Coherencia, consecuencia, frío

El Confidencial me publicó ayer este artículo que os reproduzco a continuación.

En bandeja de plata y bien envuelto, como se han de hacer los regalos envenenados, se le entrega al nuevo gobierno de gaviotas azules capitaneado por el enigmático Mariano Rajoy la labor de aprobar, o enterrar para siempre, el reglamento encargado de desarrollar la disposición adicional cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible, mejor conocida con el erróneo término Ley Sinde, en honor a la ministra saliente que se ha erigido en diseñadora y defensora ya casi única de su contenido y ratio essendi.

¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema de las descargas en Internet? ¿Traerán la lección aprendida? ¿Encontrarán la solución? Quizá, como dijo el adorable Ángel González, tengamos que seguir con más de lo mismo, a pesar de que el día se haya ido. “Sí; / definitivamente el día se ha ido. / Mucho no se llevó (no trajo nada); / sólo un poco de tiempo entre los dientes, / un menguado rebaño de luces fatigadas. / Tampoco lo lloréis. Puntual e inquieto, / sin duda alguna, volverá mañana. / Ahuyentará a ese gato negro. / Ladrará hasta sacarme de la cama. / Pero no será igual. / Será otro día. / Será otro perro de la misma raza.” Recordemos que la Ley Sinde fue aprobada en su momento con los votos favorables, también, de la bancada popular. Otro perro, la misma raza.

Todo esto porque, tras más de dos años de enredos legislativos, el pasado viernes el Consejo de Ministros del gobierno en funciones dejó pasar la oportunidad de aprobar el mencionado reglamento, que culminaría un proyecto legislativo de los más impopulares que se recuerdan y que ya ha sido debidamente analizado por quien aquí firma y en este mismo foro.

Un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a sacar a relucir las principales carencias del texto legal, al recordar que, de acuerdo con la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor, el establecimiento de enlaces a contenidos protegidos no constituye en sí mismo una infracción de propiedad intelectual.

Este es, en efecto, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Ley Sinde, al establecer un sistema pensado fundamentalmente para decretar en vía administrativa el cierre de las denominadas páginas de enlaces. Se trata, como es sabido, de páginas que proporcionan enlaces a archivos que contienen obras protegidas que no están alojados en el sitio web de enlaces, sino en otros lugares de la red, en servidores como MegaUpload, o en ordenadores de usuarios particulares conectados a redes P2P.

Las audiencias provinciales han venido señalando reiteradamente que la conducta consistente en ofrecer enlaces, sin alojar los contenidos, no constituye un acto de infracción y por consiguiente no pueden ejercitarse contra tales páginas las acciones de violación de derechos previstas en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ni tampoco, por el mismo motivo, la acción penal de art. 270 CP.

La Ley Sinde, lejos de modificar la LPI para tipificar como infracción la provisión de enlaces, o para establecer una categoría de contribución a la infracción, se limitó a referirse a las conductas vulneradoras de la propiedad intelectual. Sin embargo, entre tales conductas no pueden incluirse los meros enlaces, conforme a la interpretación prácticamente unánime de la jurisprudencia.

Pues bien, el proyecto de Reglamento intenta corregir lo que en realidad sólo podía hacer la Ley. Naturalmente, no puede hacerlo de modo directo, puesto que la infracción del principio de jerarquía normativa resultaría demasiado evidente. Opta en cambio por una redacción compleja en la que, sin decir que crea un nuevo supuesto de infracción, cosa que no podría hacer un Reglamento, trata de dar a entender que los enlaces constituyen un caso de vulneración de la propiedad intelectual. Los esfuerzos de redacción resultan enormes y el resultado ciertamente confuso.

Sin embargo, y más allá de indultar a algún amigo banquero, perdió el Gobierno la oportunidad de ser al menos coherente con lo que desde hace más de dos años lleva promulgando, y dejar así aprobada una ley polémica y discutible, pero de la que nos han hecho creer que al menos ellos se la creían. Más desalentador aún que ser un legislador mediocre resulta ser alguien que no cree ni en sí mismo.

Se extralimite o no el reglamento, con el consiguiente peligro de vulneración del principio de jerarquía normativa, lo que es evidente es que el gobierno en funciones se ha borrado para no recibir un último estacazo de la opinión pública antes de abandonar la Moncloa. La patata queda servida e hirviendo, con papelón incluído para González Pons y los thought leaders del Partido Popular, que desde las poltronas de la oposición parecían saberlo todo. Veremos.

P.S. 1: Me contaba ayer una buena amiga al sol de Madrid que no le gustó eso de Javier Bardem descamisado y con cara de malas pulgas recibiendo un premio de manos de la Reina. Si no le gusta, me dice, que no vaya a recogerlo. Yo le advierto de la importancia de ser republicano. Y ella a mí de lo vital de ser en esta vida, sobre todo, coherente y consecuente. Y yo ya tengo artículo.

