Juro…pero “por imperativo legal”

Una legislatura más nos encontramos con el pintoresco espectáculo de unos diputados o senadores que al tomar posesión de su  cargo que juran o prometen acatar la constitución “por imperativo legal” (Amaiur) o añaden ingeniosas consideraciones  como lo de Cayo Lara, que lo hace “sin renunciar a sus convicciones republicanas” o lo hacen compatible con la defensa de una Constitución independiente para Cataluña.

La cosa se la inventó Herri Batasuna en los ochenta, y de aquellos barros vienen estos lodos. No es que no haya suscitado críticas el invento: para  Gaspar Llamazares, el  Congreso ha vivido un auténtico “jolgorio de creatividad” y Rosa Díez, de UPyD, opina que el Parlamento se ha convertido en un “circo”.

Pero esto, para mí, no es una simple cuestión de si el voto es más o menos elegante o espectacular. Siempre me ha resultado curioso, y preocupante, que algunas de las categorías clave del Derecho civil, para mí “la madre de todos los Derecho”, parezcan no aplicarse al Derecho político o en general, al Derecho público. Pero ¿qué es esto de que juro “por imperativo legal”? Si un señor se presenta ante el notario y dice que compra “por imperativo conyugal”, la primera obligación que tiene el fedatario es la de preguntarle al interfecto que qué narices quiere decir con eso, que si compra o no, porque la obligación de todo funcionario público es la de asegurarse de que ese consentimiento se presta libre y espontáneamente, y sin error, dolo, violencia o intimidación, porque de lo contrario quedaría anulado el contrato por existir un vicio del consentimiento (art. 1265 del Código civil). Por tanto, si el buen hombre dice: “es que mi mujer me ha obligado”, habrá de negarse el notario a la autorización, tras el correspondiente interrogatorio, si concluye que hay un presunto caso de violencia o intimidación, y autorizar la venta si concluyera que se trataba de un simple caso de “temor reverencial”, porque (permítanme la gracieta) dice el art. 1267 del Código civil que “el temor a desagradar a las personas a las que se debe sumisión y respeto no anulará el contrato”.

Pero no solo eso. Recordemos un poco las esencias del Derecho civil: para que el acto sea perfecto y no sea susceptible de anulación, la declaración de voluntad debe ajustarse perfectamente a la voluntad interna. Si no es así, si existe una discrepancia entre voluntad y declaración, entonces surge una duda sobre la validez de esta última que se disipa acudiendo a los principios de confianza (si la otra parte confía en la validez de la declaración del otro) y responsabilidad (hay que atenerse a la propia declaración). Es decir, la declaración que no responde a una voluntad negocial será nula, salvo que aconsejen lo contrario los principios protectores de la contraparte de buena fe. Las divergencias entre voluntad y declaración pueden ser debidas a un error inconsciente o a un propósito deliberado del emitente. El primero es el llamado “error obstativo“, debido a una discrepancia involuntaria en la expresión o en el medio que se ha utilizado para emitirla. La declaración será válida o no por aplicación de los mencionados principios. La discrepancia voluntaria o maliciosa se da en la declaración “jocandi causa“, hecha sin voluntad de engañar, (por broma, jactancia, representación teatral, “animus docendi”), y en la “reserva mental“, en la que existe una diferencia consciente entre la voluntad y su declaración, ya se proceda con fin malévolo o con fin justificable (por ejemplo, para tranquilizar a un enfermo). También aquí juegan los indicados principios de confianza y responsabilidad, pero la responsabilidad del declarante en caso de nulidad debe ser más grave que cuando el error es involuntario.

¡Pero si es que en estos casos ni siquiera hay reserva mental, te lo están diciendo claramente¡ Al menos en el caso de Amaiur, la declaración de voluntad de cumplimiento y respeto de la Constitución, debidamente “desplegada”, significa: “digo estas palabras porque decirlas es necesario para sentarme en el Congreso, pero ello no quiere decir que yo realmente respete y vaya a cumplir la Constitución”.

