Un análisis sobre la justicia universal

Ha sido siempre la denominada justicia universal una cuestión controvertida entre la doctrina y la jurisprudencia penal. Como es sabido, el principio básico de la jurisdicción penal española es la que consiste en aplicar el principio de territorialidad, de manera que los tribunales españoles conocerán de aquellos delitos -con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima- cometidos en territorio español.

Sin embargo, en las últimas décadas, el principio de territorialidad ha ido perdiendo su rigidez. De manera que la jurisdicción española queda facultada para conocer de determinados delitos cometidos fuera del territorio español. Así el artículo 23.2 LOPJ permite que los tribunales españoles conozcan de delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan ciertos requisitos mencionados en el precepto. Se observa que se impone el principio personal frente al territorial.

Por otro lado, el artículo 23.3 LOPJ continúa con una referencia a la jurisdicción española para conocer de determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional pero en los que el bien jurídico protegido y lesionado se identifica con el Estado español (así, por ejemplo, los delitos cometidos contra el titular de la Corona o el atentado contra funcionarios públicos españoles).

Es quizá el párrafo cuarto del citado artículo 23 LOPJ el que mayor dificultad presenta y al que me quiero referir en esta entrada, que se refiere a la justicia universal. Como es sabido, ésta responde a un principio de solidaridad y de defensa de los derechos humanos, en virtud del cual se considera que los delitos de tal gravedad han de poder ser enjuiciados por cualquier tribunal. Este principio de justicia universal fue matizado no hace mucho por un Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de la AN de 3 de noviembre de 2005 que trataba de unificar criterios. El Acuerdo contenía cuatro puntos que pueden resumirse de la manera siguiente: El primero, exigía al tribunal el examen de oficio de la jurisdicción para la admisión de una denuncia o querella sobre delitos mencionados en el artículo 23.4 LOPJ. En el segundo punto, se pretendía una interpretación más limitada del artículo 23.4 LOPJ ya que «no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo». Por ello, el Pleno acordó la necesidad de constatar la concurrencia de «los requisitos exigidos para atribuir jurisdicción a la Audiencia Nacional en cada uno de los delitos del catálogo del art. 23.4 LOPJ según el ordenamiento jurídico interno, del que forman parte los tratados y convenios internacionales suscritos por España que se aplican con preferencia a la ley interna». El  tercer punto del Acuerdo, consciente de la concurrencia de jurisdicciones, establecía la necesidad de constatar antes de la admisión a trámite de la denuncia o querella, la inactividad de otro tribunal (que sería el del lugar de comisión del delito o de uno de índole internacional). Por último, comprobado el cumplimiento de todos los presupuestos anteriores el tribunal debería atender a un criterio de razonabilidad. Esto es, deberá aceptar la jurisdicción salvo que apreciara «exceso o abuso de derecho por la absoluta ajeneidad del asunto por tratarse de delitos y lugares totalmente extraños y/o alejados y no acreditar el denunciante o querellante interés directo o relación con ellos».

En el año 2009, la LO 1/2009, de 3 de noviembre, reformó el artículo 23.4 LOPJ. Además de añadir alguna categoría de delitos incluidos como el de «lesa humanidad» y el de «crímenes de guerra», incluyó un párrafo final al apartado en el que se ponía de manifiesto, una vez más, la tendencia restrictiva de esa jurisdicción universal que se había venido atribuyendo a la Audiencia Nacional. Este nuevo párrafo dice que:

«Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.»

Hace escasos días el TS ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Se trata de un recurso de casación interpuesto por el Comité de apoyo al Tíbet, Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa frente al Auto de 27 de octubre de 2010 de la Sala de lo Penal de la AN por el que desestimaba el recurso de apelación interpuesto frente al Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 que acordaba el archivo de las actuaciones. El querellante imputa a determinadas autoridades chinas algunos tipos delictivos mencionados en el artículo 23.4 LOPJ, cometidos contra la población tibetana. Con el ánimo de acreditar el vínculo de conexión relevante al que se refiere el artículo 23.4 LOPJ el recurso afirma: (i) la doble incriminación de los hechos denunciados en los ordenamientos afectados; (ii) la existencia de víctima española, que es el querellante. Con respecto a este requisito, hay que matizar que los hechos cometidos contra él ya están siendo conocidos por el Juzgado Central de Instrucción nº 2, por lo que el vínculo de conexión decae en este procedimiento y, (iii) las relaciones bilaterales entre España y China. Se invoca también en el recurso la vulneración por el Auto recurrido de ciertos preceptos constitucionales, en concreto, la prohibición de la retroactividad de las normas penales.

El TS ha acordado no haber lugar a la admisión del recurso de casación. Entendemos que esta orientación seguida por el legislador y el TS es más adecuada, evitando así la asunción de un gran número de asuntos para los que ya existen Tribunales Penales Internacionales que han de conocerlos.

