Hacia un capitalismo más democrático: ¿Una persona, un empresario?

Llevo insistiendo en algunos posts en que estamos asistiendo a un cambio de paradigma de la sociedad que afecta al derecho, a la política, a las relaciones sociales y por supuesto a la economía. Espero con estas líneas contribuir a ampliar el debate.
La conquista política más importante de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX fue probablemente consolidar un modelo democrático que se caracterizaba, entre otras cosas, por el principio: “un hombre, un voto”, desarrollado en la práctica y en un lenguaje más  adaptado a nuestro lenguaje políticamente correcto en “una persona, un voto”, donde todos con independencia de su renta y su género (con la única limitación de la edad) podían elegir a quienes estaban llamados a gobernarlos.
Sin embargo cuando se trataba de  aplicar estos principios democráticos a la economía lo que se hacía era hablar del control de los medios de producción por parte del Estado, de limitar el derecho a la propiedad de algunos ciudadanos o de repartir la renta trasvasando vía impuestos o nacionalizaciones los beneficios de los ricos a los más pobres.  Pero ese modelo se refería a una sociedad dual propia de principios del siglo XX que mucho ha cambiado en estos decenios, sobre todo debido a dos fenómenos: la extensión de la educación obligatoria a todos los ciudadanos (al menos en los países de la OCDE) y la apertura del crédito público y privado a las ideas. Así, que la diferencia clásica entre ricos y pobres es hoy algo diversa pues lo que cuenta más es la diferencia entre quienes trabajan para otro (sea éste un empresario o una administración pública) y quienes son capaces de montar su propia empresa o acceder a fórmulas de autoempleo. Y esta diferencia hoy no se debe de forma rígida al hecho de pertenecer a una determinada clase social o familia sino a la capacidad de tener una idea y conseguir financiación para ponerla en práctica. Una capacidad, una vez disuelta la barrera de la educación, que hoy está cada vez más abierta, limitada solo por la capacidad de cada uno/una para asumir riesgos.
Por eso podemos afirmar que tal vez democratizar la economía en la actualidad supone más fomentar y facilitar que cada ciudadano se plantee formar su propia empresa, que otras fórmulas propias de épocas pasadas. Contra lo que pueda pensarse éste no es un planteamiento necesariamente neoliberal sino realista. Primero, porque esta visión es compatible con considerar que el poder público debe tener un papel esencial como defensor de la solidaridad y el interés común, como supervisor del buen funcionamiento y el fair play del sistema, y para evitar y prevenir abusos. Segundo, porque la dinámica que planteamos no es consecuencia de ningún deseo o apuesta ideológica sino de analizar (fríamente) lo que está ya pasando. Solo tres datos: uno, la creciente automatización e informatización de procesos productivos está reduciendo progresiva y aceleradamente el espacio del trabajo por cuenta ajena; dos, las empresas más modernas y de más éxito no han sido creadas por ningún millonario ni erudito sino por jóvenes (que incluso abandonaron sus estudios) con ideas y con capacidad de empuje (e.g. Steve Jobs, Zuckerberg y Bill Gates); y, tres, las empresas tienden a considerar “viejos” a personas que superan la cincuentena (en comparación con más jóvenes) quienes por tanto forzosamente deben continuar su vida laboral con fórmulas de autoempleo capaces de sacar rendimiento a su experiencia, descartados los abusos de las jubilaciones anticipadas que hoy ya no resultan posibles ni presentables. Repito, no es que nos parezca bien o mal es que ése es el mundo lo queramos o no al que vamos, seguro el de nuestros hijos,  o el que ya está aquí y no queremos percatarnos.
