 25 millones de votos habidos, algo más de seis han ido a las once formaciones distintas a populares y socialistas. Gran parte de estos votos habían sido antes de los socialistas. En la medida que los mismos se fidelicen dentro de las nuevas formaciones tendrán viabilidad de futuro o por el contrario meros cantos de sirena. No serán freno para las políticas de Rajoy pero siempre es bueno en esta crisis durísima y terrible aunar consensos y apoyos.
Mariano Rajoy gestionará una victoria plagada de dificultades. El hombre que ha aguantado desplantes, traiciones, zancadillas y trampas, el hombre que de la templanza y la prudencia hasta la extenuación ha hecho virtud, gestionará un país con graves retos económicos y sociales. Con un estado de bienestar menguante y que probablemente nunca será el mismo, con unos mercados ávidos de riesgo y penalización a un país que se durmió sobre su propio regazo de autocomplacencia y que se creía nuevo rico. El aval es grande, como también el poder, mas al mismo tiempo los riesgos y las posibilidades de fracasar en el empeño. Ojalá pasemos de la frivolidad institucional y política que nos ha afligido a la responsabilidad y seriedad que necesitamos.
Racionalización y rigor, simplicidad y austeridad, transparencia y eficiencia serán ahora los verdaderos axiomas de la actuación pública, política y económica, también social, aunque en menor plano. ¿Qué necesita este país y qué calado de reformas son prioritarias? Todo, o casi todo, debe regenerarse, reconstruirse, readaptarse a una realidad distinta, vertiginosa, sin memoria. A la reforma laboral ha de seguirle una reforma fiscal, reforma financiera, reforma en la función pública, en las instituciones políticas y administrativas, reformas en la seguridad social, en el sistema de pensiones, reforma en la sanidad, en la educación en todos sus niveles, desde primaria a la universidad, y probablemente en el modelo territorial y competencial del poder en España. Reforma de la justicia. Sin reformas nos vamos a la deriva. Sin enderezar un rumbo claro, firme y seguro nos resquebrajamos. Sin apelar a los valores, a los principios, al ahorro, a la austeridad de nuestras propias posibilidades, a erradicar los comportamientos corruptos que cimbrean tanto lo público como lo privado con una pasmosa laxitud y permisividad social, nos debilitamos como sociedad y comunidad. Pero no caigamos en el error de distorsionar funcionalmente la realidad. ¿Podrá, sabrá, le dejarán gestionarlo a Mariano Rajoy?

El indultado

No, no es el título de una película de Berlanga ambientada en el tardofranquismo o en la incipiente transición. Tampoco es el mote castizo que la sabiduría popular endilga a los personajes chuscos o estrafalarios. Es el Consejero Delegado de la primera entidad de crédito española. Condenado por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa (que dio lugar al ilegítimo ingreso en prisión de sus víctimas por orden del juez prevaricador Pascual Estevill), ayer viernes, pese al informe negativo del propio TS, un Consejo de Ministros presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero le ha indultado.

 

Durante el proceso no se pudo probar cumplidamente que el Banesto sobornó al ex juez Estevill para ordenar el ingreso en prisión de los clientes díscolos a las presiones del Banco, pero nadie en su sano juicio puede albergar muchas dudas al respecto. Ya comenté en su momento el caso en este blog (aquí). Recordemos que el ex juez no solía hacer estos favores gratis. Pese a ello, durante el proceso se probó lo suficiente como para condenar al Sr. Sáenz a la pena de tres meses de arresto mayor, con la accesoria de suspensión del desempeño de cargos de dirección vinculados con entidades bancarias durante dicho plazo.

 

Ayer, el Gobierno de España (como le gusta decir al Sr. Zapatero) le ha indultado, parcialmente, eso sí, porque el indulto total hubiera necesitado cumplir los requisitos del artículo 11 de la Ley de 1870 (vigente) que establece que sólo se otorgará a los penados en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador. Como el Tribunal sentenciador no estaba por la labor, se ha conmutado la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso. De esta manera el Sr. Sáenz no tendrá que abandonar el puesto de Consejero Delegado por la estricta aplicación de la pena, como estaba amenazado de tener que hacerlo hasta el día de ayer, aunque debería seguir siendo aplicable, evidentemente, la tacha de falta de honorabilidad que según la normativa del Banco de España inhabilita para ejercer el cargo. Nuestro colaborador Fernando Irurzun lo dejó muy clarito en este post publicado en este mismo blog. Por mucho que le indulten, el Sr. Sáenz no es honorable, qué le vamos a hacer.

 

También han sido indultados los otros dos condenados en la causa, el antiguo director de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama y el abogado Rafael Jiménez de Parga, condenados a la misma pena como muñidores del delito. Todos para uno y uno para todos. Es el código del hampa: a los cómplices no se les deja en la estacada.

 

Hasta aquí el comentario sobre los delincuentes, no creo que merezcan más. Pero quienes sí merecen mucho más, muchísimo más, son el Gobierno de España, el Sr. Zapatero, el Sr. Rajoy y el Banco de España. Poca cosa.

