Nuevo número de la revista El Notario del Siglo XXI

Los editores les informamos de que ya se ha publicado el número 40, correspondiente a noviembre-diciembre, de la revista El Notario del Siglo XXI. Les acompañamos el sumario con los links correspondientes.

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Las cuentas de resultados de los ayuntamientos españoles: un misterio por resolver

Conocer la situación (real) económico-financiera de los ayuntamientos españoles es una auténtica quimera. En la época de bonanza de la economía española parece que este hecho no preocupaba a nuestra clase política, pero ahora que salen noticias como que muchos ayuntamientos no pagan a proveedores y acreedores, o que ni siguiera hay dinero para pagar las nóminas de los empleados municipales, han saltado las alarmas. De hecho, en agosto 2011 comenzó a operar una línea especial de crédito del ICO para que los ayuntamientos pudiesen pagar facturas pendientes a sus proveedores y acreedores (PYMES en todos los casos). Según declaraciones del presidente del ICO (ver noticia), más de la mitad de los 8.000 ayuntamientos españoles acabarán acogiéndose a esta medida (el plazo para presentar solicitudes finaliza el 30 de noviembre).

El gasto desmedido en el que han incurrido muchos ayuntamientos en los últimos años no se ve ahora acompasado con un nivel de ingresos suficiente que lo soporte. La construcción ha sido en muchos casos una fuente de ingresos que permitía a los ayuntamientos llevar “un tren de vida” muy por encima de sus posibilidades reales. La crisis ha golpeado fuertemente a este sector y por tanto a las arcas municipales.

En este blog hemos debatido en numerosas ocasiones sobre la necesidad de controlar el gasto superfluo que se ha estado llevando a cabo desde la administración local, incluso durante los años de crisis económica en la que todavía estamos muy inmersos. Antes de establecer unas reglas de gasto para estas administraciones y unos mecanismos de control que garanticen que se cumplan, conviene conocer la situación de las finanzas municipales (antes de atajar el problema conozcamos bien la situación de partida).

La realidad es que a día de hoy estamos lejos de conocer las cuentas de resultados de los ayuntamientos españoles, por dos motivos principales: la poca información pública existente y lo más grave, por la reducida fiabilidad de la misma.

En efecto, la información pública disponible sobre el estado de las cuentas municipales es escasa y dispersa. Si buscamos información sobre el estado de las finanzas municipales lo que encontramos básicamente es información sobre su deuda. El Ministerio de Economía publica la deuda viva anual de los ayuntamientos en su página web. El Banco de España (ver página) también publica la evolución trimestral de la deuda pública de las diferentes administraciones, incluyendo ratios interesantes como el peso de la deuda sobre el PIB (en el caso de la administración local solo publica los datos agregados y las capitales de provincia de más de 500.000 habitantes).

Conocer la deuda está bien pero por sí sola no nos permite conocer la situación económico-financiera de un ayuntamiento. Está claro que un volumen excesivo de deuda (teniendo en cuenta además los intereses que genera) es un problema. Lo que pasa es que si analizamos exclusivamente la cifra de la deuda no vamos a saber si se trata de un volumen excesivo o no. No es lo mismo decir que el autor de este post tiene una deuda viva de un millón de euros que el Sr Gates tiene una deuda viva de un millón de euros. La capacidad para devolver la deuda (que está ligada a la diferencia entre los gastos e ingresos no financieros) es fundamental a la hora de analizar el nivel de endeudamiento de un particular, un ayuntamiento o una empresa privada.

Otra fuente para averiguar datos municipales es el Tribunal de Cuentas, que publica un informe sobre fiscalización del sector público local. Este informe da una visión más completa de las cuentas municipales pero tiene sus “peros”. En primer lugar, el decalaje de tiempo en que se encuentra disponible (en marzo de este año se publicó el informe de 2006, 2007 y 2008). Además, según el propio organismo fiscalizador, numerosos ayuntamientos incumplen el requerimiento de rendición de cuentas (sí, se saltan alegremente la obligación legal que tienen de rendición de cuentas). Otros cumplen pero mal, con defectos de forma y fondo. ¿Alguna consecuencia? Como en otras muchas ocasiones que se han comentado en este blog, existe un régimen sancionador con una efectividad que brilla por su ausencia.