Pero si usted va al notario a comprar un apartamento en Torrevieja y dice que compra porque no tiene más remedio, porque el promotor le obliga, aunque en realidad no está de acuerdo porque no ha cumplido ciertas obligaciones, habrá que resolver esas discrepancias previamente, pues no cabe prestar un consentimiento con reservas que no estén debidamente articuladas, en forma jurídica, mediante condiciones suspensivas o resolutorias, plazos, o estipulaciones accesorias.

Y todos esos condicionantes no caben en la promesa o jura de la Constitución, que es un “contrato de adhesión”, sin perjuicio de que uno pueda tener sus opiniones al respecto o su firme convicción de que la norma debe ser modificada. Cuando uno va a casarse no le puede decir al cura o al juez “sí, quiero, pero solo en el caso de que mi señora me permita ir al fútbol todos los domingos”, lo que no quiere decir que no se pueda poner tal cosa en unas capitulaciones matrimoniales prenupciales, que no condicionen el vínculo en sí mismo.

En resumen, que a tales diputados se les debería haber repreguntado si realmente aceptan la Constitución en todos sus términos y extensión y sin reserva alguna, y si alguno no lo hace así, se le debería negar la toma de posesión, como ocurriría con el apartamento de Torrevieja, por mucho que el Tribunal Constitucional, en sentencia 119/1990 de 21 junio, avalara la fórmula entendiendo que no resulta congruente con nuestro Estado democrático una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata. No se trata de un “rígido formalismo”, señorías mías, se trata de que estos señores no quieren aceptar la constitución.

Porque, si se acepta todo, pasa lo que dijo Churchill: “Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. “

Juro…pero “por imperativo legal”

Una legislatura más nos encontramos con el pintoresco espectáculo de unos diputados o senadores que al tomar posesión de su  cargo que juran o prometen acatar la constitución “por imperativo legal” (Amaiur) o añaden ingeniosas consideraciones  como lo de Cayo Lara, que lo hace “sin renunciar a sus convicciones republicanas” o lo hacen compatible con la defensa de una Constitución independiente para Cataluña.

La cosa se la inventó Herri Batasuna en los ochenta, y de aquellos barros vienen estos lodos. No es que no haya suscitado críticas el invento: para  Gaspar Llamazares, el  Congreso ha vivido un auténtico “jolgorio de creatividad” y Rosa Díez, de UPyD, opina que el Parlamento se ha convertido en un “circo”.

Pero esto, para mí, no es una simple cuestión de si el voto es más o menos elegante o espectacular. Siempre me ha resultado curioso, y preocupante, que algunas de las categorías clave del Derecho civil, para mí “la madre de todos los Derecho”, parezcan no aplicarse al Derecho político o en general, al Derecho público. Pero ¿qué es esto de que juro “por imperativo legal”? Si un señor se presenta ante el notario y dice que compra “por imperativo conyugal”, la primera obligación que tiene el fedatario es la de preguntarle al interfecto que qué narices quiere decir con eso, que si compra o no, porque la obligación de todo funcionario público es la de asegurarse de que ese consentimiento se presta libre y espontáneamente, y sin error, dolo, violencia o intimidación, porque de lo contrario quedaría anulado el contrato por existir un vicio del consentimiento (art. 1265 del Código civil). Por tanto, si el buen hombre dice: “es que mi mujer me ha obligado”, habrá de negarse el notario a la autorización, tras el correspondiente interrogatorio, si concluye que hay un presunto caso de violencia o intimidación, y autorizar la venta si concluyera que se trataba de un simple caso de “temor reverencial”, porque (permítanme la gracieta) dice el art. 1267 del Código civil que “el temor a desagradar a las personas a las que se debe sumisión y respeto no anulará el contrato”.

