Artículo de nuestro editor Ignacio Gomá

Nuestro editor, Ignacio Gomá, con motivo del 11º Congreso Notarial Español, que conmemora el 150 aniversario de la ley del Notariado, en el que fue moderador de una mesa, publicó en El Economista un artículo sobre “El notario y la compraventa”, que puede leerse aquí.

La edad para votar

Un aspecto relevante del derecho de sufragio es el relativo a la edad mínima para votar. En algunos Estados es la propia Constitución la que ha establecido esa edad; es lo que sucede en el artículo 38 de la Constitución alemana; el 61 de la de Bélgica, el 57.1 de la de Estonia, el 14.1 de la de Finlandia, el 16.2 de la de Irlanda, el 50 de la de Noruega, el 48.2 de la portuguesa, el 18.3 de la Constitución de la República Checa, y en el artículo 2 del Capítulo III de la de Suecia. En América, por ejemplo, lo hacen el artículo 13 de la Constitución chilena, la Enmienda XXVI de la Constitución de Estados Unidos o el artículo 30 de la Constitución peruana. El artículo 14 de la Constitución brasileña permite el voto a los mayores de 16 años y menores de 18, edad a partir de la que el voto es obligatorio. En otros casos, como sucede en España, es el Legislador electoral el que ha fijado esa edad.
Es también conocido que la exigencia de una edad mínima para el ejercicio del sufragio es coherente con su configuración como instrumento para la participación política de la persona, que requiere la capacidad para autodeterminarse, para intervenir en la formación de las diferentes opciones políticas y para poder pronunciarse sobre ellas, lo que puede hacerse si se cuenta con capacidad suficiente para discernir entre unas y otras propuestas.
En mi opinión, es conveniente que la capacidad plena electoral se sitúe por debajo de los 18 años, como ya ocurre en algunos ordenamientos y como sucede en general con la capacidad para el ejercicio de otros derechos de impronta similar, como los de reunión y manifestación, el derecho de asociación, la libertad de expresión o la elección de los representantes sindicales. Y es que si se garantiza y promueve el ejercicio de estos derechos por los menores de 18 años no parece que existan motivos democráticamente aceptables para excluir al sufragio. No debe olvidarse que la reducción de la edad para la emisión del voto ha sido una constante a lo largo de la historia -en España hasta 1931 la edad electoral eran los 25 años; en 1931 se rebajó a 23 y en 1978 a 18- y sirve para fomentar el desarrollo de la participación política, tanto desde el punto de vista del individuo, como desde la perspectiva de la sociedad política en la que dicho individuo está integrado y a cuya existencia contribuye. En Austria, tras la reforma legal de 1 de julio de 2007, el ejercicio del sufragio en las elecciones legislativas y al Parlamento Europeo se ha situado en los 16 años, edad en la que también lo han establecido varios Cantones suizos y Estados federados alemanes. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución para que los Estados estudien la posibilidad» de rebajar la edad de voto a los 16 años en todo tipo de elecciones (23/6/2011).
En España la nueva edad electoral podría establecerse en 16 o 17 años, pues se puede presumir que, en 2011, a esa edad se tiene capacidad de discernimiento suficiente para participar en un proceso electoral. Conviene recordar que, además de ejercer otros derechos políticos, con 16 años se puede trabajar o contraer matrimonio y se tiene responsabilidad penal.
En nuestro país, esta reducción de la edad electoral no requiere, en mi opinión, una reforma constitucional que modifique el artículo 12, donde se prevé que los españoles son mayores de edad a los 18 años. Ese precepto establece la presunción de que por encima de esa edad todos los ciudadanos tienen la capacidad intelectiva necesaria, lo que excluye la posibilidad de que el Legislador que desarrolle el derecho fundamental pueda imponer un sufragio capacitario para intervenir en los asuntos públicos; pero por debajo de esa edad no se debe deducir en general una regla restrictiva de la eficacia de los derechos fundamentales, lo que resulta coherente con la consideración de la minoría de edad como un proceso durante el cual la psicología de la persona se va formando y, con ello, su capacidad de autodeterminación. En término legales, hay mayorías de edad inferiores a la general de 18 años en el ámbito penal, matrimonial, laboral o tributario.

Análisis y valoración de la reforma de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar.

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 11 de noviembre, se ha aprobado el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la regulación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (BOE de 17 de noviembre). Se trata del cumplimiento de un mandato realizado por la Disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, a la que ya hicimos referencia en nuestro blog en su momento (ver aqui).

