Ideas para la mejora de la situación actual de la Administración de Justicia en España

En general, las claves para mejorar el actual estado de la Justicia española pasan por reforzar la independencia judicial, despolitizando y profesionalizando su funcionamiento; mejorar su proyección institucional, neutral y pública ante la necesidad de entender que en cada pleito resuelto siempre habrá una parte, la que pierde, que verterá críticas negativas para con la profesión, sin que haya alternativa mejor que potenciar el sistema de garantías, seña propia del irrenunciable Estado de Derecho al que pertenecemos, e invertir en tecnologizar y simplificar las partes del procedimiento que lo permitan, a la par que desjudicializar los asuntos que no tengan entidad para el enjuiciamiento, derivándolas hacia otras vías alternativas de solución de conflictos. 

Para ello, desde este post, queremos casi enunciar algunas ideas y medidas que servirían para hacer algún cambio significativo que ayudara a desbloquear el actual colapso en la Justicia española: Así:

1) En las elecciones al próximo CGPJ, realizar previamente unas primarias entre todos los Jueces, asociados y no, para que presentándose listas abiertas, sólo se elija para representar a los Jueces en su Órgano de Gobierno, los 12 más votados, evitándose que, como en el pasado, la posterior intervención de Órganos políticos seleccione a los más politizados.

2) Exigir que el Tribunal Constitucional acabe siendo una sala más del Tribunal Supremo, la sala 6ª, conformada mayoritariamente por Jueces, aun con entrada de juristas de prestigio de otros colectivos profesionales por el quinto turno, y con la misión constitucionalmente señalada en la Carta Magna, evitando que sea una tercera instancia, como es actualmente, que se dedicaría a resolver la impugnación de leyes, cuestiones de constitucionalidad y conflictos de competencias, para que el resto de salas del TS fueran el máximo intérprete de la CE en las cuestiones relativas a los derechos fundamentales de cada jurisdicción, con posibilidad de recurso para unificación de doctrina si entre ellas se produjeren divergencias señalables en la interpretación de idénticos preceptos de la Constitución.

3) Elección de Altos cargos judiciales (Presidencias de TS; TSJ; AP) de manera directa por los propios Jueces afectados del mismo territorio, como ocurre para los Jueces Decanos.

4) Solicitar que se invierta en Justicia en vez del  0´38 % del PIB, al menos un 2% del mismo, que es la media de inversión en recursos para la Justicia de la Unión Europea.

Igualmente demandar que el poder judicial tenga y disponga de su propio presupuesto para garantizar su independencia financiera, acabando con esa proletarización que tan adrede buscan algunos políticos, desconociendo que una Justicia eficaz y al día es el mejor instrumento para garantizar, además del Estado de Derecho, en sí mismo, y la defensa de los derechos de los ciudadanos, la propia seguridad jurídica, que tanto tiene que ver a la hora de planificar y ejecutar las inversiones de la iniciativa privada y el crédito (mercantil y financiero) internacional.

6) Convertir a los Secretarios Judiciales en Jueces de entrada, llevándose la mitad de la plantilla donde sirven actualmente y destinándoles fundamentalmente a la resolución de los asuntos de menor cuantía y complejidad (juicios de faltas, monitorios, etc), suprimiendo este cuerpo al servicio del Ministerio, que no de la Justicia.

Debe recuperarse la Justicia de entrada o de base (la llamada de Distrito suprimida en 1989), para los Jueces en el inicio de su carrera, complementada después por otra de segundo grado (según materias), más la de apelación y revisión y una casación propiamente tal, jurídica, profiláctica y de unificación de doctrina.

7) Desarrollar, desgajándola de la gubernativa –que quedaría para funciones de orden público-, una auténtica Policía judicial, para las investigaciones procesales del Juez instructor, y en cualquier caso, y prioritariamente para las investigaciones que afecten a políticos imputados.

8 ) Reforzar la independencia y despolitización del Ministerio Fiscal respecto del Poder Ejecutivo y sobre todo la de sus Órganos representativos y de Gobierno, como el Consejo Fiscal, que deberá ganar en autonomía e imparcialidad.

9) Retirar la NOJ, ante el fracaso que está suponiendo su implantación sin presupuesto e inversión, y por pretender convertirla en una oficina del Ejecutivo, arrinconando al Juez, enfrentándole con el Secretario judicial, manteniendo la definición de competencias deliberadamente ambigua, y siempre a favor del Poder Ejecutivo invasor, cercenando el núcleo duro del “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” que la Constitución reserva al Juez. En ningún caso sustituir la tradicional expresión Juzgado por la burocrática Oficina, propia del Poder Ejecutivo.

