Bancarrota del Estado y Europa como contexto, de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes.

Si hay un libro que el blog ¿Hay Derecho? esté obligado a comentar es, sin duda, el citado en el título del post. Aunque sólo fuese porque bajo la atenta e ilustrada lupa de los autores desfilan muchos de los temas que durante el último año hemos venido tratando aquí gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores: el despilfarro público, la desorganización territorial, la irresponsabilidad fiscal, las cajas de ahorro, los aeropuertos, la energía, el urbanismo, etc.

Pero el que hoy lo traigamos a colación no se debe únicamente a que nos preocupen las mismas cosas (¿a qué inconsciente no le preocupan hoy en España?), ni siquiera al rigor y detalle que se utiliza para analizarlas y mostrarlas al lector con toda su crudeza, sino, especialmente, al sabio hilo conductor en relación al cual se contextualizan y explican. Un hilo que desde las primeras páginas amenaza con perturbar el escaso equilibrio interior que a estas alturas del incipiente siglo haya podido conservar el lector, provocándole la más profunda melancolía, pero que culmina de manera muy diferente, como deben hacer los grandes libros: señalando al menos una puerta por la que, si nosotros queremos, podríamos encontrar algo de esperanza.

Efectivamente, en su introducción los autores nos demuestran lo pertinaz que ha sido el endeudamiento desmadrado a lo largo de nuestra historia, y cómo se pretende salir siempre del paso de la misma manera irresponsable. No sólo es que las clases pudientes prefieren dar prestado a la comunidad antes de pagar impuestos para contribuir a las necesidades colectivas (lo que resulta bastante lógico, ya que al margen de aspirar a que le devuelvan el dinero el acreedor siempre tiene más recursos para influir en el gobierno que el contribuyente), es que para el político le resulta mucho más cómodo endeudar al Estado que subir los impuestos, pese a que es bastante más peligroso e injusto desde todo punto de vista, incluido el generacional. El resultado es una larga historia de desequilibrio presupuestario crónico y bancarrotas periódicas.

Pero, con todo, eso casi no es lo peor. Lo peor es constatar cómo los políticos pretenden reaccionar siempre de la misma manera ante la inminencia del desastre que ellos mismos han causado: malvendiendo el patrimonio o apaciguando a los acreedores a costa del interés general. Desde la venta de cargos públicos y la desamortización de tierras a precios irrisorios por motivos presupuestarios (y no precisamente para mejorar su gestión) hasta los intentos de venta de loterías y AENA, hay que reconocer que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero tampoco es nuevo la forma en que los acreedores, podríamos llamarles “sofisticados” o “significativos”, se aprovechan de la situación en su particular beneficio. Entonces eran los Rothschild, los Péreire, los Guilhou, que sacaron buenas tajadas del patrimonio español, en las minas, en los bancos o en los ferrocarriles. Ahora son los que al informado lector le vengan en este momento a la cabeza. Con la particularidad de que en la actualidad no es sólo el Estado el que incurre en estos vicios, sino todas nuestras variadas administraciones territoriales, las mismas que gracias al boom inmobiliario, esa “gallina de los huevos de cemento”, se creían invulnerables.

Efectivamente, no sólo incurrimos en los mismos vicios, como si la historia no nos hubiese enseñado nada, sino que lo hacemos, como diría Les Luthiers, apasionadamente, con loco ardor, sin pararnos en barras. Pero lo que suele traer el apasionamiento es que resulta muy gratificante mientras se padece, aunque luego de dolor… normalmente a otros. Los autores explican detalladamente cómo en esta venta de servicios públicos para obtener dinero, que no para mejorar su gestión, hay muchos que pagan las consecuencias -la mayoría de los ciudadanos- y unos pocos que obtienen extraordinarios beneficios, entre ellos más de un gestor público.

Un factor determinante que ha contribuido hoy a agravar la situación es nuestro marco normativo de organización territorial, que tiende a fomentar la ineficiencia y la irresponsabilidad fiscal. Los autores analizan sus carencias y apuntan soluciones, entre las que destaca la propuesta de una reorganización compleja y ambiciosa de nuestra estructura autonómica. Por esta vía se enlaza de manera natural con la parte final del libro: el nuevo escenario europeo.

