Italia y su déficit democrático

El universo político italiano es muy peculiar y difícil de entender desde una perspectiva española porque, al mismo tiempo que los italianos nos resultan próximos a nivel personal y creemos entenderles casi como al vecino de al lado, resulta que reaccionan de una manera muy distinta a la nuestra y aceptan situaciones que en nuestra España serían difícilmente planteables. No olvidemos que su trayectoria histórica (la Italia unida solo tiene 150 años) social y política nada tiene que ver con la española, no existe el bipartidismo, la sociedad no está básicamente dividida en dos grupos irreconciliables, el partido comunista ha tenido una gran influencia en la vida política, económica y social, tienen mucha e importante industria autóctona, es la 7ª economía mas importante del mundo aunque la riqueza está repartida muy irregularmente a lo largo del territorio, mucho más que en España, con una gran brecha norte/sur y, sobre todo, han generado una “casta” política (el término se hizo famoso por un libro denuncia de gran éxito de dos periodistas del Corriere della Sera ya en 2007 ) con toda una red de servilismo parasitaria y con unos privilegios asociados que, en España, darían vértigo (aunque viendo lo que está saliendo cada día resultamos alumnos aventajados) .

Me refiero al gobierno técnico que los italianos han aceptado sin demasiados problemas, y no solo aceptado de forma pasiva sino reclamado y aclamado en plazas y foros de todo tipo. Las claves de que el italiano esté contento con la imposición de un gobierno de técnicos, que en España se mira con mucho recelo por su carencia de origen democrático, se puede entender si analizamos dos ideas que expongo a continuación:

Separación política – vida real

En la genética del ciudadano medio italiano figura la aceptación de un cierto nivel de laxitud en los políticos. Las personas que se dedican a la política se presuponen con unas características personales concretas que son toleradas por el resto de conciudadanos que se dedican a otra cosa. No olvidemos que la interminable lista de escándalos del Premier Berlusconi, ya de tipo político, sexual o económico, ha sido tolerada sin problema por los italianos que han seguido votándole y depositando su confianza en él. Porque, si algo está claro, es que han sido los mercados los que han terminado con la era Berlusconi y no sus propios escándalos. Mi conclusión es, por lo tanto, que en Italia la esfera política gira en un plano distinto al de la vida real y que se ha tolerado porque la incidencia era mínima entre una y otra, y si más bien complementaria, perpetuaba un sistema en el que los jugadores tenían claras las reglas de juego.

Estrategia de los partidos políticos

Hoy por hoy y por pura estrategia, en Italia nadie quiere el poder. Los partidos políticos italianos no quieren asumir el desgaste de liderar un proceso de reformas doloroso para el votante y prefieren mirar a la plaza desde la confortable barrera del congreso y el senado, en el que han sido sentados democráticamente. Casi nadie ha cuestionado el grado de democracia de un gobierno que no ha sido elegido por las urnas sino directamente a dedo por el presidente Giorgio Napolitano. Es más, se ha aplaudido de manera generalizada la iniciativa de Napolitano que está considerado como el salvador (hasta ahora) de la crisis italiana.

Entre los pocos que se han planteado la falta de legitimidad democrática del gobierno se encuentra el propio Berlusconi, quién, por razones obvias, no está contento con su salida que por otro lado ha sido “voluntaria” puesto que no ha habido cuestión parlamentaria. Berlusconi se ha escudado siempre en el valor de los votos obtenidos, utilizando las urnas como excusa para todas sus actuaciones.

Hay un artículo esclarecedor en el periódico virtual Linkiesta “La politica adesso guardi e impari come si governa un Paese” de Massimiliano Gallo que recomiendo leer.  El artículo hace referencia al hecho de que mientras todo va bien se puede tolerar una servidumbre a la inutilidad de los políticos pero cuando las cosas se ponen feas y hay que actuar con medidas que no permiten errores e ineficacia, ni obviamente márgenes de corrupción, hay que recurrir a profesionales, y no profesionales de la política sino de los distintos sectores; economía, educación, sanidad, justicia… que hay que gobernar correctamente.