 

El Gobierno del Sr. Zapatero ha indultado al Sr. Sáenz estando en funciones, es decir, después de las elecciones. Quizá debería haberlo hecho con anterioridad para que los españoles pudiésemos calificar más adecuadamente todavía su gestión el 20-N. Sin embargo, sospecho que no era necesario tomarse tantas molestias, seguro que de haberle indultado antes no hubieran sacado menos de 110 diputados. En cualquier caso, queda muy clara su lamentable intención de colocarse completamente al margen de la responsabilidad, entendida al menos como rendición de cuentas.

 

Exactamente lo mismo cabe predicar del Sr. Rajoy. Este indulto, del que seguramente habló largo y tendido con el Sr. Zapatero durante su cordial reunión, le deja asimismo al margen de la responsabilidad, al menos de la oficial. Pero lo más triste y lamentable de todo es que seguro que ambos señores piensan que así han hecho un gran servicio a la sociedad española, apaciguando al primer banco del país en plena crisis financiera. Y todo gratis, sin coste político alguno, sin dar la cara y asumir las consecuencias de las decisiones, como es tan tradicional en España.

 

Yo pienso, sin embargo, que a este país le hemos vuelto a hacer un flaco favor. Hoy ya todo el mundo sabe, aquí y en el extranjero, que los banqueros en España pueden sobornar a jueces y acusar falsamente a sus clientes sin que pase nada; que las reglas que se aplican a los ciudadanos de a pié que pagamos nuestros impuestos no rigen para los poderosos; y que a los políticos “socialistas”, y me temo que los “liberales”, que llevan gobernando este país desde hace más de treinta años, tal cosa les parece muy bien. Sabemos que el Banco de España no es independiente de los bancos que regula, al menos del principal; y que es incapaz de cesar a uno de sus directivos si el presidente de ese banco dice que no. (Para estar muy tranquilos). A partir de hoy sabemos que no tenemos argumentos cuando en el extranjero nos califiquen como un país bananero, en donde las reglas que nosotros mismos nos damos no se cumplen. Pero lo peor de todo es que hoy la conciencia del sálvese quien pueda, del todo vale, del “listo”, del “vivo”, está un poco más extendida en España. Muy conveniente en un momento en el que el espíritu cívico es tan necesario.

 

Como juristas, nos queda el consuelo del Tribunal Supremo, que en este caso, desde luego, ha estado a la altura. Pero aunque no tuviésemos consuelo, nosotros vamos a seguir defendiendo desde este modesto blog nuestro Estado de Derecho, algo que consideramos muy necesario porque, me temo, esto es sólo el principio. Allí donde el Derecho se licua reina la voluntad de los poderosos y hoy, con la crisis que estamos atravesando, esa voluntad no quiere límites de ningún tipo. Ya lo hemos visto.

Aeropuertos Españoles S.A.: pérdidas y ¿ganancias?

En España hay 47 aeropuertos y 2 helipuertos gestionados por el ente público estatal AENA. Completan la red los aeropuertos de Lleida (gestionado por una empresa pública de la Generalitat de Cataluña), Castellón (gestionado por la sociedad pública Aerocas) y Ciudad Real (gestionado por un consorcio privado). Estos tres aeropuertos fuera de la órbita de AENA no tienen en la actualidad ninguna ruta comercial abierta.

La situación española es singular porque como vemos la práctica totalidad de la red aeroportuaria es de titularidad estatal (lo que no sucede en Europa) y provoca alguna estadística llamativa como por ejemplo que AENA sea el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros (hay que tener en cuenta que además de la gestión de los citados aeropuertos españoles, AENA participa en la gestión directa o indirecta de 28 aeropuertos a nivel internacional).

En este post (por falta de espacio) no vamos a hablar del despilfarro que ha supuesto la construcción “indiscriminada” de nuevos aeropuertos en los últimos años de bonanza económica, algunos promovidos (y costeados) por iniciativa pública (Huesca, Castellón, etc) y otros en teoría promovidos por la iniciativa privada, aunque estando cajas de ahorro intervenidas de por medio ya no está tan clara esa delimitación (caso del aeropuerto de Ciudad Real con la Caja de Castilla- La Mancha).

La cantidad de dinero que se ha malgastado en la construcción de estos aeropuertos es enorme y no se va a recuperar. Llegados a este punto lo que sí conviene analizar es si merece la pena mantener todos los aeropuertos que existen actualmente. Por tanto, este post lo vamos a centrar en el análisis de la gestión de la red aeroportuaria de titularidad estatal y las ayudas públicas que desde Comunidades Autónomas y Entes Locales se están dando para mantener la actividad de algunos aeropuertos.

La gestión aeroportuaria en nuestro país está inmersa en un periodo de transformación. Se ha creado la sociedad AENA Aeropuerto sS.A., de acuerdo con el Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, con la posible entrada de capital privado en su accionariado (de hecho tras la fallida salida a bolsa del 49% de la sociedad, es una “asignatura pendiente” que tendrá que lidiar el nuevo gobierno). Tras la aprobación de la Ley 9/2010 de 14 de abril, se separan las funciones relativas a la gestión aeroportuaria (aquí estarían los aeropuertos) y la navegación aérea (aquí estarían por ejemplo los controladores), de forma que a partir de ahora la primera está operada por la sociedad mercantil estatal AENA Aeropuertos S.A. mientras la segunda la mantiene el ente público AENA. Asimismo la Ley 9/2010 introduce la posibilidad de realizar una gestión individualizada de los aeropuertos bien a través de sociedades filiales dela propia AENAo bien a través de concesionarios privados.

