Prodigalidad en funciones

En los primeros años de de la transición el director de una gran empresa de ingeniería contaba que había ido a visitar una importante obra civil que estaban realizando en Galicia. Al llegar al lugar encontró a un grupo de, en apariencia, peones y albañiles que, a la sombra de un árbol, aprovechaban la hora de descanso para comer el contenido de sus tarteras y cuando les pregunto dónde podía encontrar al ingeniero le respondieron que allí mismo. Ante la cara de asombro del directivo uno de ellos, el más veterano, le explicó: “es que ahora ingenieros somos todos”.

Me viene a la cabeza esta anécdota al leer los seis Reales Decretos, seis, de 25 de noviembre (1746/2011 a 1751/2011) publicados en el B.O.E. de 29 de noviembre (Núm 287) por los que, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Justicia, se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, a la Carrera Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía.

Con estos Reales Decretos, por los que se concede a diestro y siniestro la más alta condecoración que existe en el mundo del Derecho, el Gobierno en funciones no sólo continúa una prolífica actividad de discutible compatibilidad con su situación de provisionalidad, como se ha denunciado en otros posts de este blog, sino que también demuestra su magnanimidad, para algunos cercana a la prodigalidad.

La noticia, al parecer, ha sido recibida con alborozo por sus beneficiarios, sobre todo entre jueces y magistrados, con la sola excepción de algún ya titular de la alta dignidad que, aunque ahora bicondecorado, no ha visto con agrado tan inesperada igualación por arriba. Pero la medida no deja de ser congruente con la campaña electoral del partido todavía en el Gobierno en la que se ha resucitado la lucha de clases y la confrontación entre ricos y pobres. Y qué mejor forma de acabar con injustas diferencias entre los miembros de un cuerpo que generalizar, por Decreto, la excelencia.

Por otra parte, es de esperar que la medida tenga positivos efectos en nuestra maltrecha economía ya que es previsible un importante incremento de la fabricación y venta de las medallas, en sus diversos formatos, y la proliferación de cenas y homenajes con claro beneficio para el sector hostelero.

La verdad es que la generosidad en funciones del Gobierno no debería quedar más que como una anécdota un tanto estrambótica en la despedida de un ministro que no ha tenido tiempo de ser recordado por medidas de más envergadura sino fuese porque para justificar la medida se alega como mérito “la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria”. Y, como con las cosas serias no se puede bromear, uno se pregunta por qué no se da la medalla a quien más la merece, es decir, a las víctimas o, ya puestos a reconocimientos colectivos, a todos los españoles. La otra opción sería volver al sistema tradicional y racional y condecorar a quienes se han distinguido, especialmente y de verdad, en la lucha contra el terrorismo, incluidas muchas víctimas que lo han sido como consecuencia de esa lucha, pero eso sí individualmente, con nombres y apellidos.

 

Reseña de las Jornadas sobre el estado de la Justicia en la prensa digital

Un resumen amplio de las Jornadas se ha publicado en la web www.diariojuridico.com y puede consultarse aquí

Reseña de las Jornadas sobre el estado de la Justicia en la prensa digital

Un resumen amplio de las Jornadas se ha publicado en la web www.diariojuridico.com y puede consultarse aquí

Coherencia, consecuencia, frío

El Confidencial me publicó ayer este artículo que os reproduzco a continuación.

En bandeja de plata y bien envuelto, como se han de hacer los regalos envenenados, se le entrega al nuevo gobierno de gaviotas azules capitaneado por el enigmático Mariano Rajoy la labor de aprobar, o enterrar para siempre, el reglamento encargado de desarrollar la disposición adicional cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible, mejor conocida con el erróneo término Ley Sinde, en honor a la ministra saliente que se ha erigido en diseñadora y defensora ya casi única de su contenido y ratio essendi.