Según Massimiliano Gallo; “Ningún partido quiere ser parte de la foto de equipo de aquellos que regalarán lágrimas y sangre a los italianos”. Eso sí, parece que todos los grupos políticos tienen la intención de volver al ruedo en 2013 en cuanto, según esperan, las medidas drásticas se hayan adoptado y se calmen las aguas. Claro que la previsión del propio Gallo es que el régimen político italiano de la segunda república ha iniciado, si no culminado, su fin con el gobierno Monti y no hay vuelta atrás.

Como era de esperar, todo el arco parlamentario, salvo la Lega, ha dado apoyo explicito al gobierno de Monti y como dice Emma Bonino en su discurso ante el Senado italiano el 17 de noviembre de 2011 ,  “ya que los partidos políticos han sido incapaces de asumir responsabilidades de gobierno en tiempos de crisis, el partido radical quiere dar todo su apoyo al gobierno Monti con la intención de otorgarle una pátina de legalidad democrática.”

Mi opinión personal es que, en épocas de crisis las soluciones no son las mismas que durante los periodos de gestión corriente. Y en estos momentos estamos inmersos en una gran crisis a la que las fórmulas conocidas no parecen dar solución. La democracia es importantísima para ponderar los excesos del poder, pero el sentido común y la experiencia concreta son muy necesarios cuando hay que  gestionar problemas reales. Sería magnífico poder aunar uno y otro, que los políticos no fueran derivando en una casta ajena a la vida común y que fueran gestores competentes de los problemas de sus votantes. Mariano Rajoy tiene ahora, en España, la oportunidad de demostrar que democracia y sentido común no están reñidos y establecer un gobierno de tipo Monti pero con gran surplus democrático.

 

Italia y su déficit democrático

El universo político italiano es muy peculiar y difícil de entender desde una perspectiva española porque, al mismo tiempo que los italianos nos resultan próximos a nivel personal y creemos entenderles casi como al vecino de al lado, resulta que reaccionan de una manera muy distinta a la nuestra y aceptan situaciones que en nuestra España serían difícilmente planteables. No olvidemos que su trayectoria histórica (la Italia unida solo tiene 150 años) social y política nada tiene que ver con la española, no existe el bipartidismo, la sociedad no está básicamente dividida en dos grupos irreconciliables, el partido comunista ha tenido una gran influencia en la vida política, económica y social, tienen mucha e importante industria autóctona, es la 7ª economía mas importante del mundo aunque la riqueza está repartida muy irregularmente a lo largo del territorio, mucho más que en España, con una gran brecha norte/sur y, sobre todo, han generado una “casta” política (el término se hizo famoso por un libro denuncia de gran éxito de dos periodistas del Corriere della Sera ya en 2007 ) con toda una red de servilismo parasitaria y con unos privilegios asociados que, en España, darían vértigo (aunque viendo lo que está saliendo cada día resultamos alumnos aventajados) .

Me refiero al gobierno técnico que los italianos han aceptado sin demasiados problemas, y no solo aceptado de forma pasiva sino reclamado y aclamado en plazas y foros de todo tipo. Las claves de que el italiano esté contento con la imposición de un gobierno de técnicos, que en España se mira con mucho recelo por su carencia de origen democrático, se puede entender si analizamos dos ideas que expongo a continuación:

Separación política – vida real

En la genética del ciudadano medio italiano figura la aceptación de un cierto nivel de laxitud en los políticos. Las personas que se dedican a la política se presuponen con unas características personales concretas que son toleradas por el resto de conciudadanos que se dedican a otra cosa. No olvidemos que la interminable lista de escándalos del Premier Berlusconi, ya de tipo político, sexual o económico, ha sido tolerada sin problema por los italianos que han seguido votándole y depositando su confianza en él. Porque, si algo está claro, es que han sido los mercados los que han terminado con la era Berlusconi y no sus propios escándalos. Mi conclusión es, por lo tanto, que en Italia la esfera política gira en un plano distinto al de la vida real y que se ha tolerado porque la incidencia era mínima entre una y otra, y si más bien complementaria, perpetuaba un sistema en el que los jugadores tenían claras las reglas de juego.