¿Todos estos cambios se han llevado a cabo por las dudas sobre la sostenibilidad económica del modelo de gestión aeroportuaria? En la página web del ente público AENA nos aseguran que su modelo económico es sostenible y que además no cuesta un euro al contribuyente español, ya que se financia mediante los ingresos obtenidos con las tarifas de los diferentes servicios prestados a sus usuarios y con la financiación externa obtenida en los mercados de capitales (vamos mediante deuda). De hecho, en 2010 los aeropuertos de AENA tienen acumulada una deuda superior a 12.415 millones de euros, debido en buena parte a unas inversiones difíciles de rentabilizar. Esa deuda pesa ahora como una losa en las cuentas del ente público.

Si echamos un vistazo a los resultados (ingresos menos gastos) de explotación por aeropuertos del año 2010 (ver cuenta de resultados AENA 2010), solo 10 tienen un resultado de explotación positivo. ¿Creen que Barajas y el Prat están en esta reducida lista? Pues lamentablemente no. Claro ejemplo de mala gestión y de unas inversiones elevadas que se han llevado a cabo y que no se consiguen rentabilizar. Por este motivo, desde AENA trabajan en licitar la concesión de estos dos aeropuertos para que un “gestor” pueda hacer un trabajo eficaz. En cualquier caso, los aeropuertos “afortunados” de pertenecer en 2010 al selecto club de tener unos ingresos superiores a los gastos de explotación son: Alicante, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Sevilla y Valencia.

En el otro extremo estarían los aeropuertos con resultados de explotación negativos y un número de pasajeros y rutas reducido. En estos casos, hay que abordar seriamente la posibilidad del cierre de algunos aeropuertos porque con el tráfico que tienen resultará muy complicado que sean rentables en el futuro, aunque se introduzcan mejoras en su gestión. Diferentes estudios apuntan a que el umbral para que un aeropuerto sea rentable se sitúa entre el medio millón y el millón de pasajeros al año. En 2010, 22 de los 47 aeropuertos estaban por debajo del millón de pasajeros (en muchos casos muy por debajo).

La siguiente duda que puede surgir es si los aeropuertos que no son rentables reciben de forma directa o indirecta algún tipo de ayuda pública de alguna administración (central, regional o local) para poder seguir operando. Para responder a esta pregunta resulta muy aconsejable la lectura del Tercer Informe sobre Ayudas Públicas publicado en octubre de este año por la Comisión Nacionalde la Competencia (ver informe).

Según la Comisión, en el periodo 2007- 2011 las CCAA y entes locales gastaron más de 247 millones de euros en acuerdos de promoción turística con aerolíneas como Air Nostrum, Ryanair, Vueling… La cifra es una estimación “de mínimos” según el propio regulador ya que el 2011 no está completo y no han podido recabar información del total de ayudas regionales y locales. En cualquier caso, el ranking lo encabeza Castilla y León (> 84 millones), seguida de Aragón (> 34 millones), Galicia (> 22 millones), Cantabria (> 20 millones), Cataluña (>17 millones), Comunidad Valenciana (> 16 millones) y resto de CCAA.

Estos acuerdos de promoción turística suponen, en general, el establecimiento de una relación entre las Administraciones y las aerolíneas que se desarrolla en términos onerosos, de forma que, a cambio de que la aerolínea ceda al ente público los derechos de inserción publicitaria en los espacios de que dispone (revista a bordo, material promocional, etc) para fines de interés turístico, el ente público se compromete a abonar el pago por los servicios recibidos. Estos acuerdos tienen una peculiaridad común: la aerolínea se compromete además a la apertura o mantenimiento de ciertas rutas aéreas con origen o destino en un aeropuerto determinado.

Si lo que se persigue es promocionar un determinado destino turístico: ¿Qué sentido tiene hacerlo en una ruta donde el origen o el destino es precisamente la región o zona que se desea promocionar? Asimismo, ¿qué sentido tiene realizar una acción promocional en rutas con poca afluencia de pasajeros? Si queremos aumentar el impacto y eficacia de nuestra acción promocional sería mejor llevarla a cabo en rutas con origen o destino Barajas o el Prat, porque nos aseguramos que llegamos a más gente y potenciales turistas.

Blanco y en botella. Si en los acuerdos de promoción turística no apareciese la cláusula sobre el mantenimiento de ciertas rutas ¿existirían estos acuerdos?. ¿El precio que están pagando las Administraciones a las aerolíneas sería el mismo?. Esperemos que el regulador después del análisis realizado en su informe pase ahora “a la acción”.

