La puerta trasera del Consejo de Estado

Una de las primeras cosas de las que se preocupó el señor Rodríguez Zapatero al llegar al Gobierno fue la de asegurarse su futuro económico, incrementando lo que le correspondería como ex Presidente del Gobierno con un confortable sillón bien remunerado en el Consejo de Estado. Al efecto se promovió una ley-medida, la Ley Orgánica 3/2004, por la que se modificó el artículo 8.1 de la Ley del Consejo de Estado:

“Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él.

Además de formar parte del Pleno del Consejo de Estado, podrán desempeñar las funciones y cometidos que se prevean en el reglamento orgánico, el cual incluirá las disposiciones pertinentes respecto de su eventual cese, renuncia o suspensión en el ejercicio efectivo del cargo de Consejero nato.

Su estatuto personal y económico será el de los Consejeros permanentes, sin perjuicio del que les corresponda como ex Presidentes del Gobierno”.

El Consejo de Estado, según el artículo 107 de la Constitución Española, es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Es de suponer que para ser miembro del mismo deba tenerse un acreditado historial de servicios relevantes a la Nación.

La incorporación del ex Presidente al Consejo supondría una auténtica burla a los cientos de miles de españoles que lo están pasando económicamente muy mal precisamente por las malas políticas y decisiones adoptadas por el todavía Presidente del Gobierno en funciones. Qué no decir de los funcionarios que, lejos de contar con dos cuantiosos sueldos contra las arcas públicas, ven rebajada su remuneración.

Es costumbre que el Consejo de Estado de la bienvenida a los nuevos miembros de la institución. Me pregunto quién será el tiralevitas que asuma las funciones de padrino y pase el mal trago de tener que redactar una laudatio en la que se de cuenta de los “méritos” del ex Presidente para ocupar el cargo. Por lo general, se suelen silenciar los deméritos, pero en este caso son de mucho peso y de una notoriedad deslumbrante. Tanto que sus actuaciones más relevantes han llevado a la ruina económica y al descrédito internacional de España, y a la vergüenza nacional de tener que realizar una enmienda a la Constitución “ordenada” por las instituciones europeas, para escarnio de todos los españoles.

Creo que debería promoverse cuanto antes una derogación del artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. Mientras tanto, el pundonor debería llevar al Sr. Zapatero a elegir la opción de no incorporarse al Consejo, como servicio a la Patria. Los dos ex presidentes anteriores así lo hicieron, pues parece ser que saben ganarse la vida sin un comportamiento parasitario a costa de las ubres del Estado.

Recordatorio Jornada sobre la situación de la Administración de Justicia en el Colegio Notarial de Madrid

Os queríamos recordar que mañana celebramos en el Colegio Notarial de Madrid la Jornada sobre la situación de la Administración de Justicia. Os dejamos de nuevo el link a la agenda definitiva (aquí). Para los que no puedan acudir, la idea es sacar una serie de posts sobre el tema que nos parece del máximo interés para todos nuestros lectores.

 

 

 

Información bidireccional: cuánto costamos pero también cuánto nos cuestan

La Comunidad de Madrid, siguiendo una práctica que, al parecer, ya estaban realizando otras comunidades, ha empezado a informar a los usuarios de la sanidad pública sobre el coste real de las prestaciones que cada paciente recibe de la seguridad social. Con ello se consigue, nos dicen, mayor información y transparencia y, quizás, que el usuario, sabedor del gasto que origina, sea más prudente a la hora de utilizar esos servicios.

Tal medida ha sido recibida con diversidad de opiniones y no ha faltado quien ha considerado que la información debería ser más completa y, por ejemplo, junto al dato del gasto originado reflejar el importe total de las cantidades con las que el paciente, a lo largo de su vida, ha contribuido a sufragar el coste de esa sanidad que ahora utiliza y que nadie le regala.

En cualquier caso, en mi modesta opinión, la medida, como todas las que pretenden ofrecer mayor información, debe ser bien recibida e, incluso, se podría plantear la conveniencia y oportunidad de extenderla a otros sectores.

Por ejemplo, se me ocurre, quizás podía ser buena idea revertir la dirección de esa información mediante su aplicación a la esfera de los cargos públicos. Se podría considerar la posibilidad de que en la nómina que reciben nuestros representantes electos y altos cargos, por ejemplo de director general para arriba, se incluyese, a título meramente informativo claro, el coste total que el desempeño del cargo por esa persona ha supuesto ese mes al erario público y, para más precisión, se podrían detallar conceptos como:

– Coste de las personas destinadas al servicio directo del alto cargo: asesores, miembros de gabinete, adjuntos, secretarios, escoltas, ordenanzas, conductores, etc.

– Coste del despacho, es decir, adquisición o alquiler, mantenimiento, reparación y limpieza de los metros cuadrados del edificio público correspondiente destinados al uso personal del alto cargo.

– Coste del vehículo oficial, si lo tiene, incluyendo el de compra o alquiler, mantenimiento, limpieza, reparaciones, gasolina, seguros, etc.

– Coste de adquisición y mantenimiento de los sistemas y aparatos informáticos y telefónicos puestos a su disposición así como el de las líneas y servicios contratados para su uso personal.

– Coste de alojamiento y de los desplazamientos en avión, tren o barco del alto cargo en sus viajes de trabajo o de vuelta al hogar.

– Coste de los actos representativos protagonizados por el alto cargo (presentaciones, reuniones, ruedas de prensa, etc.) y manutención (desayunos de trabajo, comidas, cenas, vinos españoles, etc.) del alto cargo y de sus invitados, institucionales por supuesto.

– Otros gastos de representación realizados durante el mes y cualquier otro gasto imputable directamente al alto cargo y necesario para el decoroso ejercicio de su función.

Evidentemente, esa información no debe ser leída con segundas intenciones ni implicar ningún tipo de reproche. De lo que se trata es de que el alto cargo, al igual que el usuario de la sanidad pública, tenga información cumplida de los costes que su actividad genera a todos los españoles para que le sirva de estimulo y aliciente en el ejercicio de su misión y le proporcione todos los datos necesarios a la hora de valorar un posible ahorro en alguna de sus actuaciones.

Y si además esa información se hace pública y puede ser conocida por todos los que pagamos pues mejor que mejor.