Estrategia de los partidos políticos

Hoy por hoy y por pura estrategia, en Italia nadie quiere el poder. Los partidos políticos italianos no quieren asumir el desgaste de liderar un proceso de reformas doloroso para el votante y prefieren mirar a la plaza desde la confortable barrera del congreso y el senado, en el que han sido sentados democráticamente. Casi nadie ha cuestionado el grado de democracia de un gobierno que no ha sido elegido por las urnas sino directamente a dedo por el presidente Giorgio Napolitano. Es más, se ha aplaudido de manera generalizada la iniciativa de Napolitano que está considerado como el salvador (hasta ahora) de la crisis italiana.

Entre los pocos que se han planteado la falta de legitimidad democrática del gobierno se encuentra el propio Berlusconi, quién, por razones obvias, no está contento con su salida que por otro lado ha sido “voluntaria” puesto que no ha habido cuestión parlamentaria. Berlusconi se ha escudado siempre en el valor de los votos obtenidos, utilizando las urnas como excusa para todas sus actuaciones.

Hay un artículo esclarecedor en el periódico virtual Linkiesta “La politica adesso guardi e impari come si governa un Paese” de Massimiliano Gallo que recomiendo leer.  El artículo hace referencia al hecho de que mientras todo va bien se puede tolerar una servidumbre a la inutilidad de los políticos pero cuando las cosas se ponen feas y hay que actuar con medidas que no permiten errores e ineficacia, ni obviamente márgenes de corrupción, hay que recurrir a profesionales, y no profesionales de la política sino de los distintos sectores; economía, educación, sanidad, justicia… que hay que gobernar correctamente.

Según Massimiliano Gallo; “Ningún partido quiere ser parte de la foto de equipo de aquellos que regalarán lágrimas y sangre a los italianos”. Eso sí, parece que todos los grupos políticos tienen la intención de volver al ruedo en 2013 en cuanto, según esperan, las medidas drásticas se hayan adoptado y se calmen las aguas. Claro que la previsión del propio Gallo es que el régimen político italiano de la segunda república ha iniciado, si no culminado, su fin con el gobierno Monti y no hay vuelta atrás.

Como era de esperar, todo el arco parlamentario, salvo la Lega, ha dado apoyo explicito al gobierno de Monti y como dice Emma Bonino en su discurso ante el Senado italiano el 17 de noviembre de 2011 ,  “ya que los partidos políticos han sido incapaces de asumir responsabilidades de gobierno en tiempos de crisis, el partido radical quiere dar todo su apoyo al gobierno Monti con la intención de otorgarle una pátina de legalidad democrática.”

Mi opinión personal es que, en épocas de crisis las soluciones no son las mismas que durante los periodos de gestión corriente. Y en estos momentos estamos inmersos en una gran crisis a la que las fórmulas conocidas no parecen dar solución. La democracia es importantísima para ponderar los excesos del poder, pero el sentido común y la experiencia concreta son muy necesarios cuando hay que  gestionar problemas reales. Sería magnífico poder aunar uno y otro, que los políticos no fueran derivando en una casta ajena a la vida común y que fueran gestores competentes de los problemas de sus votantes. Mariano Rajoy tiene ahora, en España, la oportunidad de demostrar que democracia y sentido común no están reñidos y establecer un gobierno de tipo Monti pero con gran surplus democrático.