10) Crear un programa de Desjudicialización de conflictos, para reducir la entrada judicial, obligando en materias privadas a quien pretenda demandar notificárselo fehacientemente (Notario, Procurador, con arancel reducido) al futuro demandado, con obligación de que cada cual exponga su versión y pruebas de ella y sean ellos los que se convoquen a juicio dentro de la agenda del Juez.

Desjudicializar conflictos banales, asuntos irrelevantes, cuestiones nimias, y aquellos claramente antieconómicos en que sus costes públicos superen el importe de la solución jurídica, por impagables.

11) Regular un sistema adecuado de recursos e intervención de parte, que evite las tácticas dilatorias, reduciendo el número de procedimientos diversos, simplificándolos y reforzando la rapidez y el valor jurídico de lo acordado en la primera instancia, penalizando las conductas procesales claramente temerarias y meramente dilatorias, mediante la instauración del oportuno sistema que en esos supuestos condene también en las costas públicas en función de baremos y tablas de costes que se reinviertan en la adquisición de medios materiales para sufragar costes de la Administración de Justicia, de manera que los litigantes temerarios y querulantes, desaparezcan o paguen los gastos públicos que ocasionan.

12) Capítulo específico merece la necesidad de una cierta desjudialización de algunos sectores de la jurisdicción penal, confiando a instancias administrativas la sanción no penal de determinadas conductas, para reforzar otras todavía no suficientemente protegidas en la vía penal, como la criminalidad organizada y el ciberterrorismo.

13) Para compaginar la motivación de las resoluciones judiciales con una Justicia dictada en plazo razonable, se hace preciso reivindicar un claro incremento del número de Jueces (en los últimos 10 años se ha incrementado el volumen de trabajo en civil-social-contencioso un 150%, mientras que el número de Jueces sólo creció un 21%; de 3.917 Jueces en 1999, se ha pasado a 4.711 en 2010). Con ello debemos aspirar a alcanzar el promedio del número de Jueces/habitante de la Unión Europea, que actualmente duplica al español. Pueden nombrarse jueces para desatascar temporalmente Juzgados, o para reforzar Órganos donde no haga falta incrementar plantillas.

14) Eximir del reparto de nuevos asuntos a todo Juez que alcance unos determinados módulos de entrada, objetivos y razonables (se puede ponderar el trabajo medio de entrada a Jueces del resto de Europa) y aquellos que hayan heredado un Juzgado con exceso de causas antiguas con peligro de prescribir, para realizar un Plan de refuerzo para acabarlas y según necesidades, para los Órganos judiciales con un módulo de Ejecutorias por terminar que se estime excesivo.

15) Instauración de mayores especializaciones en los diferentes órdenes jurisdiccionales, y supresión de las concebidas con finalidad meramente propagandística.

16) Instauración y desarrollo de los Laboratorios Periciales forenses judiciales, sin desaparición de los laboratorios de Criminalística forense policiales, donde además de realizarse pericias dirimentes y a petición judicial, se desarrollen los análisis de la información ocupada en el curso de investigaciones que los Jueces soliciten, especialmente las que afecten a políticos.

17) La Justicia debe modernizarse en varios frentes:

-La organización territorial, acorde con los transportes del s XXI, que agrupe partidos judiciales menores y bien comunicados, en órganos concentrados y bien equipados, que permitan las decisiones colegiadas.

– Una justicia oral, rápida y resolutiva en la fase cautelar y previa al juicio.

-Una Justicia interconectada con apoyo informático de bases de datos a las que acceder directamente en modo consulta (Instituciones penitenciarias, Fiscalía, Hacienda, Policía, etc) que no sea incompatible según la Comunidad Autónoma que lo rija y que permita a un Juez coordinarse con lo que hace otro, inmediatamente y de forma securizada.

-Desarrollar e implantar un cómodo sistema de expediente digital y con firma electrónica.

-La consecución de un único gestor político decisor dentro de este tripartito (CGPJ-Ministerio de Justicia-CCAA) que a nadie satisface, que evite un gobierno ineficaz de la Justicia y que sea equivalente e igual para todo ciudadano, no importa en qué parte del territorio concreto se efectúe la misma, manteniendo un modelo que siga siendo gestionado de forma suficientemente descentralizada.

-Reformar las leyes procesales para adaptarlas a la realidad actual, especialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mantenga figuras constitucionales y tradicionales en la garantía de la independencia judicial y defensa ciudadana como han resultado y demostrado ser el Juez instructor y la Acusación Popular.