Resulta sorprendente comprobar cómo muchos de los problemas que afronta hoy Europa nos suenan a los españoles tan a conocido. Puede que por eso mismo los entendamos tan bien. Es cierto que si nos suenan tanto es porque lamentablemente nos los hemos creados solitos, en apenas un plazo de décadas, a diferencia del origen secular de los problemas europeos, pero una cosa no quita la otra. Quizá por padecerlos doblemente intuimos mejor que nadie la única vía de solución, que pasa necesariamente por asumir un nuevo concepto de soberanía, a la vez compartida y unitaria, abandonando definitivamente los clichés nacionales. En apenas treinta páginas los autores desgranan el diagnóstico y la solución. Y es entonces cuando comprendemos que la fortísima crisis que estamos pasando, tanto a nivel nacional como continental, no nos condena necesariamente a la desesperanza, sino que más bien puede ser una oportunidad, siempre que nosotros queramos, eso sí. Otros países que hoy son grandes pasaron por momentos peores y aprendieron de ellos. Al final resulta relativamente esperanzador constatar que no hay nada escrito, que las cosas siempre dependen de uno mismo y que el desastre absoluto no es inevitable. Una vez aprendida la lección, cada uno debe preguntarse qué puede hacer para ayudar. Lo que han hecho Francisco Sosa y Mercedes Fuertes es, desde luego, escribir un magnífico libro.

Las subvenciones y el cine

Según datos de la Motion Picture Association of America, el sector del cine y las producciones de televisión daba empleo, en 2009, a 2.200.000 personas en los Estados Unidos. Setecientos mil de esos empleos eran directos, y el resto indirectos. El sector estaba integrado, en ese año, por cerca de 95.000 empresas, y generó unos ingresos para el erario público, por todos los conceptos, de 15.500 millones de dólares. Las exportaciones ascendieron a 13.800 millones de dólares, con un crecimiento sobre el año 2005 del 37%. La balanza comercial del sector era positiva para los Estados Unidos en relación a la práctica totalidad de las naciones. Otro dato que merece la pena resaltar es que el salario medio del sector era un 26% superior al salario medio de la economía estadounidense.

En el año 2010, y según datos del Ministerio de Cultura, setenta millones de espectadores acudieron a las salas españolas a ver alguna producción estadounidense, lo cual supuso un 69,18% del total de espectadores y una recaudación de 466 millones de euros. Ese mismo año las producciones españolas obtuvieron un 12,73% de cuota, con unos 13 millones de espectadores y 80 millones de euros de recaudación, lo que supuso una caída con respecto al año 2009 del 34%. Pero el dato que más poderosamente llama la atención es que ese mismo año 2010, las ayudas otorgadas por el Ministerio de Cultura al sector ascendieron a 89,39 millones de euros; es decir, un importe superior a la recaudación generada en España por las producciones nacionales.

El apoyo a la industria cinematográfica nacional no es algo exclusivo del caso español. Es común a toda la Unión Europea, donde el movimiento ha sido tradicionalmente liderado por Francia. En sus orígenes, la incipiente industria cinematográfica fue liderada por el país vecino, con un tercio del negocio mundial. Este floreciente negocio se vio truncado por la devastación producida por las dos Guerras Mundiales, dando paso al imperio del cine estadounidense. La industria norteamericana, apoyada por su diplomacia, se ha esforzado desde entonces en derribar las barreras con las que el resto de países trataba de proteger su propio sector. Como ejemplo se puede citar el Acuerdo Blum-Byrnes, por el que en una fecha ya tan lejana como 1946 el Gobierno de Francia concedía a las producciones estadounidenses cuotas de pantalla más favorables a cambio de una ayuda financiera para pagar la deuda contraída durante la Segunda Guerra Mundial por el país galo.

La legislación europea regula desde 1989 (Directiva Televisión sin Fronteras) que al menos un cincuenta por ciento del tiempo de emisión de las cadenas de televisión se dedique a las producciones europeas. Las negociaciones del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1994 también trataron de forma singular la industria cinematográfica, al introducir en su artículo IV una excepción al artículo III, que es el que proscribe toda discriminación entre productos nacionales y extranjeros. Este tratamiento indudablemente proteccionista se ha fundamentado en la excepción cultural, en virtud de la cual el cine no es solo un producto con un valor económico, sino que impacta directamente en los valores culturales nacionales, por lo que para evitar que estos se vean sustituidos por otros extranjetos es necesario dotar de cierto nivel de protección al producto nacional.