 

Rey de un pueblo de hombres libres, difícil oficio

Corría el año 1982 y yo era un incipiente estudiante de Derecho que aún no había cumplido los veinte años pero que ya tenía una cierta inquietud por lo social y lo político. Junto con otros compañeros de clase nos organizamos para disfrutar unas vacaciones a nuestro aire y, para justificar ante nuestros padres la financiación de esta aventura, no se nos ocurrió otra cosa que apuntarnos a un par de cursos de verano en la, entonces, joven Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

Uno de ellos se titulaba “La Corona en las democracias occidentales” y estaba dirigido por el profesor D. Pablo Lucas Verdú. Durante esos días, además de pasarlo tan bien como era de esperar, tuvimos el buen criterio de aprovechar la magnifica oportunidad de asistir a una de las últimas actividades estrictamente académicas del profesor Tierno Galván, por aquel entonces Alcalde de Madrid, además de aprender de insignes juristas de la talla de D. Antonio Hernández Gil, D. Antonio Torres del Moral, D. Joaquín Tomás Villarroya, D. Manuel Jiménez de Parga, D. Martín Bassols Comá o, incluso, un entonces joven catedrático de la Universidad de Sevilla llamado D. Javier Pérez Royo, entre otros. A lo largo de dos intensas semanas todos ellos abordaron, desde distintos puntos de vista ideológicos pero siempre con un enfoque jurídico, la institución de la monarquía constitucional española. La materia, teniendo en cuenta que solo había pasado algo más de un año desde el frustrado golpe de estado de 1981, resultó tan interesante y los ponentes, en general, tan amenos que a pesar del inevitable trasnoche no nos perdimos ni una de las sesiones.

Los acontecimientos recientes y su repercusión en los medios de comunicación han devuelto al debate político la cuestión monárquica y me han hecho rememorar aquellos días y algunas de las cosas que entonces se dijeron. Así, recuerdo que poco antes de la celebración del curso, el Centro de Estudios Constitucionales había editado una traducción que Tierno Galvan había realizado de la obra “Movimientos sociales y monarquía” de Lorenz Von Stein y que la tesis de la figura de la Corona como un auténtico poder moderador del sistema fue la que, con carácter general se caracterizó como una idea común a casi todas las intervenciones.

No está de más, para evitar caer en el análisis simplista y frívolo que encontramos en algunas declaraciones y artículos publicados estos días, que repasemos en este foro algunas cuestiones relacionadas con el fundamento de nuestra monarquía constitucional.

Así, en nuestra Constitución -que tras su ratificación por el pueblo español mediante referéndum, otorga a la Corona la misma legitimidad democrática que a las restantes instituciones constitucionales- de acuerdo con lo previsto en sus artículos 56 y siguientes, la Corona adopta el rol de “poder moderador” y de esta manera el Rey no solo simboliza la unidad del Estado sino que se le otorgan atribuciones para impedir que el apasionamiento de los conflictos, entre los grupos políticos, pudiera llevar a la destrucción del sistema. Efectivamente, el Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y actúa, en palabras de Martínez Sospreda, como un factor de equilibrio del funcionamiento del sistema de gobierno que, suavizando los roces institucionales, facilita la coordinación de sus diversas instancias. Parafresando a Von Stein, sería “el poder moderador natural”, por encima de todas las clases sociales y defensor de la “verdadera libertad social”.

Por otra parte, su carácter histórico la configura como un elemento de integración y unidad del Estado, en este sentido la Corona simboliza a la comunidad toda y es un recuerdo de la antigua distinción entre el concepto del Estado –que simboliza la unidad, desde el punto de vista jurídico-político- frente a la sociedad, que expresa la diversidad de grupos sociales con sus inherentes pugnas de poder. Así el Rey, como Jefe del Estado, representa la unidad y la inmutabilidad, mientras el Presidente del Gobierno es la expresión de la política contingente y está sometido a los cambios derivados de la variación en el régimen de mayorías parlamentarias.

La Corona, además tiene una función simbólica, como primera figura de la sociedad nacional, como personificación del Estado y como magistratura moral. En este sentido, no solo representa lo que España es hoy en día sino que, a través de la continuidad de su linaje, proyecta en todos los ámbitos, tanto dentro del país como internacionalmente, lo que esta Nación ha sido en la historia del mundo. Este rol no es baladí y aunque puede apreciarse más fácilmente en supuestos anecdóticos -como sucedió con el reconocimiento general de su autoridad cuando el Rey de España interrumpió en el uso de la palabra a un conocido presidente latinoamericano en una conferencia internacional, cuando éste lo ejercía a destiempo- también se manifiesta en ámbitos más discretos y relevantes.