Pero no solo eso. Recordemos un poco las esencias del Derecho civil: para que el acto sea perfecto y no sea susceptible de anulación, la declaración de voluntad debe ajustarse perfectamente a la voluntad interna. Si no es así, si existe una discrepancia entre voluntad y declaración, entonces surge una duda sobre la validez de esta última que se disipa acudiendo a los principios de confianza (si la otra parte confía en la validez de la declaración del otro) y responsabilidad (hay que atenerse a la propia declaración). Es decir, la declaración que no responde a una voluntad negocial será nula, salvo que aconsejen lo contrario los principios protectores de la contraparte de buena fe. Las divergencias entre voluntad y declaración pueden ser debidas a un error inconsciente o a un propósito deliberado del emitente. El primero es el llamado “error obstativo“, debido a una discrepancia involuntaria en la expresión o en el medio que se ha utilizado para emitirla. La declaración será válida o no por aplicación de los mencionados principios. La discrepancia voluntaria o maliciosa se da en la declaración “jocandi causa“, hecha sin voluntad de engañar, (por broma, jactancia, representación teatral, “animus docendi”), y en la “reserva mental“, en la que existe una diferencia consciente entre la voluntad y su declaración, ya se proceda con fin malévolo o con fin justificable (por ejemplo, para tranquilizar a un enfermo). También aquí juegan los indicados principios de confianza y responsabilidad, pero la responsabilidad del declarante en caso de nulidad debe ser más grave que cuando el error es involuntario.

¡Pero si es que en estos casos ni siquiera hay reserva mental, te lo están diciendo claramente¡ Al menos en el caso de Amaiur, la declaración de voluntad de cumplimiento y respeto de la Constitución, debidamente “desplegada”, significa: “digo estas palabras porque decirlas es necesario para sentarme en el Congreso, pero ello no quiere decir que yo realmente respete y vaya a cumplir la Constitución”.

Pero si usted va al notario a comprar un apartamento en Torrevieja y dice que compra porque no tiene más remedio, porque el promotor le obliga, aunque en realidad no está de acuerdo porque no ha cumplido ciertas obligaciones, habrá que resolver esas discrepancias previamente, pues no cabe prestar un consentimiento con reservas que no estén debidamente articuladas, en forma jurídica, mediante condiciones suspensivas o resolutorias, plazos, o estipulaciones accesorias.

Y todos esos condicionantes no caben en la promesa o jura de la Constitución, que es un “contrato de adhesión”, sin perjuicio de que uno pueda tener sus opiniones al respecto o su firme convicción de que la norma debe ser modificada. Cuando uno va a casarse no le puede decir al cura o al juez “sí, quiero, pero solo en el caso de que mi señora me permita ir al fútbol todos los domingos”, lo que no quiere decir que no se pueda poner tal cosa en unas capitulaciones matrimoniales prenupciales, que no condicionen el vínculo en sí mismo.

En resumen, que a tales diputados se les debería haber repreguntado si realmente aceptan la Constitución en todos sus términos y extensión y sin reserva alguna, y si alguno no lo hace así, se le debería negar la toma de posesión, como ocurriría con el apartamento de Torrevieja, por mucho que el Tribunal Constitucional, en sentencia 119/1990 de 21 junio, avalara la fórmula entendiendo que no resulta congruente con nuestro Estado democrático una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata. No se trata de un “rígido formalismo”, señorías mías, se trata de que estos señores no quieren aceptar la constitución.

Porque, si se acepta todo, pasa lo que dijo Churchill: “Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. “

La energía fotovoltaica frente a las veleidades del gobierno socialista

Aprovechando que nos encontramos en época navideña que son tiempos de paz y alegría, me permito exponer un tema que, en otras circunstancias, podría provocar trastornos gástricos en los lectores pero que en la cercanía de las fiestas se puede sobrellevar con mayor sosiego y templanza.

Me refiero a una de las muchas veleidades que ha protagonizado, durante su estancia en el Gobierno, D. Miguel Sebastián, como Ministro de Industria, Comercio y Turismo. En este caso afecta al sector fotovoltaico y ya ha producido el primer efecto negativo en la imagen de España como país serio y seguro para las inversiones extranjeras y, probablemente, conllevará un perjuicio económico que tendremos que pagar todos los españoles, en tanto que el causante del estropicio se habrá retirado a su casa con el sueldo de ministro y sin responsabilidad civil alguna.

