La inamovilidad de los funcionarios públicos

Vivimos tiempos difíciles para las organizaciones públicas. La crisis económica global ha golpeado duramente a España por las peculiaridades de su sistema productivo (baja productividad, bajo nivel de formación de su fuerza de trabajo, elevada tasa de paro estructural,  burbuja inmobiliaria, elevado endeudamiento privado) que, junto con otros factores han disparado el déficit público y han obligado, finalmente, a adoptar duras medidas de contención del déficit entre las que están la reducción de las retribuciones de los funcionarios, la congelación de las convocatorias de acceso a la función pública en la Administración General del Estado (lo que supondrá una reducción del número de efectivos), congelación de pensiones, etc. Pero hay quien opina que ello no es suficiente y se plantea desde diferentes ámbitos, básicamente empresariales, además de la reducción del sector público, el cambio de modelo de Administración y de Función Pública en España, incluso que los  funcionarios “tengan una estabilidad en el empleo similar al de la empresa privada” (Isak Andic, presidente del Instituto de Economía Familiar). Esto es, que se pueda despedir libremente a los funcionarios.

La cercanía de las elecciones y el previsible cambio de gobierno aconsejan que este tipo de propuestas no sean pasadas por alto y se discutan, para demostrar que no se trata de formulaciones acertadas para los intereses de España, es decir, de sus ciudadanos, sino todo lo contrario.

El sistema de selección de cuerpos de funcionarios (especialmente superiores) es muy riguroso, exige un notable esfuerzo personal y una decidida vocación de servicio público (las retribuciones son, en general, francamente moderadas) y quién accede a la condición de funcionario dispone de una garantía que es la inamovilidad en el desempeño de su empleo que se pierde solo cuando se cometen las infracciones previstas en el régimen disciplinario o los delitos del Código Penal. Esta inamovilidad en el empleo no es un privilegio personal sino una garantía funcional que el sistema de función pública profesional tiene para que los funcionarios ejerzan sus tareas con imparcialidad y objetividad, es decir, en una posición de neutralidad respecto de quien ejerza la dirección política de la Administración Pública, como consecuencia de los procesos electorales.

La función pública profesional e inamovible supuso en el siglo XX un paso de gigante al superar el viejo sistema del “spoil system” o sistema de despojos que se basaba en el hecho de que el partido político que ganaba las elecciones despedía a los funcionarios que hasta ese momento trabajaban en la Administración y los sustituía por otros afines a sus planteamientos políticos para llevar a cabo su programa político y, obviamente, para pagar antiguos servicios prestados y comprar anticipados servicios futuros. ¿Alguien se imagina a un empleado público, que se sabe temporal, negándose a orientar en el sentido que le sugiera su superior, un informe del que dependen un contrato o una subvención a una empresa, cuando su continuidad en el puesto pueda depender de ello?

La función pública profesional e inamovible garantiza la pericia y la continuidad experta en el desempeño de las complejas actividades públicas propias de las sociedades avanzadas económica, social y democráticamente. La empresa privada puede seleccionar libremente a su personal, discriminar a sus clientes, considerar que no le son rentables y por tanto no contratar con ellos, dar de baja en una póliza de seguros a quien le resulta oneroso, no asistir en un hospital a quién no garantice el pago o no aceptar en el colegio al inmigrante que puede retrasar la clase por la falta de dominio del idioma. Por el contrario, como algunos han apuntado, “la Administración es una fábrica de derechos para los ciudadanos” y el funcionario es quien debe garantizar que estos se aplican sin discriminación alguna, independientemente del turno político. La garantía para los ciudadanos de disponer de una función pública profesional se encuentra recogida en la Constitución Española en su artículo 103 (“servir con objetividad los objetivos generales” e “imparcialidad en el ejercicio de las funciones”). Quebrar ese modelo introduciendo el despido libre es dar un paso atrás en la Historia y abrir el camino para facilitar la tarea de quienes pretenden que la Administración Pública atienda más a la satisfacción de sus intereses personales o de grupo que a los generales.

La existencia de los cuerpos de funcionarios que ejercen funciones de dirección, regulación, control, gestión económica, asesoramiento jurídico e inspección, es la que ha permitido, en importante medida, que en los últimos años, salvo casos muy aislados y limitados, la Administración General del Estado haya podido resistir a la penetración de las poderosas redes de corrupción que han hecho estragos en otras administraciones donde contratados y asesores de diverso tipo han estado ejerciendo funciones públicas que no les correspondían en conexión con los poderes políticos de turno.

La pasada semana el semanario “The Economist”, poco sospechoso de falta de crítica  hacia  el sector público, señalaba que una de las dos razones por las que Grecia había fallado “en poner su casa en orden” ha sido “la incompetencia de los funcionarios de viejo estilo, profundamente politizados. Y con los funcionarios duramente golpeados por la última ronda de recortes, la huelga de celo ha devenido la norma”  Ver aquí.

Habrá quién a la vista de la argumentación anterior opine que esta posición  es previsible en un funcionario que no quiere verse expuesto a la posibilidad de ser despedido. Nada más lejos de la realidad, por razones de calendario no hay intereses personales en la anterior reflexión. Se trata simplemente de la creencia en un modelo que a lo largo de más de treinta años de servicio público me ha permitido ejercer independencia de criterio profesional al servicio de los ciudadanos diciendo “no” con libertad a mis superiores en la organización cuando he considerado que no les acompañaba la razón y que me ha obligado a aceptar idéntico comportamiento de mis colaboradores cuando ellos lo han considerado del mismo modo. En ambas casos, la organización resultó beneficiada, independientemente de la decisión que finalmente se adoptara, porque tanto unos como otros lo que deseábamos era hacer lo mejor para los intereses de los ciudadanos.

