Información bidireccional: cuánto costamos pero también cuánto nos cuestan

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La Comunidad de Madrid, siguiendo una práctica que, al parecer, ya estaban realizando otras comunidades, ha empezado a informar a los usuarios de la sanidad pública sobre el coste real de las prestaciones que cada paciente recibe de la seguridad social. Con ello se consigue, nos dicen, mayor información y transparencia y, quizás, que el usuario, sabedor del gasto que origina, sea más prudente a la hora de utilizar esos servicios.

Tal medida ha sido recibida con diversidad de opiniones y no ha faltado quien ha considerado que la información debería ser más completa y, por ejemplo, junto al dato del gasto originado reflejar el importe total de las cantidades con las que el paciente, a lo largo de su vida, ha contribuido a sufragar el coste de esa sanidad que ahora utiliza y que nadie le regala.

En cualquier caso, en mi modesta opinión, la medida, como todas las que pretenden ofrecer mayor información, debe ser bien recibida e, incluso, se podría plantear la conveniencia y oportunidad de extenderla a otros sectores.

Por ejemplo, se me ocurre, quizás podía ser buena idea revertir la dirección de esa información mediante su aplicación a la esfera de los cargos públicos. Se podría considerar la posibilidad de que en la nómina que reciben nuestros representantes electos y altos cargos, por ejemplo de director general para arriba, se incluyese, a título meramente informativo claro, el coste total que el desempeño del cargo por esa persona ha supuesto ese mes al erario público y, para más precisión, se podrían detallar conceptos como:

– Coste de las personas destinadas al servicio directo del alto cargo: asesores, miembros de gabinete, adjuntos, secretarios, escoltas, ordenanzas, conductores, etc.

– Coste del despacho, es decir, adquisición o alquiler, mantenimiento, reparación y limpieza de los metros cuadrados del edificio público correspondiente destinados al uso personal del alto cargo.

– Coste del vehículo oficial, si lo tiene, incluyendo el de compra o alquiler, mantenimiento, limpieza, reparaciones, gasolina, seguros, etc.

– Coste de adquisición y mantenimiento de los sistemas y aparatos informáticos y telefónicos puestos a su disposición así como el de las líneas y servicios contratados para su uso personal.

– Coste de alojamiento y de los desplazamientos en avión, tren o barco del alto cargo en sus viajes de trabajo o de vuelta al hogar.

– Coste de los actos representativos protagonizados por el alto cargo (presentaciones, reuniones, ruedas de prensa, etc.) y manutención (desayunos de trabajo, comidas, cenas, vinos españoles, etc.) del alto cargo y de sus invitados, institucionales por supuesto.

– Otros gastos de representación realizados durante el mes y cualquier otro gasto imputable directamente al alto cargo y necesario para el decoroso ejercicio de su función.

Evidentemente, esa información no debe ser leída con segundas intenciones ni implicar ningún tipo de reproche. De lo que se trata es de que el alto cargo, al igual que el usuario de la sanidad pública, tenga información cumplida de los costes que su actividad genera a todos los españoles para que le sirva de estimulo y aliciente en el ejercicio de su misión y le proporcione todos los datos necesarios a la hora de valorar un posible ahorro en alguna de sus actuaciones.

Y si además esa información se hace pública y puede ser conocida por todos los que pagamos pues mejor que mejor.

 

5 comentarios
  3. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Sería una materia que debiera sin duda incluirse en una futura y parece que por el momento aparcada Ley de Transparencia. Así como el número, identidad y curriculum de cargos de libre designación que tiene cada alto cargo de la administración. Mentir en un curriculum debiera ser, además, causa de cese inmediato de estos cargos.
    De esta manera sabríamos quién y con qué capacidad profesional está asesorando.
     

  4. Jaime de Nicolás
    Jaime de Nicolás Dice:

    Sería una materia que debiera sin duda incluirse en una futura y parece que por el momento aparcada Ley de Transparencia. Así como el número, identidad y curriculum de cargos de libre designación que tiene cada alto cargo de la administración. Mentir en un curriculum debiera ser, además, causa de cese inmediato de estos cargos.
    De esta manera sabríamos quién y con qué capacidad profesional está asesorando.
     

  5. robespierre
    robespierre Dice:

    Por otro lado y con los antecedentes que tienen las CCAA cualquiera se fia de sus cuentas…a ver como las echan. Y como basen el copago en estas cuentas, pues ya ni les cuento (y perdonen el chistecillo).

  6. robespierre
    robespierre Dice:

    Por otro lado y con los antecedentes que tienen las CCAA cualquiera se fia de sus cuentas…a ver como las echan. Y como basen el copago en estas cuentas, pues ya ni les cuento (y perdonen el chistecillo).

  9. Jesús Casas
    Jesús Casas Dice:

    Admitir que a un ciudadano le entreguen una “factura en la sombra” del coste de un servicio público que se paga con los impuestos suyos y de los demás, es una forma más de que los políticos hagan, sin norma jurídica que lo respalde en la mayoría de los casos, otra tergiversación a su favor (como malos administradores de la cosa pública, y creo que no es necesaria prueba de los hechos notorios) del Derecho presupuestario y tributario. En democracia al ciudadano no se le aparta del debate presupuestario, que se guisan los políticos, sino que se le implica en su conocimiento. La democracia parlamentaria, en las Cortes de León y en la Inglaterra de Juan sin Tierra comenzó, mal que nos pese, porque el Tercer Estado, o sea, la clase media, que sufría los diezmos, alcábalas, impuestos y hasta las levas exigió al Rey, al clero y a la nobleza que se contara con ellos para aprobar en qué habían de gastarse sus haciendas y sus vidas. Para “pagar” el Presupuesto trabaja la media de los españoles hasta mayo para el Estado (el “común” o la “comunidad” si lo preferís) y luego ya puede trabajar para su familia. Yo he convertido mis impuestos en tiempo y trabajo hasta julio para el Estado, del que no recibo servicio directo ninguno pues me pago el médico, la escuela y la universidad de mi hijo, la alarma de casa, etc. Si alguna vez tengo que ir a urgencias y me dan una factura o si me da el secretario judicial una nota con lo que costó el pleito, les entrego mi liquidación de IRPF. Si lo que se quiere es evitar el abuso, fórmese a las personas en la integridad desde niños y si el abuso es fraudulento, prúebese y persígase con los instrumentos de la norma. Un compañero laboralista explicó una vez a un cliente que se negaba a cobrar la prestación por desempleo (y no lo ha hecho) que en realidad eran él y su empresa los que la habían pagado. O regúlense las prestaciones de una manera menos manirrota (un alavés no puede ir al hospital en la rioja pero un congoleño no cotizante sí!) y no se llame “copago” el “repago” con una fragmentación horrorosa del sistema tributario y presupuestario, sin transparencia ninguna en la gestión (las sociedades cotizadas publican sus cuentas trimestralmente y sus “hechos relevantes” los comunican a la CNMV en el acto) de lo que les interesa a los capitostes de turno. Y, por cierto, el Tribunal de Cuentas del Reino, la Intervención General del Estado y demás instrumentos de control presupuestario, ¿dónde se meten? A ver si algún día uno de vosotros que sepa nos dice por qué no son en absoluto eficaces no sea que (como ya se dice de los ayuntamientos) acabemos pagando las facturas de las auditoras y nos pasen la “factura en la sombra” del coste de los auditores…

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