Ambas reformas son consecuencia del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, para la regulación de la relación laboral especial del empleo en el hogar familiar que reforma la hasta ahora vigente regulación de 1985. Se pretende así, homologar los derechos y deberes de quienes trabajan al servicio del hogar familiar con el resto de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la reforma olvida equiparar la posición de las familias empleadoras respecto a la de las empresas que tienen la condición de empleadores en el mundo laboral ordinario. Familias que, por otro lado, fueron absolutamente ignoradas durante el proceso negociador citado.

La nueva regulación mantiene, al menos de manera formal en su Expposición de Motivos, que esta relación laboral descansa en dos aspectos característicos, como son el ámbito donde se presta la actividad (el hogar familiar) y el vínculo personal basado en una especial relación de confianza entre el titular del hogar familiar y las personas empleadas de hogar. Sin embargo, a continuación introduce numerosas modificaciones que comportarán no solo un coste económico añadido para las familias que pretendan realizar o mantener una contratación de este tipo, sino también establecen novedades en la forma de entender el tiempo de trabajo y la disponibilidad de los tiempos de descanso y el disfrute de las vacaciones que abren la puerta a que puedan surgir conflictos laborales en la forma de realizar la prestación que, tal y como están resueltos, desvirtúan la propia finalidad de este tipo de relación laboral. En este post intentaremos analizarlas sucintamente:

En primer lugar, en cuanto a su forma, se exige (art. 5º) que el contrato siempre que su duración sea igual o superior a cuatro semanas, se formalice por escrito, frente a la regulación anterior que permitía el contrato verbal, lo que implicará la necesidad de que, a pesar de la puesta a disposición de la familias de modelos de contrato de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, en muchos casos, las familias tengan en contratar o requerir un asesoramiento jurídico para otorgar este contrato de manera segura. Se exige pues al cabeza de familia una diligencia cualificada más propia de un profesional que de un particular.

Entrando ya en los aspectos económicos de la reforma y obviando la necesidad que se establece de que se abone en metálico, en todo caso, al menos el salario mínimo interprofesional (lo que en la práctica en la mayoría de los casos no tendrá incidencia práctica pues el propio funcionamiento del mercado hace que, normalmente, los salarios del servicio doméstico estén por encima de esos mínimos), la nueva regulación (en su artículo 8º) prevé duplicar el coste anterior de las pagas extraordinarias al señalarse que en vez de dos medias pagas (como hasta ahora), las personas empleadas de hogar tendrán derecho a dos pagas extraordinarias completas. En cualquier caso, esta disposición,respecto a los contratos en vigor, debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en materia de compensación y absorción de salarios en los artículos 26.5 y 27.1 del Estatuto de los Trabajadores. También se incrementa el coste del despido al establecerse que la indemnización en caso de desistimiento unilateral por parte del empleador pasa de 7 a 12 de días por año trabajado, con un máximo de 6 mensualidades (art. 11.3).

Pero desde este punto de vista económico, lo más gravoso para las familias empleadores a medio plazo, va a ser la incorporación de este personal al Régimen General de la Seguridad Social. Tal impacto va a tener que el legislador para minimizarlo utiliza la técnica de la graduación, de manera que se aplicará paulatinamente durante un período transitorio de seis años. Así entre 2012 y 2018 se plantea una base de cotización tarifada en 15 tramos según salario percibido pero a partir de 2019 se cotizará por salarios reales y las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.

Así pues, en el año 2012, el tipo de cotización será el 22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del empleado. Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A partir del año 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se establezcan con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.

Además, para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador.

Existen otras modificaciones no estrictamente económicas pero que afectan a la propia finalidad que en la mayoría de los casos tiene el servicio doméstico y que consiste en permitir que los dos cabezas de familia puedan tener una actividad laboral a tiempo completo sin que quede desatendido el cuidado del hogar familiar y, en su caso, de los hijos. Así, al unificar el régimen de incapacidad temporal con el régimen general es bastante probable que el absentismo en este sector se incremente exponencialmente. Asimismo, el artículo 9.7 establece que este personal pudiera disfrutar sus 30 días natuales de vacaciones, de los cuales 15 días naturales podrá elegirlos el trabajador libremente y con independencia de cuando disfrute sus vacaciones la familia, con ello se permite que este personal pueda forzar la posibilidad de disfrutar más días libres retribuidos, aprovechando que el centro de trabajo pueda permanecer cerrado “por cierre patronal” cuando la familia no esté en casa disfrutando a su vez de las vacaciones familiares. Me atrevo a augurar un incremento de la conflictividad laboral por este motivo.