Análisis de programas electorales (XI). La energía en el programa del PP

Dentro del Programa electoral que el PP presenta a la sociedad española con motivo de las próximas elecciones generales figura un punto denominado: “Energía de calidad para impulsar la economía” en el que, previo un diagnóstico de la situación actual, se marca unos objetivos a conseguir y finalmente propone un conjunto de medidas que se deberían aplicar para solucionar los graves problemas que aquejan al sector.

En el apartado destinado al diagnóstico se destacan los siguientes puntos como principales obstáculos para la buena gestión energética:

* Excesiva carga burocrática que encarece y entorpece las inversiones.

* Déficit tarifario eléctrico acumulado de  20.000 millones de euros.

* Inseguridad jurídica en el sector.

* Insuficiente calidad regulatoria.

* Excesiva dependencia del exterior.

Personalmente considero que es un diagnóstico certero pues, probablemente, sean los principales problemas, que no los únicos, que hay en el sector, pero es positivo que los posibles nuevos gobernantes sean conscientes de la situación real.

Los objetivos a alcanzar marcados en el programa son:

* Definición de una estrategia nacional en materia energética.

* Aprovechamiento de todas las fuentes de energía.

* Avanzar en el proceso de liberalización del sector.

* Incremento de las conexiones internacionales.

* Explotación de nuestra posición geográfica, puente entre África y Europa.

 Como fácilmente puede deducirse de su lectura se trata de una declaración de buenas intenciones en la que, en principio, todos los sectores afectados estarían de acuerdo ya que pueden considerarse objetivos estratégicos lógicos que de alcanzarse supondrían un avance sustancial en la modernización del país y un ahorro económico importante que se traduciría en una mejora de la competitividad de nuestros productos.

Finalmente, en el programa se exponen las nueve medidas que deben aplicarse para alcanzar estos objetivos y que de forma resumida son las siguientes:

1ª.- Disposición de un mix energético equilibrado que tome en consideración todas las fuentes de energía.

Necesaria pero de ejecución complicada por los numerosos factores a tener en cuenta sobre todo las inversiones a realizar que requieren un plazo mínimo de 10 años antes de comenzar a ser operativas y rentables.

2ª.- Fomento del desarrollo de redes eléctricas inteligentes.

Deseable y factible. También necesitan un plazo de 3-5 años para su plena efectividad.

 3ª.- Reducción de la intensidad del uso del petróleo como fuente de energía primaria en el transporte.

Imprescindible pero de difícil y dilatada ejecución por la necesidad de disponer de nuevas infraestructuras petroleras. Igualmente sería necesario implementar un paquete de incentivos fiscales para los nuevos coches eléctricos.

 4ª.- Armonización a nivel nacional de los requisitos exigidos para las actuaciones en el sector.

Necesaria y factible. Su entrada en vigor podría ser casi inmediata.

 5ª.- Coordinación entre Administraciones y establecimiento de un marco regulatorio que facilite las actividades del sector renovable.

Necesaria y factible. Debería complementarse con una Ley de Energías Renovables que garantizase un marco regulatorio estable.

 6ª.- Gestión de los permisos de los emplazamientos nucleares conforme a los criterios del Consejo de Energía Nuclear y de la Comisión Europea.

Necesaria pero de ejecución políticamente complicada. Su redacción es confusa y no permite deducir el fin que realmente persigue.

 7ª.- Liberalización de los mercados.

Necesaria pero de difícil implantación, pues su entrada en vigor plantea dudas en cuanto a la protección del consumidor y a la reducción del déficit tarifario.

 8ª.- Defensa del mercado único europeo, incrementando las interconexiones eléctricas y gasistas transfronterizas, en especial a través de Francia.

Necesaria pero de ejecución laboriosa con un plazo no inferior a 3 años. Hay que hacer notar que en actualidad existen interconexiones gasistas transfronterizas muy limitadas.

 9ª.- Prioridad de los temas energéticos en los planes nacionales de I+D+i.

Deseable y factible.

Me he permitido calificar las medidas propuestas como: deseables, necesarias e imprescindibles en base a la urgencia de su aplicación. Al mismo tiempo, se plantea la facilidad o no de su aplicación, distinguiendo entre las que considero factibles, al no existir obstáculos importantes para su implantación, y aquellas otras en las que por circunstancias diversas presentan serios problemas para su puesta en práctica. En algunos casos se indica también un plazo mínimo para su entrada en vigor.

Analizadas estas medidas, no hay nada que objetar pues todas ellas van orientadas en la buena dirección, en especial, las tendentes al establecimiento de un marco regulatorio único y no como sucede la actualidad en la que coexisten 17 con requisitos diferentes. Esta medida que considero factible mejorará sin duda la gestión energética por parte de las compañías.

Probablemente, al tratarse de un programa electoral, por prudencia política o por falta de espacio, no pueda concretarse con más detalle este conjunto de medidas pero, en mi opinión, existen tres lagunas importantes que rebajan el nivel de credibilidad del programa. En primer lugar, no se hace mención alguna a un punto tan importante como es la aprobación de un Plan Energético Nacional que como ya expuse en el post publicado el pasado día 23 de octubre considero imprescindible para conseguir una estabilidad en el sector. Sin esta herramienta de trabajo se estará siempre al criterio del gobierno de turno que, como es habitual en nuestro país, al llegar al poder modifica radicalmente los planteamientos del anterior gobierno y crea una inseguridad jurídica que retrae las inversiones.

En segundo término, tampoco se menciona a la Comisión Nacional de Energía, órgano regulador del sector que debería desempeñar un papel transcendental en el nuevo gobierno de la nación. Su independencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sector. Sospecho que el partido popular, como antes el partido socialista, pretende manejar esta Comisión para sus intereses partidistas. Si fuera así, no se habrá resuelto el problema existente y seguiríamos padeciendo los movimientos especulativos del precio del petróleo.

Se echa también en falta una mención explícita al Programa 20-20-20 propuesto por la Comisión Europea con el horizonte del año 2020.