Para que el lector disponga de suficientes elementos de juicio en este asunto y pueda formar su opinión al respecto, voy a presentar un breve resumen legislativo, por orden cronológico, de lo acontecido en los últimos siete años que es cuando se ha producido el despegue tecnológico y económico de la industria fotovoltaica.

En el año 2004, con el fin de estimular la producción de energía eléctrica por medios renovables a través de la inversión privada, el Gobierno aprobó el R.D. 436/2004, de 12 de marzo, en el que se establecían las condiciones jurídicas y económicas para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. Con ello se pretendía atraer inversiones privadas al sector, para que a finales del año 2010, las fuentes de energía renovable alcanzaran, al menos, el 12% de la demanda energética nacional. Las subvenciones establecidas eran muy atractivas y estaban aseguradas durante 25 años. A pesar de estas condiciones favorables, los inversores no reaccionaron con prontitud y hubo que esperar dos años para alcanzar los 380 MW de potencia, previstos como objetivo para el primer año.

Cuando parecía que el sector empezaba a dar muestras de actividad, el nuevo gobierno socialista aprobó el R.D. 661/2007, de 25 de mayo, que modificaba sustancialmente las reglas de juego, desvinculando el precio que se pagaba por kWh y marcando un precio fijo que se revisaría anualmente. Esta primera “fechoría” fue asumida de mala gana por los pequeños inversores nacionales que por su dimensión económica y dispersión geográfica carecían de capacidad de respuesta. A continuación, en el mes de septiembre de ese mismo año, el Gobierno comete el segundo error al fijar un plazo de un año para que finalicen todas las instalaciones que se estaban montando y quisieran acogerse al sistema de primas. Esta decisión provocó el colapso del sector que no tenía la suficiente capacidad de producción para suministrar todos los módulos solares y equipos que demandaban los inversores, lo que provocó una importante subida de precios. Baste decir que en el año 2008 se instalaron en España 2500  MW.

A la vista del boom producido y para ahorrar gastos, el Gobierno aprobó el R.D. 1578/2008, de 26 de septiembre, en el que se vuelven a modificar, por segunda vez, las reglas del juego y lo que es más importante, las primas se rebajan entre un 30% y un 40%, imponiendo también unos cupos máximos de instalación. Esta medida produjo un efecto depresivo en el sector de proveedores de equipos que se vieron obligados a reducir drásticamente sus márgenes comerciales para evitar el cierre de sus centros de producción.

Después de estos “atropellos” parecía que se había entrado en una etapa de tranquilidad regulatoria pero nada más lejos de la realidad. A finales del pasado año, el Gobierno aprobó, primero, el R.D. 1565/2010, de 19 de noviembre y posteriormente, el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, en el que por tercera vez, se modificaban las reglas del juego, reduciendo las ayudas en un 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para los tejados, con el fin de ahorrar 600 millones de euros hasta el año 2013. Estas disposiciones en un momento de grave crisis económica son las que han “incendiado” el sector provocando el conflicto que explicaremos a continuación.

Actualmente existen más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución eléctrica que se pueden clasificar en tres categorías:

35.000 instalaciones con capacidad inferior a 20 kW. Pertenecen a pequeños ahorradores que en su día invirtieron una cantidad próxima a los 100.000 euros en base a los requisitos legales vigentes en esos momentos.

10.000 instalaciones con capacidad aproximada de 100 kW. Pertenecen a pequeñas y medianas empresas que efectuaron una inversión cercana a los 500.000 euros, bajo los mismos supuestos.

5.000 “huertos solares” promovidos por grupos empresariales y grandes fondos de inversión.

¿Cuál es la situación actual?

Los afectados por las disposiciones legales reseñadas han comenzado a presentar ante la Comisión Nacional de Energía sus reclamaciones individuales correspondientes a cada liquidación que, como presumiblemente serán desestimadas, pasarán a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que puede verse colapsada con más de 300.000 reclamaciones. Como es de suponer, el litigio terminará en el Tribunal Constitucional suya sentencia no se espera antes de 6 años.