Finalmente destacar que los beneficiarios de estos acuerdos son las aerolíneas si bien los aeropuertos donde se operan las rutas que aparecen en los acuerdos resultan beneficiados de forma indirecta. En este sentido, en la siguiente tabla aparece el TOP 10 de aeropuertos beneficiados indirectamente por estas ayudas públicas en el año 2010, incluyendo dos ratios: el porcentaje que suponen estas ayudas sobre los ingresos operativos de los aeropuertos (es una forma de medir la intensidad de la ayuda) y el importe de la ayuda por pasajero que ha transitado por el aeropuerto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AENA y la CNC

Observamos en que en 2010 el aeropuerto que más dinero público recibió mediante estos acuerdos de promoción turística fue Zaragoza. Sin embargo, si nos fijamos en el porcentaje que supuso la ayuda sobre los ingresos de explotación del aeropuerto, el primer lugar lo ocupa Albacete (es beneficiario indirecto de una ayuda de más de 2 millones cuando sus ingresos de explotación no superan los 200.000 euros). Este aeropuerto tiene igualmente el “privilegio” de ser el que tiene una ayuda por pasajero más elevada (226 euros por cada pasajero).

Con la gravísima crisis que estamos atravesando, cuesta pensar que nos podamos permitir tantos aeropuertos que no son rentables, que reciben dinero público vía acuerdos de promoción turística que como hemos visto son de “dudosa reputación”. No parece que la cohesión social sea una justificación para mantener este despliegue, teniendo en cuenta que muchos de estos aeropuertos tienen otro en sus proximidades y que además del transporte aéreo, tenemos la red de carreteras, la ferroviaria y la marítima.

En definitiva, confiemos en que el próximo gobierno haga un replanteamiento serio de la situación, continúe con el proceso de mejora de la eficacia y eficiencia del modelo de gestión aeroportuaria y evite que AENA Aeropuertos S.A se convierta en Bancarrota S.A.

El Gobierno, ¿en funciones?

A la vista de las muchas denuncias que están llegando a este blog sobre todo tipo de nombramientos, colocaciones, adjudicaciones y modificaciones de contratos, concesión de subvenciones y hasta aprobación de nuevas normas vía Real Decreto en estos últimos y agónicos meses del  Gobierno del Sr. Zapatero, y una vez producida la anunciada debacle del partido del Gobierno el pasado día 20, me parece que es conveniente reflexionar no ya sobre lo que puede y no puede hacer un Gobierno en funciones, sino lo que debe o no debe hacer un Gobierno que cree que va a perder unas elecciones generales.

Porque, efectivamente, en este momento el Gobierno ya está formalmente en funciones, pero durante muchos meses ha habido un Gobierno en vísperas electorales (recuerden que las elecciones se anunciaron en julio, aunque no se convocaron hasta septiembre) que ha producido infinidad de actos y disposiciones que, siendo conformes a la ley desde el punto de vista de su producción y elaboración –por haber convocado unas elecciones y hasta por saber casi con seguridad que va a perderlas un Gobierno no tiene por ello menos  competencias- suscitan serias dudas desde el punto de vista de su objeto, su contenido o, si se quiere, de su “legitimidad”. Aunque siempre hay que manejar con cautela el concepto de legalidad vs legitimidad, o incluso el concepto de “lealtad institucional” creo que con los ejemplos que daremos más adelante el atento lector lo entenderá enseguida. Puede alegarse que esto siempre ha pasado cuando un Gobierno ha estado en una situación similar, pero creo que nunca en la historia de la democracia española un Gobierno “saliente” ha estado en una situación similar, es decir, a punto de perder no una parte del poder sino prácticamente todo el poder político y con una crisis económica que hace que la recolocación de políticos y cargos de confianza sea inviable prácticamente en ningún otro sector.

En cuanto a que es un Gobierno en funciones y lo que puede hacer o no está previsto en el Título IV,  artículo 21 de la Ley 50/1997 de 27 de julio, del Gobierno

En particular nos interesa destacar el párrafo 3º del artículo 21 según el cual “El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.”

Está claro, por tanto, lo que el Gobierno en funciones puede hacer y lo que no puede hacer, más allá de la referencia a “limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos” que es un concepto jurídico indeterminado que requiere una interpretación. Y esta interpretación la ha hecho la jurisprudencia considerando que exceden del despacho ordinario los actos del Gobierno en funciones que impliquen dirección de la política interior o exterior o que condicionen, comprometan o impidan la que deba establecer el nuevo Gobierno. Aunque, evidentemente, sólo caso por caso pueden apreciar los Tribunales de Justicia  qué actos del Gobierno en funciones tienen esa virtualidad, es decir, qué actos exceden de las facultades de un Gobierno en funciones o, dicho de otra forma, qué actos comprometen o impiden la política que debe establecer el nuevo Gobierno.

Pero lo que no se regula, es lógicamente, lo que puede hacer unos días o hasta meses antes un Gobierno que cree que va a perder casi todo su poder político. Aquí, como decía antes, entramos en el resbaladizo tema de la legitimidad, de lo que es razonable o no hacer, de lo que puede considerarse como una deslealtad institucional para con el nuevo Gobierno, cuyas actuaciones o  políticas nuevas puede comprometer, dificultar  o impedir.  Yo simplemente quiero apuntar una reflexión, más política o incluso ética que jurídica: un Gobierno que cree que va a perder las elecciones no debe de hacer nada que prefiere que la opinión pública no conozca. Sencillo ¿no?

Les dejo algunos ejemplos tomados del último Consejo de Ministros previo a las elecciones, el del día 18, para que ustedes juzguen por si mismos. A mí, particularmente, si me llaman la atención estos acuerdos y estos decretos, que como dice el lector que me los ha enviado, probablemente pasen desapercibidos dada la fecha. Lo que, añade él, es seguramente lo que se pretendía.