Además de las limitaciones que hemos comentado, existe otro problema de fondo cuando intentamos conocer las cuentas municipales y es la fiabilidad de las mismas. Hemos podido comprobar a raíz de los cambios de gobiernos producidos después de las últimas elecciones municipales cómo las cifras hay que “cogerlas con pinzas” (el nuevo equipo de gobierno “destapa” por ejemplo una deuda muy superior a la declarada, el anterior equipo lo niega, etc.).

Pero lo más grave es que los ayuntamientos no están recurriendo a técnicas financiero-contables avanzadas para camuflar o retocar las cifras. Nada de eso, podemos observar noticias en prensa que reflejan que nuevos equipos de gobiernos municipales se están encontrando facturas pendientes de pago en cajones (cogiendo polvo a la espera de ver la luz en algún momento). Y no hablamos solo de ayuntamientos de menor tamaño, estas técnicas contables “avanzadas” las han aplicado al parecer ayuntamientos como el de Sevilla.  En este ayuntamiento, el nuevo alcalde (a la par que actual Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias) se está encontrando facturas sin pagar en pesetas (ver noticia) y otras que ni siquiera el interventor del ayuntamiento conocía (ver noticia).

En definitiva, el nuevo gobierno debería trabajar en dos líneas actuación: aumento de la transparencia y mejora de la fiabilidad de la información económico-financiera municipal. En este sentido, ¿sería descabellado plantear un plan nacional de auditoría de las cuentas locales?. Posiblemente, pero algo hay que hacer para “limpiar” los cajones de facturas olvidadas. El siguiente paso necesario es establecer unas reglas de gasto para las entidades locales y sobre todo un mecanismo de control efectivo que garantice su cumplimiento. ¿Se puede establecer un régimen sancionador verdaderamente efectivo? ¿Si el sujeto de la sanción es el gestor público se producirán avances significativos en este ámbito?. Muchas dudas, pocas respuestas y un horizonte nada claro, es por el momento lo único que tenemos.

Las cuentas de resultados de los ayuntamientos españoles: un misterio por resolver

Conocer la situación (real) económico-financiera de los ayuntamientos españoles es una auténtica quimera. En la época de bonanza de la economía española parece que este hecho no preocupaba a nuestra clase política, pero ahora que salen noticias como que muchos ayuntamientos no pagan a proveedores y acreedores, o que ni siguiera hay dinero para pagar las nóminas de los empleados municipales, han saltado las alarmas. De hecho, en agosto 2011 comenzó a operar una línea especial de crédito del ICO para que los ayuntamientos pudiesen pagar facturas pendientes a sus proveedores y acreedores (PYMES en todos los casos). Según declaraciones del presidente del ICO (ver noticia), más de la mitad de los 8.000 ayuntamientos españoles acabarán acogiéndose a esta medida (el plazo para presentar solicitudes finaliza el 30 de noviembre).

El gasto desmedido en el que han incurrido muchos ayuntamientos en los últimos años no se ve ahora acompasado con un nivel de ingresos suficiente que lo soporte. La construcción ha sido en muchos casos una fuente de ingresos que permitía a los ayuntamientos llevar “un tren de vida” muy por encima de sus posibilidades reales. La crisis ha golpeado fuertemente a este sector y por tanto a las arcas municipales.

En este blog hemos debatido en numerosas ocasiones sobre la necesidad de controlar el gasto superfluo que se ha estado llevando a cabo desde la administración local, incluso durante los años de crisis económica en la que todavía estamos muy inmersos. Antes de establecer unas reglas de gasto para estas administraciones y unos mecanismos de control que garanticen que se cumplan, conviene conocer la situación de las finanzas municipales (antes de atajar el problema conozcamos bien la situación de partida).

La realidad es que a día de hoy estamos lejos de conocer las cuentas de resultados de los ayuntamientos españoles, por dos motivos principales: la poca información pública existente y lo más grave, por la reducida fiabilidad de la misma.