 

Un análisis sobre la justicia universal

Ha sido siempre la denominada justicia universal una cuestión controvertida entre la doctrina y la jurisprudencia penal. Como es sabido, el principio básico de la jurisdicción penal española es la que consiste en aplicar el principio de territorialidad, de manera que los tribunales españoles conocerán de aquellos delitos -con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima- cometidos en territorio español.

Sin embargo, en las últimas décadas, el principio de territorialidad ha ido perdiendo su rigidez. De manera que la jurisdicción española queda facultada para conocer de determinados delitos cometidos fuera del territorio español. Así el artículo 23.2 LOPJ permite que los tribunales españoles conozcan de delitos cometidos en el extranjero por españoles, siempre que se cumplan ciertos requisitos mencionados en el precepto. Se observa que se impone el principio personal frente al territorial.

Por otro lado, el artículo 23.3 LOPJ continúa con una referencia a la jurisdicción española para conocer de determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional pero en los que el bien jurídico protegido y lesionado se identifica con el Estado español (así, por ejemplo, los delitos cometidos contra el titular de la Corona o el atentado contra funcionarios públicos españoles).

Es quizá el párrafo cuarto del citado artículo 23 LOPJ el que mayor dificultad presenta y al que me quiero referir en esta entrada, que se refiere a la justicia universal. Como es sabido, ésta responde a un principio de solidaridad y de defensa de los derechos humanos, en virtud del cual se considera que los delitos de tal gravedad han de poder ser enjuiciados por cualquier tribunal. Este principio de justicia universal fue matizado no hace mucho por un Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de la AN de 3 de noviembre de 2005 que trataba de unificar criterios. El Acuerdo contenía cuatro puntos que pueden resumirse de la manera siguiente: El primero, exigía al tribunal el examen de oficio de la jurisdicción para la admisión de una denuncia o querella sobre delitos mencionados en el artículo 23.4 LOPJ. En el segundo punto, se pretendía una interpretación más limitada del artículo 23.4 LOPJ ya que «no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo». Por ello, el Pleno acordó la necesidad de constatar la concurrencia de «los requisitos exigidos para atribuir jurisdicción a la Audiencia Nacional en cada uno de los delitos del catálogo del art. 23.4 LOPJ según el ordenamiento jurídico interno, del que forman parte los tratados y convenios internacionales suscritos por España que se aplican con preferencia a la ley interna». El  tercer punto del Acuerdo, consciente de la concurrencia de jurisdicciones, establecía la necesidad de constatar antes de la admisión a trámite de la denuncia o querella, la inactividad de otro tribunal (que sería el del lugar de comisión del delito o de uno de índole internacional). Por último, comprobado el cumplimiento de todos los presupuestos anteriores el tribunal debería atender a un criterio de razonabilidad. Esto es, deberá aceptar la jurisdicción salvo que apreciara «exceso o abuso de derecho por la absoluta ajeneidad del asunto por tratarse de delitos y lugares totalmente extraños y/o alejados y no acreditar el denunciante o querellante interés directo o relación con ellos».

En el año 2009, la LO 1/2009, de 3 de noviembre, reformó el artículo 23.4 LOPJ. Además de añadir alguna categoría de delitos incluidos como el de «lesa humanidad» y el de «crímenes de guerra», incluyó un párrafo final al apartado en el que se ponía de manifiesto, una vez más, la tendencia restrictiva de esa jurisdicción universal que se había venido atribuyendo a la Audiencia Nacional. Este nuevo párrafo dice que:

«Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior.»

Hace escasos días el TS ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión. Se trata de un recurso de casación interpuesto por el Comité de apoyo al Tíbet, Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa frente al Auto de 27 de octubre de 2010 de la Sala de lo Penal de la AN por el que desestimaba el recurso de apelación interpuesto frente al Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 que acordaba el archivo de las actuaciones. El querellante imputa a determinadas autoridades chinas algunos tipos delictivos mencionados en el artículo 23.4 LOPJ, cometidos contra la población tibetana. Con el ánimo de acreditar el vínculo de conexión relevante al que se refiere el artículo 23.4 LOPJ el recurso afirma: (i) la doble incriminación de los hechos denunciados en los ordenamientos afectados; (ii) la existencia de víctima española, que es el querellante. Con respecto a este requisito, hay que matizar que los hechos cometidos contra él ya están siendo conocidos por el Juzgado Central de Instrucción nº 2, por lo que el vínculo de conexión decae en este procedimiento y, (iii) las relaciones bilaterales entre España y China. Se invoca también en el recurso la vulneración por el Auto recurrido de ciertos preceptos constitucionales, en concreto, la prohibición de la retroactividad de las normas penales.

El TS ha acordado no haber lugar a la admisión del recurso de casación. Entendemos que esta orientación seguida por el legislador y el TS es más adecuada, evitando así la asunción de un gran número de asuntos para los que ya existen Tribunales Penales Internacionales que han de conocerlos.