A la vista de lo anterior, puede afirmarse que la aplicación de esta reforma, una vez que concluya el periodo transitorio descrito va a suponer para las familias, entre unas cosas y otras, un incremento del coste laboral entre el 20 y el 30%, además de comportar una mayor dificultad para los cabezas de familiar a la hora de gestionar la prestación de este servicio dentro del hogar incrementando las posibilidades de que aumente la conflictividad laboral.

A mi juicio, resulta evidente que esta nueva regulación se realiza a espaldas de la realidad social que en estos tiempos subyace tras este tipo de contratos. En la actualidad, el servicio doméstico ya no solo constituye un lujo que es disfrutado por los “ricos”, sino que, en la mayor parte de los casos, se trata de un instrumento al que la mayoría de las familias de clase media recurren para que ambos progenitores puedan salir de casa a realizar actividades laborales o profesionales, ayudándoles a conciliar su vida laboral y familiar. Se trata, por tanto, de un gasto necesario para poder obtener los recursos económicos que la familia necesita para el sostenimiento de las cargas familiares.
Si se equipara el coste laboral del servicio doméstico al del resto de trabajadores, resulta imprescindible realizar también una equiparación fiscal de ese mismo coste, de manera que, al igual que sucede con las empresas con sus costes laborales, se deduzcan de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas las cantidades abonadas por estos conceptos, al menos cuando se trate de contribuyentes que reúnan los requisitos de formar una unidad familiar en la que los dos progenitores sean trabajadores, por cuanta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo y tengan a cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad; o en su caso, formen una unidad familiar monoparental en la que el progenitor sea trabajador a tiempo completo y tenga a su cargo dos o más hijos menores o alguna persona en situación de discapacidad.
En el actual entorno de crisis esta reforma, constituye una dificultad añadida para la incorporación de la mujer al trabajo y comporta un nuevo ataque a las familias de clase media, especialmente a las familias numerosas, con el consecuente impacto en la natalidad.

En cuanto a sus efectos sobre el empleo, es probable esta nueva regulación provoque a corto plazo, una disminución de la contratación directa de estos servicios por parte de las familias siendo, en cierto modo, una invitación a que esta rama de actividad engrose aún más las filas de la economía sumergida y, a medio plazo, favorecerá la aparición de empresas intermediarias, a las que la norma hace una específica mención denominándolas “agencias de colocación debidamente autorizadas”, que se especializarán en prestar a domicilio estos servicios asumiendo directamente la relación laboral con los trabajadores del servicio doméstico gestionándolos de una manera profesional. ¿Redundará todo ello en un beneficio para las personas que trabajen en el servicio doméstico? El tiempo lo dirá. Personalmente, no lo veo.

“Colgar el hierro”, de Javier Gomá

Probablemente el asunto principal de este blog es la defensa del Estado de Derecho y quizá nos ocurra en ocasiones, enfrascados como estamos en debatir cuestiones particulares, que dejemos de percibir la maravilla de la civilización que supone que en un momento muy concreto de la historia, el hombre occidental renuncie voluntariamente a la venganza privada y asuma un procedimiento pacífico para la resolución de los conflictos. El terrorista, así, no solamente es un asesino o cómplice de él, sino que además es una antigualla en el peor sentido de la palabra porque todavía no ha dado ese paso.

Javier Gomá Lanzón, hermano de quien esto les escribe y de otro de los editores, nos recuerda en un muy interesante artículo publicado en El País y titulado “Colgar el hierro” que nos hallamos en presencia de un avance prodigioso, resultado de un doloroso aprendizaje colectivo, y que nos hace elevarnos por encima de nuestras propias pulsiones primitivas. Y que esto ha ocurrido, después de tantos milenios, hace menos de tres siglos.

De vez en cuando hay que dejar los detalles y poner en valor los aspectos fundamentales que tiene nuestra civilización. El artículo lo hace, y puede leerlo aquí.

 

Mariano Rajoy: los momentos nos hacen grandes

Comparado con Zapatero, casi cualquiera podría parecer un hombre de Estado. Rajoy – con las mismas virtudes y defectos que le condujeron a las derrotas electorales de 2004 y 2008- aparece ahora como un estadista serio y solvente ante los ojos de casi toda la prensa y de buena parte de la sociedad española. Y es que, como decía Churchill, no somos grandes, son los momentos los que nos hacen grandes.

