Nos dicen que, con carácter general, el sistema financiero de los países adelantados está en quiebra técnica a causa de unos activos depreciados (inmobiliarios y deuda soberanas) entre los que figuran deudas personales y empresariales por hipotecas fallidas con tendencia creciente (las economías nacionales no despegan y el paro aumenta). Con relación a la parte macroeconómica, los poderes económicos europeos y los gobiernos nacionales  proyectan la recapitalización y/o rescate de entidades financieras.  En el caso de España parece que la situación es más grave a causa de los activos inmobiliarios, la poca fiabilidad de la deuda soberana y la existencia de un grupo residual de cajas de ahorro que no han llegado a integrarse en otras más viables y que para reflotarlas de una u otra forma haría falta varios miles de millones de recursos públicos que, pronto o tarde, tendremos que pagar los ciudadanos.

Todo este “tinglado” tiene sumido a los ahorradores, que no han podido refugiarse en “tierra de nadie”, en la más completa incertidumbre sobre el buen fin de sus ahorros que ceden a las entidades financieras con retribuciones por debajo de la inflación y con la amenaza futura (y presente) de tratarles fiscalmente como ricos. Como puede oírse en el autobús “mientras no haya seguridad no habrá inversión”  o, en términos coloquiales: “hay que utiliza el calcetín”. Con respecto al caso “macroeconómico” (y de gravedad social) de las hipotecas fallidas cabe preguntarse cómo es posible que ante la lluvia de millones que se manejan para los rescates de entidades mal administradas (fundamentalmente por políticos y sindicalistas) no se haya hecho prácticamente nada (salvo los agitadores anti-sistema) para buscar alguna salida a las familias que no pueden hacer frente a las hipotecas de su vivienda, que se quedan en la calle y que, además, siguen endeudadas. Tal vez sería mejor “desguazar” las cajas de ahorros (y también si hay algún banco) vendiéndolas en subasta pública a otros bancos nacionales o extranjeros (dicen que los países emergentes están dispuestos a ayudar a la maltrecha Europa) y emplear los recursos públicos así obtenidos para crear una suerte de Banco Hipotecario (que de hecho ya existió) con el fin de comprar a los bancos las hipotecas fallidas. Un banco que incluso podría “recoger” alguna de las cajas de ahorro, malas; operación que ya se ha hecho otras veces en España.

Para arrancar no hay duda de que el Banco Hipotecario podría colocar cédulas hipotecarias que tuvieran la garantía efectiva del Estado en cuanto al reembolso, a varios años, por ejemplo tres (luego ya se vería su continuidad) y al pago de intereses, a un tipo bajo (mínimo tres por ciento), con exención del IRPF, hasta determinadas cuantías por persona, y sin justificación del origen de estos fondos (lo que ya hizo en su día el ministro M. Boyer). A los hipotecados beneficiarios se les podría transformar la hipoteca en un alquiler para un período largo, revisable, con acceso nuevamente a la propiedad en su día.

Puede argumentarse que este sistema resulta difícil de articular, pero más dificultosa se presenta la salida de la crisis en general. Tendría también la ventaja que inyectaría recursos a la banca (por la compra de hipotecas) con la obligación de dedicar la parte así liberada a la concesión de créditos a los autónomos y pequeñas empresas.

En cuanto a las provisiones del Estado para hacer frente a sus garantías habría que hacer una amplia operación de ahorro de gastos (que tendrá en cualquier caso que abordar el nuevo gobierno) dentro de un presupuesto de “base cero”: venta de televisiones públicas (dejar como mucho una por comunidad autónoma y Estado), limitando también a dos canales de las privadas (cancelando los canales sobrantes al vencimiento de la concesión), eliminar duplicidades, venta de empresas públicas y una importante reducción de todas las subvenciones nominales, especialmente las dedicadas a partidos políticos, sindicatos y ONGs no dedicadas a la asistencia social en España, entidades culturales no de interés nacional, funcionamiento de las Cortes (especial del Senado), etc…

Lo que no cabe duda es que estamos en un momento clave para el futuro de nuestra sociedad y de nuestra economía donde deben fijarse claramente prioridades que no admiten más engaños ni trampas. Si la prioridad es recuperar el crédito, sanear el sistema financiero y no ahogar la economía de las familias (evitando una expulsión masiva de sus casas) hay que tener el coraje de adoptar soluciones imaginativas a la altura de este desafío. Una (no la única) es la que hemos tratado de describir en estas líneas.