Así pues, en nuestra monarquía constitucional, el monarca cumple la función de representante de la comunidad por encima de las clases sociales, grupos de intereses o diversidades étnicas o lingüísticas. Pero no debemos ser ingenuos, el Rey también es un hombre y para asegurar este cometido hay que dotar a la institución de condiciones de riqueza, respeto y dignidad en forma que quede al margen de apetencias y ambiciones comunes a sus súbditos, como señala Von Stein: “…hay que darle más de lo que pueda disfrutar, a fin de que al menos para él, personalmente, ya no tenga valor alguno aquello por lo que otros se afanan. Hay que colocarle tan alto que, al menos para él las cosas humanas ya no aparezcan en su valor individual, sino solo en su valor general…” Así, “no teniendo ya absolutamente otro interés, el interés único que aún le inspira es precisamente llegar a ser el Estado mismo”. Esta necesidad es la que solventa la previsión contenida en el art. 65.1 de la Constitución y que, desde algunos sectores tanto se discute.

En cualquier caso, al margen de los planteamientos teóricos, ejercer como Rey de un pueblo de hombres libres como es el nuestro resulta, sin duda, un oficio difícil, aunque durante muchos años en España hayamos disfrutado de un monarca que, gracias a su buen desempeño, ha conseguido hacerlo parecer fácil. Como hemos visto, el ámbito de actuación que la Carta Magna determina para nuestra monarquía constitucional, dada por otra parte la relativa ambigüedad del alcance de sus funciones concretas, se centra sobretodo en el ejercicio de un liderazgo moral que se basa mucho más en la autoritas que en la potestas.

En este sentido, aunque a lo largo de los años la personalidad carismática de Don Juan Carlos y su buen hacer ha centralizado en su persona la institución monárquica, los acontecimientos que estamos viviendo estos días nos recuerdan que la Corona como institución trasciende, en determinados ámbitos, la persona del Rey, de manera que las actuaciones que realicen otros miembros de la Familia Real tiene su incidencia no solo cuando se ejercen por delegación sino, incluso en muchas ocasiones, cuando se realizan en lo que pudiera entenderse como esfera privada. Efectivamente, si estas actuaciones no alcanzan el nivel de excelencia ético que en cada momento la sociedad establece como mínimo, tendrán consecuencias en la percepción que esa sociedad tenga de la institución misma y, al afectar a su autoridad moral, también lo harán respecto a su propia capacidad para ejercer eficazmente las altas e importantes funciones que tiene encomendadas.

Últimamente, algunos constitucionalistas como Jorge de Esteban, abogan por la aprobación de una Ley Orgánica que desarrolle la Constitución en lo que se refiere a la institución monárquica. Sin embargo, a mi juicio, esta posibilidad es cuando menos dudosa en términos jurídicos pues la institución de la Corona no aparece como una de las materias que fueron incluidas ni en el ámbito de aplicación del artículo 81.1 del texto constitucional donde se establece que “son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”, ni tampoco ningún otro precepto realiza una remisión expresa a un posible desarrollo mediante Ley Orgánica. Es más, como recoge Linde Paniagua (Leyes Orgánicas, Madrid, 1990, pags. 18 y ss.) mientras que en el primer anteproyecto de Constitución se consideraban como leyes orgánica las relativas “…a la organización de las instituciones centrales del Estado…”, entre las que podrían considerarse incluida a la Corona; sin embargo, a partir del Texto surgido de la Comisión Mixta Congreso-Senado esa mención expresa desapareció, de lo que se desprende que la voluntad del constituyente era la de evitar un mención genérica que abarcara a la Corona y optó por prever de forma expresa, institución por institución, cuales de las instituciones centrales del Estado debían ser reguladas de esta manera.

