El núcleo de la crisis europea

El principal problema en la crisis de la moneda única no es de naturaleza económica, sino jurídico-política. Para completar el edificio a medio construir del euro, es preciso centralizar nuevos poderes en Bruselas a toda velocidad y además acertar con la mezcla exacta de austeridad, nueva regulación y libertad económica. Pero, más difícil todavía, todo esto se debe hacer al tiempo que se consigue que la Unión Europea (UE) sea una organización de poderes limitados, un elemento clave pero poco a poco desdibujado de su contrato social original y que resulta decisivo para que la Unión goce de suficiente legitimidad. Con este fin, Alemania, el Reino Unido y otros ponen todo tipo de condiciones y reservas a esta nueva transferencia de competencias y de dinero al nivel europeo. Tienen razón en su exigencia, pero no en cómo la formulan, al dejar de lado la necesaria flexibilidad en la interpretación de los límites, tanto por el proceso político europeo como por el Tribunal de Justicia de la UE. Ensayan peligrosas interpretaciones unilaterales del alcance de los poderes de la Unión, desafiando la competencia sobre la competencia que debe pertenecer al nivel europeo para evitar la desintegración.

Por otra parte, en este desesperanzado final del año 2011 la Unión no atraviesa su mejor momento político. Arrastramos una crisis de confianza tras la gran ampliación al Este, mal digerida, y la fallida constitución europea, que puso de relieve la desconexión entre mandatarios (o mandarines) y ciudadanos. A sus sesenta años de edad, nuestra venerable Unión no está para grandes saltos adelante y le falta una visión atractiva y movilizadora con la que renovar su proyecto. En muchos Estados miembros, el discurso anti-Bruselas vende bien en las elecciones y no hay líderes capaces de combinar una defensa de intereses nacionales con una apuesta decidida por profundizar en la integración europea, con sentido histórico y pensando en el mundo en el que van a vivir las siguientes generaciones. Solo el grave riesgo de desaparición del euro ha hecho que Alemania haya tenido que liderar un conjunto de soluciones a corto plazo, a regañadientes y siempre subordinada a las presiones y miedos de su entorno doméstico, paradójicamente muy favorecido por su pertenencia al euro desde su creación y también durante la crisis.

Todavía es pronto para decir si la cumbre del pasado 9 de diciembre ha sido un salto cualitativo, capaz de diseñar una estructura del euro a medio plazo o si por el contrario nos encontramos ante un parche más para salir del paso y convencer al BCE de que siga rescatando a bancos y Estados, como si su factura no tuviese que pagarla alguien. La elección del método intergubernamental para dar luz a las nuevas reglas del euro no presagia nada bueno. Este nuevo acuerdo no será nada sencillo ratificar por 24 parlamentos y la mezcla de elementos intergubernamentales con la regulación existente del euro en un tratado en el que predomina la lógica supranacional (léase federal) es un verdadero reto jurídico. Pero la parálisis sería aún peor: la Unión Económica y Monetaria necesita más muros y tejados porque la tormenta arrecia. Y hay que completar esta arquitectura sin aspirar a una centralización masiva de poderes en torno a Bruselas. Sería un error pensar de manera acrítica y voluntarista que las urgencias permiten que el modelo estatal se puede transplantar al nivel europeo, cuando no existen las bases constitucionales para hacerlo.

El núcleo de la crisis europea

El principal problema en la crisis de la moneda única no es de naturaleza económica, sino jurídico-política. Para completar el edificio a medio construir del euro, es preciso centralizar nuevos poderes en Bruselas a toda velocidad y además acertar con la mezcla exacta de austeridad, nueva regulación y libertad económica. Pero, más difícil todavía, todo esto se debe hacer al tiempo que se consigue que la Unión Europea (UE) sea una organización de poderes limitados, un elemento clave pero poco a poco desdibujado de su contrato social original y que resulta decisivo para que la Unión goce de suficiente legitimidad. Con este fin, Alemania, el Reino Unido y otros ponen todo tipo de condiciones y reservas a esta nueva transferencia de competencias y de dinero al nivel europeo. Tienen razón en su exigencia, pero no en cómo la formulan, al dejar de lado la necesaria flexibilidad en la interpretación de los límites, tanto por el proceso político europeo como por el Tribunal de Justicia de la UE. Ensayan peligrosas interpretaciones unilaterales del alcance de los poderes de la Unión, desafiando la competencia sobre la competencia que debe pertenecer al nivel europeo para evitar la desintegración.

Por otra parte, en este desesperanzado final del año 2011 la Unión no atraviesa su mejor momento político. Arrastramos una crisis de confianza tras la gran ampliación al Este, mal digerida, y la fallida constitución europea, que puso de relieve la desconexión entre mandatarios (o mandarines) y ciudadanos. A sus sesenta años de edad, nuestra venerable Unión no está para grandes saltos adelante y le falta una visión atractiva y movilizadora con la que renovar su proyecto. En muchos Estados miembros, el discurso anti-Bruselas vende bien en las elecciones y no hay líderes capaces de combinar una defensa de intereses nacionales con una apuesta decidida por profundizar en la integración europea, con sentido histórico y pensando en el mundo en el que van a vivir las siguientes generaciones. Solo el grave riesgo de desaparición del euro ha hecho que Alemania haya tenido que liderar un conjunto de soluciones a corto plazo, a regañadientes y siempre subordinada a las presiones y miedos de su entorno doméstico, paradójicamente muy favorecido por su pertenencia al euro desde su creación y también durante la crisis.

Todavía es pronto para decir si la cumbre del pasado 9 de diciembre ha sido un salto cualitativo, capaz de diseñar una estructura del euro a medio plazo o si por el contrario nos encontramos ante un parche más para salir del paso y convencer al BCE de que siga rescatando a bancos y Estados, como si su factura no tuviese que pagarla alguien. La elección del método intergubernamental para dar luz a las nuevas reglas del euro no presagia nada bueno. Este nuevo acuerdo no será nada sencillo ratificar por 24 parlamentos y la mezcla de elementos intergubernamentales con la regulación existente del euro en un tratado en el que predomina la lógica supranacional (léase federal) es un verdadero reto jurídico. Pero la parálisis sería aún peor: la Unión Económica y Monetaria necesita más muros y tejados porque la tormenta arrecia. Y hay que completar esta arquitectura sin aspirar a una centralización masiva de poderes en torno a Bruselas. Sería un error pensar de manera acrítica y voluntarista que las urgencias permiten que el modelo estatal se puede transplantar al nivel europeo, cuando no existen las bases constitucionales para hacerlo.

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