Numerosos periodistas y los miembros del PP que criticaron el dedazo de Aznar en 2003, o el talante timorato y la falta de liderazgo de Rajoy tras los fracasos electorales de 2004 y 2008, celebran hoy, alborozados, su altura moral y política.

¿Qué ha cambiado? Nada más que el triunfo. Unos cuantos votos de más convierten a un fracasado en un hombre de Estado. Y su apariencia en más atractiva. Como dice el Demóstenes de Clemenceau, “nunca se dejará de querer, de festejar a la personas cuando se tenga demasiado claramente necesidad de ellas”.

Por contra, “no habrá motivo más que para desahogarse en recriminaciones cuando el viento haya cambiado”. Este es el sino de quienes, tras haber conocido las mieles del poder y del triunfo, han de saborear luego la amargura de la derrota. Rubalcaba, quien hasta hace pocos meses nos parecía un político brillante y sagaz, poco menos que un Fouché, ya no nos cautiva. Ya ni siquiera nos parece que mueva las manos con su antigua habilidad de prestidigitador.

Pero más allá del hecho cierto del triunfo del PP, convendría preguntarse si esa victoria constituye una conquista personal de Rajoy. Afirmar tal cosa sería demasiado decir (ni el “aparato del partido” lo cree de verdad). Lo imperdonable es que, en esta situación, Rajoy hubiera perdido. Afortunadamente no ha sido así, pero esa victoria no puede inducir al espejismo de convertirlo, con palabras grandilocuentes, en un salvador. El tiempo confirmará o desmentirá su altura política. Ahora, casi todo está por hacer.

Decía Heidegger que cuanto más nos acercamos al peligro, tanto más se iluminan los caminos hacia lo que salva. En este sentido debemos agradecer a un incapaz como Zapatero, y a su nefasta política, el haber facilitado la ocasión propicia para que Rajoy haya, por fin, ganado. Ni a Fernando VII se las ponían tan fáciles, dicen los jugadores de billar.

Pena que la situación económica haya tenido que deteriorarse hasta tal punto que Rajoy, sin mojarse demasiado en casi nada, haya podido salir airoso. Si la categoría de un ganador se mide por la altura de sus rivales, muchos votantes del PP hubieran preferido un Nadal/Federer, o un Madrid/Barsa a un Rajoy/Rubalcaba en el contexto de una España desolada por la ruinosa política del PSOE.

La situación del país es tan grave que la victoria del PP ha sido recibida con esperanza. Mas no con entusiasmo. Algunos votantes y dirigentes del PP se interrogan discretamente sobre qué estarán haciendo mal para que, con la que está cayendo, sigan cosechando resultados tan escasos en el País Vasco o en Cataluña,

A Rajoy le toca ser Presidente en un momento histórico. Ha dicho que antepondrá el interés general a cualquier interés particular y que “contará con todos”. Si no se pone de perfil y afronta la situación con la valentía y el coraje que se requiere para enderezar el rumbo, España saldrá beneficiada en su conjunto.

Quiero pensar que, cuando Rajoy dice que “contará con todos”, ello no significa – como ha ocurrido otras veces- que pospondrá las reformas importantes con el pretexto de buscar consensos imposibles con sindicatos y demás partidos. Descafeinar las reformas y, por esa vía, contentar a ciertos intereses particulares es la mejor manera de traicionar el interés general.

Y como los partidos no tienen naturaleza sino historia, bueno será recordar aquí que los anteriores gobiernos del PP han hecho eso algunas veces. Dejaron reformas importantes sin hacer, pese a llevarlas en el programa electoral, unas veces porque al no concitar el consenso de terceros, les faltó el coraje de liderar tales reformas en solitario y hasta el final, aunque tenían mayoría absoluta (por ejemplo, la reforma laboral decretada en 2002 fue posteriormente descafeinada y desnaturalizada transigiendo en 7 de los 8 puntos que exigían los sindicatos tras su huelga general). En otras ocasiones, como en la del mal llamado Pacto de Estado por la Justicia (de los Sres. Michavila/López Aguilar), adulteraron el contenido y finalidad pretendida en su programa electoral en aras de un consenso con el PSOE cuyas consecuencias son hoy tan evidentes como deletéreas.