En resumen, el programa puede considerarse aceptable pero deberá ir acompañado, si alcanzan el gobierno, de un desarrollo más concreto y detallado de las medidas propuestas.

Análisis propuestas electorales (X). La propuesta del PP sobre las Universidades.

Voy a hacer un pequeño análisis de las propuestas del PP respecto a un asunto crucial para el futuro de nuestro país: la Universidad.

Tanto nosotros como nuestros compañeros de Nada es gratis hemos hablado en varias ocasiones de los  problemas más acuciantes de nuestra Universidad y que resumo brevemente:

  • Un mecanismo de gobierno de funcionamiento más que discutible. Para más detalles ver este post.
  • Mecanismos de selección de los mejores no siempre basados en la meritocracia.
  • Una financiación poco ligada a los resultados.
  • Escasa competencia entre nuestras Universidades y poca capacidad de diferenciar las mejores de las peores. Frente a ello nula presencia de nuestras Universidades en los rankings internacionales.
  • Escasa transferencia de los resultados de investigación al tejido empresarial.
  • Modelo de precios de matrícula regresivos, aunque en este punto hay discusiones.

Pues vamos a ver qué dice el PP al respecto.

De entrada, el título del apartado de Universidades parece poco realista, teniendo en cuenta nuestra ausencia de los rankings de excelencia: Universidades de excelencia, toma ya.

El diagnóstico es bastante certero, aunque poco desarrollado: no aparecemos en los rankings, escasa calidad, mecanismos de gobierno y de financiación inadecuados, sistemas de selección de docentes deficientes, y muy escasa transferencia de resultados de investigación a las empresas.

Y los objetivos siguen siendo ambiguos, aunque con algunos detalles interesantes como ligar la financiación a los resultados, rendición de cuentas, gestión y gobierno más profesionalizado, excelencia en la carrera del profesor universitario basada en mérito y capacidad, becas (especialmente ambiguo en este punto) y mejorar la transferencia de los resultados de investigación.

Y por fin llegamos a las medidas que deben concretar todo esto pero lo cierto… es que concretan más bien poco por no decir nada. De hecho el diagnóstico, los objetivos y las medidas se parecen mucho. Es lo mismo redactado de 3 formas distintas.

Da la sensación de que conocen los problemas (algo que la propia Universidad conoce hace tiempo) pero no saben cómo ponerle el cascabel al gato. Fácil no es, pero habrá que echarle un poco de imaginación porque si no, no salimos de ésta.

Tecnócratas versus ¿políticos?

La caída de Papandreu y Berlusconi en Grecia e Italia por la presión de los mercados y su sustitución por  dirigentes “tecnócratas” ha suscitado una rara unanimidad en nuestros medios de difusión nacionales y en nuestra clase política: el nombramiento de políticos tecnócratas debe ser algo completamente excepcional, en la medida en que, por apartar a los ciudadanos de las decisiones fundamentales sobre el destino de sus sociedades, socava el fundamento democrático de nuestros sistemas representativos. La conclusión es que su extensión generalizada en el seno dela UE no es algo en absoluto aconsejable.

Sin embargo, el principal enemigo de los sistemas democráticos no es tanto la tecnocracia como la partitocracia. La tecnocracia es la bendición de los afortunados ante el colapso político que se produce cuando los políticos burócratas anteponen sus intereses particulares (de partido o estrictamente individuales como en el caso de Berlusconi) a los intereses generales.  Ver una amenaza en la tecnocracia es confundir la quimioterapia con el cáncer, el tratamiento de choque con la enfermedad.

Hay que asumir, además, que la enfermedad tampoco es la inestabilidad política; ésta es simplemente uno de los síntomas. Mariano Rajoy, anticipando ya una holgada mayoría absoluta a su favor, se ha anticipado a reivindicar la política frente a la tecnocracia: “Hay quien dice que los mercados han ganado a la política, que están incluso por encima de la soberanía nacional y que llega la época de los tecnócratas. Pero yo os digo que lo que llega es la época de los buenos gobernantes elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, el que los ciudadanos elijan buenos políticos no depende tanto del apoyo que obtengan como de las limitaciones del sistema político en que se viva: de su ley electoral, de la salud institucional del país, de la independencia de sus medios de comunicación, de la transparencia, de la “accountability” de los representantes y gestores. Y, desde este punto de vista, en España tenemos un sistema político e institucional que dificulta elegir buenos políticos. El PP puede conseguir una mayoría absoluta histórica, pero si no afronta la profunda crisis política e institucional española derivada de que los partidos sigan considerándose a ellos mismos como su principal prioridad, los mercados exigirán el mal menor: el tratamiento de choque de la tecnocracia, por mucha mayoría absoluta que uno tenga.

El argumento decisivo de la política frente a la tecnocracia es el de la participación ciudadana en las decisiones. Si una democracia se integra por hombres libres y responsables, los técnicos están llamados exclusivamente a desarrollar las políticas decididas por aquellos al respaldar una u otra opción política. Por eso, toda tecnocracia presume una minoría de edad en el electorado preocupante y amenazadora.

Sin duda es así, pero también puede ocurrir que los partidos dominantes hurten a la ciudadanía las cuestiones clave sobre las que éstas deben, a la postre, decidir. Toda partitocracia genera ineficiencias de tipo clientelar que a ningún protagonista le interesa airear. Y si bien en épocas de bonanza esas omisiones no generan consecuencias a corto plazo, en un momento de profunda crisis económica como la que atravesamos pueden tener una importancia decisiva. El coste desorbitado y las duplicidades de nuestro sistema territorial, la pérdida de autonomía de las instituciones clave del Estado de Derecho -como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial- las turbias conexiones entre sistema financiero y partidos explicitados en el culebrón de las Cajas de Ahorro, son ejemplos de asuntos sobre los que no se debate y, en consecuencia, sobre los que no interesa un pronunciamiento político de los ciudadanos. Llegados a ese extremo de silencio y de ocultar la evidencia, es normal que los mercados elijan, al menos, la opción más eficiente.