¿Qué hará el nuevo gobierno con el problema de las descargas en Internet? ¿Traerán la lección aprendida? ¿Encontrarán la solución? Quizá, como dijo el adorable Ángel González, tengamos que seguir con más de lo mismo, a pesar de que el día se haya ido. “Sí; / definitivamente el día se ha ido. / Mucho no se llevó (no trajo nada); / sólo un poco de tiempo entre los dientes, / un menguado rebaño de luces fatigadas. / Tampoco lo lloréis. Puntual e inquieto, / sin duda alguna, volverá mañana. / Ahuyentará a ese gato negro. / Ladrará hasta sacarme de la cama. / Pero no será igual. / Será otro día. / Será otro perro de la misma raza.” Recordemos que la Ley Sinde fue aprobada en su momento con los votos favorables, también, de la bancada popular. Otro perro, la misma raza.

Todo esto porque, tras más de dos años de enredos legislativos, el pasado viernes el Consejo de Ministros del gobierno en funciones dejó pasar la oportunidad de aprobar el mencionado reglamento, que culminaría un proyecto legislativo de los más impopulares que se recuerdan y que ya ha sido debidamente analizado por quien aquí firma y en este mismo foro.

Un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a sacar a relucir las principales carencias del texto legal, al recordar que, de acuerdo con la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor, el establecimiento de enlaces a contenidos protegidos no constituye en sí mismo una infracción de propiedad intelectual.

Este es, en efecto, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Ley Sinde, al establecer un sistema pensado fundamentalmente para decretar en vía administrativa el cierre de las denominadas páginas de enlaces. Se trata, como es sabido, de páginas que proporcionan enlaces a archivos que contienen obras protegidas que no están alojados en el sitio web de enlaces, sino en otros lugares de la red, en servidores como MegaUpload, o en ordenadores de usuarios particulares conectados a redes P2P.

Las audiencias provinciales han venido señalando reiteradamente que la conducta consistente en ofrecer enlaces, sin alojar los contenidos, no constituye un acto de infracción y por consiguiente no pueden ejercitarse contra tales páginas las acciones de violación de derechos previstas en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ni tampoco, por el mismo motivo, la acción penal de art. 270 CP.

La Ley Sinde, lejos de modificar la LPI para tipificar como infracción la provisión de enlaces, o para establecer una categoría de contribución a la infracción, se limitó a referirse a las conductas vulneradoras de la propiedad intelectual. Sin embargo, entre tales conductas no pueden incluirse los meros enlaces, conforme a la interpretación prácticamente unánime de la jurisprudencia.

Pues bien, el proyecto de Reglamento intenta corregir lo que en realidad sólo podía hacer la Ley. Naturalmente, no puede hacerlo de modo directo, puesto que la infracción del principio de jerarquía normativa resultaría demasiado evidente. Opta en cambio por una redacción compleja en la que, sin decir que crea un nuevo supuesto de infracción, cosa que no podría hacer un Reglamento, trata de dar a entender que los enlaces constituyen un caso de vulneración de la propiedad intelectual. Los esfuerzos de redacción resultan enormes y el resultado ciertamente confuso.

Sin embargo, y más allá de indultar a algún amigo banquero, perdió el Gobierno la oportunidad de ser al menos coherente con lo que desde hace más de dos años lleva promulgando, y dejar así aprobada una ley polémica y discutible, pero de la que nos han hecho creer que al menos ellos se la creían. Más desalentador aún que ser un legislador mediocre resulta ser alguien que no cree ni en sí mismo.

Se extralimite o no el reglamento, con el consiguiente peligro de vulneración del principio de jerarquía normativa, lo que es evidente es que el gobierno en funciones se ha borrado para no recibir un último estacazo de la opinión pública antes de abandonar la Moncloa. La patata queda servida e hirviendo, con papelón incluído para González Pons y los thought leaders del Partido Popular, que desde las poltronas de la oposición parecían saberlo todo. Veremos.

P.S. 1: Me contaba ayer una buena amiga al sol de Madrid que no le gustó eso de Javier Bardem descamisado y con cara de malas pulgas recibiendo un premio de manos de la Reina. Si no le gusta, me dice, que no vaya a recogerlo. Yo le advierto de la importancia de ser republicano. Y ella a mí de lo vital de ser en esta vida, sobre todo, coherente y consecuente. Y yo ya tengo artículo.

P.S. 2: Volviendo a Ángel González y a lo que nos espera, “Nadie recuerda un invierno tan frío como este”.