¿Nos estamos preparando para ello? ¿Qué obstáculos se presentan en el horizonte para que empecemos a adaptarnos al cambio de paradigma? Pues en primer lugar, una vez más, resistencias culturales, por ejemplo de quienes dicen defender los derechos de los trabajadores por cuenta ajena pero que se convierten en la práctica en enemigos de que los trabajadores quieran y puedan dejar de serlo, no para convertirse en nuevos parados sino en nuevos emprendedores que contraten a otros. Tal vez porque saben que si este proceso se generaliza su sentido mismo acabaría siendo puesto en cuestión.
Recomiendo la lectura del editorial del director del Instituto europeo por la innovación y la tecnología (por cierto un español) sobre las características de la nueva economía que deberá ser más una economía de emprendedores que de gestores. Ofrece a este respecto algunos datos para pensar: casi todo el empleo neto creado por EEUU entre 1980 y 2005 provino de empresas con menos de cincos años de historia, o que el número de innovadores-emprendedores con menos de 25 años es diez veces menor en Europa que en Estados Unidos. Su conclusión es que Europa (incluida la criticada Alemania) está viviendo de grandes empresas algo caducas que fueron creadas en la primera mitad del siglo XX (Renault, Philips, Reuter, WW, Citroën…) a las que no se adivina recambios, mientras que las “nuevas” grandes empresas que pintan en el mundo (Google, Microsoft, Apple, etc…) nacen al otro lado del Atlántico. ¿Qué ha ocurrido para que ese cambio se haya producido? Pues que en Europa a partir del final de la segunda guerra mundial la profesión de empresario-emprendedor empezó a estar mal vista, algo que ningún padre en principio desearía para su hijo como futuro profesional. La pregunta es: ¿este cambio cultural  que al principio pudo estar justificado por los excesos de una clase empresarial algo anticuada e instalada en sus privilegios, impulsada por el triunfo de la revolución comunista, sigue teniendo hoy sentido?
Parece que necesitamos un cambio de paradigma, que debe afectar también a una izquierda que se ha quedado sin referentes y que ha abandonado a la clase media. Hoy lo progresista no es limitarse a defender los derechos (en algunos casos convertidos en “nuevos” privilegios) de una clase trabajadora que irremediablemente debe ir disminuyendo. Lo verdaderamente revolucionario es poner en jaque el  poder de las grandes empresas conservadoras y caducas favoreciendo el surgimiento de un ejército de nuevos pequeños y medianos empresarios (potencialmente grandes) que puedan dinamizar la sociedad y rompan esquemas. La libertad se traduce hoy en liberarse de la tiranía de trabajar para otro (sea éste público o privado) pasando a trabajar para uno mismo, sin perjuicio de que el Estado deba garantizar la solidaridad y el interés común. Lo importante es saber que nadie tiene el poder (económico) asegurado porque ninguna empresa, con el suficiente tamaño, dura lo suficiente para ejercer y mantener dicho poder en el tiempo.
En todo caso, piense lo que cada uno piense, no cabe duda de que existe una enorme capacidad intelectual, emocional y física de unas generaciones más formadas que nunca que Europa está desperdiciando o tirando literalmente a la basura. Por ejemplo, cuando uno mira al movimiento de los indignados del 15M o a los okupas, uno observa grandes dotes de organización, de ideas, de pensamiento estratégico, y piensa: ¿qué pasaría si esos jóvenes en lugar de quejarse a los poderes públicos exigiendo que estos resuelvan sus problemas, hubieran dedicado esos esfuerzos a crear nuevas empresas que contribuyeran a solucionar directamente esos problemas? Por ejemplo, ¿no es posible alquilar un local para realojar a personas sin techo y dedicarse a buscarles nueva ocupación o formarles, cobrándoles un porcentaje de su primer sueldo? ¿No es posible plantear la creación de nuevas empresas culturales? ¿De nuevos bancos más sensibles a la financiación de nuevas ideas para jóvenes con microcréditos?
Lo que más teme el poder económico (y político) no son manifestaciones ni sentadas, lo que teme son nuevas ideas puestas en marcha que demuestren que otra forma de hacer economía (y política) es posible. Tal vez algún partido político a la busca de una redefinición ideológica pudiera dar una vuelta a estas ideas.