Por otra parte, la determinación de que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad contenida en el art. 56.3 y la facultad reconocida constitucionalmente en el art. 65 para que distribuya libremente su dotación presupuestaria y pueda nombrar del mismo modo a los miembros civiles y militares de su Casa, limitaría mucho el ámbito de vigencia de esa posible Ley Orgánica respecto a los objetivos que, dadas las circunstancias, ahora se pretenden.

Sin embargo, resulta ineludible actuar de modo que la autoritas de la Corona se mantenga, no solo en el momento presente, sino sobretodo de cara a una futura, y tarde o temprano inevitable, sucesión. Preservar esa autoritas es requisito ineludible para que la institución sea eficaz y pueda mantenerse en el tiempo.

Tal vez, dadas sus peculiares características, la Corona sea un campo particularmente adecuado para ensayar en ella un moderno mecanismo de autorregulación: un Código de conducta donde, respetando la inviolabilidad y la no sujeción a responsabilidad del Rey, se establezca el estándar de conducta de las personas que conforman la Familia y la Casa Real.

El progresivo auge de los códigos éticos de conducta tiene su origen en la cultura corporativa anglosajona, donde la ausencia de un intenso marco regulador determinado por las leyes, ha hecho necesario un impulso autorregulador de las grandes corporaciones en una suerte de ejercicio de autocontrol. En el ámbito de las instituciones y adminsitraciones públicas también se ha considerado este modelo como aplicable, como he tenido ocasión de comentar en alguna otra ocasión (ver aquí). El impulso público a éste tipo de códigos se ha verificado también cuando las organizaciones han de actuar en entornos en donde no existe un marco jurídico al que sujetarse. Dejo en el aire esta propuesta cuya iniciativa y desarrollo debería corresponder, como es lógico, a la Casa Real.

Rey de un pueblo de hombres libres, difícil oficio

Corría el año 1982 y yo era un incipiente estudiante de Derecho que aún no había cumplido los veinte años pero que ya tenía una cierta inquietud por lo social y lo político. Junto con otros compañeros de clase nos organizamos para disfrutar unas vacaciones a nuestro aire y, para justificar ante nuestros padres la financiación de esta aventura, no se nos ocurrió otra cosa que apuntarnos a un par de cursos de verano en la, entonces, joven Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander

Uno de ellos se titulaba “La Corona en las democracias occidentales” y estaba dirigido por el profesor D. Pablo Lucas Verdú. Durante esos días, además de pasarlo tan bien como era de esperar, tuvimos el buen criterio de aprovechar la magnifica oportunidad de asistir a una de las últimas actividades estrictamente académicas del profesor Tierno Galván, por aquel entonces Alcalde de Madrid, además de aprender de insignes juristas de la talla de D. Antonio Hernández Gil, D. Antonio Torres del Moral, D. Joaquín Tomás Villarroya, D. Manuel Jiménez de Parga, D. Martín Bassols Comá o, incluso, un entonces joven catedrático de la Universidad de Sevilla llamado D. Javier Pérez Royo, entre otros. A lo largo de dos intensas semanas todos ellos abordaron, desde distintos puntos de vista ideológicos pero siempre con un enfoque jurídico, la institución de la monarquía constitucional española. La materia, teniendo en cuenta que solo había pasado algo más de un año desde el frustrado golpe de estado de 1981, resultó tan interesante y los ponentes, en general, tan amenos que a pesar del inevitable trasnoche no nos perdimos ni una de las sesiones.

Los acontecimientos recientes y su repercusión en los medios de comunicación han devuelto al debate político la cuestión monárquica y me han hecho rememorar aquellos días y algunas de las cosas que entonces se dijeron. Así, recuerdo que poco antes de la celebración del curso, el Centro de Estudios Constitucionales había editado una traducción que Tierno Galvan había realizado de la obra “Movimientos sociales y monarquía” de Lorenz Von Stein y que la tesis de la figura de la Corona como un auténtico poder moderador del sistema fue la que, con carácter general se caracterizó como una idea común a casi todas las intervenciones.