Ahí van, juzguen ustedes por sí mismos. Ahí va la referencia del Consejo de Ministros, que, de entrada sorprende por su longitud.  Más de 50 Reales Decretos, innumerables acuerdos, asombrosa la productividad de este último Consejo de Ministros.

Destacaremos algunas para mayor comodidad:

Por ejemplo, el Ministerio de Fomento no se corta ni un pelo cuando se trata de beneficios para la tierra natal del sr. Ministro (al parecer tierra también de promisión para cuando acabe su periplo político-judicial).

Se trata de la aprobación mediante Real Decreto de la modificación de la concesión de la  Autopista del Atlántico AP-9 para la ampliación de capacidad de diversos tramos de esta infraestructura. Actualmente, Autopistas del Atlántico Concesionaria Española S.A. (AUDASA) ostenta la concesión para la construcción, conservación y explotación de la Autopista AP-9. El coste total de la ampliación asciende a 350 millones de euros, incluyendo obras, expropiaciones, reposición de servicios y servidumbres.

También se les echa una mano a los colegas en apuros. Traspaso de funciones y servicios en materia de turismo al País Vasco

No hay problemas tampoco de fechas. Así el Consejo de Ministros también ha acordado una modificación de la identificación de medios patrimoniales y personales adscritos a las funciones y servicios traspasados por la Administración del Estado al País Vasco, en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Lo más curioso es que la modificación va a ser efectiva a partir del día 1 de enero de 2012 (como el acuerdo de traspaso de la función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social).

Y ¿por qué no? se actualizan y prorrogan los acuerdos con la ONCE para garantizar la estabilidad de su acción social nada menos que hasta 2021

Lo cierto es que este Gobierno en plena crisis ha venido aprobando una media de diez reglamentos semanales, sin contar los actos administrativos, muchos de los cuales entrañaban directa o indirectamente nuevos gastos y no precisamente relacionados con políticas sociales, y esta dinámica ha aumentado en los últimos meses e incluso semanas.

Y hay mucho más…ya saben los nombramientos, las promociones a dedo, las subidas de sueldo y las colocaciones a los afines con cargo a los contribuyentes españoles. Muchas en empresas y organismos públicos que no salen en el BOE. Y la pregunta del millón ¿Quién controla que el Gobierno en funciones no se salte la ley? Si, ya sabemos, los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativo, que con un poco de suerte tardarán meses, o más bien años, en resolver. ¿No cabría alguna otra opción, por ejemplo algún informe preceptivo de un órgano consultivo como el Consejo de Estado? ¿U obligar a que el partido que va a gobernar tenga que “visar” o estar de acuerdo con la actuación del Gobierno en funciones?  Por dar ideas.

Pero se hace el post demasiado largo. Les seguiremos contando…

 

Artículo de nuestro editor Ignacio Gomá

Nuestro editor, Ignacio Gomá, con motivo del 11º Congreso Notarial Español, que conmemora el 150 aniversario de la ley del Notariado, en el que fue moderador de una mesa, publicó en El Economista un artículo sobre “El notario y la compraventa”, que puede leerse aquí.

La edad para votar

Un aspecto relevante del derecho de sufragio es el relativo a la edad mínima para votar. En algunos Estados es la propia Constitución la que ha establecido esa edad; es lo que sucede en el artículo 38 de la Constitución alemana; el 61 de la de Bélgica, el 57.1 de la de Estonia, el 14.1 de la de Finlandia, el 16.2 de la de Irlanda, el 50 de la de Noruega, el 48.2 de la portuguesa, el 18.3 de la Constitución de la República Checa, y en el artículo 2 del Capítulo III de la de Suecia. En América, por ejemplo, lo hacen el artículo 13 de la Constitución chilena, la Enmienda XXVI de la Constitución de Estados Unidos o el artículo 30 de la Constitución peruana. El artículo 14 de la Constitución brasileña permite el voto a los mayores de 16 años y menores de 18, edad a partir de la que el voto es obligatorio. En otros casos, como sucede en España, es el Legislador electoral el que ha fijado esa edad.
Es también conocido que la exigencia de una edad mínima para el ejercicio del sufragio es coherente con su configuración como instrumento para la participación política de la persona, que requiere la capacidad para autodeterminarse, para intervenir en la formación de las diferentes opciones políticas y para poder pronunciarse sobre ellas, lo que puede hacerse si se cuenta con capacidad suficiente para discernir entre unas y otras propuestas.
En mi opinión, es conveniente que la capacidad plena electoral se sitúe por debajo de los 18 años, como ya ocurre en algunos ordenamientos y como sucede en general con la capacidad para el ejercicio de otros derechos de impronta similar, como los de reunión y manifestación, el derecho de asociación, la libertad de expresión o la elección de los representantes sindicales. Y es que si se garantiza y promueve el ejercicio de estos derechos por los menores de 18 años no parece que existan motivos democráticamente aceptables para excluir al sufragio. No debe olvidarse que la reducción de la edad para la emisión del voto ha sido una constante a lo largo de la historia -en España hasta 1931 la edad electoral eran los 25 años; en 1931 se rebajó a 23 y en 1978 a 18- y sirve para fomentar el desarrollo de la participación política, tanto desde el punto de vista del individuo, como desde la perspectiva de la sociedad política en la que dicho individuo está integrado y a cuya existencia contribuye. En Austria, tras la reforma legal de 1 de julio de 2007, el ejercicio del sufragio en las elecciones legislativas y al Parlamento Europeo se ha situado en los 16 años, edad en la que también lo han establecido varios Cantones suizos y Estados federados alemanes. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución para que los Estados estudien la posibilidad» de rebajar la edad de voto a los 16 años en todo tipo de elecciones (23/6/2011).
En España la nueva edad electoral podría establecerse en 16 o 17 años, pues se puede presumir que, en 2011, a esa edad se tiene capacidad de discernimiento suficiente para participar en un proceso electoral. Conviene recordar que, además de ejercer otros derechos políticos, con 16 años se puede trabajar o contraer matrimonio y se tiene responsabilidad penal.
En nuestro país, esta reducción de la edad electoral no requiere, en mi opinión, una reforma constitucional que modifique el artículo 12, donde se prevé que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Ese precepto establece la presunción de que por encima de esa edad todos los ciudadanos tienen la capacidad intelectiva necesaria, lo que excluye la posibilidad de que el Legislador que desarrolle el derecho fundamental pueda imponer un sufragio capacitario para intervenir en los asuntos públicos; pero por debajo de esa edad no se debe deducir en general una regla restrictiva de la eficacia de los derechos fundamentales, lo que resulta coherente con la consideración de la minoría de edad como un proceso durante el cual la psicología de la persona se va formando y, con ello, su capacidad de autodeterminación. En término legales, hay mayorías de edad inferiores a la general de 18 años en el ámbito penal, matrimonial, laboral o tributario.