Bancarrota del Estado y Europa como contexto, de Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes.

Si hay un libro que el blog ¿Hay Derecho? esté obligado a comentar es, sin duda, el citado en el título del post. Aunque sólo fuese porque bajo la atenta e ilustrada lupa de los autores desfilan muchos de los temas que durante el último año hemos venido tratando aquí gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores: el despilfarro público, la desorganización territorial, la irresponsabilidad fiscal, las cajas de ahorro, los aeropuertos, la energía, el urbanismo, etc.

Pero el que hoy lo traigamos a colación no se debe únicamente a que nos preocupen las mismas cosas (¿a qué inconsciente no le preocupan hoy en España?), ni siquiera al rigor y detalle que se utiliza para analizarlas y mostrarlas al lector con toda su crudeza, sino, especialmente, al sabio hilo conductor en relación al cual se contextualizan y explican. Un hilo que desde las primeras páginas amenaza con perturbar el escaso equilibrio interior que a estas alturas del incipiente siglo haya podido conservar el lector, provocándole la más profunda melancolía, pero que culmina de manera muy diferente, como deben hacer los grandes libros: señalando al menos una puerta por la que, si nosotros queremos, podríamos encontrar algo de esperanza.

Efectivamente, en su introducción los autores nos demuestran lo pertinaz que ha sido el endeudamiento desmadrado a lo largo de nuestra historia, y cómo se pretende salir siempre del paso de la misma manera irresponsable. No sólo es que las clases pudientes prefieren dar prestado a la comunidad antes de pagar impuestos para contribuir a las necesidades colectivas (lo que resulta bastante lógico, ya que al margen de aspirar a que le devuelvan el dinero el acreedor siempre tiene más recursos para influir en el gobierno que el contribuyente), es que para el político le resulta mucho más cómodo endeudar al Estado que subir los impuestos, pese a que es bastante más peligroso e injusto desde todo punto de vista, incluido el generacional. El resultado es una larga historia de desequilibrio presupuestario crónico y bancarrotas periódicas.

Pero, con todo, eso casi no es lo peor. Lo peor es constatar cómo los políticos pretenden reaccionar siempre de la misma manera ante la inminencia del desastre que ellos mismos han causado: malvendiendo el patrimonio o apaciguando a los acreedores a costa del interés general. Desde la venta de cargos públicos y la desamortización de tierras a precios irrisorios por motivos presupuestarios (y no precisamente para mejorar su gestión) hasta los intentos de venta de loterías y AENA, hay que reconocer que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero tampoco es nuevo la forma en que los acreedores, podríamos llamarles “sofisticados” o “significativos”, se aprovechan de la situación en su particular beneficio. Entonces eran los Rothschild, los Péreire, los Guilhou, que sacaron buenas tajadas del patrimonio español, en las minas, en los bancos o en los ferrocarriles. Ahora son los que al informado lector le vengan en este momento a la cabeza. Con la particularidad de que en la actualidad no es sólo el Estado el que incurre en estos vicios, sino todas nuestras variadas administraciones territoriales, las mismas que gracias al boom inmobiliario, esa “gallina de los huevos de cemento”, se creían invulnerables.

Efectivamente, no sólo incurrimos en los mismos vicios, como si la historia no nos hubiese enseñado nada, sino que lo hacemos, como diría Les Luthiers, apasionadamente, con loco ardor, sin pararnos en barras. Pero lo que suele traer el apasionamiento es que resulta muy gratificante mientras se padece, aunque luego de dolor… normalmente a otros. Los autores explican detalladamente cómo en esta venta de servicios públicos para obtener dinero, que no para mejorar su gestión, hay muchos que pagan las consecuencias -la mayoría de los ciudadanos- y unos pocos que obtienen extraordinarios beneficios, entre ellos más de un gestor público.

Un factor determinante que ha contribuido hoy a agravar la situación es nuestro marco normativo de organización territorial, que tiende a fomentar la ineficiencia y la irresponsabilidad fiscal. Los autores analizan sus carencias y apuntan soluciones, entre las que destaca la propuesta de una reorganización compleja y ambiciosa de nuestra estructura autonómica. Por esta vía se enlaza de manera natural con la parte final del libro: el nuevo escenario europeo.

Resulta sorprendente comprobar cómo muchos de los problemas que afronta hoy Europa nos suenan a los españoles tan a conocido. Puede que por eso mismo los entendamos tan bien. Es cierto que si nos suenan tanto es porque lamentablemente nos los hemos creados solitos, en apenas un plazo de décadas, a diferencia del origen secular de los problemas europeos, pero una cosa no quita la otra. Quizá por padecerlos doblemente intuimos mejor que nadie la única vía de solución, que pasa necesariamente por asumir un nuevo concepto de soberanía, a la vez compartida y unitaria, abandonando definitivamente los clichés nacionales. En apenas treinta páginas los autores desgranan el diagnóstico y la solución. Y es entonces cuando comprendemos que la fortísima crisis que estamos pasando, tanto a nivel nacional como continental, no nos condena necesariamente a la desesperanza, sino que más bien puede ser una oportunidad, siempre que nosotros queramos, eso sí. Otros países que hoy son grandes pasaron por momentos peores y aprendieron de ellos. Al final resulta relativamente esperanzador constatar que no hay nada escrito, que las cosas siempre dependen de uno mismo y que el desastre absoluto no es inevitable. Una vez aprendida la lección, cada uno debe preguntarse qué puede hacer para ayudar. Lo que han hecho Francisco Sosa y Mercedes Fuertes es, desde luego, escribir un magnífico libro.