Queda claro, por tanto, que las políticas proteccionistas en relación a la producción cinematográfica nacional no son exclusivas del Gobierno español, sino que se extienden por todas las naciones, no solo de la Unión Europea. Cabe preguntarse si la política de subvencionar generosamente al sector es también una práctica extendida más allá de nuestras fronteras. Y la respuesta es afirmativa. Así, por ejemplo, el programa MEDIA de la Unión Europea cuenta, en el periodo 2007-2013 con 755 millones de euros para apoyar la producción, distribución y promoción de películas. Pero ni siquiera el muy liberal modelo estadounidense se libra de las ayudas públicas, ya que en 2010 las Administraciones Públicas norteamericanas, fundamentalmente los Gobiernos estatales, concedieron a la industria del cine 1.400 millones de euros en beneficios fiscales y ayudas directas. Tampoco la picaresca en la gestión de las ayudas es patrimonio español, ya que en 2010 un productor cinematográfico de Iowa fue condenado a 10 años de prisión por falsear información para obtener beneficios fiscales. Aunque lo que sigue constituyendo un diferencial rasgo patrio es que posiblemente aquí tal conducta habría quedado impune.

Así pues, ni el proteccionismo ni las subvenciones son políticas exclusivas de nuestro país. Sin embargo, en el caso español la componente cultural llega a eclipsar, por completo en algunos casos, a la rentabilidad económica. La relación entre actividad económica generada y montante de ayudas públicas parece claramente desproporcionada, y el diseño de los mecanismos de ayuda así como el volumen de éstas son, en este sentido, cuestionables.

Una producción puede obtener ayudas para coproducciones (hasta 600.000 euros o el 50% del presupuesto del productor español); para el guion (hasta 40.000 euros); para el rodaje (hasta 150.000 euros o el 50% del presupuesto); para el proyecto en general por su interés cultural, por ser un director novel, por su valor experimental, etc (hasta un millón de euros); para la amortización de la película (hasta 400.000 euros en función del número de espectadores del año anterior); una ayuda complementaria en función de diversos factores, como participación en festivales, ser un documental, ser infantil o ser en 3D, entre otros méritos entre el que se encuentra la paridad entre hombres y mujeres en el equipo de producción (hasta 1.200.000 euros de ayuda). Además, hay ayudas adicionales a la animación, a la distribución, al uso de nuevas tecnologías, etc. En el siguiente enlace pueden encontrarse las ayudas para el cine convocadas por el Ministerio de Cultura:

Lamentablemente, estas políticas no se están traduciendo en una mayor actividad económica asociada a las películas producidas en España. Así, la serie histórica, según datos del Ministerio de Cultura es la siguiente:

 

Mercado cinematográfico. Últimos años
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nº Cines 1.298 1.254 1.223 1.194 1.126 1.052 936 907 868 851 860
Nº Salas 3.500 3.770 4.039 4.253 4.390 4.401 4.299 4.296 4.140 4.082 4.080
Películas exhibidas 1.718 1.831 1.877 1.916 1.795 1.730 1.748 1.776 1.652 1.481 1.555
Recaudación (millones de euros)
Españolas 53,74 110,18 85,47 100,86 92,87 106,21 98,41 86,73 81,61 104,37 80,28
Extranjeras 482,58 506,24 540,43 538,57 598,73 528,74 537,75 557,00 537,68 566,67 582,03
Total 536,33 616,42 625,90 639,43 691,60 634,95 636,16 643,74 619,29 671,04 662,31
Espectadores (millones)
Españolas 13,4 26,2 19,01 21,73 19,28 21,29 18,77 15,80 14,36 17,48 12,93
Extranjeras 121,9 120,6 121,70 115,74 124,64 106,36 102,88 101,14 93,45 92,51 88,67
Total 135,3 146,8 140,71 137,47 143,93 127,65 121,65 116,93 107,81 109,99 101,60

Evolución del mercado cinematográfico. 2000 – 2010

 

Puede comprobarse como el cine español pierde cuota en relación a las producciones extranjeras, siendo 2010 el peor de los últimos diez años. El pico del año 2009 es debido al éxito de la película Agora, la cual fue vista por 3.300.000 espectadores y recaudó 20.400.000 euros. Los datos parecen confirmar que las políticas seguidas hasta la fecha, pese a la gran movilización de recursos públicos, no han mejorado la competitividad comercial del sector cinematográfico nacional.

 

En 1994, durante la negociación del GATT, Fernando Trueba afirmaba que “Los americanos están llevando a cabo una postura muy agresiva. Ya no vale estar a la defensiva, hay que atacar”. Lamentablemente, parece que la pólvora del Rey empleada hasta la fecha no ha servido no ya para atacar, sino simplemente para detener a las hordas procedentes de los Estados Unidos. En la actual situación de penuria de las cuentas públicas, el Gobierno entrante se verá obligado a revisar un modelo de ayudas públicas que se ha demostrado muy costoso y de resultados más que cuestionables.