Análisis y valoración de la reforma de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar.

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 11 de noviembre, se ha aprobado el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la regulación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (BOE de 17 de noviembre). Se trata del cumplimiento de un mandato realizado por la Disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, a la que ya hicimos referencia en nuestro blog en su momento (ver aqui).

Ambas reformas son consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, para la regulación de la relación laboral especial del empleo en el hogar familiar que reforma la hasta ahora vigente regulación de 1985. Se pretende así, homologar los derechos y deberes de quienes trabajan al servicio del hogar familiar con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la reforma olvida equiparar la posición de las familias empleadoras respecto a la de las empresas que tienen la condición de empleadores en el mundo laboral ordinario. Familias que, por otro lado, fueron absolutamente ignoradas durante el proceso negociador citado.

La nueva regulación mantiene, al menos de manera formal en su Expposición de Motivos, que esta relación laboral descansa en dos aspectos característicos, como son el ámbito donde se presta la actividad (el hogar familiar) y el vínculo personal basado en una especial relación de confianza entre el titular del hogar familiar y las personas empleadas de hogar. Sin embargo, a continuación introduce numerosas modificaciones que comportarán no solo un coste económico añadido para las familias que pretendan realizar o mantener una contratación de este tipo, sino también establecen novedades en la forma de entender el tiempo de trabajo y la disponibilidad de los tiempos de descanso y el disfrute de las vacaciones que abren la puerta a que puedan surgir conflictos laborales en la forma de realizar la prestación que, tal y como están resueltos, desvirtúan la propia finalidad de este tipo de relación laboral. En este post intentaremos analizarlas sucintamente:

En primer lugar, en cuanto a su forma, se exige (art. 5º) que el contrato siempre que su duración sea igual o superior a cuatro semanas, se formalice por escrito, frente a la regulación anterior que permitía el contrato verbal, lo que implicará la necesidad de que, a pesar de la puesta a disposición de la familias de modelos de contrato de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, en muchos casos, las familias tengan en contratar o requerir un asesoramiento jurídico para otorgar este contrato de manera segura. Se exige pues al cabeza de familia una diligencia cualificada más propia de un profesional que de un particular.

Entrando ya en los aspectos económicos de la reforma y obviando la necesidad que se establece de que se abone en metálico, en todo caso, al menos el salario mínimo interprofesional (lo que en la práctica en la mayoría de los casos no tendrá incidencia práctica pues el propio funcionamiento del mercado hace que, normalmente, los salarios del servicio doméstico estén por encima de esos mínimos), la nueva regulación (en su artículo 8º) prevé duplicar el coste anterior de las pagas extraordinarias al señalarse que en vez de dos medias pagas (como hasta ahora), las personas empleadas de hogar tendrán derecho a dos pagas extraordinarias completas. En cualquier caso, esta disposición,respecto a los contratos en vigor, debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en materia de compensación y absorción de salarios en los artículos 26.5 y 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. También se incrementa el coste del despido al establecerse que la indemnización en caso de desistimiento unilateral por parte del empleador pasa de 7 a 12 de días por año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades (art. 11.3).

Pero desde este punto de vista económico, lo más gravoso para las familias empleadores a medio plazo, va a ser la incorporación de este personal al Régimen General de la Seguridad Social. Tal impacto va a tener que el legislador para minimizarlo utiliza la técnica de la graduación, de manera que se aplicará paulatinamente durante un período transitorio de seis años. Así entre 2012 y 2018 se plantea una base de cotización tarifada en 15 tramos según salario percibido pero a partir de 2019 se cotizará por salarios reales y las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.