Al margen de esta vía, los grandes inversores (grupos empresariales y fondos de inversión) han presentado una demanda de arbitraje internacional contra el Estado español en base al Tratado sobre la Carta de la Energía, por los recortes retroactivos a las primas de la industria fotovoltaica, en la que reclaman una indemnización de 600 millones de euros que corresponden a los recortes experimentados en las primas.

Hay que tener en cuenta que las inversiones en el campo eléctrico son a largo plazo pues, en líneas generales, empiezan a ser rentables a partir del décimo año por lo que requieren un marco regulatorio estable que posibilite definir una estrategia empresarial a los posibles interesados.

En el mes de junio pasado hubo una reunión entre ambas partes pero sin resultado alguno, ya que el Ministerio de Industria mantuvo su postura sobre la legalidad de las normas pues estiman que no son de carácter retroactivo al no tener que devolver las primas recibidas, mientras que los demandantes no retiran su demanda al entender que se han modificado las reglas del juego en mitad del partido.

A estas alturas de la película, parece ser que el “prepotente” Miguel Sebastián se ha dado cuenta de la gravedad del problema y que no está tratando con pequeños empresarios o inversores españoles a los que ha estado engañando durante todo este tiempo como ha sido la práctica habitual de los gobiernos del Sr. Rodríguez Zapatero.

Para afrontar este serio problema ha tomado la discutible decisión de contratar, por la vía de urgencia y por un procedimiento negociado sin publicidad, los servicios del despacho de abogados Herbert Smith para que asesore a la Abogacía General del Estado en el futuro litigio que se avecina. Esta broma supone a las arcas públicas un desembolso de 1,6 millones de euros que es el importe inicial del contrato suscrito con el mencionado despacho y que se podrían haber evitado con una postura más dialogante de nuestro “querido” ministro.

Según el Tratado en base al cual está presentada la demanda son tres las instituciones que pueden resolver este litigio. En primer lugar está el Centro Internacional de arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI); en segundo término, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y, finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El Tribunal, conocido el litigio, dispondrá de 18 meses para emitir su fallo que será definitivo y vinculante para ambas partes.

Al margen de ello, el daño para España ya esta hecho pues la imagen de nuestro país en los mercados financieros ha quedado deteriorada muy seriamente. Cuando nos preguntamos ¿Porqué nuestra prima de riesgo está tan alta como la italiana o la de otros países que económicamente están peor que nosotros? Aquí está una de las respuestas.

Los grandes inversores mundiales no se fían del gobierno español que, como se ha visto en este caso puntual, es capaz de modificar las normas que regulan un sector, creando una inseguridad jurídica similar a la que pueda existir en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador, tan admirados por nuestro presidente del gobierno en funciones.

¿Quién va a confiar en la deuda pública de un Estado, cuyo gobierno incumple impunemente sus compromisos?

No siendo experto en Derecho mercantil me atrevo a pronosticar un fallo del Tribunal contrario a nuestros intereses que no afectará para nada al Sr. Sebastián que estará disfrutando de su retiro dorado y trabajando para algún grupo empresarial a los que ha favorecido durante su etapa como ministro.

Este es otro de los muchos “regalos envenenados” que el gobierno socialista deja al partido popular que, en mi opinión, debería intentar llegar a una solución pactada con los demandantes, como hizo Alemania en su día ante un problema similar.

Espero haber trasladado al lector la realidad de una lastimosa situación generada por la prepotencia y rigidez de un ministro acostumbrado a comportarse de esta forma en el ámbito nacional sin que hasta el momento le hubiese pasado factura.

La energía fotovoltaica frente a las veleidades del gobierno socialista

Aprovechando que nos encontramos en época navideña que son tiempos de paz y alegría, me permito exponer un tema que, en otras circunstancias, podría provocar trastornos gástricos en los lectores pero que en la cercanía de las fiestas se puede sobrellevar con mayor sosiego y templanza.