18) Implantación del domicilio /buzón cibernético oficial, ligado al DNI y NIE electrónicos, con acceso exclusivo del interesado mediante clave y con efectos para el cómputo de plazos legales y comunicaciones judiciales.

19) Unificación de la ejecución dineraria junto con Hacienda, bajo supervisión judicial.

20) Creación de los Centros de rehabilitación de delincuentes Primarios donde desarrollar los cursos y trabajos de rehabilitación y resocialización de los delincuentes primarios que opten por la suspensión de sus condenas menores, de cara a enfrentarles con las consecuencias reales de su actuación delictiva en el periodo de suspensión de condenas.

En resumen, hay que implantar un nuevo modelo de Justicia, que sea eminentemente actual, rabiosamente celoso de su Independencia, autonomía e imparcialidad, esté despolitizado, y bascule en torno al control del resto de los poderes fácticos y políticos, para someterlos a la legalidad y al respeto de los derechos y las libertades ciudadanas, encarando así el progreso social y el avance de la civilización del Estado de Derecho en la cultura del respeto, la pluralidad, la igualdad social y la tolerancia.

 

        

El hijo del cuerpo (El Tribunal Supremo y el juez Urquía)

Ahora que está tan de moda hablar de la ejemplaridad de las instituciones les quiero preguntar cómo se sentirían ustedes si, obligados por estas cosas de la vida a comparecer ante un juez, con la toga y la solemnidad propia del caso, éste fuese uno condenado por sentencia firme por recibir sobornos de conocidos delincuentes a cambio de favores judiciales. ¿Preocupadillos, no? ¿Quizá temiesen que en su caso la balanza de la Justicia adoptase una vez más, por la acción de dicho juez, la desafortunada posición que reproduce nuestro logo? No lo se, pero en cualquier caso, estarían obligados a mostrarle exteriormente el respeto que su posición institucional merece, aunque internamente, claro, no les genere ninguno (¿cómo podría?).

No, esto no es un ejemplo retórico, es la experiencia real por la que nuestro Tribunal Supremo quiere que pasen muchos ciudadanos andaluces en los próximos años, porque, según el Alto Tribunal, el juez Francisco Javier Urquía tiene perfecto derecho a volver  a ocupar su puesto. Todo ello gracias a la sentencia de la sala tercera de 9 de noviembre de 2011, que procede a anular dos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial que se lo impedían (aunque fuese sólo transitoriamente).

En julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le condenó a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación. El tribunal consideró probado que Urquía aceptó 73.800 euros de Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el caso Malaya.  Pocos días después de que, gracias a ese dinero, el magistrado firmara un contrato de compra de una vivienda, prohibió la emisión de un programa de televisión que molestaba a Roca. El Supremo casó la condena del Tribunal Superior. Entendió que no había prevaricación y la dejó sólo en 21 meses de suspensión profesional por cohecho. Una vez cumplidos estos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiraban hasta finales de 2012. Este acuerdo es el que anula precisamente el TS.

Pero no se asombren todavía, que hay más. Urquía todavía tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 114.000 euros también por prevaricación y cohecho a la que le condenó el TSJA en junio de 2010. En este caso, Urquía cobró 60.000 euros para dejar en libertad bajo fianza a tres imputados en el caso Hidalgo, que él instruía por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Este es el juez que los ciudadanos andaluces se van a encontrar ahora decidiendo sus asuntos (siempre que el CGPJ, al amparo de ese segundo expediente abierto, no lo impida, aunque sea de forma transitoria –ver noticia). Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede esto pasar hoy en España? ¿En qué tipo de país vivimos? Pues pienso que en uno muy interesante (intelectualmente hablando, claro, no para los pobrecitos que lo sufren diariamente), porque toda la argumentación del TS en este caso demuestra hasta que punto el puro espíritu de Kafka impregna la sociedad española. Yo no se si es la fidelidad a la letra, desconectada completamente del sentido último de las cosas, o es que al TS le hace gracia el chico, por algún motivo, quizá porque es un juez hijo de juez, pero el resultado es desconcertante.