Por eso, si la tecnocracia prescinde de la política, la partitocracia no le va a la zaga. La solución no es, por tanto criticar el tratamiento, sino la enfermedad, lo que pasa por reconocer necesariamente que nosotros, los electores, tenemos también nuestra parte de responsabilidad. Sería terrible asumir sin protestar que los ciudadanos españoles estamos condenados a ser tratados como menores de edad, por una vía o por otra.

Comparativa de programas electorales (IX): Las propuestas fiscales de UPyD

Continuando con el análisis de los programas fiscales de los principales partidos políticos de cara a las elecciones generales, hoy le toca el turno a Unión Progreso y Democracia, con el que cerramos el capítulo de los partidos nacionales, y cuyo programa electoral puede ser consultado en este link (puntos 68-87).

Como medidas de corte generalista, se propone un plan integral de lucha contra el fraude, un incremento de medios de la AEAT, un refuerzo de las relaciones AEAT-Administraciones autonómicas, una lucha contra paraísos fiscales, un refuerzo del control patrimonial, un incremento de la colaboración del sistema financiero, una priorización de inspecciones de grandes focos de fraude fiscal, … En otras palabras, un amplio abanico de propuestas de lucha contra el fraude muy generalistas que van de suyo, se presuponen.

Vayamos por tanto a las medidas concretas.

UPyD propone una profunda reforma fiscal que modifique el sistema en su conjunto con el objetivo de incrementar la recaudación y simplificar el sistema. Tal loable objetivo sin embargo se concreta meramente en la penalización de las rentas del capital, haciéndolas tributar como rentas del trabajo. Cierto es que dicha propuesta favorece la equidad, pero no es tan claro que favorezca el crecimiento, pues la penalización del ahorro puede frenar la inversión. Esto por el lado económico, pues descendiendo al plano fiscal, cualquier sobrecoste fiscal en IRPF provocará que la inversión se vaya a fórmulas de diferimiento como Instituciones de Inversión Colectiva o bien que vuelvan a florecer las sociedades patrimoniales para que canalicen éstas las inversiones a tipos de PYMES.

Un encarecimiento del coste fiscal del ahorro en IRPF tendrá un efecto nocivo en la inversión y con ello en la economía, y pudiera tener poco impacto recaudatorio pues podrían canalizarse las inversiones a través de sociedades que además de tributar a tipos inferiores a los de IRPF, pueden, en el caso de dividendos, corregir parcialmente o totalmente, según la participación, la doble imposición.

Respecto a la penalización de las SICAV, nos remitimos a los comentarios realizados en el Post de las propuestas electorales del PSOE.

En cuanto a la Reducción y racionalización de los gastos o beneficios fiscales que disminuyen la recaudación tributaria, debemos indicar que muchas de las deducciones y bonificaciones existentes antaño en el Impuesto sobre Sociedades ya han sido derogadas. Debió derogarse otra, la que tiene que ver con nuestra cultura, muy subvencionada y poco rentable para muchos, y muy rentable para pocos.

Salvando esa deducción cultural, los pocos incentivos que quedan en la normativa general del Impuesto tratan de incentivar comportamientos positivos como el I+D+I, programas medioambientales, formación, el empleo de minusválidos o la reinversión de beneficios extraordinarios. Es decir, que en materia de Sociedades, pocos incentivos ineficaces quedan. Tampoco hay muchos en materia de IRPF. Y en cuanto al IVA, la normativa proviene de la UE.

Propone también un tributo que grave las grandes fortunas, como sucesor del Impuesto sobre Patrimonio. Dicha propuesta, como ya dijimos, es una gran apuesta y una medida ciertamente progresista. Siempre y cuando se ciña a lo que pretende gravar, las grandes fortunas, y no contenga los defectos del actual impuesto, cuyas exenciones y limitaciones a la tributación dan mucho margen de actuación a estas grandes fortunas.

Hablando de nuevos tributos, se proponen dos medidas más: la Creación de un nuevo impuesto indirecto que grave el Consumo de bienes y servicios de Lujo  y la  Introducción internacional de un impuesto sobre las operaciones financieras (conocido por “tasa Tobin”).

En cuanto a impuestos especiales sobre bienes de lujo, sí podrían tener un impacto recaudatorio pues las cifras macro demuestran que este sector apenas se ha resentido en la crisis; además es una medida progresiva lo que lo convierte en una seria propuesta a tener muy en cuenta. Respecto a la tasa Tobin, no soy un experto económico, pero me imagino que si lo que grava son operaciones de divisas, será la UE y no España la que tenga que opinar aquí.

Tiene razón Rodrigo Tena en que en materia de Sucesiones y Donaciones las distintas regulaciones autonómicas generan un disparatado desequilibrio. Lo de la corresponsabilidad fiscal sería una buena idea si no fuera por el descontrolado déficit de las Comunidades Autónomas y por mayores facilidades que tienen algunas Comunidades para emitir deuda lo que justifica los desequilibrios. 

En materia de PYMES se proponen dos medidas: el criterio de caja, ya comentado en el post del PP; y la reforma de módulos, limitando su ámbito de aplicación, lo que debe aplaudirse por ser un sector, el de los moduleros, en el que existe una enorme bolsa de fraude.

Y terminamos con la propuesta de reforma del delito fiscal, reformado recientemente pero que aún ofrece margen de actuación. Sin duda la apuesta de lucha contra el fraude pasa por un refuerzo de esta figura, pues al final es la amenaza de penas y sanciones lo que más estimula el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

Cerramos así el capítulo de los programas de partidos nacionales, pidiendo perdón a los lectores por la monotonía del tema; y dando las gracias a Íñigo Ramírez y a Javier Ayllón por sus valiosas aportaciones.