En efecto, la información pública disponible sobre el estado de las cuentas municipales es escasa y dispersa. Si buscamos información sobre el estado de las finanzas municipales lo que encontramos básicamente es información sobre su deuda. El Ministerio de Economía publica la deuda viva anual de los ayuntamientos en su página web. El Banco de España (ver página) también publica la evolución trimestral de la deuda pública de las diferentes administraciones, incluyendo ratios interesantes como el peso de la deuda sobre el PIB (en el caso de la administración local solo publica los datos agregados y las capitales de provincia de más de 500.000 habitantes).

Conocer la deuda está bien pero por sí sola no nos permite conocer la situación económico-financiera de un ayuntamiento. Está claro que un volumen excesivo de deuda (teniendo en cuenta además los intereses que genera) es un problema. Lo que pasa es que si analizamos exclusivamente la cifra de la deuda no vamos a saber si se trata de un volumen excesivo o no. No es lo mismo decir que el autor de este post tiene una deuda viva de un millón de euros que el Sr Gates tiene una deuda viva de un millón de euros. La capacidad para devolver la deuda (que está ligada a la diferencia entre los gastos e ingresos no financieros) es fundamental a la hora de analizar el nivel de endeudamiento de un particular, un ayuntamiento o una empresa privada.

Otra fuente para averiguar datos municipales es el Tribunal de Cuentas, que publica un informe sobre fiscalización del sector público local. Este informe da una visión más completa de las cuentas municipales pero tiene sus “peros”. En primer lugar, el decalaje de tiempo en que se encuentra disponible (en marzo de este año se publicó el informe de 2006, 2007 y 2008). Además, según el propio organismo fiscalizador, numerosos ayuntamientos incumplen el requerimiento de rendición de cuentas (sí, se saltan alegremente la obligación legal que tienen de rendición de cuentas). Otros cumplen pero mal, con defectos de forma y fondo. ¿Alguna consecuencia? Como en otras muchas ocasiones que se han comentado en este blog, existe un régimen sancionador con una efectividad que brilla por su ausencia.

Además de las limitaciones que hemos comentado, existe otro problema de fondo cuando intentamos conocer las cuentas municipales y es la fiabilidad de las mismas. Hemos podido comprobar a raíz de los cambios de gobiernos producidos después de las últimas elecciones municipales cómo las cifras hay que “cogerlas con pinzas” (el nuevo equipo de gobierno “destapa” por ejemplo una deuda muy superior a la declarada, el anterior equipo lo niega, etc.).

Pero lo más grave es que los ayuntamientos no están recurriendo a técnicas financiero-contables avanzadas para camuflar o retocar las cifras. Nada de eso, podemos observar noticias en prensa que reflejan que nuevos equipos de gobiernos municipales se están encontrando facturas pendientes de pago en cajones (cogiendo polvo a la espera de ver la luz en algún momento). Y no hablamos solo de ayuntamientos de menor tamaño, estas técnicas contables “avanzadas” las han aplicado al parecer ayuntamientos como el de Sevilla.  En este ayuntamiento, el nuevo alcalde (a la par que actual Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias) se está encontrando facturas sin pagar en pesetas (ver noticia) y otras que ni siquiera el interventor del ayuntamiento conocía (ver noticia).

En definitiva, el nuevo gobierno debería trabajar en dos líneas actuación: aumento de la transparencia y mejora de la fiabilidad de la información económico-financiera municipal. En este sentido, ¿sería descabellado plantear un plan nacional de auditoría de las cuentas locales?. Posiblemente, pero algo hay que hacer para “limpiar” los cajones de facturas olvidadas. El siguiente paso necesario es establecer unas reglas de gasto para las entidades locales y sobre todo un mecanismo de control efectivo que garantice su cumplimiento. ¿Se puede establecer un régimen sancionador verdaderamente efectivo? ¿Si el sujeto de la sanción es el gestor público se producirán avances significativos en este ámbito?. Muchas dudas, pocas respuestas y un horizonte nada claro, es por el momento lo único que tenemos.