Así pues, en el año 2012, el tipo de cotización será el 22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del empleado. Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A partir del año 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se establezcan con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.

Existen otras modificaciones no estrictamente económicas pero que afectan a la propia finalidad que en la mayoría de los casos tiene el servicio doméstico y que consiste en permitir que los dos cabezas de familia puedan tener una actividad laboral a tiempo completo sin que quede desatendido el cuidado del hogar familiar y, en su caso, de los hijos. Así, al unificar el régimen de incapacidad temporal con el régimen general es bastante probable que el absentismo en este sector se incremente exponencialmente. Asimismo, el artículo 9.7 establece que este personal pudiera disfrutar sus 30 días natuales de vacaciones, de los cuales 15 días naturales podrá elegirlos el trabajador libremente y con independencia de cuando disfrute sus vacaciones la familia, con ello se permite que este personal pueda forzar la posibilidad de disfrutar más días libres retribuidos, aprovechando que el centro de trabajo pueda permanecer cerrado “por cierre patronal” cuando la familia no esté en casa disfrutando a su vez de las vacaciones familiares. Me atrevo a augurar un incremento de la conflictividad laboral por este motivo.

A la vista de lo anterior, puede afirmarse que la aplicación de esta reforma, una vez que concluya el periodo transitorio descrito va a suponer para las familias, entre unas cosas y otras, un incremento del coste laboral entre el 20 y el 30%, además de comportar una mayor dificultad para los cabezas de familiar a la hora de gestionar la prestación de este servicio dentro del hogar incrementando las posibilidades de que aumente la conflictividad laboral.

A mi juicio, resulta evidente que esta nueva regulación se realiza a espaldas de la realidad social que en estos tiempos subyace tras este tipo de contratos. En la actualidad, el servicio doméstico ya no solo constituye un lujo que es disfrutado por los “ricos”, sino que, en la mayor parte de los casos, se trata de un instrumento al que la mayoría de las familias de clase media recurren para que ambos progenitores puedan salir de casa a realizar actividades laborales o profesionales, ayudándoles a conciliar su vida laboral y familiar. Se trata, por tanto, de un gasto necesario para poder obtener los recursos económicos que la familia necesita para el sostenimiento de las cargas familiares.
Si se equipara el coste laboral del servicio doméstico al del resto de trabajadores, resulta imprescindible realizar también una equiparación fiscal de ese mismo coste, de manera que, al igual que sucede con las empresas con sus costes laborales, se deduzcan de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas las cantidades abonadas por estos conceptos, al menos cuando se trate de contribuyentes que reúnan los requisitos de formar una unidad familiar en la que los dos progenitores sean trabajadores, por cuanta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo y tengan a cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad; o en su caso, formen una unidad familiar monoparental en la que el progenitor sea trabajador a tiempo completo y tenga a su cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad.
En el actual entorno de crisis esta reforma, constituye una dificultad añadida para la incorporación de la mujer al trabajo y comporta un nuevo ataque a las familias de clase media, especialmente a las familias numerosas, con el consecuente impacto en la natalidad.

En cuanto a sus efectos sobre el empleo, es probable esta nueva regulación provoque a corto plazo, una disminución de la contratación directa de estos servicios por parte de las familias siendo, en cierto modo, una invitación a que esta rama de actividad engrose aún más las filas de la economía sumergida y, a medio plazo, favorecerá la aparición de empresas intermediarias, a las que la norma hace una específica mención denominándolas “agencias de colocación debidamente autorizadas”, que se especializarán en prestar a domicilio estos servicios asumiendo directamente la relación laboral con los trabajadores del servicio doméstico gestionándolos de una manera profesional. ¿Redundará todo ello en un beneficio para las personas que trabajen en el servicio doméstico? El tiempo lo dirá. Personalmente, no lo veo.

“Colgar el hierro”, de Javier Gomá

Probablemente el asunto principal de este blog es la defensa del Estado de Derecho y quizá nos ocurra en ocasiones, enfrascados como estamos en debatir cuestiones particulares, que dejemos de percibir la maravilla de la civilización que supone que en un momento muy concreto de la historia, el hombre occidental renuncie voluntariamente a la venganza privada y asuma un procedimiento pacífico para la resolución de los conflictos. El terrorista, así, no solamente es un asesino o cómplice de él, sino que además es una antigualla en el peor sentido de la palabra porque todavía no ha dado ese paso.

Javier Gomá Lanzón, hermano de quien esto les escribe y de otro de los editores, nos recuerda en un muy interesante artículo publicado en El País y titulado “Colgar el hierro” que nos hallamos en presencia de un avance prodigioso, resultado de un doloroso aprendizaje colectivo, y que nos hace elevarnos por encima de nuestras propias pulsiones primitivas. Y que esto ha ocurrido, después de tantos milenios, hace menos de tres siglos.

De vez en cuando hay que dejar los detalles y poner en valor los aspectos fundamentales que tiene nuestra civilización. El artículo lo hace, y puede leerlo aquí.