Análisis de las propuestas electorales (VIII) La regulación de los reguladores

Cuando el Estado interviene en la actividad económica de determinados sectores en defensa del interés general, se dice que esos sectores están regulados. En España, como en el resto de Europa, la regulación deriva principalmente de la privatización y liberalización de actividades tradicionalmente consideradas como servicios públicos. Aunque el Estado abandona el papel de empresario y proveedor de esos servicios, no abdica de su obligación de garantizar que los mismos se prestan a los ciudadanos en unas determinadas condiciones establecidas legalmente.

Y así surgen los organismos reguladores, cuya misión es garantizar que los operadores privados prestan esos servicios esenciales en un régimen de competencia y en las condiciones legalmente fijadas. Así, los reguladores actúan como supervisores, impulsan la competencia, fijan obligaciones como el servicio universal, sancionan, autorizan, asesoran e informan.

En España, entre los organismos reguladores se cuentan la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP). Aunque en puridad no sea exactamente un regulador, por su relevancia hay que mencionar también al Banco de España como supervisor del sector bancario. Hay otros más recientes o menos conocidos, como la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, creada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de agosto, y dedicada a regular el sector del transporte aéreo en materia de tarifas aeroportuarias.

Los organismos reguladores están teniendo cierto protagonismo en la campaña electoral, en parte debido a los recientes nombramientos para puestos de responsabilidad de altos cargos del Gobierno socialista, que a modo de cesantías se instalan en los reguladores confiando en permanecer en sus nuevos puestos por los largos periodos que establecen los diferentes estatutos de dichos organismos. Pero también en los programas electorales los reguladores tienen sus instantes de gloria.

Así, mientras que PSOE y UpyD proponen desarrollar el regulador del sector audivisual previsto en la Ley sectorial y que el actual Gobierno no ha tenido tiempo de poner en funcionamiento, el PP plantea ordenar los reguladores para favorecer la competencia y la liberalización, así como la unidad de mercado con criterios comunes para todo el territorio nacional, redefiniendo la organización y funciones de los organismos y reformando la Comisión Nacional de la Competencia con departamentos sectoriales que aglutinen la regulación sectorial.

Parece, por tanto, que el PP propone convertir la CNC en un mega-regulador que absorba a los reguladores sectoriales. Es difícil aventurar qué efecto puede tener tal medida en la regulación, y las eventuales mejoras de eficiencia derivadas de la consolidación de servicios comunes, reducción de consejeros y directivos, etc, serán siempre bienvenidas. Pero ante todo conviene recordar el importante papel de los reguladores, importancia que se deriva directamente de la importancia de los sectores regulados, no solo por su carácter de servicios esenciales, sino por su peso en la economía.

La tabla siguiente representa la composición del índice Ibex35 de la bolsa española el pasado día 11 de noviembre:

Fuente: BME

Se observa como, de la capitalización total de la bolsa española, la mayor parte corresponde a compañías sujetas a regulación. Para valorar el impacto de la regulación en estas empresas basta recordar el efecto que sobre las cotizaciones de los bancos tuvo la decisión del regulador bancario (en este caso europeo) de obligar a las entidades a recapitalizarse.

En definitiva, los sectores sujetos a regulación son esenciales para la economía española, tanto por la naturaleza de los servicios que prestan las empresas que operan en ellos como por el volumen de actividad económica asociada a los mismos. Por ello es esencial contar con una regulación eficaz. Esperemos que el Gobierno que salga de las urnas trabaje en esa dirección, favoreciendo el desarrollo de la competencia y de los servicios en esos sectores, aprovechando su potencial de crecimiento y de creación de riqueza, siendo secundario que los reguladores se agrupen o no en una sola entidad, o se ubiquen en una u otra ciudad.

Anuncio de Jornada sobre Diagnóstico de la Situación de la Administración de Justicia en España y posibles soluciones

Os dejamos el link a una interesante jornada que el Colegio Notarial de Madrid, junto con las empresas KPMG e Iclaves ha organizado para la mañana del día 1 de diciembre en su sede de Juan de Mena 9 con el título “Diagnóstico de la situación de la Administración de Justicia en España y posibles solucones”.
Como saben nuestros lectores, la preocupación por la situación de la Administración de Justicia en España es una constante en este blog. En esta jornada lo que se pretende es la realización de un diagnóstico lo más certero y realista posible y el planteamiento de soluciones prácticas, apoyándose en el Plan de Modernización de la Administración de Justicia que ha sido puesto en marcha estos últimos años y en la introducción de las nuevas tecnologías, que, siendo un requisito necesario, no es sin embargo suficiente para conseguir una Administración de Justicia moderna y eficaz. Y nos jugamos mucho con ello.
Os animamos a todos, editores, colaboradores y lectores a acudir (la asistencia es gratuita) aunque dado que el aforo es limitado es conveniente confirmar la asistencia.

http://www.amiando.com/evento_justicia.html;jsessionid=F6ADB04BEE1F8CF86949F74FACE40E29.web03?page=608146

Comparativa de programas electorales (VII) Las propuestas fiscales de Izquierda Unida

Dedicamos el comentario de hoy al programa fiscal de IU (puede verse en el siguiente link).

Contiene un gran número de propuestas, muchas más que PSOE y PP. Tampoco faltan las propuestas ambiguas o genéricas como era de esperar.

Las propuestas se estructuran con arreglo a varios criterios.

Un primer criterio apela a una reforma fiscal justa que permita situar el empleo por encima de todo y atender al déficit público. Este criterio sistematiza las propuestas por tributos. Veamos.

