Las subvenciones y el cine

Según datos de la Motion Picture Association of America, el sector del cine y las producciones de televisión daba empleo, en 2009, a 2.200.000 personas en los Estados Unidos. Setecientos mil de esos empleos eran directos, y el resto indirectos. El sector estaba integrado, en ese año, por cerca de 95.000 empresas, y generó unos ingresos para el erario público, por todos los conceptos, de 15.500 millones de dólares. Las exportaciones ascendieron a 13.800 millones de dólares, con un crecimiento sobre el año 2005 del 37%. La balanza comercial del sector era positiva para los Estados Unidos en relación a la práctica totalidad de las naciones. Otro dato que merece la pena resaltar es que el salario medio del sector era un 26% superior al salario medio de la economía estadounidense.

En el año 2010, y según datos del Ministerio de Cultura, setenta millones de espectadores acudieron a las salas españolas a ver alguna producción estadounidense, lo cual supuso un 69,18% del total de espectadores y una recaudación de 466 millones de euros. Ese mismo año las producciones españolas obtuvieron un 12,73% de cuota, con unos 13 millones de espectadores y 80 millones de euros de recaudación, lo que supuso una caída con respecto al año 2009 del 34%. Pero el dato que más poderosamente llama la atención es que ese mismo año 2010, las ayudas otorgadas por el Ministerio de Cultura al sector ascendieron a 89,39 millones de euros; es decir, un importe superior a la recaudación generada en España por las producciones nacionales.

El apoyo a la industria cinematográfica nacional no es algo exclusivo del caso español. Es común a toda la Unión Europea, donde el movimiento ha sido tradicionalmente liderado por Francia. En sus orígenes, la incipiente industria cinematográfica fue liderada por el país vecino, con un tercio del negocio mundial. Este floreciente negocio se vio truncado por la devastación producida por las dos Guerras Mundiales, dando paso al imperio del cine estadounidense. La industria norteamericana, apoyada por su diplomacia, se ha esforzado desde entonces en derribar las barreras con las que el resto de países trataba de proteger su propio sector. Como ejemplo se puede citar el Acuerdo Blum-Byrnes, por el que en una fecha ya tan lejana como 1946 el Gobierno de Francia concedía a las producciones estadounidenses cuotas de pantalla más favorables a cambio de una ayuda financiera para pagar la deuda contraída durante la Segunda Guerra Mundial por el país galo.

La legislación europea regula desde 1989 (Directiva Televisión sin Fronteras) que al menos un cincuenta por ciento del tiempo de emisión de las cadenas de televisión se dedique a las producciones europeas. Las negociaciones del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1994 también trataron de forma singular la industria cinematográfica, al introducir en su artículo IV una excepción al artículo III, que es el que proscribe toda discriminación entre productos nacionales y extranjeros. Este tratamiento indudablemente proteccionista se ha fundamentado en la excepción cultural, en virtud de la cual el cine no es solo un producto con un valor económico, sino que impacta directamente en los valores culturales nacionales, por lo que para evitar que estos se vean sustituidos por otros extranjetos es necesario dotar de cierto nivel de protección al producto nacional.

Queda claro, por tanto, que las políticas proteccionistas en relación a la producción cinematográfica nacional no son exclusivas del Gobierno español, sino que se extienden por todas las naciones, no solo de la Unión Europea. Cabe preguntarse si la política de subvencionar generosamente al sector es también una práctica extendida más allá de nuestras fronteras. Y la respuesta es afirmativa. Así, por ejemplo, el programa MEDIA de la Unión Europea cuenta, en el periodo 2007-2013 con 755 millones de euros para apoyar la producción, distribución y promoción de películas. Pero ni siquiera el muy liberal modelo estadounidense se libra de las ayudas públicas, ya que en 2010 las Administraciones Públicas norteamericanas, fundamentalmente los Gobiernos estatales, concedieron a la industria del cine 1.400 millones de euros en beneficios fiscales y ayudas directas. Tampoco la picaresca en la gestión de las ayudas es patrimonio español, ya que en 2010 un productor cinematográfico de Iowa fue condenado a 10 años de prisión por falsear información para obtener beneficios fiscales. Aunque lo que sigue constituyendo un diferencial rasgo patrio es que posiblemente aquí tal conducta habría quedado impune.

Así pues, ni el proteccionismo ni las subvenciones son políticas exclusivas de nuestro país. Sin embargo, en el caso español la componente cultural llega a eclipsar, por completo en algunos casos, a la rentabilidad económica. La relación entre actividad económica generada y montante de ayudas públicas parece claramente desproporcionada, y el diseño de los mecanismos de ayuda así como el volumen de éstas son, en este sentido, cuestionables.

Una producción puede obtener ayudas para coproducciones (hasta 600.000 euros o el 50% del presupuesto del productor español); para el guion (hasta 40.000 euros); para el rodaje (hasta 150.000 euros o el 50% del presupuesto); para el proyecto en general por su interés cultural, por ser un director novel, por su valor experimental, etc (hasta un millón de euros); para la amortización de la película (hasta 400.000 euros en función del número de espectadores del año anterior); una ayuda complementaria en función de diversos factores, como participación en festivales, ser un documental, ser infantil o ser en 3D, entre otros méritos entre el que se encuentra la paridad entre hombres y mujeres en el equipo de producción (hasta 1.200.000 euros de ayuda). Además, hay ayudas adicionales a la animación, a la distribución, al uso de nuevas tecnologías, etc. En el siguiente enlace pueden encontrarse las ayudas para el cine convocadas por el Ministerio de Cultura:

Lamentablemente, estas políticas no se están traduciendo en una mayor actividad económica asociada a las películas producidas en España. Así, la serie histórica, según datos del Ministerio de Cultura es la siguiente:

 

Mercado cinematográfico. Últimos años
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nº Cines 1.298 1.254 1.223 1.194 1.126 1.052 936 907 868 851 860
Nº Salas 3.500 3.770 4.039 4.253 4.390 4.401 4.299 4.296 4.140 4.082 4.080
Películas exhibidas 1.718 1.831 1.877 1.916 1.795 1.730 1.748 1.776 1.652 1.481 1.555
Recaudación (millones de euros)
Españolas 53,74 110,18 85,47 100,86 92,87 106,21 98,41 86,73 81,61 104,37 80,28
Extranjeras 482,58 506,24 540,43 538,57 598,73 528,74 537,75 557,00 537,68 566,67 582,03
Total 536,33 616,42 625,90 639,43 691,60 634,95 636,16 643,74 619,29 671,04 662,31
Espectadores (millones)
Españolas 13,4 26,2 19,01 21,73 19,28 21,29 18,77 15,80 14,36 17,48 12,93
Extranjeras 121,9 120,6 121,70 115,74 124,64 106,36 102,88 101,14 93,45 92,51 88,67
Total 135,3 146,8 140,71 137,47 143,93 127,65 121,65 116,93 107,81 109,99 101,60

Evolución del mercado cinematográfico. 2000 – 2010

 

Puede comprobarse como el cine español pierde cuota en relación a las producciones extranjeras, siendo 2010 el peor de los últimos diez años. El pico del año 2009 es debido al éxito de la película Agora, la cual fue vista por 3.300.000 espectadores y recaudó 20.400.000 euros. Los datos parecen confirmar que las políticas seguidas hasta la fecha, pese a la gran movilización de recursos públicos, no han mejorado la competitividad comercial del sector cinematográfico nacional.

 

En 1994, durante la negociación del GATT, Fernando Trueba afirmaba que “Los americanos están llevando a cabo una postura muy agresiva. Ya no vale estar a la defensiva, hay que atacar”. Lamentablemente, parece que la pólvora del Rey empleada hasta la fecha no ha servido no ya para atacar, sino simplemente para detener a las hordas procedentes de los Estados Unidos. En la actual situación de penuria de las cuentas públicas, el Gobierno entrante se verá obligado a revisar un modelo de ayudas públicas que se ha demostrado muy costoso y de resultados más que cuestionables.

 

 

Prodigalidad en funciones

En los primeros años de de la transición el director de una gran empresa de ingeniería contaba que había ido a visitar una importante obra civil que estaban realizando en Galicia. Al llegar al lugar encontró a un grupo de, en apariencia, peones y albañiles que, a la sombra de un árbol, aprovechaban la hora de descanso para comer el contenido de sus tarteras y cuando les pregunto dónde podía encontrar al ingeniero le respondieron que allí mismo. Ante la cara de asombro del directivo uno de ellos, el más veterano, le explicó: “es que ahora ingenieros somos todos”.

Me viene a la cabeza esta anécdota al leer los seis Reales Decretos, seis, de 25 de noviembre (1746/2011 a 1751/2011) publicados en el B.O.E. de 29 de noviembre (Núm 287) por los que, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Justicia, se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, a la Carrera Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Secretarios Judiciales y demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía.

Con estos Reales Decretos, por los que se concede a diestro y siniestro la más alta condecoración que existe en el mundo del Derecho, el Gobierno en funciones no sólo continúa una prolífica actividad de discutible compatibilidad con su situación de provisionalidad, como se ha denunciado en otros posts de este blog, sino que también demuestra su magnanimidad, para algunos cercana a la prodigalidad.

La noticia, al parecer, ha sido recibida con alborozo por sus beneficiarios, sobre todo entre jueces y magistrados, con la sola excepción de algún ya titular de la alta dignidad que, aunque ahora bicondecorado, no ha visto con agrado tan inesperada igualación por arriba. Pero la medida no deja de ser congruente con la campaña electoral del partido todavía en el Gobierno en la que se ha resucitado la lucha de clases y la confrontación entre ricos y pobres. Y qué mejor forma de acabar con injustas diferencias entre los miembros de un cuerpo que generalizar, por Decreto, la excelencia.

Por otra parte, es de esperar que la medida tenga positivos efectos en nuestra maltrecha economía ya que es previsible un importante incremento de la fabricación y venta de las medallas, en sus diversos formatos, y la proliferación de cenas y homenajes con claro beneficio para el sector hostelero.

La verdad es que la generosidad en funciones del Gobierno no debería quedar más que como una anécdota un tanto estrambótica en la despedida de un ministro que no ha tenido tiempo de ser recordado por medidas de más envergadura sino fuese porque para justificar la medida se alega como mérito “la defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista y desde el reconocimiento a todas las víctimas que permanecerán por siempre en nuestra memoria”. Y, como con las cosas serias no se puede bromear, uno se pregunta por qué no se da la medalla a quien más la merece, es decir, a las víctimas o, ya puestos a reconocimientos colectivos, a todos los españoles. La otra opción sería volver al sistema tradicional y racional y condecorar a quienes se han distinguido, especialmente y de verdad, en la lucha contra el terrorismo, incluidas muchas víctimas que lo han sido como consecuencia de esa lucha, pero eso sí individualmente, con nombres y apellidos.