Me gustaría creer que Rajoy no transigirá sobre las cuestiones de principio ni dejará de hacer las reformas necesarias, ni edulcorará su contenido, posponiendo así los problemas que deben ser resueltos hoy. Un estadista verdadero acomete fríamente las tareas pendientes y las reformas que convienen al interés general sin pensar en el agradecimiento del pueblo o en el desgaste personal que la adopción de las mismas pueda suponerle. Aunque pierda popularidad. Porque, como decía Clemenceau, “cualquier hombre consagrado por entero a una gran causa no esperará nunca de la virtud ajena una recompensa que, por lo mismo que es una remuneración, no podría sino rebajarle ante sí mismo”.

Sin tiempo para la euforia

Han ganado. Lo han hecho por mayoría absoluta. Era lo previsible. Las encuestas lo venían señalando desde hace más de un año. Victoria del partido popular contundente. Las elecciones de mayo no sólo situaron al partido popular en el cenit de su apoteosis de poder, sino que además no significaron el castigo decisivo para los socialistas. Este se ha producido ahora. Un resultado desastroso, sin paliativos, debacle socialista, el peor resultado en democracia. Pagan los errores, la ineficiencia de gobierno, la contradicción de discursos y medidas, la falta de reacción y realismo, la pérdida absoluta de confianza y el castigo por las nefastas consecuencias que ha supuesto la crisis a nuestro país, nuestra economía y sociedad. No supieron en abril hacer los cambios. Viejas guardias, cortocircuitos a nuevas generaciones.
Pérez Rubalcaba hizo lo que pudo para un partido que debe renovarse de verdad y no aparentarlo simplemente. Mariano Rajoy lo tenía cada vez más accesible, hasta el punto que en septiembre su discurso se hace ya más serio, más riguroso, consciente de las enormes dificultades a las que tendrá que hacer frente. La estrategia era clara. No bajar al ring mediático en una confrontación dialéctica que podía hacerle perder votos, toda vez que sigue sin dar ruedas de prensa ni admitir preguntas de los periodistas, ni enzarzarse en ninguna disputa con el candidato socialista. Perfil plano, sencillo, sin aristas, sin entrar en nada. Esperando simplemente a que este anodina y alicaída campaña electoral pasase. La misma no ha movido votos. Ojalá hubieran dado una verdadera lección de austeridad todos reduciendo a la mínima expresión la misma.
Cambio y cinco millones de parados, eran el nervio mismo de esta campaña. El viejo dicho de que las elecciones nos la gana la oposición sino que las pierde el gobierno, cambian ahora por el voto de cinco millones de parados. Dos cifras, en marzo de 2008 un 8,5 % de paro y la prima de riesgo en 27 puntos. El viernes pasado, 22 % de paro y más de 500 puntos. Dos realidades tautológicas que mueven el voto, por un lado, el comportamiento férreo, disciplinado, movilizador y rocoso del partido popular, todos acuden a las urnas. Por otro, el desánimo y desazón de quién votaron en 2008 a los socialistas que han optado por dispersar el voto, entre derecha e izquierda, también UpyD y la abstención. Voto fragmentado de la izquierda.
Empieza la hora de la verdad para Rajoy y su partido. Los mercados no esperarán ni darán tregua. Ya descontaban la victoria de los conservadores españoles. La hora de la austeridad, el rigor, la seriedad y las reformas. Ahora será él quien tenga que imprimir su acción de gobierno, gestionar una época de enorme crisis e incertidumbre, adelgazar el gasto, recortar, reformar, enderezar un rumbo cada vez más desorientado y rehén de una intervención que de facto ya se está produciendo toda vez que el Banco central tiene que amortiguar la deriva de la prima de riesgo. No habrá concesión temporal graciosa para aguardar la crítica. No hay tiempo que perder sabedor como es, que en caso de acertar con las medidas, estas no mostrarán sus resultados hasta dentro de muchos meses. Nunca un gobierno lo tendrá tan difícil. Y ahora sí, aun con mayoría absoluta debe buscar consensos, apoyos colectivos para afrontar la tarea hercúlea en lo económico que hay que desarrollar. O mucho nos equivocamos o veremos cómo la calle se moviliza, como se elevará la tensión, crispación en las calles, juego sucio. Lo veremos. Veremos movilizaciones y huelgas que hasta ahora, en lo que ha sido el peor gobierno de la democracia, no las habíamos contemplado.
Los suyos lo han celebrado. Llegan al poder, ya lo tienen, pero hay que gestionar una herencia en déficit, envenenada y entreverada de conflictividad y recortes del estado de bienestar. Con una ciudadanía molesta con sus políticos, con una España donde la corrupción es tolerada y aceptada por todos. Los retos que tiene frente así Mariano Rajoy son tremendos. Europa vigila y espera, tutela y exige. Es la hora de ser líder, de afrontar con realismo y decisión, convicción y audacia, rigor y cintura política los problemas. El fin del zapaterismo deja una España mermada y una auténtica debacle histórica en su partido. La herencia enrevesada de una sorpresa que surgió en 2000.
Sube CiU que se consolida en tercera fuerza política, sube espectacularmente IU que recibe voto socialista, UPyD con más de un millón cien mil votos, que sin embargo se ven subrepresentados si se comparan con votos recibidos y escaños otorgados a los partidos nacionalistas, y una sorpresa que se veía venir en detrimento del PNV y que al saberse los datos de participación en el País Vasco eran ya creíbles, la irrupción fortísima de Amaiur, la izquierda abertzale que arrasa con el voto nacionalista y que resitúa al nacionalismo vasco.