IRPF: Aquí IU actúa en coherencia con su ideología de izquierdas demandando una mayor progresividad. Proponen que las rentas del ahorro se integren en la base general, tributando a la escala general, como lo hacen los salarios.  Aquí hago un inciso. Hay que tener cuidado con penalizar el ahorro, pues podría frenar la inversión privada y con ello el empleo, que se supone que es el objetivo que guía a la reforma.

Proseguimos. Se proponen dos tramos nuevos en IRPF, con elevación de tipos para rentas altas (superiores a 60.000 euros). También prometen trasladar las deducciones a nivel de cuota, en lugar de base, que siempre resulta hacendísticamente más progresivo.

También proponen eliminar el denominado régimen de “impatriados” lo que merece un comentario. Se ha criticado mucho este régimen, más por desconocimiento que por rigor técnico. Es un régimen privilegiado para los no residentes que vienen a España a trabajar. Se les otorga un trato favorable, una tributación del 24%, cuando el resto de los mortales tributamos a tipos superiores. Se critica la desigualdad entre unos y otros pero se pierde de vista cuál fue la razón de ser de este incentivo. Se creó para captar “cerebros”, es decir, que grandes directivos extranjeros vinieran a trabajar a España a dirigir nuestras empresas para hacerlas crecer. Lamentablemente este régimen ha quedado limitado a los futbolistas, que es el único sector que capta talento extranjero. Somos una sociedad de pan y circo. Antes de suprimir el incentivo, deberíamos hacer una reflexión de por qué este incentivo no ha funcionado, por qué España no ha sido capaz de captar talento extranjero. Y por lo mismo, si queremos salir de esta crisis, deberíamos pensar en no penalizar a los más cualificados, a los que pueden guiarnos a la senda del crecimiento.

No comparto la propuesta de eliminar las ventajas de los planes de pensiones privados, máxime cuando no son tantas las ventajas (como dije ayer, a veces se torna en una fiscalidad perniciosa para contribuyentes de rentas bajas) y sobre todo cuando las pensiones públicas no están garantizadas en un futuro medio. Tampoco comparto limitar las declaraciones conjuntas pues no sé a qué se refiere ni a qué motivo responde, desde luego nada que ver con el empleo.

Lo de exonerar de la obligación de declarar con independencia del número de pagadores es algo que a primera vista parece justo pero que técnicamente no resulta coherente con el principio de capacidad económica. Pensemos en un contribuyente que cobra 21.000 euros y por tanto no declara. No declara porque vía retenciones se le detrae una cantidad que resultaría muy cercana a la que resultaría de declarar. Sin embargo, otro contribuyente que cobra 10.000 euros de un pagador y 11.000 euros de otro, si no declara, saldría favorecido respecto del primero, porque las retenciones de cada pagador serían muy inferiores a las del primero. Los dos pagadores son un problema, porque la menor retención genera lo que se conoce como ilusión fiscal (creemos cobrar más salario del realmente disponible). Pero lo de exonerar de la declaración no es la mejor solución pues además puede generar una gran bolsa de fraude.

Hay un punto en el que el subconsciente ha jugado una mala pasada al político. Dice el programa que “eliminarán, en su caso, las ventajas fiscales que tienen los y las diputadas”. Y digo yo, habrán querido decir que eliminarán en todo caso, ¿no?

Y para terminar con la parte de IRPF, proponen suprimir las ventajas fiscales de la Iglesia Católica. Aquí la izquierda, en un intento de coherencia, extiende la medida a otras confesiones religiosas. Pero si querían coherencia, debería haber incluido también a las fundaciones, asociaciones y ONGs ¿no? Creo que esto es un guiño al electorado laico más que una medida de estímulo del empleo.

Por lo que respecta a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, se proponen varias medidas, dos concretas y varias ambiguas.

Por un lado se propone aumentar en 5 puntos el tipo de gravamen para las sociedades que den beneficios, en concreto para las que den un beneficio de más de un millón de euros. Y también proponen declarar no deducible el gasto de personal de trabajadores cuyo salario exceda de 90.000 euros. Francamente, creo que ambas medidas, más que estimular el empleo, impiden el crecimiento. Por un lado, se penaliza a las empresas rentables. Y por otro, se penaliza a la mano de obra cualificada. No entiendo nada.

Más ambiguas son las medidas de simplificación de deducciones (ver comentarios al post del PSOE), incentivar la cuota productiva, la cuota de estabilidad laboral, la cuota de jornada… ¿Y si resulta que son las empresas rentables antes penalizadas las que tienen una mayor cuota productiva, estabilidad laboral y cuota de jornada? Algún que otro pensador sufriría un cortocircuito mental.

Reforma del IVA. Ya se ha comentado el criterio de caja en el post del PP. Lo mismo que la necesidad de adecuación a los términos de la Directiva de cualquier medida nacional que quiera establecer un nuevo tipo reducido de IVA a algún producto no incluido en el anexo III.

Por fin un partido se atreve a meter tijera en materia de módulos. Aquí IU, valiente, propone limitar esta medida, que ha sido tradicionalmente uno de los sectores de mayor fraude fiscal. Enhorabuena por la medida.

Proponen también un impuesto de transacciones financieras, restaurar el impuesto sobre el patrimonio (o el futuro de grandes fortunas) y restablecer el impuesto sobre sucesiones. Comentamos el último pues los otros dos ya los hemos comentado en otros post. Respecto del impuesto sobre sucesiones, IU hace una pequeña trampa pues promete lo que no tiene. Sucesiones está cedido a las CCAA, quienes pueden bonificar las cuotas, con lo que mal podrán recuperar este impuesto sin invadir competencias autonómicas.

También se encarece el IBI (más no por favor) para viviendas vacías y se propone un paquete de medidas de fiscalidad verde.

Alguna crítica debemos dedicar a la propuesta de una tasa por pernocta en hoteles. Si lo que urge es estimular la economía, mejor sería no atacar uno de los pocos sectores que sigue dando beneficios en España, el turismo. Un encarecimiento de las pernoctas puede debilitar un sector que hoy funciona bien pero que está amenazado por una fuerte competencia de otros países mediterráneos.

