Uno de estos pasados días festivos estuve en el cine viendo “La Conspiración”, la estupenda película dirigida por Robert Redford sobre el asesinato, el 15 de abril de 1865, al acabar la Guerra Civil americana, del presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln. Aparte de una magnífica ambientación, de una ejemplar reconstrucción de escenarios de la época, y de alguna actuación realmente memorable, la película plantea una cuestión de gran actualidad: la colisión de la llamada “razón de Estado” con los principios constitucionales que rigen en un Estado de Derecho, colisión que suele resolverse, como en la película, con la victoria de la primera sobre éstos últimos. Por “razón de Estado” se entiende, desde que Nicolás Maquiavelo acuñó el término, la adopción de medidas excepcionales por parte de un gobernante con objeto de preservar el interés de una nación, bajo el presupuesto de que dicho interés prevalece sobre otros individuales o colectivos.

La historia es, muy esquemáticamente, la siguiente: la Unión acaba de ganar una dolorosa guerra de cuatro años a la Confederación de Estados del Sur, y el Presidente vencedor es asesinado en un palco del Teatro Ford de Georgetown, en las afueras de Washington, por unos sudistas despechados, que también han atentado sin éxito el mismo día contra el Vicepresidente Andrew Johnson y contra el Secretario de Estado William Seward. El suceso causa tal conmoción en el país que el Gobierno ve peligrar su todavía frágil victoria, y la propia supervivencia de la nación. El Ministro de la Guerra, Edwin Stanton, asume el mando de las investigaciones y ordena que tengan un rápido desenlace para tranquilizar al pueblo y escarmentar a los sudistas. Sus órdenes son cumplidas, y rápidamente se detiene a un heterogéneo grupo de conspiradores. Entre ellos se encuentra una mujer viuda ya de cierta edad, de origen sureño, llamada Mary Surratt, cuya única actividad sospechosa era regentar una casa de huéspedes en la que se reunían los conjurados, entre ellos su hijo John, que ha logrado huir de la Justicia. La mujer es sometida a juicio por un Tribunal Militar y contra ella sólo se presentan un par de testimonios de dudosa fiabilidad. Frederick Aiken, su joven y voluntarioso abogado, héroe de guerra de la Unión, consigue que el Tribunal no la condene en un primer momento. Pero las nada veladas presiones del Gobierno sobre el Tribunal Militar que juzga a los conjurados hacen que se modifique el veredicto, y que Mary Surratt acabe muriendo en la horca junto con el resto de los detenidos.

La película tiene varios momentos memorables, como la escena en que el joven abogado Aiken aborda al Ministro de la Guerra Stanton al entrar en una fiesta para interceder por su defendida, y el Ministro le contesta que la supervivencia de la nación exige una rápida condena, sea de quien sea. O la reveladora votación a mano alzada de los Generales del Ejército de la Unión, integrantes del Tribunal Militar, sobre la condena de la desdichada mujer. También resultan tremendamente impactantes las continuas consultas del Fiscal Militar que lleva la acusación al implacable Stanton, que dirige en la sombra la actuación del Tribunal.

El tema no deja de ser de gran interés y actualidad. Uno recuerda la celeridad y el escaso rigor con que se quiso cerrar la investigación y el juicio por los atentados del 11-M en Madrid, o las no pocas actuaciones mediáticas de algunos jueces y fiscales estrella en los últimos tiempos, teledirigidas por los políticos de turno, para perseguir asuntos en los que se buscaba más una pena de telediario que una condena real, y se da cuenta de que la política, en todos los tiempos y en todos los lugares, ha tratado de mediatizar la Justicia en asuntos que trascienden a la opinión pública. Y el uso de la llamada “razón de Estado”, es decir, una eventual protección de los intereses de un país decidida unilateralmente por alguien, aun en contra de los principios básicos que rigen en un Estado de Derecho, es una de las manifestaciones más peligrosas de esa mediatización. El problema es que quienes se arrogan a sí mismos la capacidad de ejercer o interpretar esa “razón de Estado” suelen ser políticos implacables, sin escrúpulos, fácilmente identificables en todas las épocas y lugares, con un importante déficit de convicciones democráticas, y normalmente investidos de tanto poder que escapa a cualquier control. Y ahí radica su enorme peligro.

No obstante, algunos países siguen llevándonos siglos de ventaja. Pese a todo lo narrado, en los Estados Unidos de América, un año después de la injusta condena de Mary Surratt, se instauró la obligatoriedad del juicio con jurado civil para cualquier acusado, incluso en caso de guerra. Y el hijo de la pobre ejecutada, John Surratt, que era el verdadero cómplice del actor John Wilkes Booth, asesino material del Presidente Lincoln, fue detenido, juzgado y absuelto un par de años después de la ejecución de su madre por insuficiencia de las pruebas reunidas en su contra. Además, como aparece en la película, un veterano Juez del Tribunal Supremo, nombrado en su día por el propio Lincoln, fue capaz de aceptar un recurso de “habeas corpus” presentado por el abogado de Mary Surratt a altas horas de la noche anterior a su ejecución, concediéndole derecho a un nuevo juicio ante un Tribunal civil, recurso que fue revocado por orden del nuevo Presidente, Andrew Johnson –de nuevo la “razón de Estado” aparece de forma implacable- la propia mañana de su ejecución.

En cualquier caso, resulta enormemente reconfortante ver a un joven héroe de guerra de la Unión, el abogado Frederick Aiken, quien tras llevar el caso se retiró de la Abogacía y acabó como redactor-jefe del Washington Post, responder a los muchos reproches y ofensas que recibe por defender a Mary Surratt explicando que él ha combatido por el Presidente asesinado cuatro largos años, poniendo en juego su vida, con el único fin de conseguir que en todo el país se respete la Constitución, de forma que incluso sus enemigos puedan acogerse a los derechos fundamentales que en ella se reconocen. Y ello en la segunda mitad del siglo XIX. Realmente, en cuanto a convicciones democráticas y respeto al Estado de Derecho algunos nos llevan mucha ventaja. ¡Qué sana envidia!