El día después

España ha entrado, con las elecciones de ayer, en una nueva etapa.
Los dirigentes del partido del Gobierno han recogido los frutos de su gestión. Han llevado al país a una situación dramática, y a su partido a los peores resultados de la democracia. Tras tratar de huir de la realidad durante demasiado tiempo, ésta les ha caído encima. Sin perjuicio de ciertos avances sociales que hay que reconocer, han evitado afrontar las reformas estructurales que desde hace demasiado tiempo veníamos necesitando, y que en este blog tantas veces hemos puesto de manifiesto. En ocasiones el Partido Socialista parece haber estado más interesado en crear nuevos problemas que en resolver los existentes. El episodio de las reformas de los Estatutos de Autonomía, encabezado por la aprobación del Estatuto “de máximos” de Cataluña y el posterior culebrón del Tribunal Constitucional puede ser un buen ejemplo.
Es deseable que la actual cúpula directiva del PSOE asuma las consecuencias, y sepa dar paso a otros dirigentes que impriman una nueva dirección a este partido, que sigue siendo necesario como vertebrador de España. Sus primeras declaraciones, sin embargo, no invitan por ahora al optimismo. Así como España necesita una sociedad civil más fuerte, y más consciente de su protagonismo, los militantes también deberían hacer efectiva la teórica democracia interna que debe regir los partidos, y ser capaz de exigir responsabilidad donde debe haberla.
El partido ganador, que ha capitalizando ese anhelo de cambio que ha sacudido a la sociedad española, no podrá disfrutar mucho de su euforia, por la urgente e inmensa tarea que tiene por delante. Debe saber que si no actúa sobre los problemas con suficiente energía, en unos meses su situación no será muy diferente de la que hoy sufren los socialistas. El primer discurso de Rajoy no resulta discordante con ello, sin perjuicio de su falta de concreción. Si, como ha proclamado, tiene intención de poner los intereses generales por delante de los particulares, el acabar con los excesos de la partitocracia, y devolver así el prestigio a la clase política, hoy vista como un auténtico problema nacional, deberá ser uno de sus objetivos. fundamentales
El panorama también tiene importantes tintes sombríos. La victoria en Cataluña y País vasco de fuerzas nacionalistas que no disimulan sus aspiraciones secesionistas confirma los efectos de las políticas de apaciguamento. Será una situación que habrá de afrontarse, sin cometer de nuevo el error de intentar soluciones con fórmulas generales aplicables al el resto de las autonomías, donde los secesionistas no tienen una fuerza significativa.
Otro punto oscuro es el efecto de un sistema electoral que castiga duramente a partidos de ámbito nacional, como UPyD e Izquierda Unida, que necesitan muchos más votos para sacar muchos menos diputados que los partidos de ámbito regional. Si creemos en la igualdad como un valor esencial de la democracia, en unas elecciones nacionales tales distorsiones no deberían ser admisibles. En cualquier caso, lo que resulta particularmente injusto es que, pese a contar con tres veces mas votos que Amaiur, e incluso bastantes más que CiU, UPyD no pueda formar grupo parlamentario propio simplemente porque el reglamento del Congreso exige para ello, además de los cinco diputados, un 5% de los votos a nivel nacional. Creemos que esa norma debería tener las horas contadas.
No cabe dudar de los difíciles tiempos que nos esperan. El país necesita reformas para las que sería deseable un entendimiento básico de los grandes partidos nacionales. A éstos hay que exigirles la altura de miras necesaria para ello, superando anteriores errores. Y en último término, siendo el consenso deseable, las reformas imprescindibles deben hacerse aunque no sea posible alcanzarlo. Pero también la sociedad civil debe verse involucrada en la solución de estos graves problemas. En la medida de nuestras posibilidades, ahí intentaremos estar nosotros por medio de este blog, aportando ideas, críticas y debate.
Los Editores.