Bien, si recapitulamos el primer bloque tenemos subidas del IRPF del ahorro, para las rentas salariales altas, para planes de pensiones, para impatriados cualificados, subidas fiscales a las sociedades rentables, limitaciones a la deducibilidad del gasto en sociedades por salarios altos, impuestos sobre transacciones financieras, patrimonio, sucesiones, tasas hoteleras… ¿cómo puede esto estar relacionado con el empleo? Casi mejor ser transparentes y reconocer que son subidas de impuestos progresivas y que juzgue el electorado.

En otro bloque, bajo el título de acabar con la economía sumergida y el fraude, se proponen algunas otras medidas fiscales.

Algunas son humo electoralista, muy bonitas en lo ideológico, pero poco concretas. Son las típicas propuestas como un nuevo plan de objetivos, una comisión especial en el Congreso…

Otras más concretas pretenden penalizar a las SICAV (ya comentadas en el post del PSOE).

Hay alguna que particularmente me parece poco seria: la de considerar hurto a efectos del Código Penal al fraude fiscal. Lo mismo que la de limitar la deducibilidad del gasto en IRPF, Sociedades e IVA de las facturas superiores a 1.000 euros pagadas en efectivo o documentos al portador. Qué barbaridad.

El Secretario de Estado y el peón (de Parla)

 

Como se están quejando algunos lectores de que estamos siendo muy técnicos y serios analizando los distintos programas electorales, en temas tales como la fiscalidad, o la independencia del Poder Judicial (total, nos dicen, si no lo van a cumplir para qué tomarse la molestia) aquí va un post más ligerito para  desengrasar y para suscitar también algunas reflexiones que creo que son importantes.

Si se han quedado intrigados por el título del post es porque no han leído esta noticia,  o esta otra, según la cual en el Ayuntamiento de Parla (sí, el del alcalde más votado de España, D. Tomás Gomez himself) un peón gana un sueldo de nada menos que 61.236 euros,  si bien este no es el sueldo oficial sino el “extraoficial” aunque reconozco que este concepto me produce un poco de asombro hablando de sueldos de empleados públicos. Al parecer, el oficial es el que se enseña y el extraoficial el que se cobra, algo así.

Volviendo al título del post, efectivamente hay que decir que lo que tienen en común el Secretario de Estado de Economía, Sr. Campa, un profesional de gran prestigio (vean su cv en la wikipedia ) y el desconocido jardinero de Parla es nada más y nada menos que su sueldo. Sí, como lo leen. Bueno, puede que el sueldo extraoficial del Secretario de Estado del que ha estado dependiendo los últimos meses la credibilidad de nuestra deuda pública sea un poco más alto que los 60.000 euros y pico que recoge el BOE, pero no lo será mucho más.

¿Cómo puede ser esto? se preguntarán los no familiarizados con la disparatada situación de las retribuciones de nuestro sector público. Bueno, de entrada porque, con carácter general, en la Administración del Estado se cobra menos que en las CCAA o en los Ayuntamientos, pese a  que, tanto las funciones que se desempeñan como la profesionalidad que se exige son bastante mayores, por no hablar del rigor en las pruebas de acceso a la función pública.

Esta situación tiene muchas causas, cuyo análisis no es el objeto de este post, aunque daría para una bonita historia. Les dejamos por ahora con la curiosidad y con los conceptos retributivos de los funcionarios públicos recogidos en los arts. 21 y ss. del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril,   siendo Ministro Jordi Sevilla.

Nos basta aquí con quedarnos con la anécdota de que un Secretario de Estado del Gobierno de España (por usar la rimbombante coletilla con el que nos han obsequiado en todo tipo de anuncios institucionales estos últimos años) no es que esté peor pagado que un peón de un Ayuntamiento en términos relativos, es que lo está en términos absolutos.

Sobre lo que esto supone desde todos los puntos de vista, me remito a los posts de nuestros colegas de “Nada es gratis” que pueden encontrar aquí  Pero, por resumir, es fácil concluir que no habrá tiros entre los profesionales de prestigio del perfil del sr. Campa –ni de otros similares-por acceder a puestos de Secretario de Estado de Economía (y menos ahora) salvo por motivos digamos “institucionales” o incluso altruistas que conviene no descartar. En cambio, a mucho político “de partido” sin otra carrera profesional conocida le parecerá un puesto interesante, porque además tiene un cierto “glamour”, se manda mucho (bueno, quizá ahora mandan más el BCE y Merkel, pero bueno) se dispone de mucho funcionario cualificado, se tiene coche oficial, se es invitado a un montón de actos de todo tipo, se codea uno con lo más fino del empresariado nacional e internacional, se es muy adulado, se viaja y se sale mucho en las fotos.

Por el contrario, podemos presumir que habrá tiros entre las personas sin especial cualificación o/y no titulados –sin querer faltar para nada a los profesionales del gremio) para llegar a ser peones de un Ayuntamiento tan generoso con sus empleados como el de Parla. Aunque probablemente para acceder a este tipo de puestos cuenten bastante más los contactos (con el Alcalde o con el partido del Alcalde, o con los familiares del Alcalde) que la formación, o como dicen los anglosajones, cuente bastante más “who you know” y bastante menos  “what you know”-

En ese sentido, y por mera curiosidad intelectual, me gustaría saber cómo se accede a un puesto de peón o jardinero o chófer, o similar, en cualquier otra Administración, dado que, con carácter general, a nuestras Administraciones, incluidas las locales, se debería acceder por un sistema que garantice el mérito y la capacidad.  Al menos eso dice la Constitución. Y eso aunque se sea del Grupo E (el grupo profesional de menor nivel en las Administraciones)

El sistema de acceso a la función pública son  tradicionalmente las oposiciones, muy contestadas ellas, pero que en un país como el nuestro tienden a garantizar de forma más adecuada que lo que es relevante para acceder a la función pública es el “what you know” por encima del  “who you know” . Aunque solo sea porque los Tribunales de oposiciones –por lo menos los serios- tienen un número alto y relativamente heterógeneo de componentes y no es fácil conocerlos a todos y menos que te “enchufen. También suele haber una importante competencia y un temario que aprenderse, además de ciertos requisitos de titulación. Conclusión, el sistema de selección vía oposición de los funcionarios públicos es, al menos por ahora, el sistema menos malo posible y a las pruebas me remito.

