La función pública en España es dual, y utiliza dos sistemas: el nombramiento como funcionario, o la contratación, como personal laboral. En el primer caso es prácticamente imposible echar al trabajador, aunque, paradójicamente, no sean necesarios sus servicios, y en el segundo es relativamente sencillo prescindir del empleado, bien individualmente, mediante el despido, o la extinción colectiva, por medio de los expedientes de regulación de empleo.

Sistema este de los ERES (expedientes de regulación de empleo), tan famoso en Andalucía, aunque por otras causas, que van a tener que utilizar muchos de nuestros Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y posiblemente también Comunidades Autónomas, ante la dificultad para pagar las nóminas de su personal, y la imposibilidad de seguir endeudándose, ante las limitaciones legales existentes para el sobre endeudamiento.

¿Tiene sentido esta situación? Según nuestras leyes de la función pública y las varias Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia, sí, puesto que reserva para los funcionarios, en sentido estricto, determinadas responsabilidades que implican el ejercicio de potestades o autoridad pública. Para mayor abundamiento puede verse mi libro “Laboralización Administraciones Públicas” (editorial Trivium, Madrid, 1998), donde explico detalladamente estas cuestiones, bastante trilladas, por otra parte.

Pero el problema de fondo es el siguiente: ¿en una sociedad globalizada, en cambio constante, tiene sentido una función pública totalmente estática, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos?

Se me dirá, y es cierto, que el modelo funcionarial nació como una garantía para la prestación del servicio público con objetividad e imparcialidad, frente a las presiones y los intereses partidistas de los políticos de turno, pero la triste realidad es que son escasos los funcionarios que son capaces de resistirse a toda clase de tropelías, y siempre pagando un alto coste personal, en forma de marginación, cuando no persecución, bien por la vía disciplinaria o mediante la técnica del “mobbing”, que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.

Los cuerpos de intervención, tanto del Estado como de las Corporaciones Locales, son un claro ejemplo de lo que digo. ¿Cómo es posible que los señores funcionarios interventores dieran el visto bueno, y no opusieran reparos, a la cantidad de chanchullos que estamos viendo publicados estos días, tanto en Diputaciones Provinciales como en Ayuntamientos? ¿Y que podemos decir de la contracción de gastos sin consignación presupuestaria, o del incremento a todas luces excesivo, del número de empleados públicos en una buena parte de las administraciones? Obviamente, el interventor correspondiente no ha sido capaz de asumir sus funciones –y responsabilidades-, y ha preferido mirar para otro lado, que actuar como “interruptor” de las ocurrencias del político de turno, con mando en plaza. ¿Y para eso hace falta dotarles del estatuto funcionarial, que teóricamente les defiende y ampara? Claro que luego, por la vía de los complementos retributivos –la zanahoria-, o por la vía disciplinaria –el palo-, se consigue doblegar a los más irascibles, pues todos tenemos nuestros fallos, que aunque sean pequeños, el poder puede convertir en grandes, a su conveniencia.

Esta sumisión de los funcionarios –no todos, por fortuna- a los políticos no ha sido por casualidad. Se ha ido cambiando la legislación para acabar situando a los políticos por encima de los funcionarios, incluso de los antaño prestigiosos Cuerpos Nacionales. Así sucedió, por ejemplo, con los Secretarios de Administración Local, que eran los jefes de personal de la Corporación correspondiente. Pues bien, la Ley de bases del régimen local de 1985 puso por encima de ellos al Alcalde o Presidente de la Diputación Provincial, otorgándoles la jefatura superior del personal, en demérito del Secretario. ¿Cómo se puede advertir de la ilegalidad de acuerdos de tu superior o intervenir sus desmanes? Se puede, pero no se debe hacer, si uno quiere vivir tranquilo y sin problemas. Y ya sabemos que el funcionario, en general, no es persona muy dada a la aventura, sino más bien a la seguridad.

Es numerosa la bibliografía sobre estos temas. Recomiendo dos pequeños grandes libros, “Contrato laboral y función pública”, de doña Silvia del Saz (Marcial Pons, Madrid, 1995), y “El ocaso de la función pública española” de don Iñigo Martínez de Pisón Aparicio (Cívitas, Madrid, 1995). Para este autor “el desmoronamiento de todo orden racional y objetivo en el régimen funcionarial trae consigo la ineficacia de la Administración. Y, en última instancia, esa ineficacia quien la sufre es el ciudadano” (pág. 107). Pero, hablando con claridad, ¿alguien puede sostener en serio que nuestras administraciones públicas son eficaces…?

En fin, termino ya, que no quiero cansar en demasía al amable lector, si es que tengo alguno. Creo sería preferible ir paulatinamente hacía un sistema similar al de Estados Unidos, de total politización de la administración –que en la práctica ya tenemos-, con una progresiva laboralización de los nuevos empleados públicos, aunque lógicamente respetando el carácter funcionarial –a extinguir- de quienes actualmente disfrutan de esa situación de auténtico privilegio, tal y como están los tiempos…

En la práctica ya se está haciendo así, por ejemplo con la inclusión desde el 1 de enero de los nuevos funcionarios en el régimen general de la seguridad social, lo que llevará a la paulatina desaparición del régimen de mutualismo laboral, Muface, Mugeju, etc.

¿Y que pasará cuando haya que reducir la elefantiásica administración que padecemos? Pues que echar a los laborales es bastante sencillo, bien individualmente por la vía disciplinaria o colectivamente por causas objetivas por medio de los expedientes de regulación de empleo, pero poner de patitas en la calle a un funcionario es prácticamente imposible. De ahí la rapidez en funcionarizar al personal laboral que han acometido a toda velocidad muchas administraciones, ante la eminente pérdida del poder. Se trata de “dejar colocados” a los fieles, a salvo de toda inclemencia, que ya sabemos que ganarse la vida en la calle es muy duro…