Me refiero a una de las muchas veleidades que ha protagonizado, durante su estancia en el Gobierno, D. Miguel Sebastián, como Ministro de Industria, Comercio y Turismo. En este caso afecta al sector fotovoltaico y ya ha producido el primer efecto negativo en la imagen de España como país serio y seguro para las inversiones extranjeras y, probablemente, conllevará un perjuicio económico que tendremos que pagar todos los españoles, en tanto que el causante del estropicio se habrá retirado a su casa con el sueldo de ministro y sin responsabilidad civil alguna.

Para que el lector disponga de suficientes elementos de juicio en este asunto y pueda formar su opinión al respecto, voy a presentar un breve resumen legislativo, por orden cronológico, de lo acontecido en los últimos siete años que es cuando se ha producido el despegue tecnológico y económico de la industria fotovoltaica.

En el año 2004, con el fin de estimular la producción de energía eléctrica por medios renovables a través de la inversión privada, el Gobierno aprobó el R.D. 436/2004, de 12 de marzo, en el que se establecían las condiciones jurídicas y económicas para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. Con ello se pretendía atraer inversiones privadas al sector, para que a finales del año 2010, las fuentes de energía renovable alcanzaran, al menos, el 12% de la demanda energética nacional. Las subvenciones establecidas eran muy atractivas y estaban aseguradas durante 25 años. A pesar de estas condiciones favorables, los inversores no reaccionaron con prontitud y hubo que esperar dos años para alcanzar los 380 MW de potencia, previstos como objetivo para el primer año.

Cuando parecía que el sector empezaba a dar muestras de actividad, el nuevo gobierno socialista aprobó el R.D. 661/2007, de 25 de mayo, que modificaba sustancialmente las reglas de juego, desvinculando el precio que se pagaba por kWh y marcando un precio fijo que se revisaría anualmente. Esta primera “fechoría” fue asumida de mala gana por los pequeños inversores nacionales que por su dimensión económica y dispersión geográfica carecían de capacidad de respuesta. A continuación, en el mes de septiembre de ese mismo año, el Gobierno comete el segundo error al fijar un plazo de un año para que finalicen todas las instalaciones que se estaban montando y quisieran acogerse al sistema de primas. Esta decisión provocó el colapso del sector que no tenía la suficiente capacidad de producción para suministrar todos los módulos solares y equipos que demandaban los inversores, lo que provocó una importante subida de precios. Baste decir que en el año 2008 se instalaron en España 2500  MW.

A la vista del boom producido y para ahorrar gastos, el Gobierno aprobó el R.D. 1578/2008, de 26 de septiembre, en el que se vuelven a modificar, por segunda vez, las reglas del juego y lo que es más importante, las primas se rebajan entre un 30% y un 40%, imponiendo también unos cupos máximos de instalación. Esta medida produjo un efecto depresivo en el sector de proveedores de equipos que se vieron obligados a reducir drásticamente sus márgenes comerciales para evitar el cierre de sus centros de producción.

Después de estos “atropellos” parecía que se había entrado en una etapa de tranquilidad regulatoria pero nada más lejos de la realidad. A finales del pasado año, el Gobierno aprobó, primero, el R.D. 1565/2010, de 19 de noviembre y posteriormente, el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, en el que por tercera vez, se modificaban las reglas del juego, reduciendo las ayudas en un 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para los tejados, con el fin de ahorrar 600 millones de euros hasta el año 2013. Estas disposiciones en un momento de grave crisis económica son las que han “incendiado” el sector provocando el conflicto que explicaremos a continuación.

Actualmente existen más de 50.000 instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de distribución eléctrica que se pueden clasificar en tres categorías:

35.000 instalaciones con capacidad inferior a 20 kW. Pertenecen a pequeños ahorradores que en su día invirtieron una cantidad próxima a los 100.000 euros en base a los requisitos legales vigentes en esos momentos.

10.000 instalaciones con capacidad aproximada de 100 kW. Pertenecen a pequeñas y medianas empresas que efectuaron una inversión cercana a los 500.000 euros, bajo los mismos supuestos.

5.000 “huertos solares” promovidos por grupos empresariales y grandes fondos de inversión.