P.S. 2: Volviendo a Ángel González y a lo que nos espera, “Nadie recuerda un invierno tan frío como este”.

Jornada sobre la situación de la Justicia (III). Intervención de Pablo Salvador Coderch

La primera mesa redonda de la jornada versó sobre el impacto económico y social de la Administración de Justicia en España. En su introducción al tema, Rodrigo Tena explicó como la seguridad jurídica es un presupuesto básico para la existencia del mercado y uno de los factores determinantes en esa seguridad es la existencia de un buen sistema judicial. Y un buen sistema judicial, para merecer ese nombre, tiene que ser rápido (porque como se ha dicho tantas veces una justicia lenta no es justicia), tiene que ser previsible (porque la incertidumbre que ocasiona la imprevisibilidad de las decisiones es la negación de la seguridad jurídica), tiene que ser de calidad, en el sentido de ser la recta interpretación de la ley (para no vulnerar los principios democráticos que consagran la separación de poderes y atribuyen las decisiones fundamentales de carácter general al legislador), y tiene que ser mínimamente garantista (so pena de atentar contra la justicia material del caso). Puede que hoy en día convenga preocuparse especialmente por las dos primeras necesidades, claramente maltratadas respecto de la última.

Pablo Salvador Coderch, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Frabra, economista, y coautor del libro “Reformas necesaria para potenciar el crecimiento de la economía española. Impacto en la economía de las deficiencias de la Administración de Justicia”, destacó en su intervención que, efectivamente, no hay razón para que el sistema judicial vaya de mal en peor en rapidez y certidumbre (a 31 de diciembre de 2010 había 3.225.063 asuntos pendientes en los juzgados y tribunales españoles, una cifra todavía superior a la del año anterior (3.133.006). Para ello hay que adoptar políticas de demanda, no sólo de oferta, porque aunque fuesemos capaz de doblarla, si no restringimos de alguna manera la demanda el sistema estará de nuevo abocado al colapso. Sin duda hay que mejorar también la oferta, no cabe negarlo, pero una manera relativamente barata y eficaz de hacerlo sería lograr una conexión telemática total entre juzgados y tribunales, de tal manera que cualquier juez de España pueda saber on line lo que está haciendo un compañero suyo en cualquier otro punto de la geografía nacional. La transparencia es clave para lograr un funcionamiento eficiente del sistema. Luz y taquígrafos es la mejor medicina para incentivar el trabajo responsable.

Pero ello debe ser complementado con políticas de demanda. Hay que acabar con la constante tentación de nuestro legislador por delegar en los jueces las decisiones incómodas. Hay que desjudicializar materias enteras, como las faltas o la jurisdicción voluntaria. Es necesario despenalizar conductas y castigarlas con sanciones administrativas. Es imprecindible una reforma del Código Penal a la baja. Hay que crear una justicia de base apoyada en un cuerpo de funcionarios independiente de la carrera judicial. En materia de jurisdicción voluntaria hay infinidad de cuestiones que no deberían ser decididas por los tribunales. Es increible que hoy para divorciarse no se pueda acudir a un notario.

Hay que aumentar cuantías para permitir recurrir. Es necesario crear una agencia para ejecutar las sentencias. Es imprescindible acercarla Justicia a los ciudadanos. La gente no entiende que con los retrasos existentesla Administraciónde Justicia sea el único servicio público que cierra todas las tardes y un mes completo. Es necesario mejorar el sistema de acceso a la escuela judicial. Resulta sorprendente que la oposición no incluya un caso práctico, ni contabilidad, ni ciencias sociales, ni idiomas.

Resultaría muy conveniente además superar hoy las controversias entre fiscales y jueces. Se echa de menos la figura de un attorney general al modo americano que defienda los intereses generales, disociándolo de la pura función acusadora. Es necesario imponer por ley el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, tampoco se puede incurrir en el exceso del eliminar al justiciable, como hace el actual TS a la hora de rechazar la casación.

Pero en cualquier caso, si tuviera que priorizr una medida, ésta sería clarísima: interconexión telemática, luz y taquígrafos, transparencia dentro de la Justicia.

Al finalizar la mesa, tras la intervención de los otros dos ponentes (Rosalina Díaz y Jesús Casas, cuyas intervenciones comentaremos en otro post), hubo un breve y animado debate entre los asistentes. En él tomó la palabra Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, que, al margen de comentar que la pausa veraniega se debe más a los intereses de los abogados que de los jueces, que no tendrían problema para organizarse para atender el mes de agosto, inistió en la importancia de la conexión telemática. Los jueces españoles son los primeros interesados en que exista, y estarían dispuestos a implantarla mañana mismo, pero el problema es otro: el absoluto caos de sistemas informáticos, a cuyo análisis, por cierto, se dedicó la última mesa y sobre la cual también informaremos en próximos posts.