En primer lugar llama la atención que el TS considere que un juez que recibe 73.800 euros de un señor implicado en un asunto sujeto a su decisión, no incurre en prevaricación cuando la decisión final es favorable a ese mismo señor. Es cierto que son requisitos del tipo penal decidir “injustamente” y “a sabiendas”, pero al margen de que resulta chocante que salga mejor parado el que ni se para a considerar si lo que dicta es justo o injusto, la argumentación del TS en su sentencia absolutoria del 23 de marzo de 2009 es un tanto sorprendente. No sólo porque defiende que los abundantes defectos procedimentales en que incurrió el juez Urquía tienen escasa relevancia para determinar el tipo, sino porque, al valorar si existía o no el requisito de urgencia de la decisión calificada, ¡reconoce que no ha visto el famoso programa de televisión! ¿Cómo puede afirmar entonces que concurría? ¿Sólo porque el Sr. Roca protestó al instante?

En segundo lugar, creo que es muy legítimo preguntarse cómo es posible, incurra o no incurra en prevaricación, que un juez con esos hechos probados pueda seguir en la carrera. Pues se lo vamos a explicar. El art. 379 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que “La condición de jueces o magistrados se perderá por las siguientes causas (….) d) Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso. En los casos en que la pena no fuera superior a seis meses, el Consejo General del Poder Judicial, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de Magistrado o Juez por la sanción prevista en el artículo 420.1.d.” La conclusión, como destaca el propio TS en su sentencia, es que “resulta evidente que la propia Ley Orgánica admite la posibilidad de la existencia de miembros de la Carrera Judicial en activo con antecedentes penales”. Todo muy edificante desde el punto de vista del prestigio de la institución, y de la ejemplaridad, claro.

Pero hay más. El art. 367, 1 de la Ley Orgánica dice lo siguiente: “1. El reingreso en el servicio activo de los suspensos exigirá la previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación.” En base a este precepto el Consejo afirma que no procede el reingreso porque tiene antecedentes penales, hasta que tales antecedentes desaparezcan, igual que no se permite a nadie el ingreso en la carrera en las mismas circunstancias.

Pues bien, aquí el TS se luce. Fíjense en la argumentación que utiliza para permitir que este señor con esos antecedentes continúe impartiendo justicia, porque no tiene desperdicio. En primer lugar afirma que, aunque es cierto que la Ley Orgánica establece en el artículo 367.1 la exigencia de una previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial para el reingreso al servicio activo de los suspensos, también lo es que “no regula la posibilidad de que esa declaración sea negativa ni los efectos que la misma conllevaría”. Y, precisamente, “esta ausencia de regulación no permite que al amparo de la regulación reglamentaria y al margen de cual fuera su concreta finalidad, la Administración recurrida construya una solución jurídica que, como bien dice el recurrente, supondría de facto una segunda suspensión en la Carrera Judicial y la consiguiente infracción del principio del non bis in idem”.

Es decir, que como no regula que pueda ser negativa, no puede ser negativa (ya que de ser así implicaría como efecto necesario un rechazo al reingreso, incurriendo en el denostado non bis in idem). Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿para qué se exige la previa declaración de aptitud, si no puede ser negativa?

Pero hay más. Al TS lo que verdaderamente le resulta decisivo es “la modificación operada en la redacción original del artículo 367.1 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial que decía: El reingreso de los excedentes voluntarios y suspensos exigirá declaración de aptitud por el Consejo General, que se ajustará a lo prevenido en esta Ley sobre condiciones que deben reunirse para el ingreso en la Carrera Judicial. Dicho precepto recibe nueva redacción por el artículo uno de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, quedando desde entonces con el siguiente contenido: El reingreso en el servicio activo de los suspensos exigirá la previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación. En consecuencia, se suprime la exigencia de que el que solicita el reingreso desde la situación de suspenso haya de reunir los requisitos exigibles para el ingreso.”Y como se suprime esa exigencia, ergo, el Consejo no puede amparar su rechazo en esa exigencia.

Todo muy lógico, desde luego: como la nueva redacción da más libertad al Consejo para decidir, tiene ahora menos libertad. Impecable razonamiento jurídico.

La conclusión de todo ello es que, según el TS, este juez condenado por cohecho y pendiente de nuevo juicio por un delito semejante tiene derecho a ocupar de nuevo su puesto, y a impartir justicia a los ciudadanos. El TS ha tenido innumerables posibilidades de impedirlo, pero no lo ha hecho. En cada bifurcación del camino ha elegido siempre, a veces forzando la letra de las normas hasta el extremo, favorecer al Sr. Urquía, cual generoso padre recibiendo una vez más en sus amorosos brazos al hijo pródigo. Por eso, la pregunta clave es: ¿por qué al TS le preocupa más salvaguardar los intereses de este señor que los de los ciudadanos? ¿Qué concepción de la Justicia maneja nuestro más alto Tribunal?