 

Mariano Rajoy: los momentos nos hacen grandes

Comparado con Zapatero, casi cualquiera podría parecer un hombre de Estado. Rajoy – con las mismas virtudes y defectos que le condujeron a las derrotas electorales de 2004 y 2008- aparece ahora como un estadista serio y solvente ante los ojos de casi toda la prensa y de buena parte de la sociedad española. Y es que, como decía Churchill, no somos grandes, son los momentos los que nos hacen grandes.

Numerosos periodistas y los miembros del PP que criticaron el dedazo de Aznar en 2003, o el talante timorato y la falta de liderazgo de Rajoy tras los fracasos electorales de 2004 y 2008, celebran hoy, alborozados, su altura moral y política.

¿Qué ha cambiado? Nada más que el triunfo. Unos cuantos votos de más convierten a un fracasado en un hombre de Estado. Y su apariencia en más atractiva. Como dice el Demóstenes de Clemenceau, “nunca se dejará de querer, de festejar a la personas cuando se tenga demasiado claramente necesidad de ellas”.

Por contra, “no habrá motivo más que para desahogarse en recriminaciones cuando el viento haya cambiado”. Este es el sino de quienes, tras haber conocido las mieles del poder y del triunfo, han de saborear luego la amargura de la derrota. Rubalcaba, quien hasta hace pocos meses nos parecía un político brillante y sagaz, poco menos que un Fouché, ya no nos cautiva. Ya ni siquiera nos parece que mueva las manos con su antigua habilidad de prestidigitador.

Pero más allá del hecho cierto del triunfo del PP, convendría preguntarse si esa victoria constituye una conquista personal de Rajoy. Afirmar tal cosa sería demasiado decir (ni el “aparato del partido” lo cree de verdad). Lo imperdonable es que, en esta situación, Rajoy hubiera perdido. Afortunadamente no ha sido así, pero esa victoria no puede inducir al espejismo de convertirlo, con palabras grandilocuentes, en un salvador. El tiempo confirmará o desmentirá su altura política. Ahora, casi todo está por hacer.

Decía Heidegger que cuanto más nos acercamos al peligro, tanto más se iluminan los caminos hacia lo que salva. En este sentido debemos agradecer a un incapaz como Zapatero, y a su nefasta política, el haber facilitado la ocasión propicia para que Rajoy haya, por fin, ganado. Ni a Fernando VII se las ponían tan fáciles, dicen los jugadores de billar.

Pena que la situación económica haya tenido que deteriorarse hasta tal punto que Rajoy, sin mojarse demasiado en casi nada, haya podido salir airoso. Si la categoría de un ganador se mide por la altura de sus rivales, muchos votantes del PP hubieran preferido un Nadal/Federer, o un Madrid/Barsa a un Rajoy/Rubalcaba en el contexto de una España desolada por la ruinosa política del PSOE.

La situación del país es tan grave que la victoria del PP ha sido recibida con esperanza. Mas no con entusiasmo. Algunos votantes y dirigentes del PP se interrogan discretamente sobre qué estarán haciendo mal para que, con la que está cayendo, sigan cosechando resultados tan escasos en el País Vasco o en Cataluña,

A Rajoy le toca ser Presidente en un momento histórico. Ha dicho que antepondrá el interés general a cualquier interés particular y que “contará con todos”. Si no se pone de perfil y afronta la situación con la valentía y el coraje que se requiere para enderezar el rumbo, España saldrá beneficiada en su conjunto.

Quiero pensar que, cuando Rajoy dice que “contará con todos”, ello no significa – como ha ocurrido otras veces- que pospondrá las reformas importantes con el pretexto de buscar consensos imposibles con sindicatos y demás partidos. Descafeinar las reformas y, por esa vía, contentar a ciertos intereses particulares es la mejor manera de traicionar el interés general.

Y como los partidos no tienen naturaleza sino historia, bueno será recordar aquí que los anteriores gobiernos del PP han hecho eso algunas veces. Dejaron reformas importantes sin hacer, pese a llevarlas en el programa electoral, unas veces porque al no concitar el consenso de terceros, les faltó el coraje de liderar tales reformas en solitario y hasta el final, aunque tenían mayoría absoluta (por ejemplo, la reforma laboral decretada en 2002 fue posteriormente descafeinada y desnaturalizada transigiendo en 7 de los 8 puntos que exigían los sindicatos tras su huelga general). En otras ocasiones, como en la del mal llamado Pacto de Estado por la Justicia (de los Sres. Michavila/López Aguilar), adulteraron el contenido y finalidad pretendida en su programa electoral en aras de un consenso con el PSOE cuyas consecuencias son hoy tan evidentes como deletéreas.

Me gustaría creer que Rajoy no transigirá sobre las cuestiones de principio ni dejará de hacer las reformas necesarias, ni edulcorará su contenido, posponiendo así los problemas que deben ser resueltos hoy. Un estadista verdadero acomete fríamente las tareas pendientes y las reformas que convienen al interés general sin pensar en el agradecimiento del pueblo o en el desgaste personal que la adopción de las mismas pueda suponerle. Aunque pierda popularidad. Porque, como decía Clemenceau, “cualquier hombre consagrado por entero a una gran causa no esperará nunca de la virtud ajena una recompensa que, por lo mismo que es una remuneración, no podría sino rebajarle ante sí mismo”.