No está de más, para evitar caer en el análisis simplista y frívolo que encontramos en algunas declaraciones y artículos publicados estos días, que repasemos en este foro algunas cuestiones relacionadas con el fundamento de nuestra monarquía constitucional.

Así, en nuestra Constitución -que tras su ratificación por el pueblo español mediante referéndum, otorga a la Corona la misma legitimidad democrática que a las restantes instituciones constitucionales- de acuerdo con lo previsto en sus artículos 56 y siguientes, la Corona adopta el rol de “poder moderador” y de esta manera el Rey no solo simboliza la unidad del Estado sino que se le otorgan atribuciones para impedir que el apasionamiento de los conflictos, entre los grupos políticos, pudiera llevar a la destrucción del sistema. Efectivamente, el Rey arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y actúa, en palabras de Martínez Sospreda, como un factor de equilibrio del funcionamiento del sistema de gobierno que, suavizando los roces institucionales, facilita la coordinación de sus diversas instancias. Parafresando a Von Stein, sería “el poder moderador natural”, por encima de todas las clases sociales y defensor de la “verdadera libertad social”.

Por otra parte, su carácter histórico la configura como un elemento de integración y unidad del Estado, en este sentido la Corona simboliza a la comunidad toda y es un recuerdo de la antigua distinción entre el concepto del Estado –que simboliza la unidad, desde el punto de vista jurídico-político- frente a la sociedad, que expresa la diversidad de grupos sociales con sus inherentes pugnas de poder. Así el Rey, como Jefe del Estado, representa la unidad y la inmutabilidad, mientras el Presidente del Gobierno es la expresión de la política contingente y está sometido a los cambios derivados de la variación en el régimen de mayorías parlamentarias.

La Corona, además tiene una función simbólica, como primera figura de la sociedad nacional, como personificación del Estado y como magistratura moral. En este sentido, no solo representa lo que España es hoy en día sino que, a través de la continuidad de su linaje, proyecta en todos los ámbitos, tanto dentro del país como internacionalmente, lo que esta Nación ha sido en la historia del mundo. Este rol no es baladí y aunque puede apreciarse más fácilmente en supuestos anecdóticos -como sucedió con el reconocimiento general de su autoridad cuando el Rey de España interrumpió en el uso de la palabra a un conocido presidente latinoamericano en una conferencia internacional, cuando éste lo ejercía a destiempo- también se manifiesta en ámbitos más discretos y relevantes.

Así pues, en nuestra monarquía constitucional, el monarca cumple la función de representante de la comunidad por encima de las clases sociales, grupos de intereses o diversidades étnicas o lingüísticas. Pero no debemos ser ingenuos, el Rey también es un hombre y para asegurar este cometido hay que dotar a la institución de condiciones de riqueza, respeto y dignidad en forma que quede al margen de apetencias y ambiciones comunes a sus súbditos, como señala Von Stein: “…hay que darle más de lo que pueda disfrutar, a fin de que al menos para él, personalmente, ya no tenga valor alguno aquello por lo que otros se afanan. Hay que colocarle tan alto que, al menos para él las cosas humanas ya no aparezcan en su valor individual, sino solo en su valor general…” Así, “no teniendo ya absolutamente otro interés, el interés único que aún le inspira es precisamente llegar a ser el Estado mismo”. Esta necesidad es la que solventa la previsión contenida en el art. 65.1 de la Constitución y que, desde algunos sectores tanto se discute.

En cualquier caso, al margen de los planteamientos teóricos, ejercer como Rey de un pueblo de hombres libres como es el nuestro resulta, sin duda, un oficio difícil, aunque durante muchos años en España hayamos disfrutado de un monarca que, gracias a su buen desempeño, ha conseguido hacerlo parecer fácil. Como hemos visto, el ámbito de actuación que la Carta Magna determina para nuestra monarquía constitucional, dada por otra parte la relativa ambigüedad del alcance de sus funciones concretas, se centra sobretodo en el ejercicio de un liderazgo moral que se basa mucho más en la autoritas que en la potestas.