¿Un nuevo (viejo) Banco Hipotecario? Buscando otras vías de financiación

Nos dicen que, con carácter general, el sistema financiero de los países adelantados está en quiebra técnica a causa de unos activos depreciados (inmobiliarios y deuda soberanas) entre los que figuran deudas personales y empresariales por hipotecas fallidas con tendencia creciente (las economías nacionales no despegan y el paro aumenta). Con relación a la parte macroeconómica, los poderes económicos europeos y los gobiernos nacionales  proyectan la recapitalización y/o rescate de entidades financieras.  En el caso de España parece que la situación es más grave a causa de los activos inmobiliarios, la poca fiabilidad de la deuda soberana y la existencia de un grupo residual de cajas de ahorro que no han llegado a integrarse en otras más viables y que para reflotarlas de una u otra forma haría falta varios miles de millones de recursos públicos que, pronto o tarde, tendremos que pagar los ciudadanos.

Todo este “tinglado” tiene sumido a los ahorradores, que no han podido refugiarse en “tierra de nadie”, en la más completa incertidumbre sobre el buen fin de sus ahorros que ceden a las entidades financieras con retribuciones por debajo de la inflación y con la amenaza futura (y presente) de tratarles fiscalmente como ricos. Como puede oírse en el autobús “mientras no haya seguridad no habrá inversión”  o, en términos coloquiales: “hay que utiliza el calcetín”. Con respecto al caso “macroeconómico” (y de gravedad social) de las hipotecas fallidas cabe preguntarse cómo es posible que ante la lluvia de millones que se manejan para los rescates de entidades mal administradas (fundamentalmente por políticos y sindicalistas) no se haya hecho prácticamente nada (salvo los agitadores anti-sistema) para buscar alguna salida a las familias que no pueden hacer frente a las hipotecas de su vivienda, que se quedan en la calle y que, además, siguen endeudadas. Tal vez sería mejor “desguazar” las cajas de ahorros (y también si hay algún banco) vendiéndolas en subasta pública a otros bancos nacionales o extranjeros (dicen que los países emergentes están dispuestos a ayudar a la maltrecha Europa) y emplear los recursos públicos así obtenidos para crear una suerte de Banco Hipotecario (que de hecho ya existió) con el fin de comprar a los bancos las hipotecas fallidas. Un banco que incluso podría “recoger” alguna de las cajas de ahorro, malas; operación que ya se ha hecho otras veces en España.

Para arrancar no hay duda de que el Banco Hipotecario podría colocar cédulas hipotecarias que tuvieran la garantía efectiva del Estado en cuanto al reembolso, a varios años, por ejemplo tres (luego ya se vería su continuidad) y al pago de intereses, a un tipo bajo (mínimo tres por ciento), con exención del IRPF, hasta determinadas cuantías por persona, y sin justificación del origen de estos fondos (lo que ya hizo en su día el ministro M. Boyer). A los hipotecados beneficiarios se les podría transformar la hipoteca en un alquiler para un período largo, revisable, con acceso nuevamente a la propiedad en su día.

Puede argumentarse que este sistema resulta difícil de articular, pero más dificultosa se presenta la salida de la crisis en general. Tendría también la ventaja que inyectaría recursos a la banca (por la compra de hipotecas) con la obligación de dedicar la parte así liberada a la concesión de créditos a los autónomos y pequeñas empresas.

En cuanto a las provisiones del Estado para hacer frente a sus garantías habría que hacer una amplia operación de ahorro de gastos (que tendrá en cualquier caso que abordar el nuevo gobierno) dentro de un presupuesto de “base cero”: venta de televisiones públicas (dejar como mucho una por comunidad autónoma y Estado), limitando también a dos canales de las privadas (cancelando los canales sobrantes al vencimiento de la concesión), eliminar duplicidades, venta de empresas públicas y una importante reducción de todas las subvenciones nominales, especialmente las dedicadas a partidos políticos, sindicatos y ONGs no dedicadas a la asistencia social en España, entidades culturales no de interés nacional, funcionamiento de las Cortes (especial del Senado), etc…

Lo que no cabe duda es que estamos en un momento clave para el futuro de nuestra sociedad y de nuestra economía donde deben fijarse claramente prioridades que no admiten más engaños ni trampas. Si la prioridad es recuperar el crédito, sanear el sistema financiero y no ahogar la economía de las familias (evitando una expulsión masiva de sus casas) hay que tener el coraje de adoptar soluciones imaginativas a la altura de este desafío. Una (no la única) es la que hemos tratado de describir en estas líneas.