Pues nada, recientemente mi curiosidad ha sido satisfecha. Porque ahora resulta que algunos Ayuntamientos pioneros, espoleada su imaginación por las inminencia de la posible pérdida de las elecciones, han descubierto últimamente las oposiciones “express” u “oposiciones milagrosas” que transforman empleados laborales en funcionarios en 48 horas. Vean el ejemplo del Ayuntamiento de Alcorcón  paf!! Por arte de magia de la varita del ex alcalde Cascallana 620 nuevos funcionarios, entre ellos  unos cuantos peones de parques y jardines, figura por lo que se privilegiada en el ámbito municipal.

Y después del escándalo, la pregunta del millón ¿para que necesitamos este tipo funcionario-peón? Mi propuesta: paguen 120.000 euros (o lo que haga falta) al Secretario de Estado de Economía y 0 al peón funcionario del Ayuntamiento de Parla. Que arreglen los jardines o arreglen los desperfectos o limpien las calles con una subcontrata. Que seguro que lo hacen mejor que los parientes del Alcalde y bastante más barato.

Por supuesto, ni rastro de estos temas en los programas electorales, veáse cuadro del post anterior.

Comparativa de los programas electorales (VI): La Administración Pública

(Con Alberto Gil).
Hace algunas semanas que, al hilo de otro post publicado en el blog, los autores de éste consideramos que sería conveniente tomarse el trabajo de analizar los programas electorales de las formaciones más relevantes que concurren a los comicios del próximo 20 de noviembre y recoger las propuestas que dichos partidos y coaliciones formulan a los ciudadanos para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública a fin de que ésta dé mejor satisfacción a las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Para la elaboración del cuadro que recoge las distintas propuestas de los programas electorales hemos seleccionado a las formaciones políticas de acuerdo con los siguientes criterios:

• Implantación estatal en porcentaje de voto
• Grupo parlamentario propio
• Representación parlamentaria en la IX legislatura.

Nos hemos centrado en las propuestas que se refieren a la Administración General del Estado, dejando de lado los aspectos relativos a Sanidad, Justicia, Educación o Comunidades Autónomas, por ejemplo, ya que los propios partidos o agrupaciones así lo han hecho. Asimismo, nos hemos concentrado en recoger las propuestas concretas que figuran como tales sin reflejar lo que serían valoraciones o partes del diagnóstico de la situación. Las propuestas se han extraído de los programas electorales, prácticamente en su totalidad de los epígrafes o capítulos dedicados a la Administración. En este sentido es relevante señalar el lugar que estas propuestas ocupan en el conjunto de cada programa, así, ordenados por número de escaños obtenidos:

• El PSOE incluye sus propuestas en el capítulo 2 de su programa, titulado “Democracia”. Las propuestas dedicadas a la AGE se agrupan en un epígrafe denominado Una Administración Pública más eficaz
• El PP ha agrupado sus propuestas en el capítulo V de su programa, denominándolo La Administración, motor del cambio
• CiU, dentro del capítulo 5 de su programa, titulado “Calidad democrática”, formula sus propuestas en el epígrafe Administración Pública
• El PNV ha incluido todas sus propuestas en el capítulo 9 de su programa Una Administración más eficaz
• La coalición IU presenta sus propuestas dentro de un capítulo 4 titulado Propuestas para acabar con la corrupción y asegurar el comportamiento ético de los cargos políticos
• Por último, UPyD ha incluido la mayoría de sus propuestas en el capítulo 8 de su programa titulado “Transparencia y lucha contra la corrupción” dentro de sendos epígrafes titulados “Transparencia y lucha contra la corrupción. Derecho a la información” y “Administraciones públicas”

Hemos procurado, al recoger las distintas propuestas, respetar la terminología utilizada por los propios partidos y coaliciones. Aun así, en algunos casos, por la amplitud de las formulaciones, ha resultado inevitable comprimir algunos textos lo que se ha hecho siempre procurando utilizar terminología semejante, en el bien entendido de que quien desee conocer de primera mano las propuestas en su formulación genuina puede acudir a los programas mediante los enlaces que proporcionamos más arriba. Y aunque se dé por sobreentendido, queremos señalar expresamente que cualquier omisión que se pueda detectar ha sido absolutamente involuntaria por nuestra parte.

Ver Cuadro

Como hemos señalado, este resumen no pretende sustituir a la lectura completa de los diversos programas electorales, acción de obligado cumplimiento para cualquier votante responsable. Otra cosa es que más de una vez hayamos asistido a la clara divergencia entre lo que se promete y lo que se hace, que al final es lo importante. En todo caso, como funcionarios en activo, los autores de este post hemos preferido no entrar a valorar cuáles propuestas nos parecen mejor que otras, limitándonos a facilitar esa tarea, mediante la exposición de las principales propuestas, a los lectores cualificados de este blog. Eso sí, entendemos que un partido político, esté llamado o no a gobernar, que no se tome en serio la Administración pública y la exigente labor de dirigirla, estará dando claras muestras de que tampoco se toma en serio el resto de sus propias propuestas, pues sin un aparato público eficaz, profesional, moderno, honesto y eficiente  no hay estrategia política ni políticas públicas que nos saquen de la crisis.