En este sentido, aunque a lo largo de los años la personalidad carismática de Don Juan Carlos y su buen hacer ha centralizado en su persona la institución monárquica, los acontecimientos que estamos viviendo estos días nos recuerdan que la Corona como institución trasciende, en determinados ámbitos, la persona del Rey, de manera que las actuaciones que realicen otros miembros de la Familia Real tiene su incidencia no solo cuando se ejercen por delegación sino, incluso en muchas ocasiones, cuando se realizan en lo que pudiera entenderse como esfera privada. Efectivamente, si estas actuaciones no alcanzan el nivel de excelencia ético que en cada momento la sociedad establece como mínimo, tendrán consecuencias en la percepción que esa sociedad tenga de la institución misma y, al afectar a su autoridad moral, también lo harán respecto a su propia capacidad para ejercer eficazmente las altas e importantes funciones que tiene encomendadas.

Últimamente, algunos constitucionalistas como Jorge de Esteban, abogan por la aprobación de una Ley Orgánica que desarrolle la Constitución en lo que se refiere a la institución monárquica. Sin embargo, a mi juicio, esta posibilidad es cuando menos dudosa en términos jurídicos pues la institución de la Corona no aparece como una de las materias que fueron incluidas ni en el ámbito de aplicación del artículo 81.1 del texto constitucional donde se establece que “son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”, ni tampoco ningún otro precepto realiza una remisión expresa a un posible desarrollo mediante Ley Orgánica. Es más, como recoge Linde Paniagua (Leyes Orgánicas, Madrid, 1990, pags. 18 y ss.) mientras que en el primer anteproyecto de Constitución se consideraban como leyes orgánica las relativas “…a la organización de las instituciones centrales del Estado…”, entre las que podrían considerarse incluida a la Corona; sin embargo, a partir del Texto surgido de la Comisión Mixta Congreso-Senado esa mención expresa desapareció, de lo que se desprende que la voluntad del constituyente era la de evitar un mención genérica que abarcara a la Corona y optó por prever de forma expresa, institución por institución, cuales de las instituciones centrales del Estado debían ser reguladas de esta manera.

Por otra parte, la determinación de que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad contenida en el art. 56.3 y la facultad reconocida constitucionalmente en el art. 65 para que distribuya libremente su dotación presupuestaria y pueda nombrar del mismo modo a los miembros civiles y militares de su Casa, limitaría mucho el ámbito de vigencia de esa posible Ley Orgánica respecto a los objetivos que, dadas las circunstancias, ahora se pretenden.

Sin embargo, resulta ineludible actuar de modo que la autoritas de la Corona se mantenga, no solo en el momento presente, sino sobretodo de cara a una futura, y tarde o temprano inevitable, sucesión. Preservar esa autoritas es requisito ineludible para que la institución sea eficaz y pueda mantenerse en el tiempo.

Tal vez, dadas sus peculiares características, la Corona sea un campo particularmente adecuado para ensayar en ella un moderno mecanismo de autorregulación: un Código de conducta donde, respetando la inviolabilidad y la no sujeción a responsabilidad del Rey, se establezca el estándar de conducta de las personas que conforman la Familia y la Casa Real.

El progresivo auge de los códigos éticos de conducta tiene su origen en la cultura corporativa anglosajona, donde la ausencia de un intenso marco regulador determinado por las leyes, ha hecho necesario un impulso autorregulador de las grandes corporaciones en una suerte de ejercicio de autocontrol. En el ámbito de las instituciones y adminsitraciones públicas también se ha considerado este modelo como aplicable, como he tenido ocasión de comentar en alguna otra ocasión (ver aquí). El impulso público a éste tipo de códigos se ha verificado también cuando las organizaciones han de actuar en entornos en donde no existe un marco jurídico al que sujetarse. Dejo en el aire esta propuesta cuya iniciativa y desarrollo debería corresponder, como es lógico, a la Casa Real.