¿Cuál es la situación actual?

Los afectados por las disposiciones legales reseñadas han comenzado a presentar ante la Comisión Nacional de Energía sus reclamaciones individuales correspondientes a cada liquidación que, como presumiblemente serán desestimadas, pasarán a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que puede verse colapsada con más de 300.000 reclamaciones. Como es de suponer, el litigio terminará en el Tribunal Constitucional suya sentencia no se espera antes de 6 años.

Al margen de esta vía, los grandes inversores (grupos empresariales y fondos de inversión) han presentado una demanda de arbitraje internacional contra el Estado español en base al Tratado sobre la Carta de la Energía, por los recortes retroactivos a las primas de la industria fotovoltaica, en la que reclaman una indemnización de 600 millones de euros que corresponden a los recortes experimentados en las primas.

Hay que tener en cuenta que las inversiones en el campo eléctrico son a largo plazo pues, en líneas generales, empiezan a ser rentables a partir del décimo año por lo que requieren un marco regulatorio estable que posibilite definir una estrategia empresarial a los posibles interesados.

En el mes de junio pasado hubo una reunión entre ambas partes pero sin resultado alguno, ya que el Ministerio de Industria mantuvo su postura sobre la legalidad de las normas pues estiman que no son de carácter retroactivo al no tener que devolver las primas recibidas, mientras que los demandantes no retiran su demanda al entender que se han modificado las reglas del juego en mitad del partido.

A estas alturas de la película, parece ser que el “prepotente” Miguel Sebastián se ha dado cuenta de la gravedad del problema y que no está tratando con pequeños empresarios o inversores españoles a los que ha estado engañando durante todo este tiempo como ha sido la práctica habitual de los gobiernos del Sr. Rodríguez Zapatero.

Para afrontar este serio problema ha tomado la discutible decisión de contratar, por la vía de urgencia y por un procedimiento negociado sin publicidad, los servicios del despacho de abogados Herbert Smith para que asesore a la Abogacía General del Estado en el futuro litigio que se avecina. Esta broma supone a las arcas públicas un desembolso de 1,6 millones de euros que es el importe inicial del contrato suscrito con el mencionado despacho y que se podrían haber evitado con una postura más dialogante de nuestro “querido” ministro.

Según el Tratado en base al cual está presentada la demanda son tres las instituciones que pueden resolver este litigio. En primer lugar está el Centro Internacional de arreglos de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI); en segundo término, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y, finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El Tribunal, conocido el litigio, dispondrá de 18 meses para emitir su fallo que será definitivo y vinculante para ambas partes.

Al margen de ello, el daño para España ya esta hecho pues la imagen de nuestro país en los mercados financieros ha quedado deteriorada muy seriamente. Cuando nos preguntamos ¿Porqué nuestra prima de riesgo está tan alta como la italiana o la de otros países que económicamente están peor que nosotros? Aquí está una de las respuestas.

Los grandes inversores mundiales no se fían del gobierno español que, como se ha visto en este caso puntual, es capaz de modificar las normas que regulan un sector, creando una inseguridad jurídica similar a la que pueda existir en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador, tan admirados por nuestro presidente del gobierno en funciones.

¿Quién va a confiar en la deuda pública de un Estado, cuyo gobierno incumple impunemente sus compromisos?

No siendo experto en Derecho mercantil me atrevo a pronosticar un fallo del Tribunal contrario a nuestros intereses que no afectará para nada al Sr. Sebastián que estará disfrutando de su retiro dorado y trabajando para algún grupo empresarial a los que ha favorecido durante su etapa como ministro.

Este es otro de los muchos “regalos envenenados” que el gobierno socialista deja al partido popular que, en mi opinión, debería intentar llegar a una solución pactada con los demandantes, como hizo Alemania en su día ante un problema similar.

Espero haber trasladado al lector la realidad de una lastimosa situación generada por la prepotencia y rigidez de un ministro acostumbrado a comportarse de esta forma en el ámbito nacional sin que hasta el momento le hubiese pasado factura.