El día de hoy…pero la vida sigue

Queridos lectores: ayer les recordábamos la importancia del día de hoy porque, a pesar de los defectos que pueda tener nuestra democracia, es lo más valioso que tenemos. Decía Churchill, con notable cinismo, que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio, y que lo que este país necesita son más políticos desempleados; si bien ello lo contrarrestaba con el dicho, bien conocido, de que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Probablemente por ese contraste, reconocía: “A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.

Hoy reiteramos lo dicho de la importancia del día de hoy y les conminamos al voto responsable. En definitiva, este es un momento para decir algo, en el sentido que sea. No seamos como los que constantemente se quejan, dejando traslucir una pretendida superioridad moral, pero no se molestan en hacer nada.

Pero, expresada nuestra opinión política, hay que seguir trabajando. Nosotros queremos dar ejemplo y hemos decidido, a pesar de ser esta una trascendental jornada, publicar un post con nuevas propuestas. La vida sigue.

El día de mañana

Hoy, jornada de reflexión previa a las elecciones generales probablemente más importantes desde las de los años 1977, 1979 y 1982 por la gravísima situación en la que se encuentra España, queremos reflexionar junto con nuestros lectores y hacer un llamamiento a nuestra responsabilidad como ciudadanos. Este blog –próximo ya a cumplir su primer año de vida- nació como respuesta a la preocupación de un grupo de juristas por el alarmante deterioro del Estado de Derecho en España, y por la profunda crisis política que este deterioro reflejaba. El que la mayoría de nuestros posts lleven la etiqueta “Crisis política e institucional” no es, desgraciadamente, una casualidad.

Los editores pensamos que este blog, que tantas veces ha reflejado su preocupación por la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas de nuestros políticos y gestores públicos,  por la inexistencia de mecanismos efectivos de control, por la falta de transparencia de nuestras instituciones, etc, etc, debe hacer también una reflexión sobre nuestra propia responsabilidad como ciudadanos de una democracia.

Porque España es hoy lo que no ha sido durante prácticamente ninguna etapa de su historia, una democracia. Es verdad que es manifiestamente mejorable (al fin y al cabo por eso existe este blog). Es cierto que resulta demasiado cerrada y opaca, que ha degenerado rápidamente en muy pocos años,  que cuenta con pocos canales de participación ciudadana más allá de las votaciones cada cuatro años, que nuestras instituciones son todavía débiles y nuestra sociedad civil incipiente. Pero es una democracia, al fin y al cabo, y eso es algo tan extraordinariamente valioso que, como españoles, no debemos nunca darlo por descontado, no sea que algún día, con todos sus defectos, vayamos a echarla de menos. Y es una democracia porque mañana los ciudadanos de toda España pueden ir a votar libremente, no sólo para ejercer un derecho, sino para asumir la responsabilidad inexcusable que les corresponde como tales. La responsabilidad de elegir a los representantes que van a tener la difícil tarea de sacar adelante a este país con la ayuda de todos nosotros. 

Pero ir a votar es sólo parte de nuestro deber como ciudadanos. Además, hay que ir a votar con la cabeza (no con el corazón ni con las tripas), pensando, más que en nuestro propio interés particular, en el del país en su conjunto. Nos dicen que la gente tiende a votar lo que votaron sus padres. Parece que las estadísticas así lo confirman con descorazonadora persistencia. Pues bien, si ha llegado una elección en la que esta inercia deba rectificarse es, sin duda, ésta. Estamos ante una situación de crisis económica, política e institucional excepcional. Es cierto que los políticos no nos lo han contado, ni antes ni durante la campaña electoral. No nos han hablado de los sacrificios que los españoles- también ellos si quieren tener legitimidad moral además de la democrática que les otorguen las urnas-, vamos a tener que hacer a partir del día de mañana.  Pero probablemente somos muchos ya, y desde luego todos los que hemos escrito y leído este blog,  los que nos hemos ido dando cuenta de la magnitud de los cambios que son necesarios. Las cosas no volverán a ser como antes.

No podemos culpar siempre a los políticos de todo. Es verdad que contamos con facultades de elección limitadas, pero tenemos las suficientes como estar forzados a admitir que lo que pase el día de mañana, y los días que le sigan, será también, fundamentalmente, responsabilidad nuestra.

Los Editores.